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viernes, 28 de junio de 2019

Pide PRD cancelar informe del 1 de julio de López Obrador en el Zócalo

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México, 28 Jun (Notimex).- El Partido de la Revolución Democrática (PRD) solicitó al Instituto Nacional Electoral (INE) ordenar la suspensión de la difusión y realización del informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que se prevé se llevará a cabo el 1 de julio en el Zócalo capitalino.
Ello, ya que se violentan los artículos 134 constitucional y 242 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, al no sujetase a reglas de difusión que se limitan a que solo una vez al año puede presentar dicho informe, y excede los siete días anteriores y cinco posteriores a la fecha en que se rinda, argumentó el instituto político.
Además contraviene la tesis de jurisprudencia número LVIII/2015, titulada “Informes de Gestión Legislativa. Deben rendirse una sola vez en el año calendario y con una inmediatez razonable a la conclusión del periodo sobre el que se comunica”, destacó.
La denuncia, interpuesta por el representante de este partido político ante el INE, Camerino Márquez, explica que la presentación del informe viola el Artículo 134 constitucional, ya que se utilizarán recursos públicos con parcialidad para realizar una promoción personalizada del titular del Ejecutivo federal.
De acuerdo con el PRD, la queja se basa en notas de medios de comunicación, declaraciones del propio mandatario federal y en publicaciones en redes sociales de la Presidencia de la República, así como en diversas mantas colocadas en diversos domicilios de la Ciudad de México con las que se invita al informe de próximo lunes 1 de julio.
Además, subrayó el partido de la Revolución Democrática, se suma la utilización indebida de recursos públicos y propaganda político a favor de su gobierno, ya que el informe de labores que pretende rendir el presidente es una celebración del primer año del triunfo a la presidencia.
Por ello, el PRD solicitó que “se adopten las medidas cautelares con el fin de evitar un daño irreparable contra el principio de imparcialidad, legalidad y certeza que debe regir en materia electoral, y se ordene al presidente se abstenga de realizar y difundir eventos públicos en los cuales tenga como objetivo la difusión de su informe o gestión de gobierno”.

miércoles, 19 de septiembre de 2018

La prensa anti-AMLO

“Hasta ahora, no conozco ningún caso de un periodista, articulista, comentarista, intelectual, escritor o columnista silenciado por AMLO, pero si los silenciados por los últimos gobiernos…” Foto: Especial

¿Cuántos periodistas anti-AMLO conoce? El ejercicio riguroso del periodismo es verdaderamente necesario, indispensable en una democracia. Y la crítica siempre es bienvenida y sana, absolutamente indispensable.
Sin embargo en México, una nueva especie de “periodistas” lleva años nutriéndose de un solo tema: el anti-AMLOismo. Durante casi dos décadas, estos comentadores, tertulianos, escritores, intelectuales o columnistas, han sido monotemáticos.
No importaron los años en la oposición, ni los graves errores y despilfarros de los últimos gobiernos, los antiamloistas se dedicaron a seguir con su “especialidad” y prefirieron el silencio frente a los excesos, crímenes y delitos cometidos.
Ante los múltiples escándalos de corrupción de los sexenios de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, callaron. Ante el derramamiento de sangre por la violencia del Estado, callaron. Ante el crecimiento del empobrecimiento a causa de sus fallidas recetas económicas, callaron. Ante el enriquecimiento inexplicable de las familias presidenciales, callaron. Ante el otorgamiento de publicidad oficial a discreción en sus medios, callaron. Ante la prosperidad de sus medios y sus jefes, callaron. Ante las reformas nefastas, callaron… Y continuaron callados.
Su voz, está única y exclusivamente dirigida hacia un tema: el anti-AMLOismo. Y triunfaron. Hay que reconocerlo. La fuerza de sus palabras, de su empeño y en ocasiones de su acérrimo odio, dio frutos durante unos años. La manipulación, tergiversación, y alteración de la realidad, surtieron efecto.
Su especialidad antiamloista fue tan valorada, que se convirtieron en una pieza clave de los últimos gobiernos. Fueron los peones de los gobernantes. Los peones, es decir, según el diccionario, los “obreros de baja categoría sin especialidad alguna”, más que el antiamloismo.
Y cosecharon grandes frutos. Algunos, hasta yate se compraron, otros, menos afortunados, adquirieron con sus ganancias, buenas propiedades e incrementaron sus cuentas bancarias y las de los medios que representan. El antiamloismo vendía y sigue vendiendo.
El problema es que ahora, su buena fortuna ha caído en desgracia. No es igual ser antiamloista mientras Andrés Manuel López Obrador era un simple contrario, un simple miembro de la oposición. Ahora, su antiamloismo ya no representa beneficios y jugosos rendimientos. En este momento, su antiamloismo es un riesgo para sus jefes, para sus medios. Esos medios que se venden al gobernante en turno y que gracias a ello han sobrevivido. Televisoras, periódicos, programas de radio, revistas, medios electrónicos, están preocupados. Sus peones ya no les sirven.
Corren nuevos tiempos. Algunos ya fueron despedidos, otros simplemente cerraron sus publicaciones ante el inminente cambio de gobierno. Y es que los especialistas antiamloistas han quedado de pronto en desuso. Ya no se requieren sus servicios.
Muchos otros son simples mercenarios y ya han cambiado su camiseta. Ahora no son antiamloistas, son simplemente periodistas aplaudidores del gobierno, aunque tal vez, siempre lo fueron, al menos de los gobiernos en turno.
Sin embargo, existe aún un remanente de antiamloistas profesionales. Este grupo residual de expertos se dedica ahora a anunciar la catástrofe, el apocalipsis de lo que nos espera. Siguen en la senda del rencor. Se lo han tomado personal. Es una lucha entre ellos y el mal. Ahora no solo significa combatir a un opositor, ahora se trata de estar en guerra contra un presidente. Semejante hazaña debe ser tomada en consideración.
Una cosa muy distinta es criticar al gobierno en turno, cosa que los amloistas no hicieron. Pero otra cosa es venir del antiamloismo y ahora querer ser parte de la prensa rigurosa y crítica.
Para no confundirlos sugiero un análisis de contenido breve. Primero, observemos los medios con ojo crítico. Si AMLO dice que Rosario Robles no es la única involucrada en los casos de corrupción y que falta investigar a sus jefes del saqueo, hay quien tituló que “AMLO defiende a Rosario Robles”. De manera constante, los especialistas antiamloistas seguirán publicando una información manipulada a sus intereses.
Si AMLO critica la manipulación informativa de ciertos medios y de los antiamloistas, inmediatamente dirán que se sienten agredidos, calificarán como un ataque a la libertad de expresión.
Peor aún, si AMLO se atreve a etiquetar a quienes lo atacan como “prensa fifí, alquilada o deshonesta” o como “alcahuetes de la derecha”, eso ya es la hecatombe, porque se trata de un dictador dispuesto a coartar la buena salud de la prensa cultivada por Fox, Calderón y Peña Nieto, auténticos próceres y cuidadores respetuosos del buen periodismo.
Durante años nadie ha cuestionado a los antiamloistas. Los que hemos sufrido, somos los que decidimos criticar al poder en turno. Mientras éramos amenazados por agentes del Estado, mientras asesinaron a 160 compañeros, mientras desaparecieron a 26 más, ellos se han dedicado a disfrutar de las mieles de su cercanía al poder.
Tal vez por eso no soportan que llegue a la presidencia un hombre votado por el 53 por ciento de los mexicanos electores, tampoco un hombre que se atreva a cuestionarlos sin coartar su derecho a disentir. Mucho menos que hable de “pasquines del régimen” o de la “prensa inmunda” o de la “mafia del poder y la prensa”.
Hasta ahora, no conozco ningún caso de un periodista, articulista, comentarista, intelectual, escritor o columnista silenciado por AMLO, pero sí los silenciados por los últimos gobiernos, esos grandes simuladores envueltos en la bandera de la libertad de expresión que han convertido a México en el país más peligroso de la región para ejercer el periodismo. Conozco casos en donde fueron los propios funcionarios hablando a los medios para pedir nuestras “cabezas”, para amenazar y exigir que se nos despidiera por atrevernos a investigarlos, criticarlos y exhibir la podredumbre que les rodea. Ahí está la lista de despedidos.
De esa parte, los antiamloistas prefieren no hablar. Ahora son ellos las víctimas de la libertad de expresión. Se flagelan. Se han autoinmolado. Pobrecitos, su especialidad ha dejado de interesar. Son los damnificados del régimen anterior a punto de perder su minita de oro. Ahora se preparan para reinventarse y convertirse en los mártires del nuevo gobierno. Aplausos, por favor, el show debe continuar.
www.websanjuanamartinez.com.mx
Twitter: @SanjuanaMtz
Facebook: Sanjuana Martinez

