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martes, 13 de diciembre de 2016

Aprobarán mañana ley sobre estado de excepción

Comisión de diputados la avalará hoy
Resultado de imagen para ejército en las calles méxico
Enrique Méndez
 
Periódico La Jornada
Martes 13 de diciembre de 2016, p. 12
Con la intención de que el dictamen sea aprobado mañana por el pleno, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados votará hoy sin cambios la minuta del Senado con la ley reglamentaria del artículo 29 constitucional, que prevé el mecanismo para que el Presidente de la República pueda declarar el estado de excepción y solicitar asumir facultades legislativas exclusivas del Congreso de la Unión.
Ciertos derechos pueden ser sacrificados temporalmente ante una situación objetiva de riesgo de bienes colectivos de mayor valía social, indicó la comisión en el proyecto de dictamen, que ya se envió a los diputados para su revisión.
La Comisión de Gobernación votó por separado en mayo el dictamen respectivo, aun cuando la minuta se envió para su revisión en conjunto con la de Derechos Humanos, y esa falla en el proceso legislativo impidió que se votara en el pleno.
Sin resolver esa deficiencia, la de Derechos Humanos lo discutirá hoy, y prevé autorizar que la restricción o suspensión del ejercicio de los derechos y garantías procederá en los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública u otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto.
La definición que se hace sobre invasión es para la entrada de fuerzas armadas, sin la autorización correspondiente, pertenecientes a otro Estado, a cualquier parte del territorio nacional.
Mientras que perturbación grave de la paz pública se define como situaciones de violencia que alteren la estabilidad social y pongan en riesgo la integridad, seguridad o libertad de la población, o una parte de ella, y que representen una amenaza a la capacidad de las instituciones del Estado para hacerles frente.
El proyecto considera grave peligro o conflicto circunstancias excepcionales que generen afectaciones a la población por factores de orden sanitario, ambiental, climático, químico o físico, o bien por acciones que los expongan a emergencias o desastres, de origen natural o antropogénico.
Incluso se prevé que si el Congreso autoriza la restricción o suspensión de derechos y garantías, toda persona que se encuentre en el territorio nacional está obligada a cooperar con las autoridades para la protección de personas, bienes e instalacionesincluidos en el decreto presidencial respectivo.
El proyecto de dictamen prevé, en la fracción séptima del artículo, que el Ejecutivo podrá solicitar autorizaciones que estime necesarias para hacer frente a la situación de emergencia, únicamente sobre atribuciones materialmente legislativas del Congreso, de conformidad con la parte final del primer párrafo del artículo 29 y del segundo del artículo 49 de la Constitución.
El primero prevé: “Si la restricción o suspensión tuviese lugar hallándose el Congreso reunido, éste concederá las autorizaciones que estime necesarias para que el Ejecutivo haga frente a la situación…”
El 49, que se refiere a la división de poderes, señala que no podrán reunirse dos o más de éstos en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un individuo, salvo el caso de facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Unión, conforme a lo dispuesto en el artículo 29.

domingo, 10 de abril de 2016

Frenan Morena, PAN y MC reforma que acota derechos


El proyecto no será aprobado en San Lázaro en este periodo ordinario, advierten
La reforma al 29 deberá respetar todo derecho básico, dicen PAN, Morena y MC
El contenido cumple con todos los estándares internacionales, asegura el priísta Armando Luna
Roberto Garduño
 
Periódico La Jornada
Domingo 10 de abril de 2016, p. 6
El proyecto de reforma al artículo 29 de la Constitución, que otorgaría facultades extraordinarias al presidente de la República para decretar el estado de excepción, no será aprobado por la Cámara de Diputados durante el actual periodo ordinario de sesiones, pues su contenido no deberá vulnerar ninguna garantía individual, anunciaron diputados del PAN, Morena y Movimiento Ciudadano.
El documento ya fue aprobado por la Comisión de Gobernación, que encabeza Mercedes del Carmen Guillén Vicente (PRI), y ahora se encuentra en dictaminación en la de Derechos Humanos.
El presidente de ésta, Armando Luna (PRI), señaló que todos los derechos que jamás pueden ser tocados se incluyen en el capítulo del texto titulado coto vedado. El legislador aceptó que el tiempo legislativo se agota y será difícil llevar la reforma al pleno camaral.
¿Cómo funcionaría?
Marko Cortés, coordinador del PAN en San Lázaro –fracción que ha solicitado tiempo para ahondar en el contenido del proyecto–, confirmó que pretenden revisar los alcances de ese proyecto, para no vulnerar ninguna garantía individual. Tenemos que revisar los alcances, la profundidad, el cómo funcionaría para poderlo firmar.
–¿No es garantía que ya haya sido negociado [el proyecto] en el Senado, para que en la Cámara de Diputados pase sin cambios?
–Nosotros somos cámara revisora o cámara de origen; ése es nuestro proceso legislativo, y tan válido es hacer una modificación en un proyecto de dictamen, como en un proyecto de minuta; entonces, nosotros estamos en una revisión. Si hay algo que corregir, lo haremos.
–¿Saldría en el actual periodo ordinario de sesiones en San Lázaro?, ¿ya fue aprobado en la Comisión de Gobernación? –se le preguntó.
–No es garantía, aunque se ha aprobado. A nosotros lo que nos interesa es que no se vulnere ninguna garantía individual. En el momento que estemos en condiciones de poderlo aprobar, después de una revisión puntual, podríamos hacerlo.
Por el contrario, Armando Luna replicó a la posición panista: Espero que se apruebe, tenemos el consenso de la mayor parte de los partidos. Lo que toca y estoy esperando es tener votos en contra de Morena y Movimiento Ciudadano, que ya manifestaron su postura en contra. La semana pasada tuvimos reuniones con diputados del PRD y sus asesores, pues son temas complejos, pero en el lado técnico ya está resuleto. Ahora son posturas de índole política.
Al preguntarle su opinión de las consideraciones del PAN, argumentó que existe un listado de derechos al que se llama coto vedado, “que son los derechos que jamás podrían ser restingidos, y sobre ese limitante podría el PAN incluir alguna disposición adicional.
Es claro que el contenido viene acorde con los tratados internacionales, a las disposiciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y del Tribunal Europeo, que señalan los derechos que deben ser incluidos, y esta ley los contempla todos. Cumple con todos los estándares internacionales, repuso.
–La oposición no observa en el horizonte que la minuta sea aprobada en el actual periodo ordinario de sesiones –se le recordó.
–Entiendo que puedan poner alguna discusión adicional. Coincido en que nos queda poco tiempo, pero creo que hay condiciones para votarlo. Si el dictamen no se votó esta semana, pues faltando 15 días será difícil. Es un tema muy relevante y no veo problema en que se apruebe en un mes o en seis.
El coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, anunció que su partido rechazará el dictamen, porque socava el marco de los derechos humanos, y advierte un escenario de autoritarismo que debe ser proscrito del escenario político del país.

