“Romero Herrera fue reiteradamente acusado durante su gestión de mantener relaciones peligrosas, para decir lo menos, con diversos desarrolladores que han hecho de la BJ un botín inmobiliario”. Foto; Cuartoscuro
Ricardo Anaya Cortés enfrenta, a la vez que conflictos diversos en su partido, una disyuntiva fundamental. El presidente nacional del PAN, dedicado de lleno a la consolidación de un Frente Amplio Opositor y a ser él quien ostente la candidatura presidencial del mismo frente a los comicios de 2018, sabe que el caso de su nefasto correligionario Jorge Romero Herrera, que superó ya todo límite, puede dar al traste con sus pretensiones: convertido en cacique del panismo capitalino, el actual coordinador de la fracción del PAN en la ALDF le ha hecho un enorme daño a su partido y es hoy un lastre para sus posibilidades electorales.
Y es que los sismos del fatídico mes pasado pusieron al descubierto con mayor contundencia que nunca la corrupción que imperó en la delegación Benito Juárez de la capital del país, durante la administración de Romero Herrera en esa demarcación (2012-2015). En los tres o cuatro días posteriores a los derrumbes causados por el terremoto diversas denuncias contra el ex delegado panista ocuparon espacios destacados en diversos medios, entre ellos SinEmbargo, Libre en el Sur, Reforma, El Financiero y Excélsior. Ante eso, ni siquiera ha dado la cara. Se escondió.
El dato es tan elocuente como aterrador: de un total de 38 edificios colapsados en la ciudad, 13 ocurrieron en Benito Juárez, que en esa forma encabeza la trágica lista de las delegaciones afectadas. Según un informe oficial, ahí murieron 46 personas. Los inmuebles derrumbados se ubicaban principalmente en las colonias Del Valle, Narvarte, Portales, Miravalle, Santa Cruz Atoyac, Zacahuitzco y Niños Héroes de Chapultepec. Además, hay otros 32 en alto riesgo de colapso. Y 700 personas desalojadas.
Caso especialmente delicado, por la indolencia que muestra, fue el del edificio colapsado el 19 de septiembre en Enrique Rébsamen 241 de la colonia Narvarte, en que murió una vecina y 16 familias quedaron sin hogar. Romero Herrera no atendió en 2014, tres años atrás, las reiteradas peticiones de la inquilina Rosario Acosta Olivares para que se realizara un peritaje en el inmueble, que se presumía dañado por el sismo ocurrido ese año. Ella lo acusó y se hicieron públicos los cuatro twits en que reiteradamente le solicitó al delegado la inspección, pero ni siquiera tuvo respuesta. A la postre derivó en una negligencia criminal que de nuevo pone al PAN en entredicho.
Romero Herrera fue reiteradamente acusado durante su gestión de mantener relaciones peligrosas, para decir lo menos, con diversos desarrolladores que han hecho de la BJ un botín inmobiliario. Al asumir el cargo, el delegado de marras anunció la “clausura definitiva” de toda construcción irregular en la demarcación. Simuló mediáticamente una batida espectacular contra los infractores y ordenó la suspensión de decenas de obras, “tres cada día”… que al cabo de unos días de serles colocados los sellos reanudaron sus labores tan campantes. Absolutamente todas. A la postre, ni una sola fue clausurada en ese trienio, pese a las evidencias documentadas de su ilegalidad.
Hubo inclusive el caso harto probado de que la constructora Grupo Rouz, otorgó a Romero Herrera un descuentazo de 1.6 millones de pesos en la compra de un penthouse de lujo en el edificio de Gabriel Mancera 1542, en la colonia Del Valle. El apartamento tenía un valor de venta anunciado de cuatro millones 350 mil pesos, pero el panista pagó sólo dos millones 750 mil pesos, un 35 por ciento menos El caso fue debidamente documentado en medios y nunca fue desmentido. Rouz fue la inmobiliaria consentida durante la gestión del panista, que no tocó ninguno de sus desarrollos. Pese a denuncias de irregularidades, gozó de plena impunidad.
Ese fue sólo un caso, ejemplar sin duda. Porque durante los tres años de su administración menudearon las denuncias vecinales sobre la nada desinteresada tolerancia de su gobierno a los desarrolladores inmobiliarios, con el pretexto de que ya no corresponde a las delegaciones el otorgamiento de permisos de construcción, lo que es cierto; pero sí, la supervisión y en su caso sanción –incluida la clausura definitiva– del incumplimiento de las normas y de la respectiva manifestación de construcción presentada por la inmobiliaria, precisamente, ante la autoridad delegacional.
