(25 de junio, 2014).- Las protestas contra el jefe de Gobierno del Distrito Federal (GDF), Miguel Ángel Mancera el pasado 12 de junio, puso en evidencia las contradicciones de varios legisladores en torno al tema de la “criminalización de la protesta social”, evadió las demandas de los manifestantes y se olvidó que detrás del lenguaje intimidatorio del GDF, existe un informe de daños psicosociales que no se ha cumplido a las víctimas del primero de diciembre del 2012.
Las contradicciones de la “criminalización de la protesta social”.
“No es permisible ni tolerable que en estos tiempos donde la democracia y sus valores deberían prevalecer, haya quienes se empeñen en reprimir la protesta social, en criminalizar a la oposición, en atentar contra la juventud, en negar el derecho a la información y a la libre manifestación de las ideas. Sí queremos privilegiar el diálogo, pero es muy difícil privilegiar el diálogo si hay represión”.
Esas líneas fueron leídas ante la tribuna del Senado de la República no por un defensor de derechos humanos, sino por la senadora panista Mariana Gómez del Campo.
(Mariana Gómez del Campo, en los festejos sobre Av. Reforma)
Sin embargo, ésta no se refiere a una autocrítica de la bancada panista por tratar de endurecer las legislaciones ante la protesta social en México, se trata de una condena enérgica hacia las protestas suscitadas en Venezuela, críticas que traspasando las fronteras, los blanquiazules las consideran válidas, pero tratándose de protestas nacionales, el discurso se transforma en “vándalos” que deben ser sancionados con penas de cárcel.
Si bien la senadora panista declaró en marzo pasado estar consciente de que las protestas nacen a raíz de la inconformidad de amplios sectores de la sociedad (en Venezuela), y que aseguró que “vivimos tiempos diferentes en donde los medios y el internet nos permiten conocer en segundos lo que pasa en otras partes del mundo”, su discurso pierde validez tres meses después cuando a quien se increpa es a Miguel Ángel Mancera y no al gobierno venezolano.
En México, los jóvenes que protestaron son unos “vándalos” que “expresan su intolerancia y su violencia”, señaló el presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el diputado panista Santiago Taboada.
“Castigos más ejemplares para este tipo de personas” fue la recomendación que el legislador hizo a Miguel Ángel Mancera, luego de urgirle sancionar este tipo de actos “con prisión, ya no con fiancitas”.
“Miguel Ángel Mancera se tiene que llevar un mensaje claro, él fue muy tolerante con ellos al grado de vetar la ley y regresarnos a la Asamblea Legislativa las reformas que aprobamos para establecer como delito grave el ultraje a la autoridad, con un argumento en relación a derechos humanos”, declaró.
Para Taboada, si bien las demandas pueden o no ser legítimas, son los “vándalos” quienes han hecho actos donde lesionaron policías, periodistas, y dañaron propiedad tanto pública como privada. Declaraciones que no atienden a los señalamientos de infiltración gubernamental que grupos de activistas y manifestantes han hecho en varias ocasiones al gobierno federal y capitalino.
Mientras la panista Mariana Gómez del Campo se sorprendió ante la tribuna por la criminalización de la protesta social en Venezuela, Taboada, contradictoriamente de la misma bancada, pidió que de una vez por todas se pueda avanzar en castigos más “ejemplares” para “este tipo de personas”, en México.
“Nos queda solicitar en el próximo periodo ordinario que nuestra Iniciativa de Ley se dictamine en la ALDF y que entonces podamos regresar a un tipo penal que definitivamente hace falta en esta ciudad para que estos vándalos dejen de hacer de las suyas. Para que de una vez por todas en la ciudad podamos mantener el orden y regresemos a un respeto sí para manifestantes, pero también para quienes no se manifiestan”, aclaró.
(Mariana Gómez del Campo, en los festejos sobre Av. Reforma)
El lenguaje intimidatorio del GDF y las verdaderas demandas de las víctimas.
“Ahora para que el GDF no asuma sus responsabilidades hacia las víctimas del primero de diciembre del 2012, su responsabilidad que tiene con respecto a violación de derechos humanos, con respecto a la privación de libertad personal, a la tortura, a agresiones de tipo sexual, con deportaciones… Ahora le es más fácil fabricar este discurso de ‘son vándalos, son los agresivos, y le faltaron al respeto al jefe de gobierno’ cuando ahí están los videos. Nunca hubo por parte de las víctimas del primero [de diciembre], ni de cualquier otra persona que haya estado ahí, que haya estado en la sala Digna Ochoa, no hay una sola agresión un solo golpe a Miguel Ángel Mancera” Alejandro Lugo
Apenas habían transcurrido unas horas de que la protesta se había llevado a cabo, cuando el secretario de Gobierno del Distrito Federal, Héctor Serrano reclamaba a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) el haber permitido el acceso a sus instalaciones a los jóvenes que protestaron.
