Candidatos pobres con esposas ricas

Cónyuges de los aspirantes a un puesto de elección popular son dueñas de fortunas familiares pese a que no trabajan o se dedican al altruismo

CIUDAD DE MÉXICO, 18 de mayo.- De acuerdo con las declaraciones patrimoniales de 230 políticos en el sitio de internet candidatotransparente.mx, las esposas de la mayoría de los aspirantes a un puesto de elección popular son las dueñas de las fortunas familiares.

El caso que más destaca, pese a que no subió su declaración a ese portal, es el de la esposa de Javier Gándara, aspirante panista al gobierno de Sonora, pues ella no percibe ingreso alguno; se dedica al altruismo. Sin embargo, es dueña de un avión y de casas en EU, como declaró el propio candidato.

De los casos registrados en el portal está el de la esposa de Ricardo Monreal, candidato por Morena a delegado en Cuauhtémoc, y quien fue gobernador de Zacatecas y cinco veces legislador federal; ella gana 25 mil pesos mensuales y tiene diez propiedades.

El panista Mauricio Kuri González, candidato a la alcaldía de Corregidora, Querétaro, está en situación similar: él declaró ingresos por dos millones 848 mil 726 pesos anuales y tiene diez propiedades, pero su cónyuge, que carece de algún ingreso, es dueña de cuatro propiedades adquiridas mediante crédito.

Héctor Astudillo, aspirante priista al gobierno de Guerrero, declaró ingresos anuales por 885 mil pesos y carece de propiedad alguna; su esposa tiene ingresos mensuales de 293 mil 437 pesos y es la dueña de 12 propiedades familiares.

David Razú, candidato perredista a delegado de Miguel Hidalgo, tiene ingresos por 921 mil 772 anuales y carece de propiedades; su esposa tiene ingresos por 340 mil pesos anuales y tiene una propiedad.

Esposas de aspirantes tienen las propiedades

Ellas son las dueñas de diversos bienes, pese a que en algunos casos no trabajan o se dedican a labores de altruismo.

Algunas no trabajan, otras ganan entre 16 mil y 32 mil pesos al mes, y una más tiene ingresos superiores a los 200 mil pesos; todas ellas tienen en común que son esposas de candidatos y las dueñas de las propiedades familiares.

Como muestra está la esposa de Javier Gándara, candidato panista a gobernar Sonora. Ella no trabaja en alguna empresa u oficina gubernamental, sino que es una profesional del altruismo, lo que implica que en lugar de recibir, dona dinero y realiza labores de servicio, como ella describe en Facebook.

Sin embargo, es dueña de un avión y de casas en Estados Unidos; su esposo tiene ingresos oficiales por cerca de cuatro millones de pesos, seis camionetas y cuatro bienes inmuebles en Sonora.

Javier Gándara rechazó incluir su declaración patrimonial en el sitio candidatotransparente.mx, pero aceptó públicamente que casas en Estados Unidos y un avión están a nombre de su esposa.

Otro caso es el de la esposa de Ricardo Monreal, quien ha sido gobernador de Zacatecas, dos veces senador y tres veces diputado federal; ella gana 25 mil pesos mensuales y tiene 10 propiedades.

Su esposo, ahora candidato a jefe delegacional en Cuauhtémoc, gana 116 mil pesos mensuales, pero sólo es dueño de una propiedad en la delegación Benito Juárez.

La esposa de Héctor Germán René López Santillán, candidato del PAN al gobierno de León, Guanajuato, percibe 16 mil pesos mensuales y es la dueña de las dos propiedades familiares; su esposo no posee ningún bien inmueble, aunque gana un millón 307 mil 391 pesos al año.

Las declaraciones patrimoniales que han entregado 230 candidatos a gobernador, alcaldes y diputados federales, y que se pueden consultar en www.candidatotransparente.mx, también dejan ver el caso de la esposa de Felipe de Jesús Cantú, candidato del PAN al gobierno de Nuevo León, ya que no tiene ingreso alguno y cuenta con tres propiedades compradas de contado; su esposo tiene ingresos por 4.7 millones de pesos anuales y dos propiedades adquiridas a crédito.

Héctor Astudillo, candidato del PRI al gobierno de Guerrero, declaró ingresos anuales por 885 mil pesos y carece de propiedad alguna; su esposa tiene ingresos mensuales de 293 mil 437 pesos y es dueña de 12 propiedades familiares.

Conocida públicamente como la campaña #3de3, para que los candidatos a todos los puestos de elección popular hagan públicas desde el espacio de candidatotransparente.mx sus declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal, esta forma de mostrar un lado poco conocido de quienes aspiran a ocupar un puesto de gobierno permite ver también que la esposa del candidato del PRI al gobierno de Baja California Sur, Ricardo Barroso, tiene ingresos superiores a los de él, quien gana un millón 802 mil 381 pesos, mientras ella percibe dos millones 118 mil 529 pesos; él tiene una propiedad; ella suma siete.

A su nombre

La revisión del listado de los candidatos que aceptaron a hacer transparentes sus ingresos deja ver nueve casos en que las propiedades están a nombre de sus esposas.