Durante la gestión de Romero Herrera, la BJ fue líder en denuncias sobre construcciones irregulares entre las demarcaciones del entonces DF. Según los registros oficiales de la PAOT, en los tres años de la gestión de Romero Herrera se recibieron un total de mil 153 denuncias ciudadanas correspondientes a la delegación juarense, la mayoría de ellas referidas a construcciones irregulares y otros abusos de los desarrolladores en materia de uso del suelo y medio ambiente.
Abundan en ese y otros temas las fechorías del ahora seguramente aspirante a una nueva canonjía legislativa por parte de su partido. Una de ellas fue su documentada complicidad con líderes de ambulantes en la delegación, a los que a cambio de aceptar su incorporación masiva al padrón panista y de cumplir con su respectivo “moche” no sólo les otorgó protección absoluta, sino que se asoció con ellos en la construcción y venta hasta en 160 mil pesos de puestos metálicos fijos “autorizados”, conocidos como “los grises”, que proliferaron en las principales esquinas de la demarcación.
Antes aún de asumir la jefatura delegacional, el hoy líder de la fracción del PAN en la Asamblea Legislativa se ostentó como “abogado” sin serlo y firmó como funcionario público que ya era –coordinador de Gabinete y Proyectos Especiales de la DBJ– documentos oficiales, con lo que incurrió en el delito de usurpación de profesiones, tipificado tanto por el código federal local como por el Federal en su artículo 250. Un grupo de vecinos juarenses presentaron demanda formal ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, a la que se le dio sospechoso carpetazo.
Sin embargo se refirió a otra fechoría del panista. Publicó que luego de pedir licencia en 2015 para convertirse en candidato a una diputación plurinominal, se acusó a Romero Herrera de entregar por lo menos 36 contratos a empresas de panistas conocidos suyos, por medio del sistema de “invitación restringida a por lo menos tres proveedores”. Durante su gestión, la DBJ dio contratos por más de 50 millones de pesos a empresas de colaboradores y familiares de Camilo Campos, candidato del PAN a jefe delegacional de Cuajimalpa; dichas empresas fueron contratadas por esa administración para la compra de artículos de papelería, coladeras y linternas y una cena de fin de año para los empleados.
Ya en la coordinación panista de la ALDF, Romero Herrera maniobró dolosamente en mayo de 2016 para impedir que el presidente de la Comunidad Judía en México, Salomón Achar Achar, al que se refirió como “ese pinche judío”, formara parte del consejo honorario de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea, a pesar de que su nombramiento ya había sido consensuado entre PRI, PRD y PAN. Hecho público el asunto, un claro acto de discriminación, provocó un conflicto muy serio entre la comunidad judía y la dirigencia de Anaya Cortés, aun no solventado del todo.
Todo eso y más, mucho más, tiene un origen bien oscuro. Romero Herrera se hizo poderoso en las filas del panismo capitalino a base de trampas y triquiñuelas. Cuando fue diputado local por primera vez (2006-2009), ocupó a los integrantes de su clan, autodenominados Los Ocean –a quienes dio puestos en la ALDF– en la falsificación mediante la afiliación masiva y corporativa de militantes del padrón interno del PAN capitalino, con la anuencia de la entonces presidenta del partido en el DF, Mariana Gómez del Campo, a la sazón son su compañera sentimental. Esto le permitió manipular a su antojo cargos partidistas y candidaturas. Y ser el principal proveedor de cambas para los panistas.
Anaya Cortés conoce bien el tema del padrón falso, que fue denunciado con lujo de detalles y pruebas por militantes del propio partido, tanto ante el CEN del PAN como ante el Tribunal Electoral. Gustavo Madero Muñoz, su antecesor, no atendió las denuncias y solapó a Romero Herrera, a cambio de su apoyo en la capital para lograr la presidencia nacional el partido, que ejerció entre 2010 y 2015.
El actual dirigente nacional, aspirante a la candidatura presidencial, también ha optado hasta ahora por la tolerancia y el solapamiento. No obstante, los escándalos del farsante Romero Herrera –que han hundido electoralmente al PAN en la capital– llegan a tal grado que esa actitud se convierte ya en complicidad. Ricardo Anaya Cortés tendrá que decidir, pronto, qué hacer con él: ahora está en juego su propia viabilidad política. Me dicen que lo piensa muy seriamente. Lo único que ya no puede es seguirse haciendo guaje. Válgame.
@fopinchetti