lunes, 28 de marzo de 2016

Legalizarán la dictadura en México

Mañana podría aprobarse la ley reglamentaria del artículo 29 constitucional


Buscarán diputados allanar el camino para suspender garantías
El Presidente podrá solicitarlo ante riesgos ‘‘a la paz pública, la seguridad o una amenaza al Estado’’
Enrique Méndez
 
Periódico La Jornada
Lunes 28 de marzo de 2016, p. 5
La Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados pretende aprobar mañana el dictamen que avala, sin cambios, la minuta del Senado con la ley reglamentaria del artículo 29 constitucional, con la cual el Presidente de la República podrá solicitar al Congreso la suspensión de garantías y estados de excepción ante una amplia gama de riesgos ‘‘a la paz pública, la seguridad o una amenaza al Estado’’.
Lo anterior implicaría suspender o restringir el ejercicio de derechos humanos y el ‘‘sacrificio temporal de derechos’’, entre éstos a la manifestación, asociación, circulación y libertad de expresión, patrimoniales, crédito o de derecho de autor.
En las consideraciones de la comisión –que son de carácter vinculatorio en el ejercicio de las leyes– se incluye una lista de los peligros que justificarían una petición para suspender garantías en un estado, región o todo el territorio, con el argumento de que la suspensión ‘‘puede ser una forma de tutela a los derechos humanos’’.
Dice: ‘‘Pueden mencionarse ejemplificativamente las perturbaciones de factores naturales como sismos, tormentas, huracanes, explosiones volcánicas, epidemias... Así como también revueltas internas de gran calado, incursiones de grupos armados internos, graves afectaciones a la paz o la estabilidad interna del propio Estado, crisis económicas que por su gravedad puedan generar alteraciones al orden público, eventos derivados de la intervención humana (casos fortuitos), como incendios, accidentes nucleares o liberación de plagas/epidemias, entre muchas otras’’.
La comisión, que está citada para reunirse este martes a las nueve de la mañana, reconoce que la noción de estado de excepción que propone como base para la ley ‘‘es amplia, dúctil, capaz de ser aplicable a diversas situaciones que pongan en riesgo a la sociedad’’. Para esa instancia legislativa, si bien los derechos humanos ‘‘son la pieza angular del engranaje estatal erigido para el modelo de un ‘Estado constitucional y democrático de derecho’’’ y su libre ejercicio debe protegerse a toda costa, se requiere conciliar su tutela sin fricciones.
Sin embargo, expone, ‘‘surge un problema cuando existen diversas motivaciones en conflicto o cuando diversos intereses democráticos pretenden ser llevados a cabo, pero el ejercicio de uno puede tensarse con el ejercicio de otro. Es en este sentido cuando se habla de restricción o limitación legítima’’.
El artículo 29 de la Constitución, el cual fue reformado en 2011, incluye un ‘‘catálogo intangible’’ de derechos que, en caso de una declaratoria de suspensión de garantías o de estado de excepción, no pueden ser restringidos.
La comisión refiere que se trata de ‘‘un piso mínimo que debe ser observado bajo cualquier circunstancia para garantizar la existencia del ser humano’’.
El segundo párrafo incluye los derechos a la no discriminación, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la protección de la familia, al nombre, a la nacionalidad, los derechos de la niñez, los derechos políticos, las libertades de pensamiento, conciencia y de profesar alguna creencia religiosa, el principio de legalidad y retroactividad, la prohibición de la pena de muerte, de la esclavitud y la servidumbre, la prohibición de la desaparición forzada y la tortura, así como la permanencia de las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos.
No obstante, la comisión plantea que ‘‘no implica que los demás derechos no inmersos en el coto vedado puedan ser objeto, en determinadas situaciones, de una suspensión o restricción para salvaguardar un bien jurídico superior que se estima preciado y que para su vigencia, ante situaciones excepcionales amerita un sacrificio –siempre temporal– de otros derechos’’.
Argumenta que fuera de ese catálogo ‘‘los demás derechos pueden ser objeto de limitación o restricción’’, porque el artículo 29 constitucional ‘‘no se refiere exclusivamente a los derechos humanos sino a los ‘derechos’ en general... entendible porque la suspensión o restricción no debería estar dirigida exclusivamente a los derechos humanos; por el contrario, son los que bajo la última razón deben estar sujetos a suspensión o restricción’’.
Así, define que la solicitud presidencial al Congreso de la Unión incluiría la suspensión de derechos personales, de crédito, de autor o a la propiedad intelectual, ‘‘por citar sólo algunos’’, pero enseguida añade: ‘‘Ahora bien, no es descartable que ciertos derechos humanos puedan ser suspendidos o restringidos en su ejercicio pero, en todo caso, deberá existir una razón legítima’’.

lunes, 28 de abril de 2014

Comisiones del Senado votan a favor de imponer el Estado de Excepción en México; la Ley criminaliza la protesta: ONGs



Ciudad de México, 28 de abril (SinEmbargo).– Las Comisiones Unidas de Derechos Humanos, Gobernación, Justicia y de Estudios Legislativos del Senado de la República aprobaron esta mañana, en una reunión a puerta cerrada en donde no se permitió la entrada a ningún representante de los medios de comunicación, la ley reglamentaria del artículo 29 constitucional que tiene por objeto regular el procedimiento para decretar la restricción o suspensión del ejercicio de los derechos y garantías.

