Tras la quema de Ramírez Vallejo, nadie quiere asumir su paternidad política. 19/06/2013 00:00
Formado políticamente por Armando Quintero, a cuya tribu reportaba hasta octubre pasado, y con un amplio historial de negociaciones oscuras, Eduardo Ramírez Vallejo fue detenido ayer por cohecho y enviado al Reclusorio Oriente.
Aunque llegó a Coyoacán como secretario particular del delegadoMauricio Toledo, inicialmente Ramírez Vallejo fue una cuota política que el PRD le impuso al jefe delegacional, quien, sin embargo, más tarde lo hizo parte orgánica de su equipo.
El funcionario preso estaba propuesto para la Dirección de Obras, pero ante los múltiples compromisos de Toledo con las tribus, le propuso pasarse a su grupo y nombrarlo su secretario particular, desde donde operó varios asuntos delicados.
Uno de ellos fue una supuesta extorsión al empresario Manuel Dacosta de tres millones de pesos a cambio de los permisos para aperturar la gasolinería El Calerón; al final se supo que el asunto pasó de extorsión a cohecho, que no deja de ser grave.
Y es que, en su afán por librar a Toledo de toda culpa en el tema,Ramírez Vallejo dio conferencia de prensa para desmentir lo de los tres millones, aunque aceptó que sí se habló de una mordida de un millón, pero que esto nunca se concretó.
Aunque al final el funcionario desistió de su denuncia, el hecho de que Ramírez Vallejo aceptara públicamente que se habló de mordida, en términos llanos significa la aceptación de un cohecho, del que, por cierto, tampoco debería estar exento Dacosta, quien de acuerdo con esta declaración, intentó sobornar a la autoridad.
Tras la quema del funcionario, quien a raíz de ese hecho renunció, nadie quiere asumir su paternidad política: Toledo sigue alegando que fue una cuota de Unyr; Quintero, líder de esa corriente, que el delegado le robó el cuadro que hoy está en la cárcel.
Por cierto, dicen que otro que debería estar preocupado con la detención del operador de Toledo, es Servando Montoya Tinajero, representante legal del Grupo Constructor y Consultor DIC, quien recientemente denunció corrupción en el Invi.
Y es que, al igual que Dacosta, declaró que funcionarios de Vivienda del DF le habían pedido diez millones de pesos para liberar los pagos de sus constructoras y 10% de sus contratos para seguir inscrito en el padrón de constructores.
“Me citó a comer un licenciado Alejandro Espinoza Arenas… que si quería solventar mis problemas (lo hacía) con diez millones de pesos. Pensé que era una broma y que me quería extorsionar.
“Le oferté 500 mil pesos si me pagaban lo que me debían; tal vez pensaron que era un insulto y me pidió diez millones…”, dijo en una reunión con Raúl Rivas, director de Concertación Política del DF.
Si aceptar públicamente que ofreció 500 mil pesos para que le agilizaran sus pagos no es delito, no se entiende por qué Servando no ha iniciado ninguna averiguación previa ante la PGJDF por cohecho.
Hasta parece que tiene miedo a que pudiera ser acusado de algo… o quizás espera instrucciones de Javier Hidalgo, ex director del Instituto de la Juventud del DF, quien fue el que organizó la andanada mediática en contra del director del Invi,Raymundo Collins.