lunes, 10 de julio de 2017

En México se percibe que no hay libertad de expresión, revela encuesta

En el marco de las acusaciones de espionaje gubernamental contra periodistas, defensores de los derechos humanos y activistas anticorrupción, la encuestadora De las Heras Demotecnia descubrió que “cuatro de cada 10 mexicanos [encuestados] creen que no se respeta su derecho a decir lo que piensan sin ser castigados o sentirse perseguidos”.
Al presentar un estudio que evalúa la percepción de los ciudadanos sobre la libertad de expresión, De las Heras Demotecnia destacó que, “en agresiones a periodistas y libertad de expresión, México ocupa el lugar 147 de 180 países evaluados, según el informe Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2017, elaborado por Reporteros Sin Fronteras.
Para la casa encuestadora, esto “refleja una situación ‘difícil’ para el ejercicio periodístico de acuerdo con el estudio. El año pasado se reportaron 426 agresiones a periodistas en nuestro país, lo que significa un aumento del 7 por ciento comparado con el reporte anterior”.
El estudio elaborado por De las Heras Demotecnia revela que, “comparado con otros países de Latinoamérica, en México ‘62 por ciento de los ciudadanos perciben que hay poca libertad de expresión, y 9 por ciento considera que no hay nada de libertad, y sólo tres de cada 10 personas consideran que en nuestro país existe mucha libertad de expresión’”.
La encuestadora preguntó qué tan seguro es ejercer el periodismo en México: 66 por ciento consideró que es poco seguro; 26 por ciento, que no es nada seguro, y sólo 6 por ciento, que es muy seguro.
Rodrigo Galván, presidente de De las Heras Demotecnia, consideró que “el espionaje denunciado por organizaciones civiles y periodistas, es un ataque fuerte a la libertad de expresión.
A través de un  comunicado, la casa encuestadora destacó que su estudio revela que los mexicanos perciben “el ejercicio periodístico como riesgoso, y que no se ejerce con libertad, a pesar de ser uno de los trabajos más necesarios en nuestro país”.
Nancy Flores

martes, 17 de enero de 2017

Autor del allanamiento a Aristegui Noticias, vinculado con corporaciones policiacas federales

