lunes, 23 de septiembre de 2019

¿De veras en Monterrey no hay obreros sino puros empresarios?

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Ximena Peredo en Horizontal 

Con este ensayo dedicado a las batallas obreras en Monterrey, continuamos nuestra serie sobre las tensiones y dinámicas del mundo laboral contemporáneo.

Cuando se narra la historia económica del Monterrey moderno, el capital y los empresarios suelen acumular los papeles protagónicos, mientras que los trabajadores aparecen como una masa anónima y beneficiada. Sin embargo, rebeliones individuales y colectivas contra el orden económico establecido, verificadas en la memoria de la generación de nuestros padres y abuelos, parecen haber sido el pan nuestro de cada día durante gran parte del siglo XX. Contrario a lo que hoy podría pensarse, el Monterrey industrial se debe también a intensas movilizaciones obrerosindicales y a una larga tradición de huelgas. Esta parte ha sido reprimida en la memoria industrial. De la misma forma que los pueblos originales norestenses son sistemáticamente ignorados como cofundadores políticos del Nuevo León presente, la organización de los obreros regiomontanos ha sido cuando no borrada, sí vaciada de significados políticos. Demostrar la existencia histórica parece ser un juego perverso de la democracia representativa que reparte pesos políticos. Pero, entonces, si los trabajadores constituyeron realmente una fuerza viva en la constitución del Monterrey moderno, ¿qué pasó?, ¿cómo fue desactivada su potencia y quién tomó su lugar?

La fundación industrial

Monterrey tuvo varias fundaciones previas a la supuestamente definitiva, de 1596. Pero lo cierto es que la ciudad se ha seguido refundando. La más reciente refundación es la de 1890 con el “brote industrial” que terminó por transformar el paisaje, los oficios y la vida cotidiana. Varias condiciones facilitaron este fenómeno,[1] pero las centrales fueron la acumulación de capital –producto de la conexión ferroviaria, la actividad comercial y el contrabando local– más un “apadrinamiento” explícito de parte del gobierno estatal, el cual decretó una serie de leyes de exención de impuestos a la industria emitidas entre 1888 y 1889. Así comenzó una relación endogámica entre las élites económicas y políticas bajo la justificación moderna de “la utilidad pública”. La evasión de impuestos y los contratos leoninos fueron prorrogándose con los gobiernos posteriores hasta convertirse en una aberrante tradición que perdura hasta el día de hoy (ver el caso Kia). Este “paraíso fiscal” de finales del siglo XIX también exoneró del pago de impuestos “a las fincas urbanas que se edifiquen dentro de dos años y cuyo valor no baje de dos mil pesos”, lo cual permitió la rápida encarnación del proyecto industrial-capitalista. En esta primera etapa sobresale el espíritu visionario y arriesgado de los inversionistas y el arribo a la ciudad de extranjeros, principalmente estadounidenses y alemanes, con la preparación técnica para operar la tecnología recién adquirida. Las dos primeras industrias creadas en esta circunstancia fueron la Fábrica de Hielo y Cerveza Cuauhtémoc (1890), y la Fundidora de Fierro y Acero Monterrey (1900).
La politóloga francesa Myriam Revault d’Allones explica que el poder de todo acto fundador radica en la capacidad para borrar el pasado.[2] En el caso de Monterrey, la sociedad anterior a la industrial fue perdiendo la memoria a partir de dos hechos contundentes: la transformación de las prácticas y la transformación de los espacios. El dinero cada vez cobró mayor relevancia para sobrevivir y este comenzó a conseguirse trabajando en las fábricas, no en la labor ni en el comercio. Por ello, entre los siglos XIX y XX inicia una migración lenta pero constante del campo a la ciudad. Al mismo tiempo, el proyecto industrializador se impuso en el espacio no solo en forma de naves o maquinaria espectacular, sino a partir del despojo de los recursos naturales (explotación de manantiales y de montañas principalmente), lo cual transformó para siempre al paisaje. En estos años nace la clase obrera regiomontana: ese filósofo «en mangas de camisa» al que se refirió Alfonso Reyes.
La primera huelga registrada en prensa data de 1883 en una panadería. Después de batir la masa, los obreros abandonaron sus puestos de trabajo. La nota periodística remata: “Este es un caso que, según creemos, no había tenido precedente entre nosotros, y llamamos sobre él la atención de las autoridades, pues semejante ejemplo podría tener más tarde pésimos resultados.” Seis años más tarde estalla la importante huelga en el Ferrocarril del Golfo, que merece que el presidente municipal cite a los 51 parados para leerles la orden de que consigan empleo o comprueben sus medios de subsistencia en no más de 10 días, de lo contrario serían apresados por el delito de vagancia.[3] Más adelante, en 1906, otra huelga emblemática estalla, la de la Unión de Mecánicos Mexicanos contra el Ferrocarril Central.
Pese a estas expresiones, la paz porfiriana consigue sostener el clima de estabilidad económica que hará las veces de gran incubadora para que el proyecto industrial fragüe en Monterrey. Mientras que por los mismos años otras ciudades de la república crecen alrededor de concentraciones de poder religioso o político, en la «Sultana del Norte» la institución “estructurante” fue la empresa. Esta anotación histórica, que ha trabajado Lylia Palacios,[4] explica los rasgos más definidos de la sociedad industrial. Sin embargo, esta “cultura del trabajo” no se desplegó sin fracturas ni resistencias.
Posterior a la Revolución, los movimientos de trabajadores se tornan más activos. En el año de 1918, por ejemplo, hubo la mayor cantidad histórica de huelgas. Entre 1918 y 1920 estallaron paros de los obreros metalúrgicos en las tres mayores fundidoras de la ciudad. El gobernador Nicéforo Zambrano declaró entonces que no se trataba de trabajadores sino de agitadores de oficio que llegaban a la ciudad “pretendiendo imponer onerosas condiciones a una de las grandes industrias…”. Sin embargo, esta inestabilidad conseguida por las huelgas y las organizaciones obreras posrevolucionarias dio pie, en ese mismo agitado año de 1918, a la creación de la “Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado”.

