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| La UNAM sigue siendo la conciencia de México |
Emir Olivares
Publicado: 23/08/2011 09:21
México, DF. Corrupción, impunidad e intereses extra-legales impiden que la justicia funcione en México, así lo revelan los resultados de la Segunda Encuesta Nacional de Cultura Constitucional: legalidad, legitimidad de las instituciones y rediseño del Estado, elaborada por especialistas de la UNAM.
El análisis indica que los tipos de relaciones establecidas desde hace tiempo entre el ciudadano y los gobernantes impiden el cumplimiento y respeto de las leyes, lo que ha implicado el deterioro de las instituciones y su legitimidad, cuya restauración requiere un rediseño del Estado.
Los mecanismos de control del sistema político como pactar, ceder, negociar y repartir espacios de poder, permean el campo de la legalidad y obediencia a la ley, en un sistema donde su cumplimiento puede tolerar o alentar altos niveles de impunidad.
El estudio fue realizado por especialistas del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM y replica la primera encuesta al respecto levantada en 2003. Fue dirigida por el Héctor Fix-Fierro, titular de esa entidad universitaria y coordinada por la Julia Flores, responsable del Área de Investigación Aplicada y Opinión del IIJ, contó además con la participación de investigadores, como Diego Valadés y Sergio López Ayllón, además de los expertos del Área de Investigación Aplicada y Opinión.
La encuesta nacional se aplicó durante el mes de mayo de este año a dos mil 208 personas de 15 años y más en sus viviendas. Tiene un nivel de confianza del 95 por ciento, con un error máximo de más/menos 2.85 puntos porcentuales. Para comparar los datos obtenidos, se dividió al país en cuatro regiones.
La situación actual del país es calificada como muy negativa por los entrevistados. Siete de cada diez expresaron que en relación con el 2010 empeoró, o sigue mal, y más de la mitad tiene perspectivas pesimistas para el próximo año.
En el estudio aplicado en 2003, la opinión tenía como referente el incremento de crímenes como el robo o el secuestro. En la actual son la violencia generalizada y la delincuencia organizada.
Respecto a la situación política, casi la mitad de los participantes en 2003 y 2011 la describieron como preocupante; uno de cada seis, la calificó de peligrosa.
Los encuestados afirmaron que la justicia en México no funciona adecuadamente por la corrupción, la impunidad y la presencia de intereses extra-legales. Así, casi cinco de cada diez (47.7 por ciento) señalaron que su funcionamiento no es el idóneo y el 22 por ciento ubicó en la corrupción el problema principal en su impartición.
Casi seis de cada diez entrevistados (55.8 por ciento), afirmaron que los derechos humanos se respetan poco o nada en México.
Siete de cada diez entrevistados aprobarían la convocatoria de un Congreso Constituyente para elaborar una nueva Carta Magna.
Cinco de cada diez consideraron que la Constitución que tenemos actualmente ya no responde a las necesidades del país, principalmente quienes tienen más escolaridad y viven en la región centro.
El 36.3 por ciento consideró que los políticos son quienes violan más las leyes, seguidos de los policías, con un 21.9 por ciento de opiniones desfavorables.
Seis de cada diez encuestados están de acuerdo con la revocación del mandato presidencial, en caso de que el Ejecutivo infringiera la Constitución.
Cerca de siete de cada diez entrevistados señalaron que "en algunos casos no estoy dispuesto a apoyar las políticas del gobierno". Y el 75.7 por ciento consideró que debería transparentarse la información relacionada con la lucha contra el narcotráfico.
Un 54.8 por ciento respondió que se pueden respetar los derechos humanos en la lucha contra la delincuencia organizada. Por el contrario, tres de cada diez afirmaron que tales garantías no pueden observarse en esta tarea.
El 57.1 por ciento consideró que los diputados deberían autorizar al presidente el uso de las fuerzas armadas para mantener la seguridad del país.
Ocho de cada diez consideraron que la gente no está protegida contra el abuso de la autoridad.
Uno de cada tres manifestó temer más al robo con violencia, al 27. 2 por ciento le preocupó ser víctima del narcotráfico y dos de cada diez expresaron su miedo al abuso de las fuerzas de seguridad pública.
En cuanto a la confianza en las instituciones, en una escala de 0 a 10, las universidades públicas obtuvieron el promedio más alto, de 7.1 puntos; seguidos por el ejército y los maestros; mientras que los partidos políticos, los diputados y la policía, ocuparon los últimos sitios de la escala.
Seis de cada diez personas consideraron que los gobernadores y los presidentes municipales hacen "poco" caso al ciudadano, mientras que poco más de la mitad cree que los jueces y magistrados incurren en la misma falta. En el caso del presidente de la República y los legisladores, dicho porcentaje se reduce a menos del 50 por ciento.
Casi seis de cada diez personas expresaron estar "en desacuerdo" o "muy en desacuerdo" con que los ministros religiosos opinen de política durante sus servicios. El 60 por ciento se opuso a la enseñanza de religión en escuelas públicas.
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