federal
Uno de los autores del allanamiento a la redacción de Aristegui Noticias el 13 de noviembre del 2016, ofrece sus servicios como escolta, ostentando supuestos vínculos con el  Estado Mayor Presidencial y otras corporaciones policiacas federales, afirmó el Presidente de la organización Consejo para la Ley y los Derechos Humanos (CLDH), Fernando Ruiz Canales.
En entrevista para Aristegui En Vivo, explicó que gracias a su labor como defensor de derechos humanos y acompañamiento de víctimas de secuestro, logró la identificación plena de una de las cinco personas que sustrajeron una computadora de la Unidad de Investigaciones Especiales, derivado de que es el mismo individuo que participó en una fallida agresión en su contra, así como en otros eventos para intimidar a integrantes de su organización.
Se trata de una persona que utiliza el alias de Rafael Montufar García, mismo que aparece con una chamarra negra, pantalón obscuro y cabello cano recortado al estilo militar en las videograbaciones del allanamiento a la redacción de Aristegui Noticias. De tez morena y complexión robusta, el personaje no tiene empacho en mirar a las cámaras de seguridad, sin que muestre signos de preocupación.
Ruiz Canales sostuvo que ese mismo individuo se ostenta como escolta con experiencia en el Estado Mayor Presidencial, además de que estaría vinculado con el grupo delictivo “La Flor”, el cual participó en el secuestro y homicidio del joven Fernando Martí, hijo del empresario Fernando Martí, y con llamada “La Hermandad Policiaca”, grupo criminal conformado por policías en activo de diversas corporaciones.
Incluso, recuerda que en una de las agresiones cometidas en su contra, la persona que también allanó la redacción de Aristegui Noticias portaba un uniforme de la extinta Agencia Federales de Investigaciones (AFI), perteneciente a la Procuraduría General de la República (PGR).
Fernando Ruiz logró identificar al presunto delincuente debido a que se trata de la misma persona que intentó agredirlo con un arma de fuego cuando se encontraba en Ciudad Universitaria, ataque que evitó junto con su acompañante, pegándole en la mano con la portezuela de su automóvil.
Además, añadió que su agresor ese día portaba el uniforme de la AFI y que llevaba en la mano una pistola tipo revolver calibre 357 Magnum,  misma que lograron arrebatarle luego de pegarle con la puerta.
El activista explicó que al verse descubierto, el individuo huyó y el arma quedó en manos de su organización, pero en un allanamiento similar al sufrido por Aristegui Noticias, este la recuperó sin que la Procuraduría capitalina interviniera para resguardar la pistola, pese a que los afectados presentaron una denuncia penal en contra de los presuntos responsables.
“Desde el 2008 diversos miembros del CLDH fueron víctimas de amenazas motivadas por las investigaciones que la organización realizaba en torno a la banda de La Flor y a La Hermandad Policiaca.  Al reactivar dicha investigación, fuimos amenazados e intimidados por hombres que de manera  abierta y pública, portaban armas de fuego. Uno de los participantes en los ataques, es el hombre de cabello con corte tipo militar y chamarra oscura que aparece en el video tomado por cámaras de seguridad de Aristegui Noticias”, explicó Fernando Ruiz en una misiva enviada a Aristegui Noticias desde noviembre pasado, imputación que ratificó en la entrevista.
Para Fernando Canales, las denuncias en contra de su agresor y de quien posteriormente allanó Aristegui Noticias, no prosperan y no avanzan, debido a que cuenta con protección policiaca y a que presuntamente está coludido con autoridades, pues la Procuraduría capitalina se ha negado de manera sistemática a investigarlo.
La investigación oficial no avanza hacia ningún lado
El oficial del programa legal de la organización Artículo 19, Leopoldo Maldonado, reveló que la procuraduría capitalina ha incurrido en diversas irregularidades durante la investigación y que la indagatoria oficial prácticamente carece de avances, por lo que “no va a ningún lado”.
Dijo que entre las irregularidades detectadas en el expediente, se encuentran la pérdida de evidencia crucial para localizar a los autores, como la botella de líquido con la que drogaron al portero y la caja de herramientas que sacaron de las oficinas y que posteriormente abandonaron en las escaleras.
“En ambos casos, estaban las huellas dactilares de los autores del robo y allanamiento, además en la botella de agua se hubiera podido rastrear el ADN de alguno de los participantes, pero no fueron embaladas ni se resguardaron debidamente, afectando la investigación”, sostuvo.
Dijo que otra irregularidad es la filtración del expediente por parte de la fiscalía de Álvaro Obregón a la revista TV Notas, violando así la secrecía de la indagatoria y alertando a los autores del robo de una eventual acción para localizarlos y detenerlos.
Defensor acreditado de Aristegui Noticias para este caso, Maldonado alertó que la inacción de la Procuraduría capitalina es de tal magnitud que se ha negado a recabar las imágenes de ocho cámaras de seguridad que están cercanas a la redacción de Aristegui Noticias, bajo el argumento de que sus agentes investigadores “no las vieron” durante dos inspecciones oculares.
Por último, sostuvo que la Fiscalía Especializada para investigar crímenes contra periodistas de la Procuraduría capitalina, al igual que su similar de la PGR, trabajan de forma totalmente opuesta al que debería ser su principal objetivo, puesto que sus integrantes sólo se dedican a descartar que las agresiones, robos y homicidios que sufren los comunicadores, sean consecuencia de su trabajo periodístico.
“Siempre están buscando como demostrar que la agresión no es consecuencia del trabajo periodístico, cuando su razón de ser, es precisamente la contraria”, finalizó.
Video del allanamiento ocurrido el 13 de noviembre:

sábado, 5 de marzo de 2016

El delito de ultrajes a la autoridad es inconstitucional, determinará la Corte

FOTO: SCJN /CUARTOSCURO.COM

Aunque por razones distintas de sus integrantes, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se dispone a declarar inconstitucional el delito de ultrajes a la autoridad, endurecido en la Ciudad de México en 2012, como respuesta a agresiones de manifestantes contra policías y otros funcionarios.
Seis de los 11 ministros afirmaron el jueves 3 de marzo que el artículo 287 del Código Penal de la Ciudad de México viola derechos humanos, si bien no todos coinciden en los porqués.
Unos ministros sostienen que viola el principio de taxatividad y otros que vulnera la libertad de expresión.

Propuesta del ministro Cossío
El presente asunto -explicó el ministro ponente José Ramón Cossío– proviene de un juicio de amparo directo en donde se reclamó la sentencia dictada por la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en la que se confirmó la condena por el delito de ultrajes a la autoridad, previsto y sancionado por el artículo 287 del Código Penal para el Distrito Federal.
De este juicio conoció el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, el cual determinó negar el amparo solicitado, pues en la parte relativa estimó que el citado numeral no vulnera derechos humanos y, por ende, es constitucional.
Inconforme con la sentencia dictada en el juicio de amparo, la parte quejosa interpuso recurso de revisión  en donde sigue expresando que el delito es inconstitucional debido a que vulnera el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad.
Cossío añadió: La propuesta que estoy sometiendo a este Tribunal Pleno es que se declare que el artículo 287 del Código Penal para el Distrito
Federal, relativo al delito de ultrajes a la autoridad, es inconstitucional, sólo que por diversos motivos a los que expuso la quejosa en su recurso de revisión, pues se estima quevulnera el derecho fundamental a expresarse libremente.