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El modelo familiar

El paternalismo regiomontano empresarial fue la política que, en adelante, trató de educar al trabajador, atendiendo especialmente a dimensiones morales y religiosas, de manera que las obligaciones propias de cada empleo parecieran asuntos de principios. Este modelo hegemónico comenzó con Francisco Garza Sada, director de la Cervecería Cuauhtémoc en la década de los veinte, y fue exportado a la pléyade de compañías regiomontanas, entre las cuales destaca la creación de la escuela Acero para hijos de los obreros de la Fundidora, bajo la dirección de Adolfo Prieto.
Hay que recordar que el primer sindicato formado por trabajadores en la Cervecería Cuauhtémoc (en adelante CC) nace en 1917, pero la compañía acaba con este al despedir a sus miembros fundadores. Ese mismo año, CC crea la Sociedad Cuauhtémoc y Famosa (en adelante SCyF), institución creada para promover el ahorro cooperativo, facilitar la obtención de viviendas y ofrecer servicios de salud y un seguro de enfermedad al trabajador, entre otros derechos inéditos en todo el país. La SCyF también ofrecía actividades de recreación familiar y de convivencia entre los empleados y sus familias, sin importar la jerarquía. La organización nació con una mesa directiva que hacía las veces de representación de los obreros ante la dirección, aunque esta daba el visto bueno a los candidatos y elegía a los vocales siendo una de sus mayores preocupaciones evitar que la estructura se contagiara de las ideas socialistas del momento. De esto quedó constancia en uno de los estatutos de la SCyF: “queda extrictamente (sic) prohibido a los socios tratar en la sociedad sobre las relaciones entre el capital y el trabajo [y] de toda clase de asuntos ajenos a la misma”.[5] Por todo lo anterior, la SCyF es reconocida como un antecedente del primer sindicato blanco regiomontano, creado en 1933 en esta misma compañía.
En 1921, se funda la que será la segunda revista latinoamericana más antigua, Trabajo y Ahorro, órgano de difusión del ideario de la CC. Desde entonces hasta la fecha, esta publicación reviste de narrativas justificadoras a las decisiones de la empresa y promueve la «cultura del trabajo», esto es, la exaltación del trabajo como sentido de vida.[6] Este proyecto cultural –sintetizado en el “ideario Cuauhtémoc” –, sin embargo, no solo es delineado discursivamente, sino también a través de la creación de sindicatos afines a la dirección y de una política laboral punitiva.
La exhibición de la capacidad organizativa de los obreros, más la promulgación en 1931 de la Ley Federal del Trabajo, fueron augurio de una transformación radical en la relación obrero-patronal, la cual los empresarios regiomontanos trataron de neutralizar alentando a los trabajadores más leales a formar sus propios sindicatos. Y así sucedió. De manera que durante varias décadas en Monterrey convivieron tres tipos de sindicatos: los estatales, los independientes y los conocidos como blancos (los leales a los intereses de la empresa). Esto produjo tensiones políticas inéditas en las cuales el Estado mantuvo un marcaje a las organizaciones independientes de los trabajadores, lo cual aplaudirían las empresas, aunque por otro lado repudiarán a la CTM y a la CROC, sindicatos controlados por el gobierno. Esta tensión tuvo su pico más alto durante el cardenismo, cuyo espíritu socialista cimbró de manera importante a la sociedad regiomontana.

