Diversos hechos y testimonios apuntan a que la inacción del 27 Batallón de Infantería, con sede en Iguala, los pasados 26 y 27 de septiembre, no fue casual: los jefes castrenses tenían una excelente relación con el exalcalde José Luis Abarca y con su esposa, y el día del ataque a los normalistas no hubo presencia militar sino hasta mucho después del tiroteo, cuando las víctimas buscaban ayuda médica, la cual prometieron y no dieron. Hay otros datos: el año pasado el jefe de la policía de Cocula acusó a los integrantes de ese batallón de proteger a delincuentes y hay un caso documentado de cuando levantaron y desaparecieron a seis jóvenes igualtecos en 2010.
La inacción del Ejército ante los hechos de Iguala, Guerrero, el 26 y 27 de septiembre pasados ha generado sospechas entre diversos sectores; el ataque de más de tres horas a los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa –donde tres fueron asesinados y 25 heridos por policías municipales de Iguala y Cocula y 43 más entregados al cártel Guerreros Unidos– ocurrió a menos de tres kilómetros de las instalaciones del 27 Batallón de Infantería.
El 19 de octubre la Comisión de Seguridad Nacional del Congreso citó al secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos para que explique lo que sabe del caso de los normalistas y la situación de violencia en Guerrero.
Además Human Rights Watch señaló que es responsabilidad del gobierno responder a los cuestionamientos en torno al comportamiento de los militares durante los ataques de la policía de Iguala contra los estudiantes. El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan pidió investigar al Ejército por su falta de prevención de los hechos y la ausencia de información de inteligencia acerca del modus operandi de los grupos criminales en la zona.
Al ser cuestionado sobre la inacción del Ejército para defender a los estudiantes, durante su conferencia de prensa del viernes 7 el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, justificó: “El Ejército se mueve sólo con órdenes. ¿Qué hubiera pasado si hubiera salido? ¿A quién hubiera apoyado? Obviamente a la autoridad. ¡Qué bueno que no salió!”
El comportamiento del Ejército aún no ha sido aclarado. Pero una serie de datos salta a la vista.
En Iguala están las instalaciones del 27 Batallón de Infantería. El personal de ese agrupamiento no sólo no acudió a verificar qué pasaba afuera de sus instalaciones ese 26 de septiembre sino que negó atención a los heridos. También se le acusa de haber obstaculizado la búsqueda de los estudiantes.
Hay evidencias de que no atendió las denuncias recibidas antes de la tragedia, en las cuales se señalaba por comportamiento criminal a las policías de Iguala y Cocula y se sabe además que los militares de esa demarcación tenían muy buena relación con el entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca.
Personal de ese batallón está señalado como culpable de la desaparición forzada de seis jóvenes en 2010.
El informe de Pineda
La tarde del 26 de septiembre, en la primera fila del informe de la entonces presidenta del DIF de Iguala, María de los Ángeles Pineda, esposa de Abarca, estaba el coronel de caballería Diplomado de Estado Mayor de la 27 Zona Militar, con sede en Atoyac, Juvenal Mariano García.
El informe de Pineda concluyó a las 20:30 horas; entonces empezó el baile. A esa hora los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa ya estaban por entrar en la ciudad y los policías municipales recibieron la orden de sacarlos, por el temor de que interrumpieran el festejo. Hacia las 21:00 horas tuvo lugar el primer ataque con armas de fuego. A las 24:00 ocurrieron el segundo y la detención de los 43 estudiantes por parte de policías del municipio vecino de Cocula, quienes llegaron a apoyar a los de Iguala.
Un grupo 26 normalistas y un maestro de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero –sobrevivientes del ataque– cuentan que encontraron a dos batallones cuando llevaban herido al estudiante Édgar Andrés Vargas e ingresaron al hospital privado Cristina para solicitar que lo atendieran.
El médico de guardia se negó a recibirlo y llamó a la policía municipal para que detuvieran a los jóvenes; en su lugar llegó una veintena de soldados. El Ejército no salió cuando se escucharon los disparos pero sí acudió cuando el doctor llamó al 066 para denunciar que unas personas habían ingresado a su clínica.
Cuando los soldados del 27 Batallón llegaron al hospital, apuntando con sus armas sacaron a los 26 estudiantes, los pusieron contra la pared, los fotografiaron para ficharlos y anotaron sus nombres; después los regañaron por “dedicarse a la delincuencia” y amagaron con detenerlos.
“Se metieron a un hospital privado, es allanamiento, es un delito, vamos a llamar a los municipales para que se los lleve”, advirtió quien iba al mando de los soldados, según recuerda el profesor entrevistado por Proceso y quien pidió el anonimato.
“Si llaman a los municipales nos van a entregar para asesinarnos, porque ellos son los que balacearon a todos”, respondió el profesor.