Así, Francisco Domínguez dice que tiene ingresos anuales por tres millones 75 mil 328 pesos y declara una propiedad; su esposa no tiene ingresos, pero es dueña de dos propiedades y una en copropiedad.

David Razú, candidato del PRD a la jefatura delegacional de Miguel Hidalgo, tiene ingresos por 921 mil 772 anuales y carece de propiedades; su esposa reporta ingresos por 340 mil pesos anuales y una propiedad.

El candidato del PRI-Verde al distrito cuatro de Coahuila, Armando Luna Canales, tiene ingresos por dos millones 631 mil 883 pesos anuales, y su esposa gana 393 mil 339 pesos anuales; él no tiene propiedades; ella tiene tres.

Mauricio Vila Dosal, candidato panista a la alcaldía de Mérida, gana cinco millones 63 mil 681 pesos, pero carece de propiedades. Su casa está a nombre de su esposa, quien no tiene ingresos.

El panista Mauricio Kuri González, candidato a la presidencia municipal de Corregidora, Querétaro, reporta ingresos por dos millones 848 mil 726 pesos anuales y 10 propiedades; su esposa no tiene ingresos, pero es dueña de cuatro propiedades adquiridas con crédito.

Año a año

Este diario posee copia de las cinco declaraciones patrimoniales de Javier Gándara como alcalde de Hermosillo.

• En 2009 declaró ingresos anuales por tres millones 294 mil 737 pesos, de los cuales 274 mil 561 fueron como servidor público; tenía seis camionetas, cinco bienes inmuebles, dos cuentas de cheques con 175 mil 546 pesos y una de inversiones por un millón 979 mil 841.
• La declaración patrimonial del final de su gestión muestra ingresos anuales por tres millones 422 mil 352 pesos; 285 mil 196 pesos eran como servidor público; tenía las mismas seis camionetas y bienes inmuebles.

• Sus cuentas bancarias crecieron: cuatro de cheques por dos millones 273 mil 924 pesos y una de inversiones por 143 mil 672 pesos.

Basta de puestas en escena

HÉCTOR TAJONAR HÉCTOR TAJONAR
2014-11-09 00:24:12 ·
EDICION MEXICO

El anuncio de un nuevo pacto por la seguridad al que ha convocado el presidente Enrique Peña Nieto ha sido recibido con justificado escepticismo por la sociedad mexicana, tan harta de discursos y puestas en escena como ayuna de resultados en materia de seguridad, corrupción e impunidad. No existe congruencia ni solidez en la propuesta presidencial, que ha sido contradicha con hechos, declaraciones y omisiones a lo largo de este gobierno. Por tanto, carece de sustento y credibilidad. El telón del teatro político ha caído de manera estrepitosa.

La realidad ha rebasado a la publicidad y al proyecto del gobierno. No basta con “mover a México”: es imperativo cambiar a México. La pintura color de rosa de una nación idílica y próspera ha sido borrada dramáticamente por el rojo escarlata de la sangre criminal y el negro de los cadáveres calcinados encontrados en fosas clandestinas. El espejo de Tlatlaya y Ayotzinapa se ha impuesto sobre la autocomplacencia oficial. Queda demostrado que gobernar no es sólo comunicar, como lo presumían los estrategas peñanietistas. El optimismo banal ha sido arrasado por el horror.

Urge un cambio verdadero, de fondo. La fórmula de “mover a México” a través de reformas estructurales logradas mediante acuerdos y complicidades en el marco del Pacto por México, publicitadas como panacea, ha resultado insuficiente. Sin duda es urgente estimular el desarrollo nacional, y algunas de las reformas legales aprobadas podrían propiciarlo, aunque aún están pendientes su implementación y resultados. Las modificaciones legales a favor del desarrollo nacional se quiebran frente al ocultamiento y la ine­ficacia prevalecientes ante la violencia, la corrupción, la impunidad y la ingobernabilidad que asuelan al país.

El problema de fondo es de orden ético y político; tiene que ver con la moral pública, con la forma de concebir y practicar el arte de gobernar. La crisis actual de México deriva de la corrupción de la política, surgida de una mentalidad creada por el PRI y adoptada por todos los partidos, que deforma la responsabilidad gubernamental convirtiéndola en un medio para servirse a sí mismos –con la cuchara grande y con total impunidad–, no para servir al interés general.

La emergencia nacional que enfrentamos es consecuencia del maridaje que ha dado origen al autoritarismo mexicano de ayer y de hoy: la atroz mezcla de simulación y corrupción. La máscara y el botín. Esa perniciosa combinación anula o pervierte el efecto positivo que debieran tener las múltiples reformas políticas, así como las leyes e instituciones que soportan nuestra defectuosa pluralidad democrática. Es preciso que los reformadores se reformen a sí mismos.

La corrupción no se limita al peculado, pues lo corroe todo: propicia la descomposición progresiva del Estado, que no sólo ha sido socavado por la codicia del poder, sino también por la penetración paulatina –al parecer irreversible– del crimen organizado que le ha extirpado su razón de ser fundamental: garantizar la seguridad de los ciudadanos. Además de haber perdido el monopolio de la violencia legítima, el Estado mexicano ha abandonado su responsabilidad esencial de gobernar con honestidad y eficacia.

