“Espectáculo mediático”, el despliegue federal en Iguala, acusan

EZEQUIEL FLORES CONTRERAS
6 DE OCTUBRE DE 2014
DESTACADO

Policías custodian la alcaldía de Iguala, Guerrero. Foto: AP / Eduardo Verdugo

IGUALA, Gro. (apro).- “Son puras mamadas, esos cabrones ya se fueron pa’ la sierra”, expresa un policía estatal mientras observa un impresionante convoy de patrullas y tanquetas artilladas que transporta a cerca de 400 agentes federales que arribaron para asumir el control de la seguridad en esta ciudad colapsada por la narcoviolencia.

El operativo federal se implementó a más de una semana de que policías municipales y sicarios actuaron en contubernio para detener, ejecutar y desaparecer a normalistas de Ayotzinapa, y a unas horas de que el grupo delictivo Guerreros Unidos colocó dos mantas en diferentes puntos de la ciudad, donde emplazó a las autoridades federales y estatales a liberar a los uniformados detenidos por estos hechos violentos; de lo contrario, el narco revelará los nombres de políticos coludidos con la delincuencia.

Al respecto, el comisionado general de la Policía Federal (PF), Enrique Galindo Ceballos, informó que cerca de 400 policías de las divisiones de Gendarmería y Operaciones Especiales permanecerán en Iguala hasta que se aclaren los hechos de violencia y se restablezca la seguridad en esta ciudad de la zona norte de la entidad.

En declaraciones al término de una reunión con autoridades municipales y estatales en la sede del ayuntamiento igualteco, Galindo Ceballos dijo que la presencia federal en este lugar pretende evitar que vuelvan a ocurrir hechos de violencia.

Ello después de que la semana pasada 23 personas fueron asesinadas, 24 más resultaron heridas y al menos 26 normalistas desaparecidos en diferentes ataques realizados por policías y sicarios en contra de estudiantes, deportistas y civiles.

Los agentes federales arribaron a las 16:00 horas y coparon los hoteles de Iguala; luego salieron a recorrer las calles en medio de un impresionante despliegue que provocó asombro y reproches entre la ciudadanía y policías estatales que desplazaron a las autoridades municipales.

“Hubieran llegado antes, ahora ya para qué”, expresa una mujer que asegura que en este momento Iguala se ha convertido en “la ciudad más segura” de la entidad.

Un policía estatal expresa su molestia ante lo que califica como “espectáculo mediático”, al argumentar que los jefes del grupo delictivo Guerreros Unidos huyeron de la ciudad y se refugian en la parte serrana de la franja de Mezcala.

“El Ejército que se encuentra asentado en Iguala nunca hizo nada para frenar a esos cabrones y la Federal menos”, indica el agente que se retira del lugar a prisa y lanzando gritos a sus compañeros para que detengan a un joven que estuvo tomando fotografías con su teléfono móvil a los policías federales que desfilaban por el centro de la ciudad y a reporteros que documentaban afanosamente la acción tardía de las autoridades federales.

Por su parte, Guerreros Unidos deja constancia de su presencia en este lugar, considerado como su bastión, al lanzar amenazas a los gobiernos federal y estatal por lo que consideran una traición y emplazaron a las autoridades a liberar a los 22 policías detenidos por los hechos violentos.

De lo contrario, advirtieron que van a revelar los nombres de los políticos que fueron beneficiados por esta organización criminal dirigida por Salomón Pineda Villa, El Molón, señalado por autoridades federales como cuñado del alcalde perredista con licencia de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, quien se encuentra prófugo junto a los jefes policiacos que dieron la orden de detener y entregar a los normalistas de Ayotzinapa a sicarios.

Por su parte, este día se suspendieron las labores de búsqueda de cadáveres en el predio de Pueblo Viejo, donde oficialmente fueron exhumados 28 cuerpos, entre ellos dos mujeres, de cinco narcofosas ubicadas en este lugar, considerado como un cementerio clandestino utilizado desde hace cuatro años por Guerreros Unidos.

La Gendarmería toma el control de seguridad en Iguala

Monte Alejandro Rubido, titular de la Comisión Nacional de Seguridad, señala que se actuará con estricto respeto a los derechos humanos.

