Se enreda desafuero -De Los Reporteros dEl Diario Ciudad Juárez,

Aunque todo parecía que iba miel sobre hojuelas en el caso del desafuero de los jueces que absolvieron a Sergio Rafael Barraza Bocanegra, asesino de su pareja sentimental Rubí Marisol Frayre Escobedo, lo cierto es que en Palacio de Gobierno se libra una auténtica lucha jurídico-política desde el lunes pasado para poder sustentar en las leyes esa acción.

El anuncio que hizo la secretaria general de Gobierno, Graciela Ortiz González, de que “este mismo día”, es decir, el lunes, enviaría la solicitud al Congreso del Estado para que iniciara el juicio de procedencia en contra de los jueces, desató un auténtico debate en el que la funcionaria y el fiscal general, Carlos Manuel Salas, no encontraron, aparentemente, argumentos.

Hasta ayer la intención de desaforar a los tres jueces de la causa de Rubí Marisol no tenía sustento legal. ¿Por qué? Por la simple y sencilla razón de que no existe ninguna causa penal en contra de los juzgadores. Ni siquiera hay una denuncia ante el Ministerio Público, ni una carpeta de investigación. No hay delito que perseguir, según pudo confirmar la misma Fiscalía General del Estado cuando trataba de darle forma a la solicitud de desafuero.

¿Cómo hacerle, entonces, si ya se había anunciado que iban a desaforar a los tres jueces? No podían pedir el juicio de procedencia porque, aseguran quienes saben de leyes, en el más humilde de los tribunales federales se caería el procedimiento.

A los reporteros les explicaron que la solución la puso en la mesa el consejero jurídico del gobierno estatal, Mario Trevizo, ya bien entrada la noche del lunes, cuando los diputados aún sesionaban en las últimas horas de vida del Período Ordinario de Sesiones.

Según entendidos que vivieron de cerca el enfrasque, Trevizo pudo convencer al gobernador Duarte de que la aventura del desafuero vía el juicio de procedencia iría al fracaso, por lo que se sacó de la manga una carta: el juicio político, que es algo muy distinto.

Cualquier ciudadano puede pedirlo, sin necesidad de armar una carpeta de investigación penal y, en caso de que proceda, los jueces quedarían separados del cargo de forma definitiva y, por tanto, sin fuero; y, una vez desaforados, se podrá actuar jurídicamente como convenga en el caso, de acuerdo a los interesados en que ello ocurra.

Para colaborar con el Ejecutivo a salir del embrollo, ayer martes, a eso de las dos de la tarde, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, José Luis Armendáriz, se presentó como ciudadano garante de los derechos humanos, a pedir que el Congreso del Estado enderece baterías contra esos tres jueces. Pero fue más allá: pidió que también investiguen la incompetencia de los agentes del Ministerio Público y hasta a los policías municipales de Juárez que intervinieron en el caso de Rubí, lo cual, a decir de muchos, es de justicia, ya que no debe centrarse el caso en las fallas en que pudieron incurrir los jueces al administrar justicia, sino también quienes incurrieron en fallas en materia de procuración.