Por ello es impostergable acometer un cambio de fondo, no cosmético o mediático. Ello implica modificaciones legales e institucionales, pero también, y sobre todo, un cambio de actitudes, una transformación profunda de la mentalidad autoritaria cimentada en la tríada simulación, corrupción e impunidad. Tan urgente es impedir el ascenso al poder de políticos coludidos con el crimen organizado como la propagación de camarillas de corrupción y redes de complicidad inmunes e impunes que operan en todos los ámbitos y niveles de la estructura gubernamental, así como en todos los partidos políticos.

El único camino posible para salir del pantano putrefacto en que se hunde el país es alcanzar un verdadero estado de derecho, no en el papel o en los discursos, sino con acciones. De lo contrario, el país podría desembocar en un narco-Estado o en un Estado fallido (¿ya lo somos?). El dilema es real, no retórico: o estado de derecho o estado de desecho, como bien lo dijo Catón. Es ineludible corregir el rumbo con hechos y resultados palpables capaces de convencer a una sociedad que se siente abandonada por sus gobernantes y parece haber llegado al límite de su paciencia.

No olvidemos que la Primavera Árabe se desató en diciembre de 2010 por la inmolación de un joven en Túnez en un contexto de corrupción y crisis socioeconómica, lo que desencadenó una ola de manifestaciones que terminaron por derrocar al gobierno autocrático de Ben Alí. Causas similares produjeron el derrocamiento de Hosni Mubarak, en Egipto, y de Muamar Gadafi, en Libia. En México tenemos una democracia contrahecha, no gobiernos autocráticos, pero aquí los asesinatos, los secuestros, la desaparición y la incineración de personas son cotidianos y las muertes por la violencia superan las 100 mil en los últimos ocho años. Si bien indeseables, no pueden descartarse efectos similares a los de la Primavera Árabe. ¿Qué tan resistente es el neoautoritarismo mexicano?

En su libro más reciente, Orden político y decadencia política (2014), Francis Fukuyama sostiene que en los Estados neopatrimonialistas los líderes políticos adoptan las formas exteriores de los Estados modernos –sistemas legales, elecciones y burocracia funcional–, pero en realidad gobiernan para satisfacer sus propios intereses y los de sus allegados o socios. “Ese patrón de comportamiento lo encontramos en países como Nigeria, México o Indonesia”, afirma el politólogo estadunidense.

Esta simulación corrupta es la que urge transformar mediante el imperio de la ley, propio de un auténtico estado de derecho y requisito indispensable de la verdadera democracia.

Simulación, búsqueda de estudiantes de Ayotzinapa

28. octubre, 2014 Autor: Flor Goche / @flor_contra

 Tras 1 mes de la ejecución extrajudicial de seis personas –tres de ellas alumnos normalistas–, no hay rastros de justicia; tampoco, del paradero de los 43 estudiantes de Ayotzinapa detenidos-desaparecidos en Iguala, Guerrero. Vidulfo Rosales, litigante del caso, señala que las acciones de búsqueda coordinadas por el gobierno federal no están precedidas de un trabajo de inteligencia, además de que no emplean tecnología de punta. El defensor de los derechos humanos advierte sobre la pretensión de la PGR de consignar como secuestro la desaparición forzada de los estudiantes, cuando lo último que se sabe de ellos es que fueron detenidos por policías municipales e introducidos por la fuerza a diversas patrullas de la corporación

Ayotzinapa, Tixtla, Guerrro. El 6 de octubre de 2014, 10 días después de los hechos de extrema violencia en contra de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos –que derivaron en el asesinato de tres alumnos, tres civiles y en la privación de la libertad de otros 43 normalistas– Enrique Peña Nieto, presidente de México, se pronunció por primera vez.

Su tardía respuesta marcaría el rumbo de las investigaciones sobre este crimen, que Human Rights Watch –organización de defensa y promoción de derechos humanos con sede en Nueva York, Estados Unidos– ha señalado como la peor crisis de derechos humanos en México desde 1968.

Transcurrido 1 mes de la ejecución extrajudicial de seis personas, no hay rastros de justicia. Tampoco hay indicios claros del paradero de los 43 alumnos desaparecidos por elementos de la policía de Iguala.

Respecto de las acciones de búsqueda de los jóvenes normalistas, coordinadas desde el gobierno federal, Vidulfo Rosales Sierra, asesor jurídico del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y representante legal de los familiares de los normalistas detenidos-desaparecidos, advierte que éstas no están precedidas de un trabajo de inteligencia.

Cual gallina descabezada, la detección de los posibles puntos de localización de los muchachos se basa primordialmente en el método 066. Es decir, en los indicios que personas anónimas reportan a esta línea de emergencias. Así, dice, las autoridades han recorrido, sin éxito alguno, alrededor de 30 de los 50 puntos señalados telefónicamente.