“No sé si [la CDHDF] se prestó, si sé, porque ha quedado claro que se les permitió el acceso sabiendo quiénes son”, insistió Serrano para horas más tarde, deslindar a Perla Gómez Gallardo, titular del organismo, de las protestas.
“El mismo Héctor Serrano dijo que Perla Gómez nos había invitado, para minutos después desmentir que la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos nos había invitado”, señaló por su parte Alejandro Lugo Morán, ex preso del primero de diciembre del 2012 en entrevista conREVOLUCIÓN TRESPUNTOCERO.
Serrano no lo ocultó, él sabía de quiénes se trataban aquellos jóvenes que se manifestaban. Los detenidos el primero de diciembre del 2012 que luego de una serie de procesos legales, fueron absueltos de toda responsabilidad, eran inocentes.
Sin embargo, el secretario de Gobierno aseguró que “ninguna institución, la que sea, ninguna, puede prestarse para que se generen este tipo de acciones. No es únicamente el jefe de Gobierno, en ese lugar estuvimos por lo menos 50 funcionarios”.
A pesar de demostrar su inocencia, los jóvenes a consideración de Serrano, pueden ser peligrosos, pues el funcionario declaró que éstos pudieron vulnerar la seguridad no sólo de Miguel Ángel Mancera, sino de cualquier funcionario incluyendo el presidente del Tribunal Superior de Justicia capitalino.
“¡Qué bueno que terminó únicamente con gritos y con agresiones verbales y con agresiones con bolas de papel preparadas con agua o botellas! ¡Qué bueno que no terminó con una agresión mucho mayor, extremadamente radical que agrediera a alguno de los presentes con algún objeto punzocortante!”, declaró.
Sin embargo, Alejandro Lugo, quien fuera detenido el primero de diciembre y puesto en libertad meses después tras haber sido ingresado al Reclusorio Norte, estuvo aquel día, y a diferencia de Héctor Serrano, narra que la manifestación se dio en un ámbito pacífico.
“Íbamos con la idea de increpar a Mancera y a la CDHDF. Había al parecer también gente de Ameyalco. A esta reunión se les infiltraron víctimas a más no poder, ni siquiera infiltrar, somos víctimas, hemos estado llevando nuestro caso como víctimas bastante tiempo en la Comisión y entramos porque tenemos varios asuntos en seguimiento, no por amigazgos ni mucho menos”, narra Lugo Morán en entrevista con REVOLUCIÓN TRESPUNTOCERO.
No se trató sólo de un acto de protesta para exigir la liberación de los presos del primero de diciembre, la manifestación se tornó en una ola de protestas por los más diversos casos que el Gobierno del Distrito Federal no ha podido atender, menciona Alejandro durante la entrevista.
“Cuando nos levantamos, sale Gisela [Pérez de Acha], del otro lado estaba gente de los detenidos del dos de octubre, del diez de junio, de Yakiri, y de repente hace lo mismo que nosotros. Entonces ya no fue una protesta silenciosa. Se le tuvo que gritar consignas a Mancera en ese momento porque ya se tenía que ir”, señaló Lugo Morán.
Las noticias aquel día fueron los insultos contra el jefe de Gobierno del Distrito Federal, las agresiones que pusieron en vulnerabilidad su seguridad y el peligro que los manifestantes representaron al protestar. Para Alejandro Lugo, el descontento de quienes se encontraban ahí fue mayor a lo que los diarios registraron. No se trató de un acto vandálico, señala, sino de una legítima protesta.
“El DGF dijo que seguimos a Mancera hasta afuera de la Comisión para aventarle monedas y fichas, nada de eso fue verdad. Ni fuimos invitados, ni le arrojamos cosas, ni le reventamos el informe, ahí estábamos parados cuando él estaba hablando. Pero si entendemos que es la forma más fácil para que el GDF se deslinde de sus responsabilidades con las víctimas ‘que somos vándalos, que somos agresivos, que le faltamos al respeto al señor Mancera, cuando el señor Mancera –está documentado por una misma instancia que está financiada por el mismo gobierno, que es la Comisión de Derechos Humanos- es un torturador, un secuestrador, que bajo su responsabilidad se cometieron agresiones sexuales, que hay un deportado, que hay gente que perdió su casa, que hubo gente que intentó suicidarse, ahí está el informe de daños psicosociales del primero de diciembre del 2012”.
Alejandro Lugo insiste en que la represión del primero de diciembre se cometió contra personas que no tuvieron que ver con actos violentos, razón por la cual salieron de la cárcel, “aun cuando Ebrard haya dicho que nos metieran”, precisa.
Para el joven, el discurso del Gobierno del Distrito Federal le facilita el deslindarse de responsabilidades para con las víctimas de la represión gubernamental en distintos acontecimientos, “ahora la forma de deslindarse de responsabilidades es decir que somos unos violentos, unos anarquistas”.
En el 2013 fueron 19 las Recomendaciones emitidas por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, entre ellas, recuerda Lugo, la relacionada al caso Heaven, mientras la número 7 refiere a los actos cometidos por el gobierno de la Ciudad de México el primero de diciembre del 2012.
