Busca el Ejecutivo con la reforma antiterrorista facilitar estado de sitio, advierten PRD y PT

La iniciativa, en la misma línea que la de EU tras los ataques de 2001.

Roberto Garduño y Enrique Méndez
Publicado: 06/06/2013 07:41

México, DF. Diputados de los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y del Trabajo (PT) alertaron que la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto en materia penal y contra la delincuencia organizada pretende equiparar el lavado de dinero al delito de terrorismo, como mecanismo para atacar al narcotráfico, pero que podría permitir al Ejecutivo declarar el estado de excepción, con la consecuente violación de los derechos humanos.

Refirieron que además de ampliar las penas contra el terrorismo, en los artículos transitorios de la iniciativa se propone que los delitos asociados al lavado de dinero, sancionados en el Código Penal Federal, “serán también aplicables para la prevención, identificación y persecución de las conductas previstas en el artículo 139 quáter” que Peña Nieto propone reformar.

Dicho artículo define que se sancionará con cárcel a quien “por cualquier medio aporte o recaude fondos económicos o recursos de cualquier naturaleza para financiar o apoyar actividades de individuos u organizaciones terroristas”.

La diputada Lilia Aguilar (PT), secretaria de la Comisión de Justicia –a la que la Comisión Permanente turnó ayer la iniciativa–, refirió que esta reforma se quiso introducir en el paquete de iniciativas de la reforma financiera, pero se excluyó después de la visita del presidente de Estados Unidos, Barack Obama.

“Y ahora aparece en esta iniciativa. Quiere decir que le hicieron un ajuste después de la entrevista de Peña Nieto con Obama. Porque desde Washington se insiste en frenar la triangulación de dinero de Colombia, a través de México, hacia Estados Unidos”, afirmó.

Refirió que la reforma tiene la misma línea que aplicó el ex presidente George Bush después de los ataques del 11 de septiembre de 2001, que le permitió aplicar un estado de excepción e incluso la declaratoria de guerra sin la aprobación del Senado.

“Al equiparar el lavado de dinero al terrorismo se tiene otro alcance porque no es lo mismo atacar el crimen organizado, que es un delito específico, el terrorismo es un ataque contra el Estado y hay suspensión de derechos”, sostuvo.

En ese sentido, dijo, se corre el riesgo de que al considerar que una persona o un grupo prepara o cometió un ataque considerado terrorista, “entonces hablamos de que el Ejecutivo podría declarar un estado de excepción para quienes sean sospechosos de terrorismo y aplicar la ley sin respetar ninguna garantía individual”.

Además, expuso, debe considerarse que PRI, PAN, PRD, PVEM y Panal se negaron a desaparecer la figura del arraigo, “y con esta nueva iniciativa se abriría la puerta para detener a sospechosos de terrorismo, pero también de terrorismo financiero. Al equiparar el crimen organizado al terrorismo, se facilita para tomar medidas más drásticas, con la consecuente violación a los derechos humanos.

Por su parte, la diputada Elena Tapia Fonllem (PRD), secretaria de la Comisión de Derechos Humanos e integrante de la de Justicia, expresó su preocupación de que además del tipo penal de financiamiento al terrorismo, “se crean múltiples delitos conexos, que –al contrario de lo que dice la iniciativa– amplía las posibilidades de criminalizar los movimientos sociales mediante infiltraciones, provocaciones o hechos de violencia premeditados”