Paralelo a ello, el Estado mexicano ha optado por detener a los mandos del grupo delincuencial Guerreros Unidos –que, según las autoridades federales y estatales, estaría vinculado con el crimen–, con la expectativa de que alguno de ellos aporte información sobre el paradero de los 43 normalistas. Estrategia hasta ahora fallida.

Otra deficiencia que destaca Vidulfo Rosales es la no utilización de tecnología de punta en aras de la eficacia de búsqueda: geo-radares, rayos infrarrojos, instrumentos tecnológicos que permitan detectar si la tierra fue removida o presenta concentración de calcio o químicos. En este sentido, informa, el pasado 13 de octubre los padres de familia ingresaron una solicitud de asistencia técnica a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, misma que se encuentra en trámite.

Consultado respecto de la aplicación de los protocolos de búsqueda de personas desaparecidas, el defensor comenta que el país carece de dichas herramientas, lo que conlleva a que “el tema de la búsqueda sea un problema en México”. Ello, aunado a la actitud de “indolencia” de las autoridades mexicanas en otros casos de desaparición forzada, resulta en la nula experiencia.

Los operativos de búsqueda de los 43 estudiantes se fraguan desde la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Guerrero, refiere su presidente interino Ramón Navarrete Magdaleno. La Comisión ha atestiguado las labores de búsqueda de los 43 jóvenes detenidos-desaparecidos desde finales de septiembre pasado.

Según el ombudsman local, la búsqueda sí ha incorporado tecnología de punta, además de los mecanismos clásicos, como caballos, perros amaestrados y reconocimientos por aire.

Aunque se desempeña “una labor muy importante” en la materia, los esfuerzos han sido insuficientes en la medida en que no se ha localizado a nadie, reconoce Navarrete.

Más irregularidades en la investigación

Tres indagatorias fueron iniciadas luego de los hechos de finales de septiembre pasado: una por homicidio calificado, otra por desaparición y, la última, por delincuencia organizada. La primera de ellas radica en el fuero común; las otras fueron atraídas por la Procuraduría General de la República (PGR), dada la naturaleza de los delitos.

Al cierre de esta edición, el gobierno federal había capturado a 53 personas (22 policías de Iguala y 14 de Cocula y a 17 integrantes de Guerreros Unidos) por su probable responsabilidad en la muerte y desaparición de normalistas rurales.

Respecto de los policías que se encuentran en prisión, el abogado Vidulfo Rosales Sierra dice que sí hay elementos para considerarlos partícipes de los hechos, pero advierte que éstos “tuvieron la oportunidad de cambiar bitácoras y documentos que los ubican en un lugar distinto al momento en que acontecieron los hechos”. Situación que, indica, podría obstaculizar la posibilidad de justicia.

El litigante advierte, asimismo, sobre la pretensión de la PGR de consignar como secuestro la desaparición forzada de los estudiantes de Ayotzinapa, bajo el argumento de que la pena por secuestro es mayor, siendo que lo último que se sabe de ellos es que fueron detenidos por policías municipales e introducidos por la fuerza a diversas patrullas de la corporación local.

De acuerdo con la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas, “se entenderá por desaparición forzada el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de la libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de la libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola de la protección de la ley”.

Vidulfo Rosales indica que esta intentona ha cobrado fuerza a raíz de la dificultad que ha significado acreditar en términos estrictamente procesales el tema de la negativa de la autoridad de proporcionar información, “debilidad” muy explotada por la defensa de los procesados. El integrante de Tlachinollan sabe de las implicaciones políticas de consignar como secuestro y no como desaparición forzada el caso, en el sentido de que con ello se desdibuja la participación de la autoridad en el acto. Por eso, dice, “vamos a analizarlo bien con nuestros compañeros”.

En alusión a la investigación por homicidio, comenta que “va caminando bien”, aunque deberán revisarse algunas cuestiones técnicas del expediente que puedan debilitar la indagatoria.

Presunta participación de militares no consta en averiguación previa

La agresión contra los normalistas rurales ha revelado en sí misma las complicidades entre autoridades y delincuentes. Por ejemplo, la presencia en Iguala del 27 Batallón de Infantería –perteneciente a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)– no ha impedido que el grupo delictivo Guerreros Unidos opere sin limitaciones en dicha localidad, la tercera más importante de Guerrero.

Tampoco ha propiciado un clima de seguridad o de paz. Por el contrario, el 26 y 27 de septiembre pasados, cuando las ráfagas de los policías municipales arremetieron contra los normalistas rurales, los elementos castrenses permanecieron cuando menos inmutables.

O peor aún, de acuerdo con el testimonio de Omar, un sobreviviente de la agresión policiaca e integrante del Comité Ejecutivo Estudiantil de Ayotzinapa, los soldados podrían haber estado al tanto de los planes de detención-desaparición de sus compañeros. Y, en alguna medida, haber participado en los hechos violentos contra los jóvenes.

Omar narra que una vez consumados los tres ataques que perpetró la policía municipal de Iguala, con el apoyo de un comando armado (que según las autoridades pertenecería al cártel del narcotráfico identificado como Guerreros Unidos), un grupo de jóvenes logró llegar hasta una clínica particular con el objetivo de solicitar atención médica. Detrás de ellos venía una cuadrilla de más de 20 militares, quienes, con violencia, incluso cortando cartucho, arribaron al lugar.