El argumento de la taxatividad
Para cuatro ministros, en lo que se perfila como la posición que prevalecerá, la norma va contra el principio de taxatividad de la ley penal, porque no está claro de su simple lectura cuáles son las conductas que pueden ser castigadas como un “ultraje”.
“Cualquier persona debe saber con certeza cuál es la conducta prohibida y cuál la permitida, si la descripción típica de la conducta sólo se puede precisar después, mediante una interpretación, no se satisface la taxatividad”, explicó la ministra Norma Piña.
Existe la confusión, por ejemplo, de si el ultraje requiere una agresión física o basta coninsultar verbalmente a la autoridad que está en ejercicio de sus funciones.
Eduardo Medina Mora, ex titular de la PGR y de la Secretaría de Seguridad Pública federal, sostuvo que los particulares están obligados a conducirse con deferencia y respeto hacia las autoridades y que algunas de éstas -como los policías- están entrenadas para contener sus reacciones cuando son insultadas.
Sin embargo, Medina coincidió con la mayoría en que el artículo 287 puede incluir conductas que no deben penalizarse, por lo que urgió a la Asamblea Legislativa a enfrentar el tema con normas “precisas y pertinentes”.
Los ministros José Ramón Cossío y Alfredo Gutiérrez afirmaron que el delito es inconstitucional porque viola el derecho de libre expresión, al restringir discursos “impopulares y provocativos” de inconformidad contra la autoridad.
Jorge Mario Pardo Rebolledo fue el único que defendió el artículo 287, pues -dijo- tiene el fin legítimo de proteger la función pública y garantizar la paz social.
La Corte terminará la discusión el próximo lunes.

Beneficio a procesadas por marcha de 2013
Antes de la reforma de junio de 2012, que impuso de seis meses a dos años de cárcel, el delito ya existía con la misma redacción, pero sólo era castigado con 90 a 180 días de semilibertad.
Incluso en su versión actual, el artículo 287 resultaría sólo en casos excepcionales en una estancia significativa en la cárcel, pues no es grave y la pena máxima de dos años puede ser conmutada por multa u otra sanción.
Los amparos de la Corte beneficiarían a Norma Angélica Rangel y Gabriela Hernández Arreola, procesadas y declaradas culpables por insultar a policías y arrojarles piedras y botellas durante marchas de protesta en 2013.
Por tratarse de amparos, las sentencias sólo beneficiarán a dichas personas, pero el artículo 287 seguirá vigente en sus términos.
(Con información de SCJN y de Víctor Fuentes/Reforma.com).

domingo, 18 de octubre de 2015

General Cienfuegos: Comunicar no es pagar elogios .- JENARO VILLAMIL

Salvador Cienfuegos, titular de la Sedena. Foto: Benjamin Flores
MÉXICO, D.F. (apro).- Con un gran despliegue en el principal noticiario de Televisa, más el seguimiento de sus declaraciones en los principales periódicos, entre los columnistas y conductores de radio que siguen la línea gubernamental, el general Salvador Cienfuegos realizó una incursión mediática la semana pasada después de casi un año de silencio frente a la matanza de Tlatlaya y la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero.
Más que información, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional salió a defender y definir una postura institucional frente a la crisis en el caso de la tragedia de Iguala, Guerrero: “sus” soldados no tienen por qué rendir declaración ante investigadores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; cualquier intervención por parte del GIEI o de la CIDH es una intromisión a la soberanía y el ejército no participó en los acontecimientos de Iguala “ni por omisión ni por comisión”.
Un discurso a la defensiva, más que a la ofensiva. “No se metan con nosotros”, como lo tituló la revista Proceso en su portada de esta semana, fue el mensaje central de opacidad del general secretario de la Defensa. Quizá el único dato relevante que aportó el general Cienfuegos fue el nombre deJulio César López Patolzin, uno de los 43 desaparecidos desde la noche de Iguala del 26-27 de septiembre de 2014. Pretendió ser un mensaje de empatía. “Nosotros también somos víctimas”, pareció decir el jefe de las fuerzas armadas, pero resultó exactamente lo contrario. Ofendió e intimidó a los propios familiares del joven de 25 años y al resto de los padres de familia de Guerrero.
La Sedena, como la Secretaría de Marina, aún no ha entendido que no basta con aparecer en televisión ni ganar titulares de prensa ni elogios entre columnistas o legisladores para cambiar la percepción pública sobre la responsabilidad de las fuerzas armadas en la tarea policiaca y de combate al crimen organizado, con la consecuencia lógica de críticas, expedientes y acusaciones de la población civil por crecientes violaciones a los derechos humanos, presunto involucramiento de algunas zonas y regiones militares con los cárteles de la droga y casos de desapariciones forzadas como sucede con los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Mayor publicidad no implica mejor comunicación. Mucho menos, destinar más dinero a la televisión y a los medios masivos para lanzar un mensaje unilateral, sin posibilidad de réplica o crítica ni de aceptar entrevistas duras, cuestionadoras, que impliquen un auténtico ejercicio de autocrítica.
Este error de la política de comunicación social de Sedena y Marina se ha agravado desde la incorporación de elementos militares a la “guerra contra el narcotráfico” que decretó el gobierno de Felipe Calderón desde 2007.
El estudio de José Antonio Brambila, titulado precisamente Comunicación en la Guerra contra el Narcotráfico, la Estrategia de la Sedena (2007-2011) es uno de los primeros ejercicios que permite analizar las consecuencias del mayor protagonismo y mayor gasto publicitario de las fuerzas armadas en este periodo.
La Sedena incrementó en un 450 por ciento su gasto en publicidad de 2007 al 2011, al pasar de un modesto presupuesto de 111 mil pesos a 49 millones para este rubro durante esos cuatro años. El 77 por ciento de los recursos se destinaron a Televisa, especialmente para spots publicitarios y campañas como “La Gran Fuerza de México”.
Sin embargo, en lugar de mejorar la percepción de la población frente al ejército, empeoró, según destacó el estudio de Brambila, disponible en internet (www.jbrambila.com). En 2007 el 84 por ciento de los mexicanos opinaba que el ejército debía continuar al frente de la estrategia de combate al narcotráfico, pero en 2012, al finalizar el sexenio calderonista, esta posición disminuyó a 67 por ciento.
Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, el gasto publicitario y en comunicación social de la Sedena y la Secretaría de Marina se ha disparado. Tan sólo en 2014, la Sedena programó 91.3 millones de pesos para el concepto 3600 de servicios de comunicación social y publicidad y la Secretaría de Marina presupuestó 70 millones de pesos en el mismo rubro.
De acuerdo a una lista de recursos autorizados por la Dirección General de Normatividad de Comunicación, la Sedena destinó entre enero y abril de 2014, 15.2 millones de pesos para Televisa y 10.5 millones para TV Azteca, más 7.6 millones de pesos para la agencia Pretzel and Pepper. A la empresa Ankla Comunicación, de Joaquín López Dóriga, le destinó 2.9 millones de pesos en ese mismo periodo de 2014. En contraste, a varios periódicos de circulación nacional les destinó entre 120 mil a 500 mil pesos. A estaciones de radio como ACIR, Radio Centro o Grupo de Radiodifusoras presupuestó entre 600 mil y 750 mil pesos.
En otras palabras, el gasto publicitario se siguió concentrando en dos grandes televisoras y en el conductor del horario estelar de Grupo Televisa, Joaquín López Dóriga, cuya empresa le cobró más al ejército que periódicos como El Universal, La Jornada, Milenio o que compañías radiofónicas como Grupo Radio Centro. Incluso, la Sedena le destinó más a López Dóriga que al gigante de las redes cibernéticas, Google, que recibió 2.6 millones de pesos, en el mismo periodo.
En una situación similar está la Secretaría de Marina. De los 70 millones de pesos presupuestados, más de 20 millones se destinaron a Televisa y TV Azteca, a través de diferentes filiales y empresas, tan sólo entre enero y abril de 2014. Ankla Comunicación, de López Dóriga, recibió 1.4 millones de pesos, según los mismos documentos del ejercicio fiscal de 2014.
Los millones de pesos que las dos principales instituciones de las fuerzas armadas han destinado para promover y mejorar su imagen se han ido al caño frente a la crisis generada por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, las movilizaciones sociales surgidas desde septiembre de 2014 y, sobre todo, por el peso de la opinión pública que se expresa con vigor en las redes sociales, es decir, en los medios digitales, no en los medios analógicos, como la televisión o la radio.
La batalla perdida frente a las audiencias digitales y ante una gran mayoría de mexicanos que se sienten indignados es algo que no ha entendido el alto mando militar del país. No se trata de salir a comprar primeras planas en los periódicos o tiempo-aire en Televisa y TV Azteca. Se trata de convencer sin necesidad de gacetillas electrónicas o de entrevistas a modo y “cómodas” como la difundida por El Noticiero. Se trata de deliberar con los críticos y aceptar que existen posiciones distintas. Se necesita información documental, dura y concisa. Se trata, al menos, de pedir una disculpa por los errores o crímenes cometidos por algunos integrantes de las fuerzas armadas en el combate al crimen organizado.
Ningún daño le hace a las fuerzas armadas de este país entender que son tiempos de rendición de cuentas y no de rendición de los críticos. Eliminar fueros o modificar discursos sobre amenazas externas ayuda más que un ejercicio circular de autohalagos y desplantes.
Persistir en la misma estrategia de 2007, sólo va a generar un mayor descrédito. La comunicación y la información son batallas claves, pero se ganan no sólo con dinero y presupuesto público sino con enfoques distintos y con retroalimentación frente a los sectores críticos de la opinión pública.
Twitter: @JenaroVillamil

