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martes, 16 de julio de 2013

Tiene PGJDF retratos hablados de 10 implicados en caso Heaven pero no los difunde

Familiares de los desaparecidos en la Zona Rosa protestan en la PGJDF. Foto: Germán Canseco

MÉXICO, D.F. (apro).- La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) cuenta con los retratos hablados de 10 hombres relacionados con la sustracción de los 12 tepiteños del bar Heaven, hace 58 días.
Así lo confirmó en conferencia de prensa el procurador capitalino, Rodolfo Ríos Garza, quien se negó a dar a conocer los retratos y los nombres de los presuntos secuestradores a los medios, argumentando la secrecía de las investigaciones.
“Es un tema que llevamos dentro de la averiguación previa, no los vamos a dar a conocer a los medios de comunicación porque estamos tratando de dar con el paradero de los probables responsables, hemos comentado que tenemos 10 retratos hablados”, dijo.
La Fiscalía Antisecuestros cuenta con los nombres de Jesús Carmona, Mario Age, José López, Mario Miranda Best y otros seis sujetos de los que sólo se conocen sus alias: El GordoEl TamalEl PanquéEl MiguelónEl Pepe y El Andresote, quienes presuntamente participaron en la sustracción de los jóvenes.
Jesús Carmona El Chucho es identificado junto con otro sujeto, identificado como El Javi, como presunto líder de La Unión. Ambos están prófugos.
Ríos Garza comentó que el próximo lunes vence el arraigo que solicitaron en contra de otras tres personas que fueron detenidas por el caso After Hour Heaven, entre ellas Armando Hernández Gómez, El Ostión, quien tras su detención confesó que el plagio múltiple fue en represalia por el asesinato de Horacio Vite Ángel, El Chaparro, en el bar Black de La Condesa el 24 de mayo, dos días antes de los hechos del Heaven.
El Ostión también identificó a otros sujetos, de los que sólo proporcionó sus alias, que también participaron en el secuestro de los tepiteños: El Flaquito, El Camaleón, El Calabozo, El Leinad Chuta, El Hummer y Beto Broncas.
El procurador capitalino dijo que aún se analiza qué medidas se tomarán contraEl Ostión —uno de los principales distribuidores de droga en el barrio de Tepito— y los otros dos sujetos que se encuentran arraigados, pero adelantó que una de ellas es solicitar la orden de aprehensión.
A casi dos meses del secuestro de los tepiteños, Ríos Garza rechazó fijar un plazo para su localización.
“Por supuesto que sabemos que sería muy complicado dar un plazo para dar con los jóvenes, lo que sí puedo afirmar es que contamos con una investigación sólida, muy profesional y firme en este sentido y cuando tengamos el resultado de la investigación se los daremos a conocer”, dijo.
Por ello, abundó, el fin de semana hubo cateos en otros dos inmuebles que tienen una vinculación con el caso y seguirán realizándose las acciones que sean necesarias hasta dar con los autores del secuestro de los 12 jóvenes.
Por separado, el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, también defendió la tardanza para hallar a los jóvenes al señalar que “tiene que haber datos sólidos”, que lleven a su localización, pues no se debe ni se pueden inventar culpables.
En rueda de prensa, Mancera Espinosa recordó que cuenta con la colaboración de instancias federales y del resto de las entidades del país para colaborar en el esclarecimiento de los hechos ocurridos en la Zona Rosa.
El funcionario destacó que de acuerdo con la información de la que dispone, la PGJDF “avanza” en la investigación con datos “importantes”.

domingo, 7 de julio de 2013

El truculento enredo del caso Heaven

Familiares de los desaparecidos en el Heaven exigen respuesta de la PGJDF. Foto: Eduardo Miranda

Conforme avanzan las indagatorias en torno a los 12 jóvenes tepiteños desaparecidos el pasado 26 de mayo, las cosas se le complican a las autoridades capitalinas. Hoy las pistas no sólo implican a las bandas criminales enquistadas en el barrio de Tepito sino también a los propietarios de bares y antros donde se expenden drogas. Y los presuntos implicados, lejos de aclarar la situación empañan el panorama para ocultar lo evidente: la presencia de los cárteles en el corazón de la Ciudad de México.

