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| Tomás Zerón |
CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- ¿Cuántos esqueletos caben en el armario de un presidente de la República? ¿Cuántos se pueden encubrir desde la Agencia de Investigación Criminal de la PGR? O ¿Cuántos en los estantes toluqueños desde la Dirección de Inteligencia y de Investigación de la Procuraduría del Estado de México?
La certeza no la tenemos pero podemos mencionar algunos cadáveres como el de la pequeña Paulette Gebara que conmocionó al país con su desaparición en 2010 y sorprendió aún más cuando, haciendo uso de toda su inteligencia, el encargado de Investigación y Análisis de la Procuraduría estatal, Tomás Zerón dio con la pequeña “debajo de su camita”.
¿Cuántos cadáveres se podrán esconder cuando se tiene a su cargo la Policía Federal Ministerial, la Coordinación General de Servicios Periciales, el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia y la oficina de la Interpol en México? Direcciones poderosas que controlaba Tomás Zerón desde la AIC de PGR. Son sólo preguntas.
Del número de cadáveres nunca tendremos certeza pero podemos suponer que Zerón sabe mucho más de lo que apareció en un video del 28 de octubre de 2014 tomado en el río San Juan y a partir del cual nos enteramos (casi dos años después), que ese día se descubrieron “entre cuatro y ocho bolsas” negras con restos óseos y cenizas, presuntamente, de los 43 jóvenes de Ayotzinapa desaparecidos.
También supimos que fue hasta el día siguiente, el 29 de octubre de 2014 que “un buzo de la Marina” descubrió “una bolsa” con restos óseos y que posteriormente, se diría, pertenecían a Alexander Mora, uno de los estudiantes desaparecidos.
De ésos restos debe saber mucho más Zerón. ¿Cuántos kilos de ceniza humana se podrán esconder o diseminar en armarios gubernamentales? Nada de esto sabemos pero algo sí intuimos, el valor del escondrijo es mucho. Quizá por eso, en lugar de despedir a Tomás Zerón de la PGR, como demandaban los padres de los 43 desaparecidos, le dieron un cargo de mayor poder, el de secretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad.
Los esqueletos de un sexenio bien valen una protección a ultranza. Enrique Peña Nieto pareció dar a los leones locales e internacionales la cabeza de Tomás Zerón. A dos años del irresuelto e indignante caso de la desaparición forzada de los 43 estudiantes, algo se tenía que hacer para calmar los ánimos.
Pero no sólo Tomás Zerón sale del reflector y la crítica nacional e internacional, el propio Ejército sigue intocado. Son pocos los que consideran que esté exento, si no de culpas, por lo menos de ocultamiento de información.
El 5 de octubre de 2015, el general secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, recibió en su búnker a los diputados miembros de la segunda comisión especial para el caso Ayotzinapa. En ese momento la presión internacional y la tambaleante “verdad histórica” sobre la quema de los 43 estudiantes había sido puesta en duda el 6 de septiembre cuando el especialista José Torero dijo que era imposible una quema de tal magnitud, al aire libre y sin determinado número de aceleradores de fuego.
Ya un año antes, en noviembre de 2014, el propio general Cienfuegos había soltado la duda en la reunión que tuvo con la primera comisión de investigación de la Cámara de Diputados y donde les reveló que esa noche y madrugada, entre el 26 y 27 de septiembre de 2014, hubo una lluvia pertinaz que hacía casi imposible mantener un fuego vivo.
El 5 de octubre de 2015, Cienfuegos ofreció a la segunda comisión despejar dudas y para ello se comprometió a abrir las puertas del 27 Batallón de Infanteria con sede en Iguala, para que los diputados se convencieran de que ahí, no se escondían esqueletos.
La imprudencia del general Cienfuegos enfureció al titular de la Secretaría de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, quien a partir de febrero de 2016 empezó a hurgar un plan para echar abajo la apertura de los cuarteles. Y lo logró. Utilizó en la Cámara de Diputados a sus aliados del PVEM, porque el PRI, a través de su diputado Víctor Manueol Silva Tejeda, no consiguió articular estrategia eficaz.
Por ejemplo, el 15 de enero de 2016, mediante oficio, el diputado priista y su asesor insistían en que se daría la reunión en el 27 Batallón pero exigían “secrecía”, “ausencia de miembros del GIEI” y “sin asesores”. Además aclaró que toda la logística tendría que ser aún validada por el propio Ejército. Esto último dejaba entrever sus deseos de cancelar la reunión en el Batallón de Infantería, pero todo era velado.
La tibieza del PRI hartó a Gobernación, que envió el 3 de febrero al PVEM a “reventar” la reunión y pedir la cancelación del encuentro. Lo logró. El PRI, Panal y PES se sumaron a su demanda y con el voto ponderado en la comisión especial de Ayotzinapa mayoritearon a la oposición.
Así es que, a dos años de que se cumpla la atroz e indignante desaparición forzada de los 43 estudiantes, Peña Nieto sigue encubriendo a Tomás Zerón, quien llevó las indagaciones y fue clave en el armado de “la verdad histórica”, pero también a todos los miembros del Ejército que estuvieron el día de los hechos en contacto con los jóvenes, que supieron lo que estaba ocurriendo e incluso encubre al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y al titular del Cisen, Eugenio Imaz, quienes reconocieron que al momento del ataque contra los jóvenes y aún antes de que los desaparecieran, cenaban plácidamente esperando más reportes “de un enfrentamiento entre estudiantes y policías de Iguala”.
La omisión también te hace cómplice de los esqueletos que se puedan guardar en los armarios de un sexenio.
Si las frivolidades de los medios de comunicación continúan y desoyen a las víctimas también ellos serán cómplices de “los cadáveres” que caben en un sexenio, pero también de los esqueletos que se esconden en las fosas.
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