viernes, 7 de agosto de 2015

La clase política, contra la libertad de expresión

Colocan altar en el edificio donde asesinaron a Rubén Espinosa, Nadia Vera y otras 3 mujeres. Foto: Miguel Dimayuga
Proceso.com.mx
MÉXICO, D.F. (apro).- Cuando en 2005 Vicente Fox, como presidente de la República, arremetió públicamente contra la revista Proceso en apoyo de la demanda civil de su esposa contra el semanario, la agresión quedó circunscrita a una confrontación del poder político con ese medio, sin considerar que se trataba de un ataque del jefe de Estado a la libertad de expresión.
Poco después, cuando al calor del conflicto postelectoral el excandidato presidencial Andrés Manuel López Obrador atacaba a la prensa oficialista y algunos de los seguidores agredían a periodistas, tampoco se consideró como una agresión a uno de los derechos humanos que dan fundamento a un Estado democrático.
En esos años, el asesinato, las amenazas y las desapariciones de periodistas empezaban a ser una tendencia. Las propias cifras oficiales ya lo decían. De los 4 homicidios que heredó Fox en el 2000, su sexenio acabó con 27 periodistas asesinados y dos desaparecidos.
Desde entonces, el mensaje oficial era que las víctimas “andaban en malos pasos”. El sexenio de la violencia de Felipe Calderón aplicó ese mismo criterio para las entonces ya alarmantes condiciones para el periodismo en México.
Ese gobierno acabó con 61 periodistas muertos y 17 desaparecidos. Pero también, con periodistas encarcelados, acusados de delincuencia organizada. En un caso, el de Jesús Lemus, director entonces del periódico El Tiempo, de La Piedad, Michoacán, se comprobó después de tres años de prisión en el penal de máxima seguridad de Puente Grande que fue castigado por su trabajo periodístico.
El gobierno de Calderón lo acusó de ser un cabecilla de la Familia Michoacana. El caso pasó también como una desgracia para el periodista y su familia, y no como un ataque a la libertad de expresión desde el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial; es decir, desde el Estado.
Las agresiones contra los periodistas se multiplicaron en todo el país. Los gobernadores repitieron el mismo mensaje de “los malos pasos” y “las manzanas podridas”. No investigaron, garantizaron la impunidad y la repetición de los ataques. Debajo de ellos, los presidentes municipales hicieron lo mismo.
Bajo esa conducta de sus jefes políticos, los policías federales, estatales y municipales se sumaron al desprecio hacia los periodistas. Los militares tampoco han sido ajenos a esa realidad.
Con el desdén oficial y sin investigaciones que derivaran en sanciones, los perpetradores de ataques a los periodistas se han perdido en los nebulosos expedientes judiciales.
Forzado por la presión internacional ante esa realidad, el Estado mexicano creó el Mecanismo de protección a defensores de derechos humanos y periodistas. Empezó con Calderón y lo amplió Peña Nieto.
Pero esa instancia es ante todo una respuesta política a la presión internacional. Y a pesar de que las agresiones no cesan -12 periodistas asesinados y 4 desaparecidos en lo que va del sexenio, según la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Eexpresión (Feadle)- Peña Nieto no ha hecho ningún pronunciamiento sobre los ataques a los periodistas.
Tampoco lo hicieron Calderón ni Fox. Más bien al contrario. No lo hicieron por una sencilla razón: no les gusta la prensa que hace su trabajo; sólo la que aplaude. No creen en la prensa como uno de los elementos de la democracia.
Es una posición compartida con gobernadores, presidentes municipales y opositores como López Obrador, quien también arremete contra la prensa que tiene “mala leche”, como lo dijo de Proceso cuando el semanario publicó que José Luis Abarca recibió su apoyo para ser presidente municipal de Iguala.
La muestra más clara de que la clase política mexicana no entiende el papel de la prensa en una sociedad democrática es lo que pasó el miércoles en la Comisión Permanente del Congreso, cuando desecharon un simple punto de acuerdo que más allá del homicidio del fotoreportero colaborador de Proceso, Rubén Espinosa, era un llamado al respeto al derecho humano a la información.
En el fondo, lo que demuestran es su desprecio y temor a una sociedad informada porque cada vez que se ataca a la prensa, se atenta también contra la sociedad que aspira a ser democrática.
Twitter: @jorgecarrascoa