MÉXICO, D.F. (Proceso).- La muerte de Dax Rodríguez Ledezma –copropietario del bar Heaven After, quien apareció calcinado junto con su novia Heydi Fabiola Rodríguez Velasco y la prima de ésta– y el silencio de los detenidos despejó las dudas sobre la presunta participación del crimen organizado en la desaparición de los 12 jóvenes de Tepito en ese antro el pasado 26 de mayo.
Los cuerpos fueron abandonados en un camino de terracería en la comunidad de Tajumulco, municipio de Huitzilac, en Morelos, zona dominada por la organización Guerreros Unidos, un remanente del cártel de los Beltrán Leyva. Estaban con las manos atadas y presentaban huellas de tortura. Los peritos no encontraron perforaciones producidas por arma de fuego en ninguno de ellos; tampoco había ningún narcomensaje.
Inmediatamente después de que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) comenzó a buscarlo para pedirle su declaración sobre los hechos del 26 de mayo, Dax salió con su novia  del Distrito Federal y viajó a Acapulco. Ahí, la pareja estuvo varios días; luego se fue a Iguala a la casa de la familia de Dax.
En este y otros municipios de la franja norte de Guerrero, se disputan el territorio los cárteles de Guerrero Unidos, con Mario Casarrubias al frente, y La Familia Michoacana-Estado de México, comandado por Johnny Hurtado Olascoaga, El Fish y José María Chávez Magaña, El Pony, así como Los Caballeros Templarios, liderados por Servando Gómez Martínez, La Tuta.
La pareja permaneció en Iguala hasta el 20 de junio. Ese día por la tarde Dax, Heydi y su prima Diana Guadalupe Velasco Peña fueron al cine, sin percatarse de que eran vigilados por varios individuos, quienes se desplazaban en dos autos. Al salir de la función los interceptaron y se los llevaron.
La madrugada del día 22 los tres cuerpos calcinados fueron localizados cerca del ayuntamiento de Huitzilac. La Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos reportó el hallazgo a su par del Distrito Federal. Al día siguiente, el 23 de junio, agentes capitalinos se trasladaron a la morgue de Morelos para tomar las muestras necesarias e intercambiar información con el propósito de detectar si tenían relación con los tepiteños levantados un mes antes.
Tras cotejar las muestras recabadas con los ADN de los desaparecidos el resultado fue negativo. El 28 de junio la madre de Diana Guadalupe se presentó en la morgue morelense luego de una semana sin saber dónde estaba su hija. Ahí reconoció los cuerpos de Heydi y Diana Guadalupe.