Los soldados los sometieron, golpearon y amenazaron, asegura el joven. Pero eso no fue todo. La insinuación de desaparición se hizo presente: “Den su nombre real porque eso va a facilitar su búsqueda. Si dan su nombre falso, cuando los busquen nunca los van a encontrar”, habría pronunciado uno de los militares.

“¿Qué querían decir? ¿Nos estaban amenazando con desaparecernos?”, se pregunta Omar.

A pesar de testimonios como éste, Vidulfo Rosales Sierra señala que “de eso no existe nada en el expediente; no se ha abierto una línea [de investigación] en esa dirección”.

Contralínea solicitó entrevista con algún representante del 27 Batallón de Infantería. Por medio de un correo electrónico, la Dirección General de Comunicación Social de la Sedena respondió: “debido a las actividades programadas con anterioridad no es posible atender su petición”.

Asesinatos y desapariciones sí son crímenes de Estado

Un grupo de policías violentos se alía con el crimen organizado para aniquilar y desaparecer tumultuariamente a estudiantes de una Normal Rural. Creerse esta versión es para “ingenuos”, considera Vidulfo Rosales Sierra, asesor jurídico del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

El defensor de derechos humanos enumera el conjunto de elementos que, según su valoración, estarían en la raíz de tal barbarie: la política del Estado mexicano de desmantelamiento de las normales rurales, en tanto que no responden a la lógica del mercado actual; la descalificación y estigmatización contra estas poblaciones escolares propiciada desde los medios de comunicación oficialistas; la infiltración de los grupos de la delincuencia organizada en el poder público; y la impunidad que impera en el país, reflejada, por ejemplo, en que a casi 3 años de homicidio de Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, también alumnos de Ayotzinapa, ninguno de los servidores públicos responsables ha sido castigado.

“Esta represión se enmarca en una política de Estado en la que resulta muy barato matar o agredir a los normalistas. Porque un policía o narcopolicía sabe que este acto no le traerá consecuencias, pues, de lo contrario, mediría la agresión que va a hacer.”

Respecto de la magnitud de estos hechos, Vidulfo Rosales destaca que en la historia reciente de América Latina no hay antecedente como el de Iguala, en el que en un solo evento hayan desaparecido a tantos estudiantes y convergido tantas y graves violaciones a los derechos humanos: a la libertad de expresión y de organización, a la educación, al libre tránsito, a la vida, a la integridad personal…

Para el representante legal de los familiares de los normalistas detenidos-desaparecidos, el hecho es sumamente grave e inimaginable, por lo que la comunidad internacional de derechos humanos debe tomar medidas serias para fincar responsabilidades.

En este contexto, la imagen que el Estado mexicano pretende proyectar al exterior: que su pasado autoritario quedó atrás, que ha transitado a la democracia, que las graves violaciones de derechos civiles y políticos acontecidas en la Guerra Sucia son parte del pasado. Esta visión es ficticia, asevera Vidulfo Rosales. Y es que el caso Ayotzinapa destapó una verdad que se oculta: “Que vivimos en un Estado autoritario y, peor aún, corrompido por la delincuencia organizada”.

Para la realización de esta investigación se solicitó entrevista con la PGR a través de José Luis Manjarrez, director de información de la dependencia federal. Al cierre de esta edición, no hubo respuesta.

México, sin protocolos para atender la desaparición forzada

México carece de protocolos para atender los casos de desaparición forzada, considerada como un crimen de lesa humanidad. Por ello, diversas recomendaciones de organismos de derechos humanos internacionales han dirigido su atención al tema.

Durante el segundo Examen Periódico Universal –mecanismo del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas– al que fue sometido el país en octubre de 2013, la República Islámica de Irán lo exhortó a “elaborar un protocolo nacional para la búsqueda de personas cuya desaparición se haya denunciado”.

Nadín Reyes Maldonado, integrante del Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos Hasta Encontrarlos, refiere que quienes integran la Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada también han insistido en la elaboración de dichos protocolos, sobre todo, los que se enfocan a la búsqueda en vida.

En un documento que elaboraron a propósito de la iniciativa de Ley Federal para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Desaparición Forzada de Personas, presentada en el Senado de la República el pasado 11 de febrero, apuntan que esta “iniciativa debe contar con un capítulo especial en el que se establezcan los mecanismos de búsqueda urgente de las víctimas de desaparición forzada con vida, es decir, protocolos de actuación que se activen de manera inmediata para la búsqueda de los desaparecidos en cuanto se tenga noticia de que sucedió el hecho”.

A la fecha, la iniciativa en cuestión permanece varada en el Congreso de la Unión, lo mismo que la iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar la Desaparición Forzada de Personas, presentada ante la Cámara de Diputados.