El dictamen contempla la concesión de autorizaciones que se estimen necesarias para que el titular del Ejecutivo federal declare un Estado de Excepción frente a una situación o en un lugar determinado con motivo de una amenaza excepcional.

La restricción o suspensión procederá en los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública u “otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto”. La reforma señala que la suspensión tendrá como único fin reestablecer la normalidad y garantizar el goce de los derechos humanos.

Sin embargo, un grupo de organizaciones no gubernamentales alertó este fin de semana que la Ley criminaliza la protesta además de que suspende y restringe los derechos de las personas y colectivos. Este día, esas mismas ONGs expresaron su total rechazo a la aprobación de la Ley, ya que dijeron es “regresiva, ambigua y discrecional” ya que permite la criminalización de la protesta social.

“Como organizaciones defensoras de derechos humanos, manifestamos nuestra preocupación y alertamos sobre esto, ya que en un contexto donde se da la consolidación de normas legales e incluso constitucionales que permiten, por razones de orden político, la limitación en materia de libertades democráticas, llama la atención la discusión de una ley que podría eventualmente violentar derechos humanos de personas y colectivos”, denunciaron ayer ONGs como Artículo 19, Fundar, la Red Todos los Derechos Para Todos y Todas, entre otras.

Este día, tras la aprobación realizada en el Senado en total sigilo, aprovechando que la atención mediática se centra en la discusión de la Reforma Política, las asociaciones civiles que conforman el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social rechazaron la aprobación del dictamen de la ley reglamentaria, por considerarla “regresiva y ambigua”.

“Las organizaciones firmantes expresamos nuestro extrañamiento a la afirmación que realizó la senadora Angélica de la Peña vía Twitter, de acuerdo con la cual reitera que se consultaron a especialistas y a organizaciones de la sociedad civil (OSC) para la elaboración de la iniciativa de ley y el dictamen de la misma”, dice el posicionamiento.

Y finaliza: “Consecuentemente y de nueva cuenta, hacemos un llamado al Poder Legislativo para que esta iniciativa sea rigurosamente analizada, cuidando la taxatividad y estableciendo un catálogo cerrado de situaciones (numerus clausus), con apego a estándares de derechos humanos y con controles efectivos para declarar un Estado de Excepción. Por tratarse de un mecanismo que puede suspender y limitar el ordenamiento constitucional, su discusión requiere de la mayor publicidad y participación efectiva de la sociedad en general”.

El día de ayer la ONGs firmantes alertaron sobre los “riesgos” de esta Ley al considerar que “se enmarcan en un contexto de criminalización de la protesta social, que ha tenido como una de sus expresiones la modificación de los marcos normativos con el objeto de castigar o inhibir las expresiones de disenso y de manifestación pública, así como la desnaturalización de figuras legales, que bajo ciertas circunstancias y con una intencionalidad política pueden ser desviadas de sus propósitos e indebidamente utilizadas contra grupos sociales”

En el dictamen de Ley aprobado este día en comisiones del Senado se estipula que el Ejecutivo someterá a la aprobación del Congreso de la Unión, o en su caso de la Comisión Permanente, un proyecto de decreto por el que se declare la restricción o suspensión y este deberá resolver en un plazo máximo de 48 horas.

“Toda medida para la restricción del ejercicio de derechos y garantías deberá ser oportuna, fundada y motivada y proporcional a la situación que se deba afrontar, considerando su gravedad y naturaleza y observando en todo momento los principios de legalidad, temporalidad, excepcionalidad y racionalidad”, dice la propuesta que se prevé sea discutida en los próximos días en el Pleno.

domingo, 27 de abril de 2014

Alertan sobre la intención del PRI de legalizar su dictadura.