martes, 7 de mayo de 2013

Denuncian criminalización de tres ‘facebookeros’ en Puebla

Peña durante el 151 aniversario de la Batalla de Puebla. Foto: Presidencia


PUEBLA, Pue. (apro).- La Procuraduría General de Justicia del estado (PGJ) consignó a Eduardo Salazar Velázquez, Néstor López Espinoza e Iván Ismael Guizasola Vázquez, porque supuestamente planeaban realizar “hechos violentos” durante el desfile que se realizó el pasado domingo 5 en esta ciudad, con motivo del 151 aniversario de la Batalla de Puebla.
El consejero del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), René Sánchez Galindo, denunció que el gobierno de Rafael Moreno Valle intenta criminalizar a los jóvenes por convocar a una manifestación a través de una cuenta de Facebook, de la misma manera que en 2011 el gobierno de Veracruz encarceló a dos tuiteros porque presuntamente divulgaron a través de la red social rumores sobre tiroteos y otros actos violentos del narcotráfico en el estado.
El gobierno poblano cometió violaciones graves a los derechos humanos de los tres detenidos, como desaparición forzada, tortura y fabricación de delitos, entre otros, en su afán de desarticular una posible movilización social en un acto en el que estaría el presidente Enrique Peña Nieto, señaló.
Detalló que los tres jóvenes fueron detenidos entre la noche del jueves 2 y la mañana del viernes 3 en operativos arbitrarios.
La víspera, el procurador de Justicia, Víctor Carrancá Bourguet, reconoció que en los cateos realizados en los domicilios de los acusados no se encontró una sola prueba que demostrara que planeaban ejecutar hechos violentos durante el desfile.
No obstante, dijo, se procedió a su detención por una denuncia anónima que señalaba a los tres jóvenes como orquestadores de una manifestación violenta, aunque después de los interrogatorios y de haberles asegurado sus equipos de cómputo sólo se comprobó que eran los autores de mensajes en los que llamaban a manifestarse el 5 de mayo.
Luego de esas declaraciones se daba por hecho que el Ministerio Público se desistiría de levantar cargos contra los acusados, pero la tarde-noche del domingo fueron consignados ante juzgados de Cholula y Puebla, bajo la averiguación previa 215/2013/DMZS, por los delitos de portación de instrumento prohibido, cohecho, desobediencia y resistencia de particulares.
En un comunicado, la propia PGJ admitió que a las tres personas “se les investigó ante la advertencia de la posible comisión de hechos violentos previstos para el 5 de mayo a los que estaban convocando”, y advirtió que la dependencia mantiene abierta una carpeta de investigación en torno al caso.
En tanto, este lunes los juzgados de Cholula fijaron una fianza de 95 mil pesos para Eduardo Salazar y de 90 mil para López Espinoza, pero a petición de la defensa fueron reducidas a 28 mil  y 20 mil pesos, respectivamente.
En cuanto a Iván Ismael Guizasola Vázquez, quien fue enviado al penal de San Miguel en Puebla, aún se desconoce si tendrá derecho a fianza.
En el caso de Néstor López Espinoza, estudiante de la Universidad Autónoma de Puebla y secretario de capacitación del Comité Municipal de Morena, además de miembros del movimiento #YoSoy 132, existen testimonios de que fue detenido de manera arbitraria el viernes 3 por la mañana, pero fue hasta el sábado a mediodía cuando  sus familiares dijeron que desconocían su paradero.
De acuerdo con Carlos Figueroa Ibarra, secretario de Derechos Humanos de Morena, saben por el abogado de López Espinoza que por varias horas lo tuvieron encapuchado, con las manos esposadas hacia atrás, arrodillado y  escuchando amenazas de que lo matarían.
El abogado también dijo que su cliente fue acusado del delito de portación de instrumento peligroso, debido a que al momento de su detención llevaba un “bóxer”, una especie de manopla de acero.
Al respecto, Verónica Espinoza, madre de Néstor, desacreditó esa supuesta prueba debido a que su hijo –aseguró– ni siquiera sabía lo que significaba la palabra “bóxer”. Manifestó que nunca antes vio ese objeto en poder de su hijo y que era imposible que lo portara al momento de ser detenido, porque cuando ello ocurrió el joven se dirigía a prestar su servicio social en la Delegación Estatal del Instituto Nacional de Migración.
Añadió que tampoco hay elementos para acusarlo de cohecho, pues ese día sólo llevaba 50 pesos para pagar los camiones que necesitaba para trasladarse de Chachapa, Amozoc, hasta el centro histórico de Puebla.
Por testimonio de vecinos, la madre de Néstor sabe que su hijo fue interceptado alrededor de las 8:45 horas por una camioneta tipo Jeep roja, placas TXK1714, de la que bajaron hombres vestidos de civil y se lo llevaron a la fuerza.