Le pidieron que se identificara y cuando dijo que era profesor le reclamaron: “¿Y esto es lo que les enseña?”
Antes de retirarse, los militares sermonearon a los jóvenes por no aprovechar la oportunidad que les dan sus padres para estudiar. Aseguraron que pronto pasaría una ambulancia por el herido. Pero ésta no llegó.
“El Ejército ya tomó la zona, ya están seguros”. Fue lo último que dijo el oficial al mando. Esto ocurrió a medianoche.
A la una y media de la mañana varios reporteros venidos de Chilpancingo (a una hora en auto) vieron que militares llegaban al periférico de Iguala, donde yacían los cadáveres de dos estudiantes. “¿No los van a recoger?”, preguntó uno de los periodistas a un uniformado. “El Ejército no recoge cadáveres”, respondió.
En medios locales se consignó que el coronel José Rodríguez Pérez, al mando del 27 Batallón de Infantería, justificó la no intervención del Ejército alegando: “Nos enteramos al último”. En otro momento los soldados les explicaron a algunos ciudadanos que como el operativo estaba a cargo de la Policía Municipal, ellos no intervinieron.
Ni siquiera porque a los policías se les sumaron hombres vestidos de negro con armas de grueso calibre que atacaron a los estudiantes.
En las semanas posteriores a la desaparición de los 43 normalistas, cuando se formaron brigadas de búsqueda –algunas encabezadas por policías comunitarios de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG)–, éstas se quejaron de que el Ejército les bloqueó el paso a los parajes en Cocula e Iguala donde tenían indicios de que podían estar los estudiantes.
El 28 de octubre el chofer del camión recolector de basura del municipio de Cocula, Rosí Millán Peñaloza, dijo a Proceso que cuatro días antes unos militares le salieron al paso cuando iban al tiradero El Papayo y le advirtieron que no volviera por ese sitio porque podía ser peligroso.
“Dijeron: ‘Procuren no venir aquí, porque tarde o temprano puede haber un tiroteo’. Y no vaya a ser la de malas, mejor ya no subimos”, dijo el hombre en entrevista. Ese mismo 28 de octubre supo que en ese basurero al que le prohibieron pasar los militares fue donde supuestamente se encontraron los restos calcinados que podrían ser de los estudiantes desaparecidos.
El único señalamiento directo contra el Ejército como cómplice de las desapariciones de los estudiantes lo hizo el guerrillero Ejército Popular Revolucionario (EPR) el cual en un comunicado señaló que los normalistas estaban retenidos en cuarteles militares.
“Los 43 normalistas que permanecen en desaparición forzada están siendo torturados en los cuarteles de la Policía Federal, instalaciones del Ejército y la Marina, como sucedió en la represión del 28 de abril y el 15 de octubre de 2012 en Michoacán, cuando los mantuvieron desaparecidos temporalmente en las instalaciones de la Academia de Policía, donde fueron también brutalmente torturados”, indicó el EPR sin ofrecer más datos.
En otro comunicado señaló: “(Los) misteriosos civiles a los que supuestamente les fueron entregados los normalistas son militares en misión contrainsurgente de paramilitarismo para fabricar el crimen perfecto endosado a los delincuentes, el cual a estas alturas se les desdibuja y aflora tal cual es: Un crimen de Estado con motivaciones políticas”.
Señaló también la cercanía geográfica del 27 Batallón de Infantería con las primeras fosas encontradas, de las cuales se recuperaron 30 cuerpos que presuntamente no corresponden a los normalistas desaparecidos.
Abarca y su esposa –mujer emparentada con uno de los líderes de Guerreros Unidos– tenían una excelente relación con el 27 Batallón de Infantería.
El diario La Jornada publicó el pasado 22 de octubre que la plaza comercial Galerías Tamarindos, donde Abarca invirtió 300 millones de pesos, está frente a una de las entradas del 27 Batallón de Infantería el cual además cedió los terrenos para estacionamiento y accesos.
Oídos sordos
En Iguala la Policía Municipal acumulaba quejas por violaciones a los derechos humanos. Los uniformados habían instalado “filtros” en las carreteras federales; detenían a todos los vehículos que cruzaban por las tres entradas a la ciudad, interrogaban a los conductores y ahí decidían su suerte. Esa actividad ilegal era tolerada por el Ejército.
Entre los afectados, según un recuento del semanario Trinchera publicado el pasado marzo, estuvieron el responsable de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias en la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, Eliseo Villar Castillo (detenido y golpeado en agosto de 2013); el integrante de la dirección colectiva de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero, Alfonso Sánchez Celis (detenido, atado, golpeado al regresar de una marcha en apoyo de mineros en huelga, en julio de 2013 y víctima de un intento de levantón junto con tres comisarios ejidales el siguiente septiembre); el abogado de la UPOEG, Manuel Vázquez Quintero y dos acompañantes (detenidos, golpeados y amenazados en agosto de ese año).
