Jorge Carrasco Araizaga y Francisco Castellanos J.
Mario Arturo Acosta Chaparro, el militar que reprimió de manera inmisericorde a la guerrilla en los años sesenta y setenta, recibió del gobierno de Felipe Calderón una encomienda: pactar con integrantes del cártel de La Familia michoacana la entrega de los “responsables” del atentado con granadas perpetrado el 15 de septiembre de 2008 en Morelia. Una fuente cercana al militar en retiro consultada por Proceso afirma lo anterior y asegura que “el general estaba construyendo puentes entre el gobierno” y varias organizaciones delictivas, “incluidos líderes de Los Zetas y del cártel de Sinaloa”.
El gobierno de Felipe Calderón echó mano del general retirado Mario Arturo Acosta Chaparro, para negociar con los jefes del cártel michoacano de La Familia la detención de los tres presuntos responsables del ataque con granadas perpetrado en Morelia el 15 de septiembre de 2008.
La noche del atentado –el primero del narco contra la población civil y que dejó ocho muertos– Acosta Chaparro realizó el primero de dos viajes a Michoacán en su condición de asesor del secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván, y con la anuencia del entonces secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño.
Una fuente cercana al general retirado, reveló que en esa ocasión el militar tuvo contacto con miembros de la delincuencia organizada con el conocimiento del gobierno de Calderón. Ahora Acosta convalece de un atentado que sufrió el 18 de mayo pasado, cuando investigaba el secuestro de Diego Fernández de Cevallos.
“El general estaba construyendo puentes entre el gobierno y varios de esos grupos, incluidos líderes de Los Zetas y del cártel de Sinaloa”, comenta la fuente, que conoció la maniobra de La Familia para entregar a los supuestos responsables de los granadazos.
Según un informe de organismos de seguridad obtenido por Proceso en Morelia, las dos granadas de fragmentación utilizadas en 2008 son del tipo M67, que se fabricaban en Canadá y Estados Unidos. La última vez que se usaron en un conflicto bélico fue por parte de la Marina argentina en la guerra de Las Malvinas. Las investigaciones de la Procuraduría General de Justicia Militar y de la Procuraduría General de la República (PGR) citadas en el informe precisan que el Ejército no usa ese tipo de granadas.
Especialista en subversión
Compañero de generación de Guillermo Galván Galván en el Colegio Militar, Acosta Chaparro regresó a las operaciones encubiertas luego de que el secretario de la Defensa lo volviera asesor en dos asuntos de interés para el gobierno federal: narcotráfico y grupos subversivos.
La reincorporación del militar –el principal perseguidor de la guerrilla en México durante el periodo de la guerra sucia– comenzó cuando lo exculparon de los delitos de lesa humanidad que pesaban en su contra y tras ser puesto en libertad en 2007, luego de pasar siete años en la cárcel por cargos de narcotráfico. En abril de 2008 fue condecorado en una ceremonia de retiro encabezada por Galván.
Según la fuente cercana al general retirado, Acosta Chaparro fue a Morelia en compañía de un hombre apellidado Estrella, excomandante de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), el organismo que entre los sesenta y principios de los ochenta persiguió a la disidencia armada y que se disolvió en 1985, infiltrado por el narcotráfico.
En Morelia, Acosta Chaparro se encontró con dos de los líderes de La Familia: Jesús Méndez Vargas, El Chango o El Chamula, y Nazario Moreno, El Chayo o El Más Loco.
Para entrar en contacto con ellos fue necesario que un soldado se dirigiera hacia un lugar estratégico llevando en la mano un ejemplar de Pensamientos, publicación de adoctrinamiento para los integrantes del cártel michoacano y cuyos textos están firmados por El Más Loco.
Acosta Chaparro se hizo cargo del operativo en Michoacán hasta poner en manos de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) a Juan Carlos Castro Galeana, Julio César Mondragón Mendoza y Alfredo Rosas Elicea.
Estos tres hombres fueron secuestrados entre el 18 y el 21 de septiembre en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y sometidos a tortura para obligarlos a identificarse como zetas e inculparse de los dos granadazos de Morelia.
Acción encubierta
La noche del 15 de septiembre de 2008, mientras el gobernador Leonel Godoy encabezaba la ceremonia de El Grito, una granada estalló entre la multitud reunida en la Plaza Melchor Ocampo; otra fue detonada a dos calles de ahí, en la esquina de Madero y Quintana Roo, en el centro de la capital michoacana (Proceso 1664).
Los días 17 y 18 de septiembre La Familia envió mensajes electrónicos a funcionarios y periodistas estatales, además de desplegar mantas en Morelia para anunciar que haría su propia investigación y daría con los responsables, que desde ese momento identificó como integrantes de Los Zetas. Diez días después del ataque, en un segundo viaje a Michoacán, Acosta Chaparro llamó a Mouriño para decirle que ya tenía a los detenidos.
“Lo acompañó el fiscal (José) Ricardo Cabrera Gutiérrez (entonces encargado) de la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas (UEITA) de la SIEDO”, cuenta la fuente, cuyo testimonio coincide con las declaraciones ministeriales de los pilotos de la PGR que identificaron a Cabrera Gutiérrez cuando fueron a Michoacán por los supuestos responsables.
