Esta empresa, junto con TV Azteca, que controlan más del 95% de mercado televisivo, continúan manejando los noticieros apegados a sus intereses, con lo cual lesionan el derecho a la información de los mexicanos y se han convertido en uno de los más graves escollos para la vida democrática del país. Un ejemplo de ello es el silencio actual en torno a la llamada Casa Blanca de la familia Peña-Rivera, en la que Televisa tiene una participación directa.
En particular, la cesión de una casa a la actriz Angélica Rivera después de su matrimonio con el entonces candidato a la presidencia Enrique Peña Nieto confirma los cercanísimos nexos con la televisora, hecho más que suficiente para reabrir la investigación en torno a la participación ilegal de esa empresa en la promoción de Peña Nieto aún mucho antes de la campaña presidencial.
La Reforma de Telecomunicaciones representó una simulación, puesto que si bien en un principio se recogieron muchas de las propuestas elaboradas por organizaciones independientes, a la postre fue aprobada dejando prácticamente intacto el poder de las televisoras. Ante ello, es indispensable corregir el rumbo para impedir el control monopólico de este estratégico sector, así como garantizar una mucha mayor presencia de medios estatales y comunitarios.
Las televisoras, salvo honrosas excepciones, son el factor que más ha empobrecido la vida cultural del país, al difundir sistemáticamente valores cargados de sexismo, racismo, clasismo y enaltecer la frivolidad y el menosprecio de lo propio.
Por todo ello, en el momento actual, Televisa en especial y todo el sistema hegemónico de telecomunicaciones requieren un juicio nacional, y el inicio de una verdadera transformación radical que nos regrese a los mexicanos los derechos que se nos han conculcado.
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