Foto: Cuartoscuro
Diez días después de los hechos iniciales en Iguala, Guerrero, el primer mandatario Enrique Peña Nieto emitió un mensaje en cadena nacional que resultó anticlimático, irrelevante e impreciso, según los propios comentarios y reacciones en las redes sociales.
Peña Nieto lamentó los hechos de diez días atrás, afirmó que “dio instrucciones” para que los participantes del gabinete de seguridad participen en el esclarecimiento de los hechos y consideró que “los hechos” son indignantes, dolorosos e inaceptables.
El problema es que hay varios “hechos” que se han desencadenado a raíz de la desaparición de 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa y del enfrentamiento inicial protagonizado por policías municipales de Iguala, gobernado por un presunto narcoalcalde bajo las siglas del PRD, que atacaron a un convoy de estudiantes.
Los “hechos” sobrepasan ya la capacidad de reacción del gobierno estatal y federal:
1.-Hay una criminalización sistemática de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos, de Ayotzinapa que anticipó los ataques armados del 26 y 27 de septiembre en Iguala contra los normalistas. En un breve artículo de hoy en La Jornada, Adolfo Gilly e Imanol Ordorika consideran estos sucesos como un “crimen de Estado”, cometido en un país “donde la tortura, las desapariciones y las muertes violentas se han convertido en hechos cotidianos”. La Normal Rural fue acosada estatal y federalmente durante décadas. ¿Por qué no se investigaron antes los ataques contra la normal? ¿Qué hizo el titular de la SEP para frenar esta criminalización? ¿Acaso no previó la Secretaría de Gobernación lo que podía suceder en Iguala con los normalistas de Ayotzinapa?
2.-El ataque encabezado por los policías municipales llevó a la principal pista de la impunidad: en Iguala el alcalde José Luis Abarca Velázquez, adscrito al grupo de Nueva Izquierda o Los Chuchos dentro del PRD, gobernó bajo el mando del cártel Guerreros Unidos. Sus policías fueron colocados por el cártel. En tanto, Iguala es dominado por narcopolicías. ¿Acaso ni el gobierno estatal ni el federal ni el PRD se dieron cuenta de eso? ¿Investigaron las autoridades electorales estatales y federales a Abarca Velázquez, quien ahora se encuentra prófugo? ¿Por qué la procuraduría estatal mantuvo impune al edil acusado del homicidio de Arturo Hernández Cardona, dirigente social y fundador del PRD?
3.-Los narcopolicías no sólo cometieron esta desaparición. El macabro hallazgo este fin de semana de las fosas con restos humanos calcinados en el cerro de Pueblo Viejo, en Iguala, revela que se trata de un “cementerio de narcos” con el consentimiento mínimo del gobierno municipal y la omisión evidente del gobernador Angel Aguirre, su procurador y su jefe de la policía estatal. ¿Cuántas “desapariciones” y “ejecuciones” más ocurrieron antes del 26 y 27 de septiembre y cuyos cuerpos fueron arrojados en esas fosas? ¿A quiénes corresponden estos 28 cuerpos exhumados en fosas de Iguala? ¿Hay más cuerpos encontrados?
4.-El fiscal guerrerense Iñaki Blanco Cabrera afirmó que, según las versiones de los narcopolicías detenidos, 17 estudiantes de la normal de Ayotzinapa fueron llevados hasta esas fosas, fueron asesinados y quemados. ¿Dónde están los restantes 26 jóvenes desaparecidos? ¿Están en otras narcofosas? ¿Ya identificaron el ADN de los restos humanos encontrados el fin de semana?
5.-El cartel de los Guerreros Unidos opera no sólo en Guerrero, sino también en Morelos y Estado de México. De acuerdo a información del periódico Reforma y de medios locales de Acapulco, el presunto jefe de este cartel que se asoció a los Beltrán Leyva es Federico Figueroa, vinculado al ex gobernador Rubén Figueroa y al cantautor Joan Sebastian, a quien ya le han asesinado dos hijos con presuntos vínculos con el narcotráfico. ¿Quiénes protegen desde el gobierno estatal o federal al cartel de Guerreros Unidos?
6.-En Iguala hay no sólo un negocio de trasiego de droga sino también de filigrana de oro que se exporta a Estados Unidos y Eurpa. Al parecer, este negocio millonario es controlado también por el crimen organizado. ¿Quién se beneficia de las extorsiones? ¿Cómo lavan el dinero? ¿Qué ha hecho la PGR y las autoridades federales frente a este negocio que todos conocen en Iguala?
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