Flor Goche, @flor_contra/Enviada

Las víctimas… víctimas de la simulación

Pese a las argucias de la Sedena y la Semar, y la complacencia del ómbudsman nacional, familiares de dos jóvenes tabasqueños ejecutados a finales de 2010 y de otro civil muerto en Cuernavaca por marinos en diciembre de 2009 no cesan de pedir justicia. Entrevistados por Proceso, ellos y sus abogados narran la cadena de absurdos, insensibilidades y trampas con las cuales las autoridades han tratado sus casos, y reiteran su decisión de no conformarse con las indemnizaciones que les ofrece el gobierno federal, porque eso, dicen, es ofensivo. De ahí su clamor: “Queremos justicia, no simulación”.

MÉXICO, D.F. (Proceso).- Familiares de víctimas de la guerra contra el narcotráfico alertan sobre las fallas de los gobiernos de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto para atender los yerros de las Fuerzas Armadas y acusan a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de avalar las omisiones de la Secretaría de Marina (Semar) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Los padres de Víctor Manuel Chan Javier y Ramón Pérez Román –acribillados en noviembre de 2010 en Tabasco por un convoy mixto de fuerzas castrenses y policiales– se quejan porque, arguyen, las exigencias de justicia, así como el reconocimiento público de los abusos cometidos en acciones armadas y las garantías de no repetición, no están contemplados en el esquema de reparación de daños.

Lo mismo dice Andrea Martínez, la esposa de Ignacio Aguilar Rodríguez, el dueño de una tortillería que murió durante el operativo de los marinos el 16 de diciembre de 2009 en Cuernavaca, Morelos, contra el narcotraficante Arturo Beltrán Leyva.

En entrevistas por separado, los familiares de las víctimas narran su calvario e insisten: no aceptarán que la justicia se reduzca sólo a una indemnización económica, como lo pretenden las autoridades federales con la complacencia del ómbudsman nacional.

Andrea Martínez Jaimez manifiesta su inconformidad porque, dice, la recomendación de la CNDH relativa al asesinato de su cónyuge cuando caminaba por las inmediaciones del edificio Altitude, donde fue ultimado el capo (la 72/2010), ya fue “cumplida” según la comisión.

“Los de la CNDH me dijeron que el gobierno federal había dispuesto un dinero, que lo agarrara antes de que se fuera Calderón, porque cuando llegara Peña Nieto no iba a tener nada”, narra Andrea mientras se seca las lágrimas.

Madre de dos hijos –una adolescente de 17 años y un pequeño de nueve–, Andrea demostró la inocencia de su esposo, a quien los medios de comunicación presentaron como uno de los pistoleros de Beltrán Leyva. Y cuando pidió la intervención de la CNDH para conseguir becas escolares y atención médica y psicológica para sus hijos y sus suegros, le pidieron conformarse con lo que la dependencia le ofreciera.

En junio de 2012 fue citada por la Semar: “Me hicieron firmar un documento para dividir la cantidad (la indemnización) en dos, porque –dice– Nacho tenía dos hijas mayores.

“Cuando fui les dije que mi esposo se merecía una disculpa pública para que la gente supiera que era una buena persona; les pedía aceptar su error. Insistí en que Nacho se merecía un comunicado aclaratorio, similar al que sacaron cuando murió y en el cual lo hicieron pasar como sicario. Me dijeron que no lo podían hacer”, relata.

Aún se muestra indignada pues, dice, “lo grave no sólo es la muerte de Nacho, sino hacerlo pasar como sicario. Yo he sentido mucho coraje, más cuando te dicen que justicia no se puede pedir porque no saben quién lo ejecutó”.

Semanas antes de concluir el sexenio de Felipe Calderón, recuerda Andrea, personal de la Semar se presentó en su casa y tras auscultar a sus hijos le hicieron firmar un documento en el cual acreditaba que los menores habían recibido atención psicológica “en cumplimiento a la recomendación de la CNDH”. Con eso pretendieron dar por concluido el asunto, asegura.

Recientemente un grupo de agentes de la Procuraduría General de la República (PGR) fue a su domicilio a informarle que la muerte de su esposo sería investigada. No les creyó.

El año pasado, dice, vio morir a su suegro, “seguramente por la tristeza”; además, su hija fue operada de un quiste hemorrágico y a su niño le detectaron un tumor en el pecho que, le explicaron los médicos, no le pueden atender en el Seguro Popular.

Su pequeño es quien más le preocupa. Asmático de nacimiento, el menor presentó crisis severas después del crimen de su padre, a quien estaba muy apegado. Desde entonces ha sido sometido a tratamientos psicológicos y tanatológicos solventados con los recursos de la familia.

“Le tiene miedo a los soldados. Cuando los ve dice que ellos mataron a su papá y nos van a matar también a nosotros. Él quiere morirse para estar con su papá. Su doctora nos sugiere no dejarlo solo, porque es capaz de hacerse daño.

“Cuando recibí el dinero de la Marina me dio tanta tristeza, porque mi familia está destruida y nada me va a devolver a Nacho”, expone Andrea mientras se enjuga las lágrimas.

