 |
En busca de los desaparecidos. Foto: Octavio Gómez |
MÉXICO, D.F., (apro).- Primero se intentó criminalizar a las víctimas cuando, a raíz de la matanza en Villas de Salvárcar, Felipe Calderón señaló que los 16 jóvenes asesinados en Ciudad Juárez eran pandilleros, con lo que intentó justificar el multihomicidio de los adolescentes, quienes resultaron ser estudiantes y deportistas. Hoy ya no se trata de acusar de delincuentes a las víctimas, sino a sus familiares que buscan paz y justicia.
Nepomuceno Moreno, un sonorense de 56 años, fue acribillado el pasado lunes 28, en pleno centro de Hermosillo. Iba a bordo de su camioneta cuando recibió cinco impactos de bala de grueso calibre, sin que ningún policía se hiciera presente, pese a que a unas calles se encuentra el Palacio de Gobierno.
La reacción de las autoridades del estado de Sonora fue inmediata, pero no para anunciar que se investigaría el asesinato del activista del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que encabeza Javier Sicilia, sino para acusarlo de sus vínculos con el crimen organizado.
El vocero de la Procuraduría estatal, José Larrinaga Talamantes, informó que Nepomuceno Moreno fue detenido en 2005, luego de un enfrentamiento en Hermosillo, en el que murió una persona. Lo que no dijo es que tras cuatro años de encarcelamiento injusto fue liberado y absuelto, porque no se le comprobó ningún delito.
El funcionario recordó que otro de los hijos de Nepomuceno, de nombre Gilberto, estuvo preso, acusado de un asalto con violencia en una tienda de autoservicio. Además, mencionó que el gobierno del estado nunca recibió una solicitud de protección del activista.
En el fondo, la argumentación oficial era que Nepomuceno Moreno había sido ejecutado porque estaba vinculado con el crimen. O sea que se lo merecía.
El caso del sonorense se viene a sumar a los de Marisela Escobedo, Julián Le Barón, la familia de Olga Reyes, y de los veracruzanos que fueron ejecutados y arrojados en la principal arteria de Boca del Río, en septiembre pasado, y a quienes el gobernador Javier Duarte acusó de estar vinculados con el crimen organizado.
La criminalización de las familias de las víctimas por parte de las autoridades en cada caso es doblemente grave, pues no sólo se acusa y se trata de justificar el asesinato de las víctimas, sino que ahora también se responsabiliza a sus familiares, vinculándolos con el crimen organizado para que no sigan con sus demandas de investigar a fondo y aplicar la justicia.
Y es esto lo que ahora ocurre con Nepomuceno Prieto, quien desde mayo pasado se unió al Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, para seguir con su demanda de encontrar a su hijo Mario, desaparecido el 1 de julio de 2010 por agentes policiales de Sonora. Estos mismos le exigieron a don Nepomuceno 30 mil pesos, a cambio de la liberación de su hijo, que nunca llegó.
Las declaraciones del gobierno sonorense para desprestigiar al activista social caen, sin embargo, por su propio peso. Si bien es cierto que en un principio tuvieron el efecto que deseaban y se creó una cortina de humo entre algunos que creyeron que se trataba de un delincuente y padre de otro delincuente, al paso de las horas esa información fue desmentida cuando se reveló que Nepomuceno había sido declarado inocente, luego de permanecer cuatro años en la cárcel.
Ahora es el gobernador panista Guillermo Padrés quien debe explicar por qué se quiso enlodar a Nepomuceno Moreno, asesinado de cinco tiros a unas cuantas calles de la sede del gobierno, a plena luz del día, lo que refleja la incapacidad e ineficiencia de las autoridades del estado de dar seguridad a sus ciudadanos.
Manejar con toda intención los antecedentes penales de Nepomuceno y su familia, sin decir antes que se llegaría a fondo para encontrar a los culpables, habla de la impunidad que hay en Sonora y en todo el país.
Sólo hay que recordar que el procurador actual de la entidad, Abel Murrieta, fue el responsable de las investigaciones de la muerte de los 49 niños de la guardería ABC en Hermosillo, que nunca llegaron a fondo, pues se protegió a familiares del exgobernador Eduardo Bours y de la primera dama, Margarita Zavala de Calderón, quienes tenían subrogada dicha guardería.
Nepomuceno Moreno sabía que lo querían asesinar aquellos a quienes acusó de la desaparición de su hijo. Así se lo hizo saber a Felipe Calderón el 14 de octubre, cuando interrumpió el diálogo con los integrantes del Movimiento por la Paz que acudieron al Castillo de Chapultepec. En ese momento el presidente giró una orden a la procuradora general de la República, Marisela Morales, para que al activista se le diera la protección que necesitaba.
Pero esa seguridad nunca llegó, y tampoco se la dio el gobernador Guillermo Padrés.
Nepomuceno Moreno fue acribillado el mediodía del lunes 28, cuando viajaba por el centro de Hermosillo. En su camioneta llevaba pancartas y fotos de su hijo y otros jóvenes desaparecidos y ejecutados en Sonora.