Y agrega: “Fue una operación encubierta en la que en todo momento estuvo al frente Acosta Chaparro”; también refiere que el general en retiro se sorprendió al ver que para el operativo Cabrera Gutiérrez “vestía un elegante traje, camisa de seda, corbata, mancuernillas y un costoso juego de plumas”.
“¿A dónde cree que va?”, le espetó Acosta Chaparro, quien ya había seleccionado para la operación un avión de transporte viejo y sin asientos.
El funcionario de la PGR llegó al aeropuerto de la Ciudad de México sin saber cuál era su destino. Le preguntó al militar a dónde iban y éste le contestó que a San Luis Potosí. Sólo Acosta sabía la naturaleza y objetivo de la operación.
Los pilotos de la PGR coinciden con esa versión. En un interrogatorio ministerial al que fue sometida por Fernando Espinosa de los Monteros, abogado de Rosas Elicea, la tripulación del avión Casa 229 matrícula XB-BIC, usado para el traslado de los detenidos, explicó que además del piloto, el copiloto y el mecánico iban Cabrera Gutiérrez y otra persona a la que no conocían, pero que no identificarían por tratarse de “información reservada por ser de seguridad nacional”.
En su declaración indicaron que el 25 de septiembre de hace dos años, la tripulación salió del aeropuerto de Toluca a la Ciudad de México con la orden de volar luego a San Luis Potosí. En el aeropuerto de México se subieron Cabrera Gutiérrez y el otro pasajero, cuyo nombre no citaron, quien les ordenó volar no a San Luis Potosí sino a Morelia.
De la capital michoacana, donde estuvieron alrededor de tres horas, volaron a Apatzingán, y ahí esperaron más de cinco horas hasta que llegaron tres integrantes de la entonces Agencia Federal de Investigación (AFI) con los supuestos responsables, a quienes trasladaron al Distrito Federal.
La fuente cercana al operativo cuenta que de Apatzingán, Acosta Chaparro y Cabrera Gutiérrez se fueron en un taxi hacia Antúnez, en el municipio de Parácuaro, en la región de Tierra Caliente, una de las zonas controladas por La Familia.
En una casa abandonada de esa población, la organización criminal les entregó a los ahora procesados. Asegura que “ya en el avión, antes de despegar, Acosta Chaparro se comunicó con Mouriño: ‘Señor, objetivo cumplido’”.
Según esa versión, Cabrera, que había sido del todo ajeno al operativo, en el vuelo de regreso al DF se envalentonó y amenazó a los supuestos culpables, quienes llevaban días sin comer y estaban heridos por la tortura: “Ahora sí, hijos de la chingada. Cuando llegue a mi oficina declaran lo que dijeron o de una vez los echo para abajo”.
El abogado Espinosa de los Monteros confirma que en el vuelo de regreso Castro Galeana, Mondragón Mendoza y Rosas Elicea recibieron más amenazas de que matarían a sus familias si no declaraban lo que les habían dicho para responsabilizarse del atentado.
En la SIEDO siguieron las amenazas: “No crean que ya la libraron. También estamos acá adentro”. Los detenidos aún tenían los ojos vendados. Su abogado dice que identificaron las mismas voces tanto en Antúnez como en la Procuraduría. Aunque había un defensor de oficio con ellos, no les quitaron la venda hasta el momento de firmar su declaración.
Los “cuatro” responsables
La versión de la PGR sobre la captura es que el día 24 se recibió una llamada anónima cuyo origen no pudo rastrearse porque el identificador decía “externo”. Según la titular de la SIEDO, Marisela Morales, el denunciante les dio las referencias del lugar de Antúnez donde se encontraban amarrados cuatro zetas que habían reconocido ser los autores de los granadazos (Proceso 1670).
La averiguación previa PGR/SIEDO/UEITA/110/2008 que se consignó ante el juez Sexto de Distrito en Materia Penal del tercer Circuito con sede en el penal de Puente Grande, Jalisco– los agentes José Martín Zarza Escamilla, Ignacio Moreno Aguilar y Armando Javier Rojo Olivar fueron por los acusados.
En su parte informativo los agentes entonces adscritos a la SIEDO sólo mencionan tres y no cuatro detenidos. Aseguran que éstos confesaron ser zetas y que miembros del propio grupo delictivo los habían detenido y golpeado porque después del atentado pensaron que desertarían de la organización y pondrían en riesgo la identidad de varios de sus integrantes.
La defensa ha intentado echar abajo la versión de la PGR pero se ha topado con el juez sexto de Distrito, Arturo Fonseca Mendoza, quien a decir de Espinosa de los Monteros “está a favor de todo lo que le pide la PGR” y “más que un juez ha sido un fiscal”.
Proceso viciado
Con el informe de los agentes como principal elemento de la consignación de la SIEDO y a pesar de la tortura a la que fueron sometidos –denunciada casi un año después del atentado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (Proceso 1712 y 1715)–, el juez dictó auto de formal prisión a los tres acusados por terrorismo, homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado, posesión de granadas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y lesiones calificadas.