Política punitiva

En los años treinta, y para seguir con el ejemplo emblemático elegido, la CC apostó de manera más decidida por el sistema punitivo de disciplina laboral que ya venía operando desde el primer cuarto del siglo XX. Esta política es clave para explicar la actual pasividad de los trabajadores asalariados. En los años 1936-1940 –analizados por Lylia Palacios en un estudio sobre las controversias entre los trabajadores y la dirección de la Cuauhtémoc[7]–, es decir, en pleno cardenismo, la empresa tuvo el mayor número de demandas de su historia: 52, cuarenta alegando despido injustificado. Revisando precisamente estos casos, Palacios refiere la ocurrencia de tres tipos de despidos: los de accidentes y enfermedades contraídas a raíz de la ejecución del empleo; los de personas conocidas como “contratistas” que trabajaban en planta pero no eran empleados de la empresa y que habían intentado organizarse en 1938 en un sindicato independiente; y los despidos políticos que tenían que ver con cualquier indicio de cuestionamiento a la legitimidad de la empresa. En algunos casos, la empresa hizo firmar a los despedidos breves explicaciones del rompimiento de la relación laboral en donde se dejaba por escrito que los trabajadores se separaron de su cargo por decisión propia “por no reunir las condiciones físicas apropiadas para desempeñar el trabajo”. Otro tipo de documentos reunidos por Palacios[8] son disculpas o supuestas “confesiones” de los obreros al patrón o jefe: “disculpe por el error tan grande que cometí… al disponer de una botella de cerveza para llevármela a mi casa”. De igual forma, existen testimonios de empleados que declararon recibir ciertas cantidades de dinero y después añadían:
Aprovecho la oportunidad para manifestarle que si bien es cierto que algunos descontentos me han invitado para estar con ellos, también es cierto que tanto mi hermana Felipa como yo no estamos de acuerdo con lo que estos están haciendo, pues sabemos bien que su injustificada labor de discordia será en perjuicio de la Empresa y muy especialmente de los trabajadores.
En 1943, un grupo de empresarios, encabezados por Eugenio Garza Sada, entonces director de la Cervecería, funda en Monterrey el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey con el objetivo de formar el tipo de trabajadores que la industria demandaba, así como de dejar de depender de trabajadores extranjeros para cubrir puestos estratégicos o de mano de obra calificada.
La política de sustitución de importaciones produjo un segundo auge industrial que favoreció a la expansión del sector fabril de la zona metropolitana. La industria extractiva y de transformación llegó a representar en 1970 casi el 80% de los establecimientos en Nuevo León; la actividad industrial concentraba el 97% de la producción bruta del estado.[9]
La década de los sesenta fue de intensos contrastes. Por un lado se vivieron años contestatarios con grandes sectores sociales, como los obreros y los estudiantes, encabezando movimientos contra todas las formas de autoritarismo y explotación. Pero, al mismo tiempo, el crecimiento económico permitió a las empresas ofrecer prestaciones extraordinarias a sus empleados. Entre 1957 y 1972, por ejemplo, se construyen y entregan 1,318 casas en la Colonia Cuauhtémoc a los trabajadores de la empresa del mismo nombre.

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El asesinato del padre

Monterrey vivió un periodo de convulsión en 1970 con el ascenso de los movimientos estudiantiles y magisteriales que lucharon por la autonomía universitaria –conseguida en 1971–. Esta movilización, más los ejemplos de las revoluciones y los gobiernos socialistas del momento, alimentaron el entusiasmo por la disidencia en Nuevo León. La década se anunciaba como un tiempo ingobernable: los días transcurrían entre mítines, quema de autobuses, asaltos a bancos, paros en empresas y en facultades. Pero entonces sucedió un hecho traumático: el 17 de septiembre de 1973 Eugenio Garza Sada, presidente de CC y fundador de otras varias empresas y del Tecnológico de Monterrey, fue asesinado por la Liga 23 de Septiembre durante un fallido intento de secuestro. A su funeral atendieron más de ciento cincuenta mil personas.
Los movimientos de oposición y disidencia habían ido esta vez demasiado lejos y la respuesta, aunque no fue inmediata, se dio de forma contundente. Los movimientos políticos de obreros, estudiantes y maestros fueron, poco a poco, desarticulados a partir de infiltraciones que devinieron en aprehensiones ilegales, tortura y desaparición forzada. La guerra sucia logró desactivar a gran parte de las luchas contra-hegemónicas de la época. Un ex guerrillero e informante del gobierno, Manuel Saldaña, en entrevista con Diego Osorno, habló de un centro de inteligencia de la propia Cervecería. Saldaña dijo que fue testigo de cómo enviados de la Cervecería compraban fichas, con fotografías y datos personales, de integrantes de células comunistas, además de tener un equipo de “guardias”.