“Los vecinos que presenciaron esto incluso creyeron que se había tratado de un secuestro o de un levantón porque mi hijo gritó pidiendo auxilio y hasta hubo gente que trató de ayudarlo”, relató en entrevista Verónica Espinoza.
El cateo
La mujer detalló que el mismo viernes 3, sin saber que su hijo había sido detenido, alrededor de 30 hombres y mujeres vestidos de civil, portando armas de alto poder, llegaron al mediodía su casa, en la Segunda Privada Camino a Santa Cruz #11 de la colonia Guadalupe, en Chachapa, con una supuesta orden de cateo que, aseguró, nunca le entregaron para que pudiera leerla.
“Sólo me la enseñaron de lejos, pero no me dejaron que la tomara”, recordó Espinoza.
Por los “nervios” que le provocó la acción, dijo, batalló para abrir la puerta, pero los policías la abrieron a empujones.
“Cuando estaban entrando, les pedía que me explicaran de qué se trataba, por qué llegaban así a mi casa, y uno de ellos me dijo: ‘¿qué quiere, señora, que pase lo mismo que ocurrió en Boston?’”.
Luego de revisar la casa, los policías se llevaron dos CPU, una laptop descompuesta, una memoria USB, un celular, papeles de su hijo y propaganda de Morena.
Cuando los policías se retiraron del lugar, agregó, buscó contactarse con su hijo, pero el celular de aquél la “mandaba a buzón” reiteradamente. En ese momento se le acercó un vecino para ofrecerle ayuda y le contó que en la mañana habían “subido a un muchacho” en la entrada del Camino a Santa Cruz, Chachapa.
Los familiares del joven se dirigieron a la PGJ y a las agencias del Ministerio Público, pero en ningún lugar les dieron noticias de Néstor.
“Ya pensaba que a mi hijo lo habían matado”, exclamó la mujer, cuando al mediodía un ministerial le informó que Néstor estaba en una unidad conocida como Bicentenario, cercana a la PGJ.
Sólo le permitieron que entrara por 30 segundos para darle algo de alimento y apenas pudieron cruzar palabras. “Como si mi hijo hubiera cometido algún delito muy grave”, soltó.
Por la noche del domingo, integrantes de Morena arribaron al penal de Cholula para manifestar su apoyo al joven, cuyo perfil, dijeron, no corresponde al de una persona violenta o radical, como lo calificó la PGJ.
Sánchez Galindo consideró que la manera en que actuó la dependencia, con base en las presuntas comunicaciones que los jóvenes tuvieron por internet, sin ninguna prueba física de la cual pudiera deducirse que pretendían generar violencia, es violatorio de los derechos humanos.
“Lo que publicaron en las redes sociales lo hicieron bajo el derecho que tienen a la libertad de expresión”, apuntó.
Subrayó que a todas luces, al no encontrar ninguna prueba, la PGJ armó los delitos menores por los que finalmente los consignó.
La Comisión #YoSoyHuesca, perteneciente a la asamblea #YoSoy132Puebla, emitió un comunicado para solidarizarse con los tres detenidos.
Un integrante de ese movimiento consideró que ese caso, como otros que han ocurrido en el país, busca generar miedo y desarticular el activismo social en contra del gobierno de Peña Nieto.
A los jóvenes detenidos se les relaciona con una cuenta de Facebook denominada Revolución 2013 Puebla y con un video colocado en YouTube bajo el nombre “Operación 5 de Mayo”, en los que llamaron a manifestarse durante la visita que haría Peña Nieto a Puebla ese día.
“Durante estos meses hemos difundido la Operación 5 de Mayo, la fecha está próxima, será un día de manifiesto en la Ciudad de Puebla, así que invitamos al Pueblo nacional a manifestarse, el gobierno daña cada vez más al país y debemos hacer algo para evitarlo, es hora de que el gobierno tema a su pueblo”, se lee en uno de los mensajes subidos, en los que se observa a un personaje con la máscara de Anonymous.
“Estamos aquí para apoyar a los que luchan por defensa de la Patria, este mensaje va en especial para Peña Nieto y Moreno Valle. Hacemos el comunicado al pueblo nacional que si el gobierno reprime alguna de las manifestaciones nacionales, pero en especial a los hermanos poblanos, los únicos responsables Peña y Valle (sic), tendrán que responder sobre lo que ocurran”, añade.
En un principio, medios locales difundieron que durante los cateos a los domicilios de los muchachos, la PGJ había encontrado material para elaborar bombas molotov, sin embargo el procurador reconoció que no se halló material peligroso que confirmara el supuesto plan de violencia.
Esta tarde, integrantes de Morena volvieron a manifestarse afuera del  penal de Cholula para exigir la inmediata liberación de los tres  detenidos, pues hasta ahora, aseguraron, no existen pruebas de que hubieran cometido algún delito.
En tanto, Sánchez Galindo manifestó que los mensajes en Twitter que se le imputan a Néstor sobre su supuesta participación en una protesta en esta ciudad, ni siquiera están relacionados con sus cuentas personales en redes sociales.