POSIBLE APROBACIÓN DE LEY SOBRE “ESTADO DE EXCEPCIÓN” EN MÉXICO VÍA FAST TRACK EN EL SENADO

Abr 27, 2014Escrito por  Neftalí Granados/ @NeftaliGranados
Posible aprobación de ley sobre “estado de excepción” en México vía fast track en el Senado
En comunicado de prensa[i] emitido este sábado 26 de abril,  diversas organizaciones defensoras de derechos humanos alertaron sobre la inminente aprobación en el Senado de la República de la Ley Reglamentaria del artículo 29 constitucional, relativo a la restricción y suspensión de derechos y garantías fundamentales.
Dichas organizaciones agrupadas en el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social detallaron que «el proyecto de dictamen que contiene la Ley Reglamentaria del artículo 29 constitucional, y que contempla la iniciativa enviada por el presidente Peña Nieto, se refiere en su artículo 2 y 3 a los casos de invasión o perturbación grave de la paz pública como situaciones que justificarían la restricción o suspensión de derechos humanos. Asimismo, y de manera laxa, alude a “otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto” o bien “similares”, incluso conflictos originados por una persona. Esto representa un margen muy amplio de discrecionalidad en el que múltiples situaciones pueden ser consideradas por el Ejecutivo casos que justifiquen el establecimiento de un estado de excepción.»
Además explicaron que esta iniciativa de ley tiene su origen en la reforma de 2011 en materia de derechos humanos y su sentido original estaba enfocado a la protección de los mismos. Sin embargo, en la reforma política publicada el pasado 10 de febrero de 2014, el texto fue reformulado nuevamente, enmarcándose en un contexto de criminalización de la protesta social, que “ha tenido como una de sus expresiones la modificación de los marcos normativos con el objeto de castigar o inhibir las expresiones de disenso y de manifestación pública, así como la desnaturalización de figuras legales, que bajo ciertas circunstancias y con una intencionalidad política pueden ser desviadas de sus propósitos e indebidamente utilizadas contra grupos sociales.”
Y es que en México desde el primer día del sexenio #1DMx[ii] y durante los dos últimos años, los escenarios de criminalización de la protesta social han sido una constante, tal como se señala en el Informe Sobre Retrocesos en las Libertades de Expresión y Reunión en el Actual Gobierno[iii] presentado el pasado 9 de abril, el cual detalla el análisis normativo en esta materia, así como las acciones de denuncia nacionales e internacionales realizadas por la sociedad civil, a la par de emitir una serie de recomendaciones.
Recordemos que en días pasados el Frente integrado por 10 organismos de derechos humanos (incluido Fray Francisco de Vittoria, Miguel Agustín Pro Juárez, Servicios y Asesoría para la Paz, Artículo 19 entre otras) condenaron las agresiones policiacas cometidas durante protesta por la Ley de Telecomunicaciones  el pasado 22 de abril y exigieron "la investigación y procesamiento conforme a derecho tanto de los funcionarios públicos que actuaron materialmente, como de la cadena de mando.”
En su comunicado de ayer señalaron que la discusión en el Senado sobre la “ley sobre de estado de excepción” comenzará este lunes 28, pudiendo ser dictaminada en comisiones vía fast track incluso ese mismo día, en consecuencia pusieron énfasis en que esta ley no debe aprobarse sin la necesaria discusión con la sociedad civil, además  exigieron que la reglamentación del artículo 29 constitucional en materia de suspensión de derechos y garantías se realice conforme a estándares internacionales, señalando la importancia de contar con una legislación clara, precisa y exhaustiva en la materia, pues el uso discrecional de la figura del estado de excepción criminaliza la protesta social.
Finalmente durante la mañana de este domingo diversos ciudadanos comenzaron a manifestarse vía twitter a través los hashtags #QueNoTeApaguen, #NoMásPoderAlPoder, #NoMásLeyesDiscrecionales y #NoALaCriminalizaciónDeLaProtesta expresando su desacuerdo a los integrantes de las comisiones del Senado de la República involucradas:
  • Comisión de Derechos Humanos (presidida por Angélica de la Peña Gómez -PRD @angelicadelap)
  • Comisión de Gobernación (presidida por María Cristina Díaz Salazar -PRI @Cristina_Diaz_S)
  • Comisión de Justicia  (presidida por Roberto Gil Zuarth -PAN @rgilzuarth)  
  • Comisión de Estudios Legislativos (presidida por Raúl García Guzmán -PAN @rgraciag)
En los últimos años en México las redes sociales se han vuelto una herramienta de expresión y organización social con diversas limitaciones y amplias posibilidades.

sábado, 5 de octubre de 2013

DF, ¿en estado de sitio?


DF, ¿en estado de sitio?

*En 9 meses, 193 elementos de la SSPDF heridos, porque en el mando de los grupos antimotines ¨hay puros inútiles, que no tienen conocimientos tácticos ni logísticos para efectuar maniobras de contención, y las marchas y manifestaciones se salen de control¨, denuncian policías capitalinos.

