MARCELA TURATI
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| La protesta en Iguala, Guerrero. Foto: Marcela Turati |
IGUALA, Gro. (apro).- Con gritos de “fuera Ayotzinapa” y “queremos a la policía municipal de Abarca”, unas 40 personas ligadas a la corporación suspendida por su responsabilidad en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa y el asesinato de siete marcharon esta tarde para pedir la reinstalación de los municipales para frenar los múltiples asesinatos y reclamar la inocencia de los policías detenidos.
Por el centro de la ciudad exigían que se vaya de Iguala la Gendarmería, porque aunque está encargada de la seguridad municipal, la violencia se ha disparado: en 72 horas 14 personas –entre ellos un policía municipal– han sido asesinadas (al lado de los cuerpos han aparecido mantas firmadas por un grupo llamado Sierra Unida Revolucionaria, pistoleros del grupo criminal Los Rojos).
Los asesinatos, según igualtecos consultados, podrían responder a una purga emprendida por un nuevo grupo que disputa “la plaza” a los Guerreros Unidos. La violencia se disparó a niveles sin precedentes a pesar de la presencia de la Gendarmería, la existencia de dos cuarteles del Ejército y de una base de policía estatal, así como de la instalación del Operativo Tierra Caliente de seguridad, que tuvo su arranque el año pasado en esta ciudad.
La manifestación, que recorrió el centro de la ciudad y tuvo como punto de inicio y de final el monumento a la Patria Trigarante, era encabezada por niños que portaban cartulinas en las que se leían mensajes como: “Mi papá es policía, no delincuente”. Un adolescente cargaba la foto de un policía muerto, enseguida una niña una cartulina en la que se leía “Descansa en paz, papá”: eran hijos del policía Juan Varela Candelario, uno de los 14 igualtecos asesinados entre el martes y viernes de la semana pasada.
La mayoría de los inconformes eran mujeres emparentadas con policías que no volvieron a ser reinstalados tras haberse descubierto la participación de la corporación municipal, en colusión con el cártel Guerreros Unidos y la mirada pasiva del Ejército, en las desapariciones forzadas y los asesinatos de los normalistas y de muchas otras personas que –como destapó el caso Ayotzinapa– eran detenidas en retenes y aparecían enterradas en fosas o siguen desaparecidas. También marcharon las esposas y las madres de policías detenidos por PGR y encarcelados en el penal de Tepic, Nayarit, quienes reclamaban su presunta inocencia. Algunos otros, los menos, eran policías inconformes porque aunque los gendarmes los tienen haciendo guardia en las calles, no los dejan usar armas, uniformes, equipo o patrullas.
Pocos quisieron dar entrevistas por el temor que tienen de estar en la mira de la PGR o de un cártel, explicó un manifestante.
“No más detenciones”, “que salga PGR”, “policías, unidos, jamás serán vencidos”, “no más muertos”, “Iguala quiere paz”, fueron los gritos más coreados. Los inconformes se quejaron de que el 066 ya no responde a las llamadas de auxilio, que los gendarmes son “unos catrines” que no atienden emergencias y sólo patrullan en las avenidas principales, que la policía municipal sí tenía al crimen bajo control.
“Nosotros cuidábamos a la ciudadanía de la delincuencia, no permitíamos extorsiones, secuestros, crimen. Ya sin la policía municipal quieren entrar como hicieron en Teloloapan, Acapulco, Chilpancingo. Chequen en el sistema las detenciones que hacíamos por robo, extorsión, delitos para que vean cómo controlábamos la ciudad y éramos los únicos que deteníamos la entrada del crimen organizado”, dijo en entrevista un policía que dijo llamarse Noé, y que lleva casi una década en la corporación.
Según su análisis, la entrada de los normalistas a Iguala la noche del 26 de septiembre fue “una trampa organizada” por la delincuencia organizada” para hacer reaccionar a la policía municipal del alcalde (hoy detenido) José Luis Abarca, y mancharla. “Tenemos dos cuarteles del Batallón (del Ejército), uno de la policía del estado, otro de la Policía Federal. Qué casualidad que ninguno se metió esa noche y nosotros sí, porque nosotros todo el tiempo estamos trabajando”, reveló. En una de las cartulinas se leía: “Gobierno federal: investiga a militares y federales”.
Cuando se le preguntó por su responsabilidad en las sistemáticas desapariciones de personas (el censo de PGR va en 235 casos recién denunciados, la mayoría ocurridos durante el gobierno de Abarca y varios de ellos por policías), el entrevistado dijo que ellos se limitaban a detenerlos, verificar si tenían orden de aprehensión y entregarlos a la PGR. No aceptó la responsabilidad de sus compañeros en la tragedia de los normalistas.
Los manifestantes estuvieron escoltados por combis de transporte público y un puñado de motociclistas. Desde que la Gendarmería –adscrita a la Secretaría de Gobernación– tomó el control de la seguridad de Iguala, es frecuente escuchar por la radio o leer en los diarios las quejas de los ciudadanos por la pasividad de las fuerzas federales y por el incremento de la inseguridad.
Esta situación se da después de que casi medio centenar de policías municipales de Iguala han sido detenidos por su presunta responsabilidad en los asesinatos y desapariciones del 26 y 27 de septiembre; tras la confesión de algunos de ellos, se encontraron las primeras fosas con 30 restos. Los policías que no habían sido encarcelados fueron obligados a tomar un curso militarizado de certificación en Tlaxcala. A su regreso, en diciembre del año pasado, y cuando se anunció su próxima reinstalación, unos 200 ciudadanos, defensores de derechos humanos, policías comunitarios y familias de personas desaparecidas se manifestaron en las calles para exigir que no volvieran a operar nunca en Iguala.
A inicios de diciembre, durante el arranque del Operativo Tierra Caliente, el propio gobernador Rogelio Ortega prometió a las familias de víctimas que la policía de Iguala no sería reinstalada. “Es una policía que agravió a Iguala y que no debemos de permitir que esta gente, aun con el entrenamiento que hayan tenido, regrese; nada más de pensar que saben que regresan, nos revive el dolor y todos los agravios que cometieron. Yo voy a intervenir”.
Esa semana el secretario de Gobierno y el secretario de Seguridad Pública estatales, los dirigentes de la Gendarmería, el alcalde de la ciudad y representantes de la Fiscalía General se reunieron con familias de víctimas de desaparición que exigían que los policías fueran cesados, a lo que se les respondió que ellos también tienen “derechos laborales”; luego se planteó la idea de que se les rotaría a otras ciudades de Guerrero y se les dijo que era mejor tenerlos bajo control “que sueltos”.
Los manifestantes denunciaron que toda la corporación estaba corrompida y pidieron que se previniera otra tragedia como la de Ayotzinapa.
El futuro de los policías y de la seguridad pública del municipio sigue en suspenso.
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