No obstante, para Alejandro Lugo es una sorpresa que del tiempo que lleva el año, es decir, hasta junio del 2014, sólo existen dos recomendaciones, su conclusión es que al GDF “le es muy cómodo tener una Comisión callada que no esté haciendo recomendaciones”.
Lugo insiste, “la CDHDF no ha hecho nada porque se cumpla un solo punto de sus recomendaciones. De hecho ya cambiaron el estatus de aceptación de recomendación, contrario a cómo los aceptaron cuando fue aceptada la recomendación del 1DMx”.
Resarcir los daños a víctimas del 1DMx en el olvido para el GDF
Hace dos meses se emitió el Informe de Daños Psicosociales, recuerda Alejandro Lugo, luego de la insistencia a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal por parte de las víctimas del 1DMx. La publicación tardó un año más de lo que se esperaba pudiera resolver.
“Ante la incapacidad de Marcelo Ebrard por contener las manifestaciones del primero de diciembre, éste decidió después de que se habían disuelto los disturbios, detener a cien personas que nada tenían que ver, que no sabíamos que íbamos a ser detenidos, que por ende ni nos defendimos, ni corrimos ni hicimos nada porque no habíamos hecho ni cometido ningún acto ilícito”.
Alejandro Lugo asegura que si bien el Gobierno del DF dijo que se repararían los daños, a dos meses de distancia, Lugo asegura que no ha existido ningún acercamiento entre ambos desde el 10 de abril hasta finales de junio para decir cómo repararán el daño.
“Es más, en este tiempo seguimos con compañeros en proceso judicial y tampoco se desistieron ni pusieron alguna sola facilidad para que los procesos acabaran aún cuando ellos mismos [los funcionarios del GDF] han dicho que los compañeros son inocentes” declaró durante la entrevista.
El pasado 29 de noviembre, la juez 47 Penal, María del Carmen Patricia Mora Brito, absolvió a Alejandro Lugo Morán, de 34 años, del delito de ataques a la paz pública, al no encontrar pruebas suficientes para sustentar la acusación imputada por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.
Sin embargo, como Lugo, los detenidos aquel 1DMx, fueron saliendo poco a poco, la mayoría bajo amparos y no en absoluta libertad, aún así, el Informe de Daños Psicosociales emitido por la CDHDF el 10 de abril del presente año, señala que el Estado deberá de reparar el daño integralmente a las víctimas de violaciones a derechos humanos del primero de diciembre.
El informe, señala a través de cuatro capítulos no sólo el resarcimiento del daño, sino el enfoque psicosocial de las víctimas del caso 1DMx, la conceptualización del derecho a la protesta social e identificación de riesgos para su ejercicio a raíz de aquel día y las propuestas de cumplimiento que garantizan una adecuada reparación integral de los daños a todas las víctimas.
“No ha habido demostración alguna de que vayan a cumplir o de que vayan a resarcir los daños ocasionados”, fue la respuesta de Lugo durante la entrevista con REVOLUCION TRESPUNTOCERO ante el cuestionamiento de los avances que tras el Informe se han dado.
Y es que el ex preso pidió no minimizar los daños psicosociales que van desde intentos de suicidios hasta estrés postraumático que generó el encarcelamiento de decenas de ciudadanos en su mayoría jóvenes que no se vieron inmiscuidos en actos de violencia aquel primero de diciembre.
“No minimicen un ingreso al Reclusorio, el que la gente les esté diciendo que se van a quedar 20 años en la cárcel, que les digan que van a ser ‘los pagadores’, que salga el jefe de Gobierno diciendo que ‘arruinaron su Alameda, que es un ataque y una provocación nunca antes vista en la Ciudad’”, declara Lugo.
Incapacidad del GDF para resolver cualquier asunto apegado a derechos humanos y para asumir las protestas sociales como demandas legítimas prefieren no cumplir, criminalizar y usar el derecho penal como herramienta para desmotivar las protestas de raíces legítimas son los temas de fondo para el joven que al ser liberado en noviembre del 2013, ha buscado que sus compañeros, a quien antes del primero de diciembre del 2012 no conocía, salgan de la cárcel tras ser detenidos en alguna de las manifestaciones tras la llegada de Enrique Peña Nieto a la presidencia y de Miguel Ángel Mancera a la jefatura de Gobierno capitalino.
Por último, Lugo a través del colectivo 1Dmx al cual pertenece, asegura que si bien están incidiendo en el cese a la criminalización de la protesta, sabe que se encuentran bajo riesgo tras las declaraciones del secretario de Gobierno, Héctor Serrano al saber “quienes son los que protestan”.
No obstante, Lugo, como sus compañeros, seguirán buscando no el resarcimiento personal de los daños causados tras su detención, sino la liberación de aquellos que continúan con procesos legales o presos en la cárcel por ejercer su libertad de expresión.
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