Crisis familiar

Después de las devaluaciones de 1976 y 1981, la crisis petrolera de 1982 puso en jaque el crecimiento de los grupos económicos regiomontanos que durante la política de sustitución de importaciones se habían consolidado. La caída fue estrepitosa. Ese año de 1982, la Cámara de la Industria de la Transformación de Nuevo León (Caintra) reportó que la capacidad ociosa de la industria había alcanzado un 40%, lo que redujo las importaciones en un 60% en comparación con el año anterior.[10] Los puestos de trabajo se redujeron entre un diez y un quince por ciento. Se llevó a cabo entonces un rescate público a las empresas regiomontanas que representó el 60% de los recursos financieros federales otorgados por el Fideicomiso para la Cobertura de Riesgos Cambiarios (Ficorca).
A partir de 1984, los corporativos privados y paraestatales, motivados por las políticas neoliberales gestionadas por los propios gobiernos, fueron minando el significado del contrato colectivo y, con él, la seguridad en el empleo, en el salario y en el puesto. Esto provocó una oleada de movilizaciones laborales en defensa de estas garantías. Sin embargo, con la llegada a la gubernatura de Alfonso Martínez Domínguez (1979-85), quien fuera regente de la Ciudad de México durante la masacre estudiantil del 10 de junio de 1971, se instaló una política de “mano dura” que estrechó la relación del empresariado con el gobierno. Así, en su tercer informe de gobierno, en marzo de 1982, Martínez Domínguez reportó lo siguiente como un logro de la administración:
En el año ocurrieron 2 mil 669 emplazamientos de huelga. Estallaron solamente 58; se resolvieron por la vía de la conciliación el 98%. Actualmente subsisten solo 19; lo que significa menos del 1% del total de emplazamientos. De las 6 mil 84 demandas individuales, 6 mil 14 se resolvieron también conciliatoriamente en un plazo record de menos de 3 meses.
En los últimos treinta años, a la par de una política de represión de los conflictos obrero-patronales, se ha ido gestando en Nuevo León una precarización de las condiciones laborales que hoy coloca a la entidad como la líder en la creación de empleos mal pagados. Se trata de una generación de trabajadores que, pese a tener un empleo, no consigue salir de la pobreza. La precarización laboral en el área metropolitana de Monterrey también se refleja en la pérdida de contratos, la falta de acceso a sistemas de salud, la eliminación de la representación sindical, las alteraciones en el número de las horas de jornada de trabajo, y los empleos sin acceso a prestaciones sociales.[11] Además, la crisis financiera del 2008 tuvo serias repercusiones en la industria regiomontana, siendo el 2009 un año de despidos masivos. En este contexto, varias de las antiguas fábricas madres de la región han vendido la mayoría de sus acciones a corporativos globales. Por ejemplo, para seguir con el caso de Cervecería Cuauhtémoc-Moctezuma, esta fue vendida a la holandesa Heineken en 2010, cuyo sindicato controlado mereció un reporte de la auditoría holandesa independiente SOMO.
Aunado a lo anterior, existe entre los trabajadores regiomontanos un problema de salud pública, no reconocido oficialmente, relacionado con los oficios que se desempeñan y las afectaciones derivadas a la salud. El cuerpo del trabajador promedio está intoxicado y exhausto, pero esto no alcanza a reconocerse como un problema público ni mucho menos gremial. La antigua escala patrón-obrero (padre-hijo) hoy ha quedado superada por consejos administrativos de corporativos multinacionales que ni siquiera hablan la lengua de sus empleados. Esta realidad de precarización y enfermedad la enfrentan hoy los trabajadores y trabajadoras de todos los niveles, que trabajan sin organizaciones sindicales que representen sus demandas.