El juez mantuvo las acusaciones pese a que la PGR nunca aclaró la detención de los acusados y bloqueó la comparecencia de los agentes. El juez ni siquiera tramitó las multas impuestas a los agentes por no presentarse a declarar.
“Nunca se han presentado. Y ahora resulta que dos de ellos están procesados en el penal de máxima seguridad de Tepic por su presunta relación con El Mayo Zambada (uno de los líderes del cártel de Sinaloa). Pero no sabemos si están libres o presos”, dice Espinosa de los Monteros.
Indica que la información sobre su situación jurídica la obtuvo en el Consejo de la Judicatura Federal porque la PGR ha evitado informar si están detenidos o enfrentan el proceso en libertad. Cuando fueron llamados a comparecer, el personal del juzgado dijo que no les había podido notificar que se presentaran a declarar porque no los encontraron en el domicilio que dio la PGR.
En el caso del tercer agente, en el Juzgado Sexto se ha asegurado que tampoco está en el domicilio proporcionado por la PGR. Según la SIEDO, cuya titular supo de la intervención de Acosta Chaparro, aparentemente se fue a Estados Unidos.
Cabrera Gutiérrez tampoco ha comparecido. “Cuando los pilotos lo mencionaron en su declaración ministerial y lo señalan como el comandante de los agentes, pedimos que lo citaran. El juez mandó un exhorto a un juzgado del Distrito Federal y resultó que tampoco lo encontraron en el domicilio que dio la PGR”, asegura Espinosa de los Monteros.
El juzgado dio vista a la defensa de los acusados sin que ésta hiciera ninguna actuación, porque de acuerdo con el artículo 20 de la Constitución el juzgado tiene que auxiliar para presentar a los testigos. “Pero el juez Fonseca Mendoza nos dio por desistidos de la prueba”, añade el abogado.
Peor todavía, dice el litigante, Cabrera Gutiérrez no aparece ni en las actuaciones ni en la consignación ante el juez, por lo que no firma nada, a pesar de haber sido identificado por los propios pilotos de la PGR como el comandante de los agentes que fueron por los detenidos. El abogado precisa que quienes firman los escritos de la procuraduría son los agentes ahora desaparecidos. En las actuaciones tampoco se menciona quién realmente iba al frente de la operación.
La defensa insiste en la presentación de Cabrera. Mario Patricio Solano, abogado de Castro Galeana y Mondragón Mendoza, la solicitó nuevamente al juez el pasado 30 de agosto y pidió que la diligencia se practique en el Distrito Federal.
No ha sido la única actuación que lleva a Espinosa de los Monteros a acusar al juez de estar “muy cargado a favor de la PGR o que quizá tenga línea de su jefe”, el máximo representante del Poder Judicial, el ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia, “para impedir que los acusados salgan de prisión mientras Felipe Calderón esté en la Presidencia”.
El acto más reciente del que se quejan los abogados es que el juez Fonseca prácticamente desconoció un amparo que había beneficiado a los acusados, por lo que la defensa promoverá una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal.
El 17 de agosto pasado el juez Octavo de Distrito en Materia Penal de Jalisco, Sergio Darío Maldonado, concedió el amparo a Mondragón Mendoza, Castro Galeana y Rosas Elicea para dejar insubsistentes casi todos los cargos. Sólo dejó vigentes los de homicidio y lesiones.
Pero 10 días después, al decretar el nuevo auto de formal prisión a partir de ese amparo, Fonseca agregó el delito de portación de granada y de delincuencia organizada en su modalidad de delitos contra la salud.
Sorprendido por su determinación, Espinosa de los Monteros le pidió una explicación al juez. “Si hay homicidio, por fuerza hay portación de granada y el delito de delincuencia organizada en su modalidad de narcotráfico es porque son zetas y éstos se dedican al tráfico de drogas”, dice el abogado que respondió Fonseca Mendoza.
“Hubo un exceso en el cumplimiento del amparo, como lo ha hecho durante todo el proceso y en el que ha dictado tres autos de formal prisión contra los acusados”, afirma.
Explica que en el primero, el juez acató en todos sus términos la solicitud de orden de aprehensión que le hizo el Ministerio Público federal y con base en los delitos señalados por la SIEDO dictó el primer auto de formal prisión.
“Nos fuimos al amparo para que fundamentara y motivara y valorara todas las pruebas. Dictó entonces un segundo auto, pero sin variar nada”, añade.
Solano precisa que antes de emitirlo, “el juez nos había dicho a los abogados y a los familiares que no recibía ninguna presión ni de la PGR ni de nadie; es más, que no veía suficientes elementos en las acusaciones del Ministerio Público federal”.
Pero el juzgador reiteró la formal prisión. “Ante ello, solicitamos el amparo que ganamos, pero en el tercer auto el juez sexto fue más allá de lo señalado por el juez octavo”, añade.
El pasado 31 de agosto, la defensa apeló el tercer auto de formal prisión, que será revisado por un tribunal unitario.
Además, la defensa promoverá una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque el juez dio trámite a una confesión obtenida bajo tortura en un operativo que la PGR no ha aclarado durante el juicio. l
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