También fueron desaparecidos cinco integrantes de una familia que trasladaban a un herido de bala a Chilpancingo.
Este año las primeras víctimas conocidas fueron cinco policías municipales de Pungarabato y otros cinco de Altamirano (levantados y torturados en enero).
El Ejército también estaba enterado de que la policía de Cocula estaba infiltrada por criminales.
El 1 de diciembre de 2013 el diario Reforma publicó que el director de la Policía Municipal de Cocula, Salvador Bravo Bárcenas, avisó en agosto de ese año al 27 Batallón de Infantería de comportamientos criminales del subjefe de esa corporación, César Nava, al que acusaba de haber instituido un sistema de nómina paralela entre los uniformados, a quienes les entregaba quincenalmente fajos de tres mil a cuatro mil pesos, además, según Bravo, lo tenía amenazado.
El comandante del 27 Batallón de Infantería prometió intervenir y una semana después llegó a la comandancia de policía acompañado de un grupo de militares, separó a Nava y a su personal de confianza y se los llevó. “En ese momento pensé que por fin ya se habían llevado a César Nava y a su gente, pero no fue así. Al poco rato los militares llegaron con César Nava y los demás, sin decirme palabra alguna”, narró Bravo.
Reforma señaló: “Las andanzas del subjefe policial no fueron atajadas por el Ejército cuando tuvo conocimiento de ellas; un año más tarde, Nava se convertiría en uno de los operadores clave de las desapariciones de los 43 normalistas, pues colaboró en sus capturas y los entregó a los Guerreros Unidos el pasado 26 de septiembre”.
Un caso viejo
El mismo batallón, omiso ante las denuncias, es señalado como culpable de la desaparición de seis jóvenes igualtecos en marzo de 2010: Francis Alejandro García Orozco, de 32 años, dueño del bar Cherries y sus empleados Sergio Menes Landa, de 22; Olimpo Hernández Villa, de 34; Andrés Antonio Orduña Vázquez, de 21; Zózimo Chacón Jiménez, de 22 y el adolescente que ayudaba ese día, Lenin Vladimir Pita Barrera, de 17.
En su informe Ni seguridad, ni derechos, publicado en noviembre de 2011, Human Rights Watch menciona este caso y afirma: “Existen pruebas contundentes que señalan la participación del Ejército en este delito, incluidas grabaciones de cámaras de seguridad donde se observan vehículos militares que intervienen en el secuestro, el testimonio de un testigo y una denuncia oficial que indican la presencia de soldados en el lugar de los hechos, y declaraciones del Ejército en las cuales reconocen haber efectuado una redada esa noche.
“Si bien el agente del Ministerio Público estatal inició una investigación del caso, luego lo remitió a la jurisdicción militar, y los agentes del Ministerio Público militar aparentemente no habrían conseguido avances en los 18 meses posteriores al incidente. Hasta octubre de 2011 ningún soldado había sido acusado por ningún delito en relación con el caso. Por su parte, los familiares que han exigido que estas presuntas desapariciones forzadas se investiguen de manera exhaustiva e imparcial han recibido amenazas y, en un caso, han sido objeto de agresiones físicas directas”.
La familia García Orozco aseguró que antes del secuestro, el Ejército había llevado a cabo tres redadas en el bar (Proceso 1983).
Cuando comenzaron a buscar a los jóvenes encontraron la camioneta de Francis Alejandro en las instalaciones del 27 Batallón de Infantería, luego la vieron en la XXXV Zona Militar, en Chilpancingo. Pero entre más denunciaban las familias, más eran amenazadas.
“En cuanto poníamos en las calles carteles sobre su desaparición, los soldados iban y los quitaban o los tapaban con sprays. Amenazaron a quienes nos ayudaban de que si le seguían, les iba a pasar lo mismo. Luego comenzaron a desfilar por el negocio, los teníamos estacionados al frente, en la esquina, a un lado y nos tomaban fotos y videos. Nuestro teléfono estuvo como dos años intervenido. En una ocasión trataron de sacar a mi hijo de la carretera”, dijo a este semanario la hermana de Francis Alejandro.
El 24 de octubre de 2012 el diario El Sur consignó que un militar reconoció ante las familias la presencia del Ejército en el bar:
“Luego de dos años y siete meses de insistir en la participación del Ejército en la desaparición de seis jóvenes, ayer el general de brigada Juan Manuel Rico Gámez comandante de la XXV Zona Militar reconoció que el Ejército sí revisó a los seis jóvenes de Iguala desaparecidos desde marzo de 2010, pero luego el agente del Ministerio Público Militar Francisco Rubio Castro leyó un reporte en el que precisó que no los detuvo el Ejército sino que fueron detenidos por personas encapuchadas”. l