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Conclusión

El papel del trabajador regiomontano está infrarrepresentado en la historia moderna de la ciudad debido, entre otros factores, precisamente a la reacción contra la capacidad organizativa que este trabajador demostró tener y que puso en riesgo los intereses de las familias fundadoras del Monterrey industrial. Más allá de las prestaciones laborales ofrecidas por las principales compañías a sus empleados –que generaron efectiva lealtad–, las políticas empresariales punitivas y la represión ejecutada por el Estado –en cuyos gobiernos los grupos empresariales regiomontanos adquirieron progresivamente un papel más “activo”– terminaron por homogenizar la imagen histórica de los trabajadores regiomontanos como una masa flexible y sumisa. Sin embargo, frente a la crisis económica instalada y de cara a un fracaso económico sistémico que produce cada vez variables más crueles de la miseria, se vuelve indispensable una relectura del pasado en la que se comprenda la importancia de respetar los conflictos como un recurso de las sociedades para evolucionar.       Hoy por hoy, sin embargo, las cámaras patronales y los sindicatos blancos y oficiales de Nuevo León declaran con orgullo que en más de veinte años no ha habido huelgas ni conflictos laborales mayores en el estado.
En el siglo XX, las asociaciones de trabajadores fueron entendidas como un obstáculo al desarrollo, aunque se puede perfectamente sostener lo contrario. El conflicto generó movimientos y dinámicas democráticas, que se reflejaron en una mejor calidad de vida para los trabajadores. Esconder el desacuerdo o reprimir la disidencia solo produjo una apariencia de armonía, cuya incoherencia terminó por estallar.
Estas contradicciones seguirán pasando desapercibidas en tanto los trabajadores no reconozcan el poder político que radica en sus puestos de trabajo. Los trabajadores –la parte más vital de la cadena productiva– ignoran su propia importancia. Vaciar al trabajo de sus significados políticos y de su potencialidad transformadora es un rasgo ideológico del capitalismo. Vivir para producir, perder la vida para ganarla, es una creencia que está llevando a personas y a familias enteras al colapso.
Reconocer la existencia de luchas políticas, aunque estas no estén representadas en la arena institucional, es una forma de reivindicar la memoria de la disidencia obrero-sindical. En Monterrey, es urgente desmentir el mito del trabajador como un mero instrumento de las élites empresariales para reconocerlo como un agente protagónico no solo de generación de riqueza, sino de transformación social.
(Fotos: cortesía deRick GonzálezJorge ElíasIsaí Moreno y overWHAMmed.)

Referencias
[1] Ver Vizcaya 2001 y Cerutti 1989.
[2] Cerutti 1989.
[3] Vizcaya 2001, p.156.
[4] Rodríguez y Reyes 2003; Palacios y Lamanthe 2010.
[5] Citado en Palacios 2003, p. 6.
[6] Palacios y Lamanthe 2010, p. 329.
[7] Palacios 2003.
[8] Palacios 2003.
[9] Palacios 2007, p.210.
[10] Palacios 2007, p. 228.
[11] Rodríguez Ramírez y Kinto Reyes 2010, p. 361.

–Cerutti Mario (1989). Burguesía y capitalismo en Monterrey 1850-1910. Segunda edición. Facultad de Filosofía y Letras. UANL. México.
–Palacios Lylia (2003). “Culturas del trabajo y construcción de hegemonía empresarial. Demandas laborales contra Cervecería Cuauhtémoc de 1936-1940” ponencia presentada en el Cuarto Congreso Nacional de Estudios de Trabajo. Universidad de Monterrey.
–Palacios Lylia (2007). “Consolidación corporativa y crisis económica en Monterrey 1970-1982” en Nuevo León en el siglo XX: Industrialización, del segundo auge industrial a la crisis de 1982, coord. Ortega Isabel. Fondo Editorial Nuevo León.
–Palacios Lylia y Annie Lamanthe (2010). “Paternalismo y control: pasado y presente en la cultura laboral en Monterrey” en La Globalización, permanencias y cambios en el área metropolitana de Monterrey. UANL. México.
–Revault Myriam (2008). El poder de los comienzos, ensayo sobre la autoridad. Ed. Amorrotu. Argentina.
–Rodríguez Ramírez Héctor y Kinto Reyes Manuel (2010). “Precariedad laboral en el mercado de trabajo del Área Matropolitana de Monterrey, 1990-2007” en La Globalización, permanencias y cambios en el área metropolitana de Monterrey. UANL. México.
–Vizcaya Isidro (2001). Los orígenes de la industrialización de Monterrey. AGENL. México.

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