martes, 14 de julio de 2015

Se niega acceso a la justicia a la periodista Carmen Aristegui (comunicado)

Tribunal Colegiado echa por tierra posibilidad de defender judicialmente la libertad de expresión en México.

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  • En sesión pública de esta mañana el Quinto Tribunal Colegiado en materia Administrativa, a petición de MVS Radio, resolvió revocar la admisión de la demanda de amparo planteada por Carmen Aristegui. Con esta resolución se pone fin a la batalla judicial que en defensa de la libertad de expresión inició la periodista en marzo pasado.
  • Con ello se ha eludido el análisis de los Lineamientos Editoriales que como censura previa se impusieron a todo un equipo de periodistas, analistas, colaboradores y comentaristas como condición indispensable para su permanencia en la Primera Emisión de Noticias MVS. Más de veinticinco profesionales de la comunicación perdieron un espacio para el ejercicio de sus derechos fundamentales de expresión y de información, por la decisión unilateral de quien explota un bien del dominio público de la Nación.
  • Ha sorprendido la noticia. Con semejante proceder el Tribunal Colegiado contradice la jurisprudencia definida de la Suprema Corte, que establece que el análisis sobre la naturaleza jurídica de la autoridad responsable debe hacerse, no en el auto admisorio, sino en la sentencia de fondo que resuelva el juicio de amparo.
  • Se esperaba que en la resolución de este día se actuara a la altura del nuevo paradigma de los derechos humanos y de la necesidad de establecer un status judicial a la defensa de la libertad de expresión.
  • Quedan sin resolver cuestiones fundamentales que ya no podrán ser estudiadas por ninguna autoridad, tales como la independencia periodística, la libertad de información y el respeto a la diversidad de opiniones.
  • Las consideraciones esgrimidas por los tres magistrados nulifican el contenido del artículo quinto de la Ley de Amparo, recién expedida en 2013, precisamente para permitir que por esta vía puedan reclamarse actos de particulares. Se sienta un precedente nefasto.
  • El Juez Octavo de Distrito, Fernando Silva García, que en su momento admitió la demanda a trámite, sostuvo que “en el presente asunto se advierten datos objetivos que generan convicción preliminar sobre la procedencia de la demanda de amparo, toda vez que, si bien los actos reclamados son actos de particulares, lo cierto es que se dan en un contexto de derecho público”, y que el fondo del asunto supone “un acto unilateral de terminación del contrato de la quejosa respecto a un tema de relevancia pública por tratarse de actos de periodismo crítico y difusión de información”, temas que, según el propio juez de Distrito, “deben ser abordados en la sentencia respectiva cuando se cuente con todos los elementos para resolver”.
  • Queda por saber en qué sentido habrán de resolverse los juicios de amparo promovidos por diferentes personas de la audiencia, por colaboradores del programa y por distintas organizaciones promotoras de derechos humanos y libertad de expresión.

jueves, 2 de julio de 2015

La justicia tiene que resolver en favor de la libertad de expresión, señala Aristegui

La periodista participa en un foro organizado por la UAM Xochimilco
El argumento de la empresa MVS, de una libertad de contratación, ya no puede ser pretexto
La comunicadora confía en que en un futuro la Suprema Corte de Justicia atraiga su caso
José Antonio Román
 
Periódico La Jornada
Jueves 2 de julio de 2015, p. 6
La periodista Carmen Aristegui aseguró que en la demanda de amparo interpuesta por su ‘‘salida forzada’’ de MVS, la justicia tiene que resolver en favor de la libertad de expresión y del derecho a la audiencia, donde el argumento empresarial de una libertad de contratación ya no puede ser pretexto.
Al participar en el foro El derecho a la información y los derechos de las audiencias, organizado por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Unidad Xochimilco, dijo que la inconformidad presentada por la Presidencia de la República frente a los otros recursos de amparo presentados por las audiencias, lo que develó es que ‘‘sí son parte’’ de todo este proceso legal, y que el conflicto no es entre particulares, como expresó el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
En su conferencia inaugural del foro, moderado por Jenaro Villamil, periodista especializado en política y medios de comunicación, Aristegui señaló que aunque en una etapa del proceso legal la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó un amparo para conocer del caso, eso no significa que eventualmente no lo atraiga en un futuro para resolver de fondo dicho amparo.
Dijo que ‘‘cada minuto que pasa (sin resolverse la demanda) se siguen violentando nuestros derechos’’, y agregó que aunque la salida de su equipo de trabajo en la Primera Emisión de Noticias MVS fue un hecho consumado en el pasado y hoy mismo en el presente, también ‘‘puede no serlo en el futuro’’, pues esta batalla continúa.
Ante un auditorio Francisco Javier Mina repleto de estudiantes y académicos, donde incluso tuvieron que habilitarse sonido e imagen al exterior, la periodista hizo una recapitulación de los hechos tras su salida forzada de MVS el pasado 15 de marzo. Dijo que la batalla que actualmente da en los tribunales es para hacer valer las condiciones prexistentes en el contrato, para hacer uso de un espacio conforme lo establecía ese acuerdo entre las partes, que estaba vigente tras la ‘‘decisión arbitraria’’ de la empresa.
Por ello, dijo, ‘‘la justicia puede restituir ese espacio, porque fue eliminado contra derecho’’ en perjuicio de las audiencias y un grupo de periodistas.
En el inicio de su intervención, y tras citar una frase de Carlos Payán, director fundador de La Jornada, en el sentido de que ‘‘la libertad de la expresión es de quien la trabaja’’, la periodista Carmen Aristegui dijo que precisamente por eso está dando la batalla legal, ‘‘porque el ejercicio de los derechos es de quien los hace valer’’.
Insistió en que la ‘‘decisión unilateral’’ del grupo empresarial de retirar del aire un espacio como el que ella encabezaba, que era rentable en lo económico y en la audiencia, con buen prestigio, sólo genera la idea de que hubo ‘‘fuerzas externas’’ que obligaron a tomar dicha determinación.
En su intervención, Aristegui señaló que la sociedad quiere ver cómo responde la justicia a los argumentos presentados en los amparos interpuestos, pues están en juego la libertad de expresión y el derecho de las audiencias, que no pueden disociarse. ‘‘Van junto con pegado’’, concluyó.