* ¨El seguro de vida no te ampara cuando en la documentación que se envía a la institución tiene un horario distinto al que tú estás cubriendo. Si ocurre un accidente, te lastimas o mueres, ya no se hace responsable el seguro, y el uniformado y su familia quedan completamente desprotegidos¨, fustigan.
Ivette Sosa Salinas
Ya lo dijo el sociólogo francés Gustave Le Bon: ¨Gobernar es pactar (pero) pactar no es ceder¨. Sin embargo, la administración mancerista, de la ciudad de México no sólo ha cedido a los caprichos e intereses de grupos belicosos, ha sido y es rehén, junto con su gobierno y más de 9 millones de capitalinos, de la latente beligerancia de la CNTE y de grupos vandálicos autonombrados anarquistas, situación que se agrava ante los fallidos operativos de contención policial, que tienen convertida a la capital del país en una urbe prácticamente en estado de sitio.
Así, mientras Álvaro Sánchez Valdés, Director de Inspección del Agrupamiento Especial Metropolitano permanecía bajo cuidados de especialistas en traumatología y neurología para descartar posibles consecuencias por el traumatismo craneoencefálico de tercer grado y edema cerebral que sufrió tras del enfrentamiento el pasado día 1 con la CNTE, en el bloqueo del aeropuerto capitalino; el titular de Seguridad Pública del DF (SSPDF), Jesús Rodríguez Almeida, una vez más, tuvo que dar la cara a la prensa.  
Aseguró que el maestro presuntamente responsable de dicha agresión, fue dispuesto ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) y se analiza su situación. Indicó que se investiga a los responsables del robo del chaleco antibalas, la pistola de cargo y un radio de comunicación interna a un motopatrullero. 
Horas después, para conmemorar el mítico 2 de octubre, anarquistas se enfrentaron con palos, piedras y petardos contra granaderos. El subsecretario de Seguridad Pública capitalina, Luis Rosales Gamboa, resultó lesionado durante la reyerta. El “Jefe Apolo” se encontraba coordinando a los granaderos cuando una piedra lo lesionó en las inmediaciones de Paseo de la Reforma, a la altura de la Torre del Caballito. Fue atendido por la ambulación A8069 del ERUM. No requirió ser trasladado a ningún hospital y su herida fue suturada. 
EN 9 MESES, 193 ELEMENTOS DE LA SSPDF HERIDOS 
Durante las confrontaciones que se dieron el día 1 con integrantes de la CNTE, Álvaro Sánchez Valdez, de 39 años, subinspector de la Unidad de Policía Metropolitana del grupo especial Relámpago fue golpeado en la cabeza, al parecer por una roca o un tubo, lo que le provocó un traumatismo craneoencefálico de tercer grado. 
Con indicativo Relámpago Gama, Sánchez Valdez llegó al boulevard Puerto Aéreo para reforzar la vigilancia con un grupo de 30 policías que se enfrentó a más de 20 maestros que los recibieron a golpes. Mientras, el motopatrullero Miguel Ángel Sánchez Cepeda fue despojado de un chaleco y su arma de cargo calibre .38. Al momento de escribir estas líneas, Sánchez Valdez había salido del coma y presentaba una mejoría en su estado de salud.De manera oficial, la SSPDF indicó que fueron 16 los policías lesionados, aunque personal del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas hablaba de 25, de los cuales seis requirieron hospitalización. De acuerdo con las atenciones que tiene reportadas el ERUM, de enero al 1 de octubre del presente año, 193 agentes de la SSP-DF han resultado lesionados en diversos operativos policiacos. Ello significa poco más de 21 elementos cada mes.  
De hecho, son los operativos policiacos y políticos, como las movilizaciones y mítines, los dos rubros donde más elementos están resultando heridos. Más lesionados ante las movilizaciones ¨pacíficas¨ que por el hecho de enfrentarse todos los días a la delincuencia común y crimen organizado en la ciudad de México. En los operativos policiacos se atendieron a 96 elementos, mientras que en actos políticos fueron 48 policías, incluidos los 25 uniformados reportados como heridos durante los bloqueos de la CNTE en el boulevard Puerto Aéreo. 
Al respecto, el catedrático Octavio Campos, sostiene a Voz de la Prole:¨Si el lesionado de gravedad fuera un integrante de la CNTE, ya habría un escándalo en las redes sociales y en los espacios mediáticos izquierdista. Al unísono, personajes como Andrés Manuel López Obrador, buscando llevar agua a su molino, estarían acusando al gobierno federal, no al de (Miguel Ángel) Mancera de represivo y asesino, comparando al presidente Enrique Peña con Gustavo Díaz Ordaz¨. 
¨Pero como el hombre que está herido es policía, y como los agresores fueron los vándalos más belicosos de la CNTE, todos en las izquierdas optan por callar. Resultan sumamente lamentables y deleznables los conceptos que tienen los izquierdistas sobre los derechos humanos, la ley, la justicia y el Estado de Derecho¨. 
El sentir de gran parte de la tropa lo resume una joven policía de la SSPDF: ¡Basta ya, carajo!. Somos seres humanos, nuestras familias nos esperan en casa, ¿hasta cuándo maldito gobierno?. Ningún policía más lastimado, menos muerto. Si bien es un orgullo caer en el cumplimiento de nuestro deber, no debe permitirse que sigamos siendo burla y rehenes de pseudo maestros, que se están moviendo en total impunidad. ¿Cuántos abusos y arbitrariedades más tendremos que tolerar señor Mancera, cuántos más?¨. 
Datos duros de la prensa refieren que el 1 de diciembre de 2012, una veintena de uniformados capitalinos resultaron lesionados en los enfrentamientos en las inmediaciones de la Cámara de Diputados y arterias del Centro Histórico, avenida Juárez y Paseo de la Reforma. El pasado 11 de septiembre, 17 elementos heridos fue el saldo que dejó el enfrentamiento con manifestantes de la CNTE que pretendían bloquear periférico; y el 18 de septiembre, en una la trifulca en la colonia Peñón de los Baños, al menos 13 uniformados resultaron lesionados.  
Según versiones de los rescatistas, uno de ellos fue reportado con exposición de masa encefálica luego de que le explotara un petardo en el parietal derecho, por lo que fue trasladado en la patrulla de un mando policiaco a un hospital privado, aunque la SSP-DF sólo lo reportó con fractura de cráneo. 
2 DE OCTUBRE : ANARQUISTAS vs GRANADEROS 
Personas encapuchadas se enfrentaron con policías en el centro de la Ciudad de México, durante la marcha conmemorativa del 2 de octubre, a la que se unió la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). A través de un comunicado, el Gobierno capitalino informó que la marcha concluyó con un saldo de 32 elementos de la SSPDF lesionados y 102 detenidos. Despachos internacionales hablaron de más de 80 personas heridas. 
Cuatro mujeres y 18 hombres fueron remitidos ante el Ministerio Público, así como cinco menores de edad fueron presentados ante esta instancia. Ante el Juzgado Cívico fueron presentadas 75 personas: 63 hombres, entre ellos dos menores de edad, y 12 mujeres, de las cuales una es menor. 