Sus asesinos actuaron con toda impunidad y libertad, como sabiendo que nadie los detendría en su misión de acallar a este ciudadano, cuyo único delito fue querer dar con el paradero de su hijo Mario, uno de los 10 mil desaparecidos que hay en todo el país desde hace cinco años.
Nepomuceno Moreno, un sonorense de 56 años, fue acribillado el pasado lunes 28, en pleno centro de Hermosillo. Iba a bordo de su camioneta cuando recibió cinco impactos de bala de grueso calibre, sin que ningún policía se hiciera presente, pese a que a unas calles se encuentra el Palacio de Gobierno.
La reacción de las autoridades del estado de Sonora fue inmediata, pero no para anunciar que se investigaría el asesinato del activista del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que encabeza Javier Sicilia, sino para acusarlo de sus vínculos con el crimen organizado.
El vocero de la Procuraduría estatal, José Larrinaga Talamantes, informó que Nepomuceno Moreno fue detenido en 2005, luego de un enfrentamiento en Hermosillo, en el que murió una persona. Lo que no dijo es que tras cuatro años de encarcelamiento injusto fue liberado y absuelto, porque no se le comprobó ningún delito.
El funcionario recordó que otro de los hijos de Nepomuceno, de nombre Gilberto, estuvo preso, acusado de un asalto con violencia en una tienda de autoservicio. Además, mencionó que el gobierno del estado nunca recibió una solicitud de protección del activista.
En el fondo, la argumentación oficial era que Nepomuceno Moreno había sido ejecutado porque estaba vinculado con el crimen. O sea que se lo merecía.
El caso del sonorense se viene a sumar a los de Marisela Escobedo, Julián Le Barón, la familia de Olga Reyes, y de los veracruzanos que fueron ejecutados y arrojados en la principal arteria de Boca del Río, en septiembre pasado, y a quienes el gobernador Javier Duarte acusó de estar vinculados con el crimen organizado.
La criminalización de las familias de las víctimas por parte de las autoridades en cada caso es doblemente grave, pues no sólo se acusa y se trata de justificar el asesinato de las víctimas, sino que ahora también se responsabiliza a sus familiares, vinculándolos con el crimen organizado para que no sigan con sus demandas de investigar a fondo y aplicar la justicia.
Y es esto lo que ahora ocurre con Nepomuceno Prieto, quien desde mayo pasado se unió al Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, para seguir con su demanda de encontrar a su hijo Mario, desaparecido el 1 de julio de 2010 por agentes policiales de Sonora. Estos mismos le exigieron a don Nepomuceno 30 mil pesos, a cambio de la liberación de su hijo, que nunca llegó.
Las declaraciones del gobierno sonorense para desprestigiar al activista social caen, sin embargo, por su propio peso. Si bien es cierto que en un principio tuvieron el efecto que deseaban y se creó una cortina de humo entre algunos que creyeron que se trataba de un delincuente y padre de otro delincuente, al paso de las horas esa información fue desmentida cuando se reveló que Nepomuceno había sido declarado inocente, luego de permanecer cuatro años en la cárcel.
Ahora es el gobernador panista Guillermo Padrés quien debe explicar por qué se quiso enlodar a Nepomuceno Moreno, asesinado de cinco tiros a unas cuantas calles de la sede del gobierno, a plena luz del día, lo que refleja la incapacidad e ineficiencia de las autoridades del estado de dar seguridad a sus ciudadanos.
Manejar con toda intención los antecedentes penales de Nepomuceno y su familia, sin decir antes que se llegaría a fondo para encontrar a los culpables, habla de la impunidad que hay en Sonora y en todo el país.
Sólo hay que recordar que el procurador actual de la entidad, Abel Murrieta, fue el responsable de las investigaciones de la muerte de los 49 niños de la guardería ABC en Hermosillo, que nunca llegaron a fondo, pues se protegió a familiares del exgobernador Eduardo Bours y de la primera dama, Margarita Zavala de Calderón, quienes tenían subrogada dicha guardería.
Nepomuceno Moreno sabía que lo querían asesinar aquellos a quienes acusó de la desaparición de su hijo. Así se lo hizo saber a Felipe Calderón el 14 de octubre, cuando interrumpió el diálogo con los integrantes del Movimiento por la Paz que acudieron al Castillo de Chapultepec. En ese momento el presidente giró una orden a la procuradora general de la República, Marisela Morales, para que al activista se le diera la protección que necesitaba.
Pero esa seguridad nunca llegó, y tampoco se la dio el gobernador Guillermo Padrés.
Nepomuceno Moreno fue acribillado el mediodía del lunes 28, cuando viajaba por el centro de Hermosillo. En su camioneta llevaba pancartas y fotos de su hijo y otros jóvenes desaparecidos y ejecutados en Sonora.
Sus asesinos actuaron con toda impunidad y libertad, como sabiendo que nadie los detendría en su misión de acallar a este ciudadano, cuyo único delito fue querer dar con el paradero de su hijo Mario, uno de los 10 mil desaparecidos que hay en todo el país desde hace cinco años.
No hay comentarios:
Publicar un comentario