(Foto: Cuartoscuro)

En el marco de sus atribuciones, la Gendarmería asume las tareas de seguridad en Iguala y contará con el acompañamiento del Ejército Mexicano.
En conferencia de prensa, Monte Alejandro Rubido Garcia, titular de la Comisión Nacional de Seguridad, dijo que la acción se realiza en apego a las instrucciones del presidente Enrique Peña Nieto e informó que ya se trasladaron elementos del Ejército Mexicano y de la Policía Federal.
El funcionario añadió que la Gendarmería actuará con apego a los derechos humanos y a la ley, para contribuir al esclarecimiento de los hechos en ese municipio de Guerrero.
Rubido señaló que uno de los objetivos de los gendarmes y del Ejército es ubicar a los 43 normalistas desaparecidos.
Agregó que las fuerzas federales vigilarán los accesos a Iguala y las inmediaciones de la localidad.
(Con información de Notimex)

Fusilamientos y desapariciones, la ingobernabilidad peñista

1 DE OCTUBRE DE 2014
ANÁLISIS

Tlatlaya, el lugar de la ejecución. Foto: Sipse

MÉXICO, D.F. (apro).- En cualquier gobierno, un muerto por violencia o un desaparecido por razones políticas o del narcotráfico debería de ser un escándalo y motivo de una campaña para exigir respuestas a las autoridades y la aplicación de la ley sin cortapisas. Sobre todo si se trata del fusilamiento de 22 personas y la desaparición de otras 57 en dos pueblos gobernados por el crimen organizado.

Hoy, con el gobierno de Enrique Peña Nieto, la indolencia y la impunidad es la que impera. Al menos con Felipe Calderón la mayor parte de los medios llamaban la atención cuando ocurrían hechos de esta naturaleza y criticaban al gobierno panista por su incapacidad de gobernar.

Pero ahora con el priista mexiquense, recientemente premiado como el “estadista del año” por una organización de Estados Unidos, no hay reacciones de la magnitud de los hechos, a pesar de que se trata de actos que muestran visos de ingobernabilidad como el fusilamiento de 22 personas en Tlatlaya, Estado de México; la desaparición de 58 estudiantes rurales en Iguala, Guerrero; la ejecución de seis más en Michoacán y en Chihuahua; el descubrimiento de una fosa clandestina con 32 cuerpos en Veracruz, o la muerte del diputado Gabriel Gómez Michel, inmolado junto con su chofer.

Ante la prensa domesticada por la publicidad y los intereses políticos, Peña Nieto ha dicho que los niveles de violencia y de muertes relacionadas con el crimen organizado han disminuido, pero los últimos hechos demuestran todo lo contrario. Y el titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, calificó como un hecho aislado la matanza en Tlatlaya, Estado de México. Pero todo esto es completamente falso.

El sistema político mexicano fue diseñado para ser presidencialista. Durante los 12 años de administración panista, esta forma de gobierno no cambió, aunque con la derrota del PRI los gobernadores se convirtieron en virreyes y así siguen operando hasta ahora, con toda impunidad y complicidad del solaz comportamiento de Peña Nieto, inmerso en su narcisismo de mirarse únicamente en el espejo de las reformas constitucionales sin percatarse de la violencia que se sigue expresando en todo el país, poniendo en duda la gobernabilidad.

No hay uno solo de los gobernadores que no tenga una mancha negra en su expediente de gobernabilidad, y en muchos de ellos esa marca es un sello de corrupción y de negocios ilegales con el crimen organizado, como sucedió con Fausto Vallejo en Michoacán.

Ese es el estado donde Peña Nieto ha puesto más interés para combatir al crimen organizado, debido a las llamadas de atención de grupos empresariales extranjeros y del mismo gobierno de Estados Unidos, que puso una alerta al mencionar que se estaba formando un gobierno narcotraficante.

Pero además de Michoacán, otros estados donde quien gobierna es el grupo criminal de la zona son: Quintana Roo, Veracruz, Tamaulipas, Estado de México, Guerrero, Morelos. Chihuahua, Nuevo León y Coahuila.

