Marchan en Xalapa y otras 11 ciudades de México y Estados Unidos, incluyendo Los Ángeles, para recordar a la corresponsal del semanario Proceso y para exigir a las autoridades justicia y garantías para ejercer el periodismo.
Periodistas se unieron a las protestas para exigir a las autoridades garantías para el libre ejercicio del oficio (Fotos: @periodistasapie / @Xalapa)
Comunicadores, activistas y organizaciones civiles se reunieron en el centro de Xalapa, al igual que en otras 11 ciudades de México y Estados Unidos, para protestar después de un año del asesinato de la periodista del semanario Proceso, Regina Martínez en Veracruz.
Durante la manifestación, lanzaron consignas contra la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y recordaron a Martínez y otros ocho periodistas victimados en lo que va durante la administración del gobernador de extracción priista Javier Duarte.
Los manifestantes rociaron pintura roja en la entrada principal del Palacio de Gobierno, mientras que integrantes de la Red de Periodistas de a Pie, consideraron que la sentencia de “robo” como móvil del crimen, es algo que lastima y enoja al gremio.
Las marchas realizadas fueron en Xalapa, Coatzacoalcos, Orizaba, Distrito Federal, Guadalajara, Tuxtla Gutiérrez, Oaxaca, Cuernavaca, Chihuahua, Juárez y Los Angeles, California.
Sin orden de aprehensión
El semanario Proceso ha publicado recientemente que existen irregularidades en la investigación del asesinato de su corresponsal, incluso en días recientes el principal responsable de coadyuvar en la investigación, Jorge Carrasco, ha recibido amenazas de muerte.
Diana Coq Toscanini, coadyuvante en las investigaciones del homicidio de Regina Martínez, aseguró que la PGJE no ha girado una orden de aprehensión en contra de José Adrián Rodríguez Domínguez, “El Jarocho”, a pesar de ser el principal sospechoso en el caso y reiteró que el proceso está lleno de irregularidades.
La abogada criticó en un mensaje a colegas de Regina, activistas y estudiantes, que la Agencia Veracruzana de Investigaciones ubicara a “El Jarocho” en Mérida y posteriormente soltaran una versión sobre su muerte sin que nunca mostraran el cuerpo.
También cuestionó que José Antonio Hernández, “El Silva, el presunto asesino confeso, se encuentre recluido sin permitírsele la convivencia con el resto de los internos, sin recibir visitas, ni tratamiento médico a pesar de ser seropositivo. Aseveró que “la Procuraduría lo que está esperando es que se muera”.
Advirtió que el gobierno estatal podría obstaculizar su trabajo a partir de su mensaje, pero aseguró que no le importa y que “insisto en que la investigación del caso de Regina es una asquerosidad y deja ver con tristeza lo que son nuestras autoridades”.
Durante la manifestación, lanzaron consignas contra la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y recordaron a Martínez y otros ocho periodistas victimados en lo que va durante la administración del gobernador de extracción priista Javier Duarte.
Los manifestantes rociaron pintura roja en la entrada principal del Palacio de Gobierno, mientras que integrantes de la Red de Periodistas de a Pie, consideraron que la sentencia de “robo” como móvil del crimen, es algo que lastima y enoja al gremio.
Las marchas realizadas fueron en Xalapa, Coatzacoalcos, Orizaba, Distrito Federal, Guadalajara, Tuxtla Gutiérrez, Oaxaca, Cuernavaca, Chihuahua, Juárez y Los Angeles, California.
Sin orden de aprehensión
El semanario Proceso ha publicado recientemente que existen irregularidades en la investigación del asesinato de su corresponsal, incluso en días recientes el principal responsable de coadyuvar en la investigación, Jorge Carrasco, ha recibido amenazas de muerte.
Diana Coq Toscanini, coadyuvante en las investigaciones del homicidio de Regina Martínez, aseguró que la PGJE no ha girado una orden de aprehensión en contra de José Adrián Rodríguez Domínguez, “El Jarocho”, a pesar de ser el principal sospechoso en el caso y reiteró que el proceso está lleno de irregularidades.
La abogada criticó en un mensaje a colegas de Regina, activistas y estudiantes, que la Agencia Veracruzana de Investigaciones ubicara a “El Jarocho” en Mérida y posteriormente soltaran una versión sobre su muerte sin que nunca mostraran el cuerpo.
También cuestionó que José Antonio Hernández, “El Silva, el presunto asesino confeso, se encuentre recluido sin permitírsele la convivencia con el resto de los internos, sin recibir visitas, ni tratamiento médico a pesar de ser seropositivo. Aseveró que “la Procuraduría lo que está esperando es que se muera”.
Advirtió que el gobierno estatal podría obstaculizar su trabajo a partir de su mensaje, pero aseguró que no le importa y que “insisto en que la investigación del caso de Regina es una asquerosidad y deja ver con tristeza lo que son nuestras autoridades”.
No hay comentarios:
Publicar un comentario