sábado, 20 de junio de 2015

Juez da 48 horas a MVS para que cumpla con suspensión a favor de Aristegui

Esto ocurre luego de que el pasado martes, un tribunal rechazó retirar al juez Silva García del caso, como lo solicitó la empresa.

Abogados de Aristegui piden que la Corte atraiga la queja de MVS

El juez octavo de distrito en materia administrativa,Fernando Silva García, dio un plazo de 48 horas a la empresa MVS para cumplir con la suspensión definitiva que otorgó a la periodista Carmen Aristegui, tras su salida del aire en marzo pasado.
El juzgador resolvió: “Se requiere al particular señalado como autoridad responsable (MVS) para que dentro del plazo de 48 horas, dé cumplimiento a la suspensión definitiva en los términos apuntados en el propio acuerdo”.
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Además, este 19 de junio, el juzgado acordó revisar una solicitud de Aristegui para ampliar su demanda de amparo.
En mayo pasado, el juez Fernando Silva García concedió una suspensión definitivasolicitada por la periodista Carmen Aristegui Flores, para que cesen los efectos y consecuencias del aviso de terminación contractual, impulsado por la empresa MVS.
A continuación, la versión pública de la suspensión definitiva, en la que se hace un breve recuento del caso Aristegui-MVS y establece lo que resolvió el juez:


jueves, 18 de junio de 2015

Asesinan a corresponsal del diario “Tabasco Hoy”

Ismael Díaz López, reportero de Tabasco Hoy. Foto: Diario Olmeca
Ismael Díaz López, reportero de Tabasco Hoy. 

MÉXICO, D.F. (proceso.com.mx).- Ismael Díaz López, reportero de los diariosTabasco Hoy y El Criollo fue asesinado este jueves en el municipio de Teapa, informó la Fiscalía General del Estado.
En su cuenta de Twitter la dependencia publicó el siguiente mensaje:
“La FGE Tabasco informa que se encuentra realizando investigación sobre el homicidio del periodista, Ismael Díaz López, en el municipio de Teapa, quien fue ultimado, este día, con una arma blanca, siendo la línea de investigación más fuerte la vinculada a un conflicto intrafamiliar, ya que existen antecedentes legales para tal sustento”.
Versiones indican que el periodista fue atacado esta mañana dentro de su domicilio en la calle 18 de Marzo de la colonia Revolución de Teapa, ubicado a unos 55 kilómetros de Villahermosa.
Díaz López pidió auxilio a los vecinos quienes solicitaron el apoyo de una ambulancia para trasladarlo a un hospital.
Sin embargo, el reportero falleció durante el trayecto.
Aparentemente y de acuerdo con versiones de vecinos, el periodista tenía conflictos con su exesposa, de quien recibió amenazas para que no se acercara a sus hijas.
Desde hace varios años Díaz López era corresponsal del diario Tabasco Hoy en los municipios serranos de Teapa y Tacotalpa.
A través de Twitter, la organización internacional en defensa del derecho a la libertad de expresión, Artículo 19 exigió a las autoridades estatales y federales el esclarecimiento del asesinato de Díaz López.

jueves, 11 de junio de 2015

Rechazan recurso de Presidencia contra amparos de radioescuchas por salida de Aristegui

La Consría Jurídica de la Presidencia consideró que sería "absurdo que para suprimir o dejar de transmitir cualquier programa, los concesionarios tuviesen que consultar a la audiencia".