No obstante, el fracaso de Michoacán ha traído más violencia en el mismo estado y en los colindantes, Guerrero, Estado de México y Morelos, que ha crecido debido a la indolencia y la impunidad de las autoridades de los tres niveles de gobierno, sobre todo el federal, que constitucionalmente está obligado a combatir delitos federales como el narcotráfico y sus consecuencias: muertes, desapariciones, secuestros y extorsiones que sufren los habitantes de cada entidad.

Las acciones aparatosas de la detención de Joaquín El Chapo Guzmán o la muerte de Heriberto Lazcano Lazcano, El Lazca, o de Nazario Moreno, El Chayo, no ha variado en lo mínimo la geografía de poder del crimen organizado en México, comprobando la afirmación de que nada vale cortar las cabezas de las bandas criminales porque saldrán otras nuevas.

Peña Nieto no ha sido capaz de ir a la raíz del problema que está en la parte política, en los gobernadores, legisladores, funcionarios públicos, militares, banqueros e inversionistas involucrados en las bandas criminales de manera directa o como lavadores de dinero.

Y mientras el Ejecutivo priista sigue vendiendo su imagen de triunfador y reformador de México, pueblos, comunidades y ciudades enteras continúan sufriendo el reino de terror impuesto por el crimen organizado, que sigue y seguirá creciendo en un terreno abonado por la corrupción y la impunidad del gobierno en turno.

Twitter: @GilOlmos

Se agrava ingobernabilidad en Michoacán: ahora renuncia el secretario de Finanzas

LA REDACCIÓN
1 DE AGOSTO DE 2013
DESTACADO

Carlos Río Valencia, sceretario de finanzas del gobierno de Michoacán.
Foto: Especial

MÉXICO, D.F., (proceso.com.mx).- Carlos Río Valencia, secretario de Finanzas del gobierno de Michoacán, renunció esta mañana a su cargo.

La separación de Carlos Río Valencia se suma a la del procurador Plácido Torres Pineda, quien ayer presentó su renuncia con carácter de irrevocable.

Río Valencia llevaba pocos meses en el cargo, apenas el pasado 13 de marzo había tomado posesión como titular de la Secretaria de Finanzas.

El gobierno de Michoacán acumula 15 cambios relevantes en su estructura. A esto se suma que la semana pasada le fue ampliada por 180 días la licencia al gobernador Fausto Vallejo, por motivos de salud.

Estas renuncias se presentan en medio de una crisis de inseguridad que azota al estado. Tan sólo la semana pasada fueron asesinadas 47 personas.

Arribarán dos mil policías federales más a Michoacán

Ataques a la PF son reacciones ante operativos iniciados el 19 de mayo, sostuvo. Por otra parte, negó que la toma de oficinas del gobierno en Aquila tenga relación con grupos de autodefensa; es por disputa entre comuneros.

Ernesto Martínez Elorriaga, corresponsal
Publicado: 25/07/2013 12:15

Morelia, Mich. Ante los hechos ocurridos las últimas 48 horas que dejaron un saldo de cuatro policías federales muertos y por lo menos 15 lesionados, el gobernador interino de Michoacán Jesús Reyna García informó que se reforzará la presencia de la Policía Federal, ya que a decir de las autoridades de esta corporación serán más de dos mil que comiencen a arribar a partir de este día.

En entrevista realizada en Casa de Gobierno, el funcionario estatal afirmó que los ataques en contra de policías federales ocurridas el martes y ayer es algo circunstancial que tiene que ver con los grupos delictivos y parte de una reacción ante los operativos que iniciaron el pasado 19 de mayo. “Aunque hay que aclarar que la presencia de las fuerzas federales estaba concentrada en municipios como Buenavista, Tepalcatepec y Coalcomán y no donde se dieron las emboscadas”.

Aclaró que la toma de la Dirección de Seguridad Pública de Aquila, es algo diferente a los grupos de autodefensa y guardias comunitarias, pues lo ocurrido en el municipio nahua se debió a la disputa que hay entre comuneros por las regalías que ofrece la empresa Ternium por extraer hierro de sus minas.

Rechazó que haya ingobernabilidad. Indicó que algunas fuerzas políticas buscan beneficiarse e incluso han propuesto nuevas elecciones de gobernador, cuando eso traería más problemas al estado, comentó. “Los políticos que viven en la entidad saben que no sería buena opción nuevos comicios”