Contra el “esquema ranchero”

Desde el 14 de noviembre de 2010, cuando los jóvenes Víctor Manuel Chan Javier y Ramón Pérez Román fueron asesinados por un comando de militares, marinos y policías federales y estatales en Jalpa de Méndez, Tabasco, sus padres, Víctor Manuel Chan Uicab y Ramón Pérez Hernández, no han dejado de pedir justicia.

Asesorados por los abogados Rosendo Valenzuela Martínez, presidente del Movimiento Ciudadano Somos Más, ambos movilizaron a la población la misma noche del crimen para desactivar el operativo de las Fuerzas Armadas que pretendían sembrar armas a los cadáveres de Víctor Manuel y Ramón.

Luego, con ayuda del abogado Silvano Cantú, impulsor de la Ley General de Víctimas, consiguieron reactivar la averiguación previa que abrió la PGR en contra de los presuntos responsables (Proceso 1868). En noviembre de 2012, la procuraduría consignó la averiguación previa ante un juez federal.

Al mes siguiente, seis marinos, dos soldados, un policía ministerial y un agente de seguridad pública estatal fueron a prisión, acusados de homicidio doloso y abuso de autoridad. Además, otras 16 personas, entre ellas siete soldados, están siendo procesadas por abuso de autoridad, daño en propiedad ajena y encubrimiento por favorecimiento.

Los esfuerzos de los tabasqueños se toparon con “el esquema ranchero” de la Sedena y la Semar, avalado –dicen– por la CNDH. También critican a la subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Lía Limón, de “carecer de la sensibilidad, los conocimientos y la altura para hacer valer la Ley de Víctimas y los acuerdos internacionales de los que México es parte”, dice el abogado Valenzuela Martínez en entrevista.

Ambas dependencias fueron responsabilizadas de las muertes de los dos jóvenes de Jalpa de Méndez, señala, por lo que se les recomendó resarcir daños materiales y psicológicos a los familiares.

No obstante, admite que “eso tiene que ser con base en normas internacionales, pues implica la reparación integral del daño causado, incluyendo medidas de rehabilitación y de satisfacción; medidas de no repetición, indemnización compuesta por el daño material, inmaterial, lucro cesante, daño emergente y daño al proyecto de vida”.

Don Víctor Chan acota: “La CNDH nos dijo que agarráramos el dinero que nos ofrecían. Nosotros les decíamos que no se trataba de eso. Insistimos: no podemos darnos por satisfechos así nomás, pues se trata de un asunto de justicia. En todo caso, para empezar, la Marina y la Sedena tenían que cubrir nuestros gastos funerarios, que eso no era reparación de daño; les reiteramos nuestra inconformidad por su intención de cerrar el caso con esas acciones”.

Sólo por gastos funerarios, dice don Víctor, desembolsó más de 1 millón de pesos; don Ramón Pérez gastó 490 mil pesos.

Don Víctor y el abogado Valenzuela Martínez cuentan que, en su afán por avalar a la Semar y la Sedena, visitadores de la CNDH buscaron a personas que sí aceptaran los recursos ofrecidos por la Marina.

Con el aval de la comisión, insisten, se le entregaron fondos federales a Alejandra Valenzuela, quien se divorció de Chan Javier un año antes de su asesinato, aun cuando no tuvo hijos con él –“ni siquiera fue al funeral”, puntualiza el abogado–.

También coaccionaron a doña Guadalupe Román, madre de Ramón Pérez, pese a que no vivía con él porque estaba divorciada de don Ramón; ella “nunca exigió justicia para su hijo”, agrega Valenzuela Martínez.

La Semar entregó los recursos a las “beneficiarias” el 9 de octubre de 2012. Por eso, cuando el 28 de noviembre de 2012 los padres de las víctimas y sus abogados fueron a la CNDH, les dijeron que ya les habían pagado.

Ese día, el maestro Silvano Cantú le preguntó al segundo visitador, Marat Paredes, cuáles fueron los criterios para fijar el monto; no supo contestar, resalta Valenzuela.

Y como los padres de los dos jóvenes tabasqueños insistieron en que se les cubrieran los gastos funerarios, tal como se había comprometido personal de la Sedena, el representante de la dependencia, Antonio Mendoza Sánchez, exigió documentos con validez fiscal.

Con el gobierno de Peña Nieto, los padres y abogados de los jóvenes insistieron en que su proyecto de reparación fuera considerado. El 2 de abril, por intermediación del gobernador de Tabasco, Arturo Núñez Jiménez, se reunieron con Lía Limón García, subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.

“Fue una reunión terrible. Mientras estábamos exponiendo, ella jugaba con su celular. Le mencionamos la Ley General de Víctimas y no sabía de qué le estábamos hablando. Agarró un teléfono rojo y se puso a platicar al parecer con uno de la CNDH. No queremos volver a tratar con esa señora”, cuenta don Víctor.

Tres semanas después, el 24 de abril, fueron convocados nuevamente a Gobernación, a una reunión que encabezó Juan Carlos Gutiérrez, titular de la Unidad para la Promoción y Defensa de Derechos Humanos. Y aunque hubo “sensibilidad y conocimiento de lo que plantemos”, la Sedena no cambió su posición, dice el abogado Valenzuela.