El secretario de Gobierno del DF, Héctor Serrano, comentó que “un promedio de 200” personas son las que aparecieron embozadas para provocar disturbios en las calles del Centro de la Ciudad. Dijo que en un 99% la marcha del 2 de octubre fue pacífica, aunque ocurrió la intervención de un “grupúsculo” que tuvo enfrentamientos con las autoridades.Tres enfrentamientos se desataron en Eje Central e Hidalgo; Reforma y la Torre del Caballito. El primero se registró entre anarquistas y granaderos en Eje Central a la altura de avenida Hidalgo, donde los jóvenes con el rostro semicubierto lanzaron algunas piedras, palos y globos con pintura a los policías que formaron una barricada para impedir el paso al Zócalo. 
Los anarquistas habían decidido seguir al contingente del Comité del 68 que se desvió en avenida Hidalgo con rumbo a Reforma, empero decidieron regresar para desatar un enfrentamiento con los uniformados. La policía empleó los tanques extinguidores y gas pimienta para intentar replegarlos, pero éstos corrieron sobre avenida Hidalgo con dirección a Reforma y a su paso dañaron la estación del Metrobús que se encuentra en esa avenida y derribaron algunas vallas de la Alameda Central. 
Algunos uniformados corrieron detrás de ellos para replegarlos, lo que les permitió ganar terreno en los carriles centrales de avenida Hidalgo, donde los anarquistas empezaron a lanzar bombas molotov. Frente al ex convento de San Hipólito, enfrentaron nuevamente la línea policial: lanzaban objetos como piedras, que obtuvieron tras romper el asfalto, así como cohetones. 
Posteriormente frente a la Torre del Caballito se desató el tercer enfrentamiento cuando los jóvenes volvieron a lanzar cohetones y bombas molotov. Los granaderos usaron sus toletes y empezaron a patear a algunos manifestantes, incluso seguían respondiendo las agresiones lanzando los objetos que les aventaban. 
Por su parte el Comité del 68 y otras organizaciones estudiantiles y sociales, para evitar enfrentamientos, desviaron su avanzada hacia Reforma para dirigirse al Ángel de la Independencia, donde realizaron un mitin. Se reportó un periodista herido, Arturo Ramos de Agencia libre, que fue lesionado en Avenida Hidalgo atrás de la Alameda. 
El subsecretario de Seguridad Pública capitalina, Luis Rosales Gamboa también resultó herido, tras recibir una pedrada. El “Jefe Apolo” se encontraba coordinando a los granaderos cuando una piedra lo lesionó en las inmediaciones de Paseo de la Reforma, a la altura de la Torre del Caballito. Fue atendido por la ambulación A8069 del ERUM. No requirió ser trasladado a ningún hospital y su herida fue suturada. 
Rosales Gamboa, funcionario de confianza de Marcelo Ebrard, en sus cuarenta años de carrera policial se ha desempeñado como jefe Director Ejecutivo Regional, Director General de la Policía Sectorial, Coordinador de Proyectos Especiales, Subsecretario de Seguridad Pública, jefe del Estado Mayor Policial, subsecretario de Control de Tránsito y hasta encargado del despacho. 
PERIODISTAS LESIONADOS Y AGREDIDOS POR POLICÍAS
Al menos, 25 periodistas heridos figuran entre los más de 80 lesionados como consecuencia de los enfrentamientos entre policías y manifestantes durante la marcha que conmemoró la matanza estudiantil de Tlatelolco. Entre los agredidos están varios fotógrafos y reporteros, la mayoría de ellos independientes, quienes cubrían los acontecimientos de la protesta. Los agentes utilizaron balas de goma para contener a la multitud y agentes vestidos de civil para realizar arrestos. 
Artículo 19, organización que defiende la libertad de expresión, reportó que 25 periodistas, fotorreporteros y observadores fueron vejados durante la marcha. Ello evidenció, una vez más, que “la policía capitalina no cuenta con protocolos para enfrentar eventos como los del 2 de octubre¨. 
Si bien la autoridad debe proteger a quienes ejercen su derecho a manifestarse y aplicar la ley a quienes delinquen y agreden, también debe respetar el derecho del periodista a informar, protegiendo su integridad física y labor, puntualizan reporteros de viejo cuño. 
MANIFESTANTES ¨ENVALENTONADOS¨: JEFE AQUILES  
Días antes de estos hechos, en entrevista a la prensa nacional, Armando Palacios, Director de la Policía Metropolitana del DF, quien encabeza a los siete mil agentes expertos en contención y control de multitudes, aseguró que son la “policía más pacífica”, pese a la beligerancia y abusos cometidos por manifestantes y contingentes como el de la CNTE contra la fuerza pública capitalina. 
Cantinfleando, dijo: “… Por el ambiente que tenemos en el Distrito Federal, que es de tráfico, hay una gran polución de personas que se van alterando.conforme las manifestaciones ocurren aumentan de tono. de alguna manera ven que la policía del DF ha tomado desde mucho tiempo atrás una posición, digamos así, pacífica, ellos (los manifestantes) se sienten envalentonados, ya que no hay una respuesta represiva de los cuerpos policiacos y por ese motivo, yo lo considero, de manera personal, van en incremento sus acciones beligerantes”.A pregunta de si la SSPDF requiere mayores reformas para regir su actuación, el ¨Jefe Aquiles¨ asegura que la normatividad existente es suficiente. lo que se requiere es de determinación política para hacer frente a esas agresiones. 
“Tenemos la normatividad suficiente y necesaria como para actuar contra quienes agredan a nuestros policías. Tenemos la ley que regula el uso de la fuerza pública y tenemos una serie de lineamientos que dicen claramente qué es lo que debemos hacer ante una eventualidad de esa naturaleza. Yo creo que no es tanto que nos autoricen leyes en la ALDF, sino que se decida políticamente que actuemos de una manera un poco más firme frente a actos que de alguna manera pretenden lesionar a nuestros policías o causar daños a terceros”.¨SOBREEXPONE A LOS ELEMENTOS¨ 
A pesar de que Armando Palacios niegue que él mismo esté cometiendo abusos en contra de agrupamientos como granaderos y relámpago, haciéndoles cubrir extenuantes y arbitrarias jornadas de trabajo de 48 horas por 24 de descanso, uniformados insisten en denunciar, a través de Voz de la Prole, de las constantes violaciones a sus derechos constitucionales, laborales y humanos de que son objeto por parte del ¨Jefe Aquiles¨. 
A los entrevistados les parece una burla que Palacios mencione: “la gran mayoría, estamos hablando de 98, 99 por ciento, sabe que cuando hay ese tipo de eventualidades la policía tiene la obligación de estar todos en la línea y no hay ningún tipo de problema o de queja. Las denuncias son aisladas; se pide un apoyo especial porque están obligados a estar en la línea de trabajo¨. 
Con evidente cansancio en sus rostros, los uniformados acotan que ¨Aquiles¨ sobreexpone a sus elementos y miente al sostener que “no los estamos dejando dos turnos, los estamos dejando unas horas, están apoyando un promedio de 36 por 36, pero es un poco menos de tiempo. Es decir, entran a las 7 de la mañana y se van a la una de la tarde del día siguiente, eventualmente a las cuatro. Hace como cinco días se fueron a las nueve de la noche, pero son casos excepcionales”. 
