Imagine que su hijo de 22 años consigue un trabajo como fotógrafo de un prestigiado diario, que un mes después de comenzar felizmente su trabajo le llaman para anunciarle que fue asesinado con un amigo de 23 años. Imagine ahora que en menos de seis horas, mientras la Policía le permite identificar el cuerpo mutilado de su vástago, el procurador lo declara culpable de narcotráfico gracias a que los sicarios dejaron dos letreros señalándolos.
Son miles los casos en que la autoridad determina culpabilidad inmediata de personas que han sido inculpadas única y exclusivamente por sus victimarios. Los procuradores de varios estados siguen declarando supuestos como hechos, hipótesis como prueba cuya única fuente es algún grupo de delincuencia organizada. Los cárteles, los sicarios y asesinos han entendido esta dinámica y la utilizan a su favor, para declarar contra militares y policías honestos, para culpabilizar a mujeres víctimas de feminicidio, para desacreditar a periodistas.
El 3 de octubre de 2012 las autoridades reportaron que Eduardo, hijo de Humberto Moreira, había sido asesinado y su cuerpo hallado a las 9 de la noche en un camino ejidal. En menos de 48 horas la Procuraduría había explicado el supuesto móvil y señalado al supuesto culpable. Como sólo lo haría Scotland Yard, recabó testimonios como “pruebas contundentes” y pronto estaba a punto de cerrar el caso. A pesar de que la ciberpolicía halló una fotografía de Eduardo recién asesinado en su camioneta a plena luz del día (antes de las 5 de la tarde, por la luz) en la página de Facebook de un sujeto que vive en Cozumel. Según “evidencia” Eduardo fue secuestrado a las 6:15 de la tarde, pero los hechos a la autoridad le preocupan menos que los resultados simulados. La PGJC blindó al sobrino del Gobernador para que no se investigara el móvil.
En contraste, hace unos días Claudia Brondo, delegada de la Procuraduría de Coahuila, llamó a la Policía de Saltillo para describir con lujo de detalle la escena del crimen donde se hallaban los cuerpos de Daniel, el fotorreportero y su amigo, el problema fue que la Policía dio tres vueltas en el supuesto lugar de los hechos y no fue sino hasta la tercera que hallaron a los jóvenes. ¿Cómo se enteró esa funcionaria de lo que estaba por suceder? Según fuentes de la Procuraduría fue porque los propios sicarios “hacen eso de avisar a la Procuraduría todo el tiempo”. Esas mismas fuentes me aseguran que el procurador dio instrucciones al Ministerio Público de poner “esa pinche carpeta con los narcos”. Aunque no existe una sola acusación de comunicadores vinculados con los cárteles, según el trabajador de la PGJC, a lo que su jefe se refería era a no perder el tiempo con la investigación del asesinato. Gracias a la indignación social el gobernador Moreira tuvo que pedir una disculpa por la actuación del procurador, pero quien pidió perdón públicamente fue el secretario de Gobierno, no el jefe de la Fiscalía. Estas declaraciones, sin el interrogatorio de Brondo y la sanción del procurador son simple manejo de daños.
Justamente hace un año la colega Regina Martínez fue asesinada en Veracruz, inmediatamente la Procuraduría aseguró que el móvil había sido un robo. Ahora, en medio de una opaca investigación, el Gobernador presumió la sentencia del supuesto asesino. La investigación está plagada de inconsistencias; la autoridad asegura que el asesinato se cometió el 27 de abril, cuando la necropsia demuestra que fue ultimada el 28. Hay una extraña urgencia de parte de las autoridades para asegurar que las y los periodistas no han sido asesinados por su labor de investigación, o por tomar fotografías de mafiosos y políticos, para ello utilizan todas las formas de simulación a su alcance.
Todos los días en México aproximadamente un 60% de las víctimas de delitos violentos serán tratados como culpables por parte de la propia autoridad, sin un mínimo de procedimientos criminalísticos adecuados; en ese contexto nos corresponde a las y los periodistas investigar evidenciar y aportar información, a pesar de los riesgos. Regina conocía el peligro implícito en sus investigaciones, los colegas del diario Vanguardia de Saltillo y del Siglo de Torreón y otros saben lo que es vivir bajo amenaza, pero gracias a su labor la sociedad entiende mejor la realidad y las víctimas tienen voz. Por eso Regina, y Daniel y el resto de compañeras y compañeros, aunque no estén aquí tienen voz, vida y dignidad.
No hay comentarios:
Publicar un comentario