miércoles, 30 de noviembre de 2011

Criminalizar a las víctimas


En busca de los desaparecidos. Foto: Octavio Gómez
En busca de los desaparecidos.
Foto: Octavio Gómez
MÉXICO, D.F., (apro).- Primero se intentó criminalizar a las víctimas cuando, a raíz de la matanza en Villas de Salvárcar, Felipe Calderón señaló que los 16 jóvenes asesinados en Ciudad Juárez eran pandilleros, con lo que intentó justificar el multihomicidio de los adolescentes, quienes resultaron ser estudiantes y deportistas. Hoy ya no se trata de acusar de delincuentes a las víctimas, sino a sus familiares que buscan paz y justicia.
Nepomuceno Moreno, un sonorense de 56 años, fue acribillado el pasado lunes 28, en pleno centro de Hermosillo. Iba a bordo de su camioneta cuando recibió cinco impactos de bala de grueso calibre, sin que ningún policía se hiciera presente, pese a que a unas calles se encuentra el Palacio de Gobierno.
La reacción de las autoridades del estado de Sonora fue inmediata, pero no para anunciar que se investigaría el asesinato del activista del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que encabeza Javier Sicilia, sino para acusarlo de sus vínculos con el crimen organizado.
El vocero de la Procuraduría estatal, José Larrinaga Talamantes, informó que Nepomuceno Moreno fue detenido en 2005, luego de un enfrentamiento en Hermosillo, en el que murió una persona. Lo que no dijo es que tras cuatro años de encarcelamiento injusto fue liberado y absuelto, porque no se le comprobó ningún delito.
El funcionario recordó que otro de los hijos de Nepomuceno, de nombre Gilberto, estuvo preso, acusado de un asalto con violencia en una tienda de autoservicio. Además, mencionó que el gobierno del estado nunca recibió una solicitud de protección del activista.
En el fondo, la argumentación oficial era que Nepomuceno Moreno había sido ejecutado porque estaba vinculado con el crimen. O sea que se lo merecía.
El caso del sonorense se viene a sumar a los de Marisela Escobedo, Julián Le Barón, la familia de Olga Reyes, y de los veracruzanos que fueron ejecutados y arrojados en la principal arteria de Boca del Río, en septiembre pasado, y a quienes el gobernador Javier Duarte acusó de estar vinculados con el crimen organizado.
La criminalización de las familias de las víctimas por parte de las autoridades en cada caso es doblemente grave, pues no sólo se acusa y se trata de justificar el asesinato de las víctimas, sino que ahora también se responsabiliza a sus familiares, vinculándolos con el crimen organizado para que no sigan con sus demandas de investigar a fondo y aplicar la justicia.
Y es esto lo que ahora ocurre con Nepomuceno Prieto, quien desde mayo pasado se unió al Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, para seguir con su demanda de encontrar a su hijo Mario, desaparecido el 1 de julio de 2010 por agentes policiales de Sonora. Estos mismos le exigieron a don Nepomuceno 30 mil pesos, a cambio de la liberación de su hijo, que nunca llegó.
Las declaraciones del gobierno sonorense para desprestigiar al activista social caen, sin embargo, por su propio peso. Si bien es cierto que en un principio tuvieron el efecto que deseaban y se creó una cortina de humo entre algunos que creyeron que se trataba de un delincuente y padre de otro delincuente, al paso de las horas esa información fue desmentida cuando se reveló que Nepomuceno había sido declarado inocente, luego de permanecer cuatro años en la cárcel.
Ahora es el gobernador panista Guillermo Padrés quien debe explicar por qué se quiso enlodar a Nepomuceno Moreno, asesinado de cinco tiros a unas cuantas calles de la sede del gobierno, a plena luz del día, lo que refleja la incapacidad e ineficiencia de las autoridades del estado de dar seguridad a sus ciudadanos.
Manejar con toda intención los antecedentes penales de Nepomuceno y su familia, sin decir antes que se llegaría a fondo para encontrar a los culpables, habla de la impunidad que hay en Sonora y en todo el país.
Sólo hay que recordar que el procurador actual de la entidad, Abel Murrieta, fue el responsable de las investigaciones de la muerte de los 49 niños de la guardería ABC en Hermosillo, que nunca llegaron a fondo, pues se protegió a familiares del exgobernador Eduardo Bours y de la primera dama, Margarita Zavala de Calderón, quienes tenían subrogada dicha guardería.
Nepomuceno Moreno sabía que lo querían asesinar aquellos a quienes acusó de la desaparición de su hijo. Así se lo hizo saber a Felipe Calderón el 14 de octubre, cuando interrumpió el diálogo con los integrantes del Movimiento por la Paz que acudieron al Castillo de Chapultepec. En ese momento el presidente giró una orden a la procuradora general de la República, Marisela Morales, para que al activista se le diera la protección que necesitaba.
Pero esa seguridad nunca llegó, y tampoco se la dio el gobernador Guillermo Padrés.
Nepomuceno Moreno fue acribillado el mediodía del lunes 28, cuando viajaba por el centro de Hermosillo. En su camioneta llevaba pancartas y fotos de su hijo y otros jóvenes desaparecidos y ejecutados en Sonora.
Sus asesinos actuaron con toda impunidad y libertad, como sabiendo que nadie los detendría en su misión de acallar a este ciudadano, cuyo único delito fue querer dar con el paradero de su hijo Mario, uno de los 10 mil desaparecidos que hay en todo el país desde hace cinco años.

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