Categóricos, los elementos entrevistados aseguran: ¨¡Cierto!, tenemos leyes y reglamentos para actuar, lo malo es que no se aplican, ¿verdad Aquiles?. Efectivamente, los agrupamientos están apoyando horarios extras y siempre salimos entre las 5 y 7 de la noche del día siguiente. Agrega el tiempo que se tardan en concentrarnos en las unidades, cuando el turno saliente que está de apoyo entrega el equipo¨. 
¨Resulta que en la SSPDF no hay horas extras, y que el seguro de vida no te ampara cuando en la documentación que se envía a la institución tiene un horario distinto al que tú estás cubriendo. Si ocurre un accidente, te lastimas o mueres, ya no se hace responsable el seguro, y el uniformado y su familia quedan completamente desprotegidos¨, fustigan. 
Así, ¨cuando estás fuera de rango (de tu horario laboral), el único responsable es el propio elemento. Pese a que tu director de agrupamiento te solicitó el horario extra, en la documentación de fatigas de trabajo, ¡oh, sorpresa!, sólo aparece tú firma, pero no la del director ni los sellos respectivos. No tienen leyendas del horario de trabajo u horario extra que se cubre, ni a qué servicio se te asigna¨. 
Y para cerrar con broche de oro flagrante violación laboral, los elementos puntualizan que dichas fatigas de apoyo se entregan a firmar a los elementos después de haber cubierto el servicio u horario de apoyo, no antes. Documentos que no son entregadas al área de Recursos Humanos, ubicada en la Avenida Izazaga, para su validación, ni tampoco se elaboran los partes que informen al respecto. 
Cuestionan: ¿Verdad que eso no lo dices a la prensa, Aquiles? ¨Y ello cuando se acuerdan de dar los documentos a firmar. Como tampoco dices que al mando de estas unidades colocaste a puros inútiles, que no tienen conocimientos tácticos ni logísticos para efectuar este tipo de maniobras con personal anti motín. Que no saben ni qué hacer. 
¨Recuerda cuando nos dejaste parados todo el día en el Palacio de Bellas Artes, estorbando en la banqueta, y que los peatones tenían que bajarse a caminar por el arrollo vehicular, pudiendo con eso ocasionar un potencial accidente. ¿Qué hicieron tus directores a pesar de que los ciudadanos les reclamaban y se quejaban de que estábamos estorbando?. ¡Nada!, mejor ignoraban a los ciudadanos, y se ponían a escuchar sus radios¨. 
´´¿Qué dicen en granaderos oriente del Jefe de Unidad de Apoyo Técnico Administrativo?, José Alan Zepeda Ávila, quien pese a decirse licenciado es un ignorante. Ni siquiera sabe cuántos artículos tiene la Ley de Seguridad Pública. ¿Qué tipo de gente pusiste al frente de estas unidades?, tan importantes para la SSPDF. Puros incompetentes, pero que son unos lambiscones. Te ganaron tus frustraciones y preferiste perder a excelentes mandos, verdaderos estrategas, inteligentes y con don de mando pero que no se sometieron a tus caprichos y abusos de poder¨. 
¨SIN CRITERIO OPERACIONAL¨ 
Sin cortapisas, los uniformados entrevistados en las instalaciones de Voz de la Prole, acusan: ¨Áquiles es una persona mentirosa y prepotente, que ha realizado actos denigrantes en contra de sus subordinados, incluso los ha lesionado¨. 
Recuerdan que en una práctica, en Fuerza de Tarea ¨descalabró a uno de sus escoltas al golpearlo con el escudo. ¿Y qué tal cuando en granaderos oriente, arrojaste al piso el celular de un policía y el teléfono se dañó? Por cierto, ordenó que no se compraran celulares inteligentes, para que los uniformados nunca grabaran videos o tomaran fotografías de lo que ahí ocurría¨. 
¨¿Qué tal cuando los amenazaste, diciendo que entrarías al agrupamiento en un caballo, y sacarías arrastrando a aquellos que no estuvieran de acuerdo con tu forma de trabajo? Así debiste salido o entrado, aquella vez que los de la CNTE bloquearon las instalaciones, y estaban golpeando a tu personal, por querer ingresar a cumplir con su trabajo¨. 
Las marchas y manifestaciones se han salido de control a la SSPDF –aseguran viejos policías consultados-, por la evidente falta de visión, conocimiento estratégico y de prevención por parte de Aquiles, quien tiene la responsabilidad operativa al no establecer una adecuada logística para cada situación de emergencia. Pero ello no lo entienden él ni sus mandos de estructura, que colocó por amiguismo y sometimiento, pero no por capacidad¨. 
-¿Cuál es el perfil del equipo que elige? 
¨Sus allegados y escoltas son gente que le aguanta sus gritos y que los lesione; en una práctica de tiro en base fauno, por ejemplo, se le fue un disparo a su gente lesionando a dos elementos. A uno de sus jefes, subinspector Daniel Hernández García, apodado ¨El mariachi¨, Director de granaderos poniente, le zafo un brazo practicando judo¨. 
¨Expone a sus elementos, aún recordamos cuando en septiembre de 2011, un granadero murió durante las competencias del triatlón que organizó la Secretaría. Gerardo Santín participaba en las pruebas de mil 300 metros de nado libre en el canal de Xochimilco, cuando perdió el conocimiento y fueron compañeros quienes lo auxiliaron, pero desafortunadamente nada se pudo hacer¨. 
¨No establece directrices y pone gente sin el criterio operacional vigente. Se extralimita sin prever las necesidades y riesgos que conlleva una operación; no se adelanta a los fenómenos, sólo actúa sobre las rodillas, no piensa ni analiza cada situación¨. 
De personalidad sumamente nerviosa, aseguran que Aquiles se ufana de ser el único experto, cuando no puede manejar siquiera a mil 500 elementos. Otro error garrafal –acotan-,¨es confiar sus decisiones en personas que les queda muy grande la dirección de un agrupamiento, pues son cargos ganados por amistad y subyugación¨. 
Por eso –fustigan- es que durante los últimos meses han habido tantos elementos de la SSPDF lesionados durante las marchas y manifestaciones en la ciudad de México, porque establecen los operativos según ¨los vientos que soplan ese día les dan a entender. No hablan con su personal, no hay espíritu de grupo, sólo los amenazan. Un claro ejemplo es Víctor Manuel Saldaña Chávez, subdirector de Granaderos Poniente (Gama), conocido como ¨El Bofes¨, ex boxeador, un individuo cuadrado, no tiene idea sobre lo que es operatividad y estrategia efectiva razonada y legal, pero sabe madrear¨. 
A pregunta de ¿cómo debe ser un buen policía?, las fuentes señalan: ¨debe ser una persona pensante, que en sus ideales estén el proteger y servir, luchando contra el crimen, vigilando que se cumpla la ley. Tiene que ser una persona inteligente para realizar su noble trabajo, utilizando los recursos necesarios de manera eficiente y sin violar la ley, pero buscando que ésta se cumpla. Debe ser una persona honorable, con ética, profesionalismo y fiel a los ideales de justicia, para servir a la ciudadanía; y Aquiles y su camarilla, definitivamente, no son de esos¨.