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Un tribunal federal rechazó los argumentos presentados por la Presidencia de la República para desechar amparos promovidos por ciudadanos inconformes con la cancelación por parte de MVS del noticiario radiofónico de la periodista Carmen Aristegui en marzo pasado,de acuerdo conReforma.
El Segundo Tribunal Colegiado Especializado en Telecomunicaciones rechazó el recursocon el que la Consejería Jurídica de la Presidencia, cuyo titular es Humberto Castillejos, intentó revocar la admisión a trámite de varios amparos de radioescuchas, por considerarlos notoriamente improcedentes.
Alrededor de 20 de los más de dos mil 700 amparos que promovieron los inconformes con la cancelación del espacio radiofónico, han sido admitidos por las dos juezas especializadas en telecomunicaciones. Ante ello, la Presidencia de la República, MVS y el Instituto Federal de Telecomunicciones se han visto obligados a rendir informes y comparecer a los juicios respectivos.
El recurso de la Consejería Jurídica de la Presidencia definió como “inadmisible” y “absurdo” pretender que los concesionarios tengan que consultar a las audiencias, antes de tomar decisiones sobre su programación.
“En el supuesto de determinar la procedencia de la demanda de amparo estaríamos frente al absurdo de que para suprimir o dejar de transmitir cualquier programa, los concesionarios tuviesen que consultar a la audiencia, y en caso de omisión o estar en desacuerdo, los radioescuchas estarían legitimados para acudir al juicio de amparo a impugnar que se dejen de transmitir los programas de su preferencia, situación que sin duda resulta inadmisible”, argumentó la Consejería.
Otras quejas de Presidencia fueron enviadas al Primer Tribunal Colegiado Especializado, que aún no se pronuncia sobre el caso, informó Reforma.
………….
Por su parte, Jorge Carrasco de la revista Proceso  sobre el tema  informó que : “ La Consejería Jurídica de la Presidencia de la República fracasó en su intento de impedir que la justicia federal admitiera a trámite amparos promovidos por ciudadanos en contra de la cancelación del espacio noticioso de la periodista Carmen Aristegui en MVS Radio.
El Segundo Tribunal Colegiado Especializado en Telecomunicaciones rechazó sendas quejas interpuestas por el consejero jurídico de la Presidencia, Ricardo Celis Aguilar Álvarez, quien consideró “notoriamente improcedentes”, por “absurdos”, los amparos promovidos por radioescuchas de la edición matutina del noticiario conducido por la periodista hasta marzo pasado.
La Presidencia de la República adujo que debe ser considera como “autoridad única” en materia de esos amparos, por lo que esos recursos no se pueden extender en contra de MVS.”
Carrasco detalló también que:  ”El Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones rechazó las quejas de la Presidencia, que impugnó que el juzgado Segundo de Distrito en la materia admitiera a estudio las demandas de amparo solicitadas por radioescuchas que seguían a la periodista.
Por unanimidad, los tres magistrados integrantes del tribunal especializado señalaron que desechar de antemano las quejas equivaldría a dejar en la indefensión a los escuchas para demostrar que tienen interés legítimo en el diferendo Aristegui-MVS.
Las quejas fueron interpuestas en contra del gobierno federal, el Instituto de Telecomunicaciones y MVS, como concesionaria, por lo que con la decisión del tribunal especializado las demandadas tendrán que rendir un informe justificado ante la justicia federal,” según informó Proceso. 
Uno de los promotores del amparo señala que la decisión de MVS de retirar a la periodista del espacio noticioso, “coarta nuestro derecho humano a la libertad de pensamiento y a recibir informaciones e ideas y contenidos con pluralismo”.
La publicación abundó en los detalle que indican que :”La Consejería Jurídica de la Presidencia asegura que el solicitante del amparo no tiene interés legítimo porque “lo único que demuestra es la preferencia del programa” de la periodista.
Advirtió que si se admitía la procedencia del amparo “estaríamos frente al absurdo de que para suprimir o dejar de transmitir cualquier programa (televisivo o radiofónico), los concesionarios tuviesen que consultar a la audiencia.
Si se diera esa omisión o si se estuviera en desacuerdo con esa decisión, argumentó la Presidencia, “los radioescuchas estarían legitimados para acudir al juicio de amparo e impugnar que se dejen de transmitir los programas de su preferencia, situación que, sin duda alguna, resulta inadmisible”.
Los magistrados del colegiado rechazaron esos argumentos en un acuerdo del pasado 4 de junio y publicado este miércoles 10 en los estrados judiciales, concluye Proceso.

viernes, 29 de mayo de 2015

Ordena Tribunal liberación de periodista Pedro Canché en Quintana Roo



pedro canche 1


El Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito otorgó un amparo (liso y llano) a favor del periodista maya, Pedro Canché Herrera, quien permanece preso en la cárcel del municipio deFelipe Carrillo Puerto, desde finales de agosto, acusado de sabotaje por el gobierno de Quintana Roo.
El diario El Universal informó que Aracely Andrade, abogada del periodista independiente, afirmó que el Tribunal resolvió que Canché Herrera “es completamente inocente, porque el delito que se le imputaba no existió, era falso”.
El periodista se encuentra en la cárcel a la espera de la notificación correspondiente.
La decisión fue tomada en la sesión pública del Tribunal este jueves realizada a las 11:00 horas, de acuerdo al amparo promovido en febrero del presente año.
La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) acusó al periodista de sabotaje en agosto de 2014 . Fue detenido bajo esos cargos una semana después de haber informado la aprehensión de líderes sociales que protestaban contra del incremento arbitrario de tarifas por consumo de agua.
Este jueves 28 de mayo la litigante informó que la decisión no puede objetarse públicamente y añadió que es un nuevo revés para el gobierno de Quintana Roo y el gobernador del PRI, Robeto Borge, que denuncia, “acusó falsamente a Canché Herrera”.
Añadió que era muy evidente y que todo estaba armado. “Ninguna autoridad podría acreditar un delito contra Pedro, porque simplemente no existía, pero él seguía y sigue preso hasta el día de hoy”. Sin embargo, aclaró que su vida y la de Canché están en peligro y esperan represalias del Gobierno del Estado.
El caso de Canché Herrera es uno más de la serie de hechos que vinculan a diversos gobiernos estatales y al federal con vulnerar la libertad de expresión en México.El Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito otorgó un amparo (liso y llano) a favor del periodista maya, Pedro Canché Herrera, quien permanece preso en la cárcel del municipio deFelipe Carrillo Puerto, desde finales de agosto, acusado de sabotaje por el gobierno de Quintana Roo.
El diario El Universal informó que Aracely Andrade, abogada del periodista independiente, afirmó que el Tribunal resolvió que Canché Herrera “es completamente inocente, porque el delito que se le imputaba no existió, era falso”.
El periodista se encuentra en la cárcel a la espera de la notificación correspondiente.
La decisión fue tomada en la sesión pública del Tribunal este jueves realizada a las 11:00 horas, de acuerdo al amparo promovido en febrero del presente año.
La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) acusó al periodista de sabotaje en agosto de 2014 . Fue detenido bajo esos cargos una semana después de haber informado la aprehensión de líderes sociales que protestaban contra del incremento arbitrario de tarifas por consumo de agua.
Este jueves 28 de mayo la litigante informó que la decisión no puede objetarse públicamente y añadió que es un nuevo revés para el gobierno de Quintana Roo y el gobernador del PRI, Robeto Borge, que denuncia, “acusó falsamente a Canché Herrera”.
Añadió que era muy evidente y que todo estaba armado. “Ninguna autoridad podría acreditar un delito contra Pedro, porque simplemente no existía, pero él seguía y sigue preso hasta el día de hoy”. Sin embargo, aclaró que su vida y la de Canché están en peligro y esperan represalias del Gobierno del Estado.
El caso de Canché Herrera es uno más de la serie de hechos que vinculan a diversos gobiernos estatales y al federal con vulnerar la libertad de expresión en México.

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