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| Jesús Murillo Karam, titular de la PGR. Foto: Benjamin Flores |
MÉXICO, D.F. (proceso.com.m).- Amnistía Internacional (AI) señaló que el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, ha fallado en reconocer que el caso de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas se trata de un crimen de Estado y no de un hecho aislado.
En un comunicado, la organización indicó que el anuncio de realizado este viernes por el funcionario federal, de que los normalistas pudieron haber sido asesinados, quemados y arrojados a un río, se da después de semanas de especulaciones sobre el destino de los estudiantes.
AI acusa que las líneas de investigación de la desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales han sido limitadas e incompletas, además de estar acompañadas de funcionarios que se rehúsan a cuestionar la colusión entre el Estado y el crimen organizado que subyace a estas graves violaciones de derechos humanos.
“Trágicamente, la desaparición forzada de los estudiantes es sólo el último de una larga serie de horrores que han sucedido en el estado de Guerrero y el resto del país. La corrupción y la violencia como señales de advertencia han estado allí para que todos las vean desde hace años y los que negligentemente las han ignorado son ellos mismos cómplices de esta tragedia”, dijo Érika Guevara Rosas, directora para las Américas de AI.
En el recuento más reciente de las desapariciones de los estudiantes, destaca la organización, el procurador Murillo Karam ha fallado en reconocer que se trata de un crimen de Estado y no de un hecho aislado. También, olvidó mencionar la negligencia y complicidad del Estado en la investigación de una serie de denuncias contra el alcalde de Iguala y el hecho de no llevar a la justicia a los integrantes de la policía federal y local involucrados en el asesinato y la tortura de otros estudiantes de Ayotzinapa en 2011.
Agrega que el alcalde de Iguala, quien es el principal sospechoso de la desaparición forzada de los estudiantes, ha sido también sospechoso de corrupción y otros delitos graves. En junio de 2013, el sobreviviente de un ataque a ocho activistas locales, en el que tres personas murieron, informó que el alcalde había participado directamente en los asesinatos. El sobreviviente proporcionó una relación detallada que se le entregó a un notario público, debido a los temores sobre la connivencia de la policía. Sin embargo, el fiscal del Estado no llevó a cabo ninguna investigación sobre las reclamaciones.
A pesar de la evidencia que involucra al alcalde, la investigación fue presuntamente cerrada en mayo de 2014.
AI recuerda que en diciembre de 2011 las autoridades fallaron en hacer rendir cuentas a los funcionarios policiales federales y estatales responsables de la muerte de dos estudiantes de Ayotzinapa y de la tortura y malos tratos de otras 20 personas.
“Cualquier investigación iniciada ahora por el Procurador General llegará demasiado tarde. Si se hubieran realizado investigaciones exhaustivas sobre las denuncias contra el alcalde de Iguala y la policía federal y local cuando se produjeron otras violaciones graves de los derechos humanos, tal vez estos terribles asesinatos y desapariciones forzadas no hubieran tenido lugar”, dijo Erika Guevara.
Las familias de los estudiantes también han anunciado que no confían en las autoridades y la información presentada por el procurador general hasta que no esté respaldada por evidencia científica de los expertos forenses argentinos y el reconocimiento de la responsabilidad del Estado. Asimismo, recordaron al presidente Peña Nieto su compromiso con los padres y con la sociedad.
Amnistía Internacional lamenta que, a pesar de los compromisos expresados por el presidente Peña Nieto, sus acciones demuestran lo contrario. El gobierno mexicano no ha aceptado la asistencia técnica internacional ofrecida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por otra parte, en medio de esta profunda crisis de derechos humanos, el presidente iniciará una gira internacional al Foro de Cooperación Económica, demostrando poco interés en hacer frente a la grave situación de derechos humanos en México.
“Es obligación de las autoridades llevar ante la justicia a todos aquellos que trabajan a nivel estatal y federal que son cómplices de estas graves violaciones a los derechos humanos, así como aquellos que han descuidado sus deberes en la investigación de estos hechos y hacer frente a la grave crisis de derechos humanos”, concluyó Guevara Rosas.
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