jueves, 6 de junio de 2013

Busca el Ejecutivo con la reforma antiterrorista facilitar estado de sitio, advierten PRD y PT


La iniciativa, en la misma línea que la de EU tras los ataques de 2001.
Roberto Garduño y Enrique Méndez
Publicado: 06/06/2013 07:41

México, DF. Diputados de los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y del Trabajo (PT) alertaron que la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto en materia penal y contra la delincuencia organizada pretende equiparar el lavado de dinero al delito de terrorismo, como mecanismo para atacar al narcotráfico, pero que podría permitir al Ejecutivo declarar el estado de excepción, con la consecuente violación de los derechos humanos.
Refirieron que además de ampliar las penas contra el terrorismo, en los artículos transitorios de la iniciativa se propone que los delitos asociados al lavado de dinero, sancionados en el Código Penal Federal, “serán también aplicables para la prevención, identificación y persecución de las conductas previstas en el artículo 139 quáter” que Peña Nieto propone reformar.
Dicho artículo define que se sancionará con cárcel a quien “por cualquier medio aporte o recaude fondos económicos o recursos de cualquier naturaleza para financiar o apoyar actividades de individuos u organizaciones terroristas”.
La diputada Lilia Aguilar (PT), secretaria de la Comisión de Justicia –a la que la Comisión Permanente turnó ayer la iniciativa–, refirió que esta reforma se quiso introducir en el paquete de iniciativas de la reforma financiera, pero se excluyó después de la visita del presidente de Estados Unidos, Barack Obama.
“Y ahora aparece en esta iniciativa. Quiere decir que le hicieron un ajuste después de la entrevista de Peña Nieto con Obama. Porque desde Washington se insiste en frenar la triangulación de dinero de Colombia, a través de México, hacia Estados Unidos”, afirmó.
Refirió que la reforma tiene la misma línea que aplicó el ex presidente George Bush después de los ataques del 11 de septiembre de 2001, que le permitió aplicar un estado de excepción e incluso la declaratoria de guerra sin la aprobación del Senado.
“Al equiparar el lavado de dinero al terrorismo se tiene otro alcance porque no es lo mismo atacar el crimen organizado, que es un delito específico, el terrorismo es un ataque contra el Estado y hay suspensión de derechos”, sostuvo.
En ese sentido, dijo, se corre el riesgo de que al considerar que una persona o un grupo prepara o cometió un ataque considerado terrorista, “entonces hablamos de que el Ejecutivo podría declarar un estado de excepción para quienes sean sospechosos de terrorismo y aplicar la ley sin respetar ninguna garantía individual”.
Además, expuso, debe considerarse que PRI, PAN, PRD, PVEM y Panal se negaron a desaparecer la figura del arraigo, “y con esta nueva iniciativa se abriría la puerta para detener a sospechosos de terrorismo, pero también de terrorismo financiero. Al equiparar el crimen organizado al terrorismo, se facilita para tomar medidas más drásticas, con la consecuente violación a los derechos humanos.
Por su parte, la diputada Elena Tapia Fonllem (PRD), secretaria de la Comisión de Derechos Humanos e integrante de la de Justicia, expresó su preocupación de que además del tipo penal de financiamiento al terrorismo, “se crean múltiples delitos conexos, que –al contrario de lo que dice la iniciativa– amplía las posibilidades de criminalizar los movimientos sociales mediante infiltraciones, provocaciones o hechos de violencia premeditados”

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