A ese encuentro acudió también el representante de Províctima, Antonio Pérez Bravo, quien recordó que en Durango el Ministerio Público dio fe de la validez de comprobantes entregados por familiares de víctimas en un caso en el cual estuvo involucrado el Ejército.

Dice Valenzuela: “Estamos en un impasse. En materia de derechos humanos la Sedena y la Semar tienen el mismo estilo que en el sexenio pasado; es la misma vaca, pero ordeñada. Quieren recurrir al esquema ranchero de pagar un dinero y con eso bloquear a los familiares de las víctimas”.

Y aun cuando no ceja en su demanda de justicia, don Víctor pone sus condiciones: “Ya no queremos hablar con Lía Limón, queremos que sea el secretario (Miguel Ángel) Osorio Chong quien nos atienda; queremos alguien con poder de decisión. Queremos justicia en serio, no simulación”.

El PAN ya no es oposición, “Peña sí cumple”

Administrador político de la ruina del PAN, el presidente nacional del PAN, Gustavo Madero, no tiene empacho en relatar cómo a base de diálogos afables Enrique Peña Nieto lo fascinó, lo convenció, lo hizo virar de la desconfianza más absoluta hasta llegar al apoyo irrestricto al Pacto por México, respaldo que le ha concitado críticas aun dentro de su instituto político. La  indignación del PAN por el uso de programas sociales con fines electorales en el estado de Veracruz, hecho que supuestamente puso en jaque al Pacto, en realidad fue un golpe calculado, dice en entrevista con Proceso, para decirle al PRI que no aceptará la restauración del antiguo modelo.  

MÉXICO, D.F. (Proceso).- El presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Gustavo Madero, nunca había visto personalmente a Enrique Peña Nieto cuando tras la elección presidencial de 2012 lo acusó de haber ganado “a billetazos” la Presidencia de la República. Pero cuando lo trató, en las negociaciones del Pacto por México, se sintió cautivado.

–¿Cómo eran las pláticas con Peña Nieto?

–Es afable. Busca siempre la afabilidad, busca tender puentes. No lo conocía y yo venía de un momento en que estaba diciendo que el bato ganó a billetazos y con engaños. Y después de eso, siéntate a platicar. Estuvo bueno. Pero hicimos a un lado la desconfianza.

La esposa de Madero le advertía que Peña Nieto y los priistas no eran de fiar: “Me decía: ‘¿Les crees a estos batos?’ Yo respondía: ‘Es que está para no creerles, pero también lo que está de por medio es mucho, es muy grande’. ‘No. Nomás te están sopeando, nomás te están sacando la sopa’. Pero decidimos correr ese riesgo. Fue una apuesta muy dura.”

–¿Qué le convenció de Peña Nieto en esas reuniones, antes de la toma de posesión?

–¿Antes de la toma de posesión? Cuando me dice que como presidente entiende que las cosas tiene que verlas con esta visión de Estado y que él quiere sorprender. Cuando te dice “los voy a sorprender” alguien a quien no conoces, no sabes si te va a sorprender para dónde. “No. Sorprender a la buena”, me aclaró. “Los quiero sorprender”. Y era abonarle a esta confianza.

En medio de las negociaciones el dilema de Madero era creerle o no a los negociadores Miguel Ángel Osorio Chong y Luis Videgaray, a quienes tampoco conocía porque, aclara, “una cosa es Peña y otra cosa es todo el aparato que lo rodea, lo que está detrás”.

–¿Peña Nieto sí es de fiar?

–Je je je –ríe como respuesta…

500 mmdp perdonará el fisco a deudores: SAT

Para este año el programa de perdón fiscal que realizará el gobierno federal contempla un millón de créditos, por un monto aproximado de 500 mil millones de pesos, informó el jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Aristóteles Núñez.

“La cartera de créditos es de alrededor de 500 mil millones de pesos, si todos acceden al beneficio, la recaudación sería de 100 mil millones de pesos”, dijo el martes al finalizar un encuentro del secretario de Hacienda, Luis Videgaray, con la prensa, según publica el diario El Universal.

Al programa de condonación podrán adherirse personas físicas o empresas y prevé condonar contribuciones federales, cuotas compensatorias y multas por incumplimiento de las obligaciones fiscales federales distintas a las de pago, antes del 1 de enero de 2007.

“Todos aquellos que tengan adeudos fiscales de 2006 para atrás pueden ser sujetos de una condonación de 80% del principal actualizado y hasta 100% de los recargos, multas y accesorios que tenga el contribuyente”, dijo.

Para el caso de contribuyentes que hayan sido objetos de revisión en los ejercicios fiscales de 2009, 2010 y 2011, se encuentren al corriente en sus obligaciones fiscales y se hubiera determinado que pagaron las omisiones determinadas, la condonación será de 100% de los créditos.

La Cámara de Diputados autorizó en la Ley de Ingresos de la Federación 2013 un programa de condonación de contribuciones federales, cuotas compensatorias y multas por incumplimiento de las obligaciones fiscales federales distintas a las obligaciones de pago, causadas antes del 1 de enero de 2007.