La periodista e investigadora de la UNAM, Marion Lloyd, denuncia que el modelo educativo presentado por Aurelio Nuño también plagió párrafos de un documento de la OCDE sin citar la fuente.
El fin de semana, el diario Houston Chroniclepublicó un artículo de Marion Lloyd -su ex corresponsal en México y actual investigadora de educación superior en la UNAM-, titulado “¿El Plagiador se convierte en presidente?”, en el que, al tiempo que retoma el reportaje publicado porAristegui Noticias, sobre el plagio cometido por el presidente Enrique Peña Nieto en su tesis de licenciatura, cuestiona la forma en la que el gobierno federal enfrenta el conflicto magisterial, encabezado por la CNTE.
La periodista y hoy académica señala que el nuevo modelo educativo presentado por Aurelio Nuño en julio, “incluye sus propios errores de estilo”. Detalla que de acuerdo con un análisis del experto en educación Roberto Rodríguez se “encontró que el documentocopió literalmente cuatro párrafos de un reporte de 2012 de la OCDE sobre el sistema de educación de México, y de nuevo sin entrecomillar o citar fuentes”.
Aquí la traducción completa del artículo:
Un reporte de una de los periodistas de investigación más importantes en México encontró que el presidente Enrique Peña Nieto plagió cerca de la tercera parte de su tesis de licenciatura en derecho, incluso el robo de largos extractos de uno de sus predecesores.
El reporte emitido por Carmen Aristegui en su sitio web el pasado domingo denuncia que Peña copió al menos 197 párrafos de escritores e historiadores sin mencionar el origen. La oficina de Peña dijo que la falta de citas fueron simples “errores de estilo” y que el presidente ha cubierto todos los requerimientos para graduarse de la Universidad Panamericana en 1991.
La noticia por sí misma es escandalosa. Una petición circula en Change.org urgiendo a la universidad rescindir el título de Licenciatura ha obtenido más de 130 mil firmas hasta el viernes.
Pero las justificaciones son particularmente perturbadoras, considerando que Peña ha apostado su presidencia en gran medida en una reforma del sistema de educación de México, un sistema que él aparentemente ha puesto en práctica.
Este golpe a la credibilidad del presidente no ayudará a su objetivo declarado de reacondicionamiento del sistema de educación del país el cual es fundamental para la habilidad de México en la creación de trabajos y expansión de su economía en el futuro cercano. Estudiantes mexicanos se encuentran por debajo del promedio de los 35 miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en las pruebas estandarizadas internacionales.
Hasta aquí, la estrategia del gobierno se ha centrado en romper con el pasado del sindicato nacional de maestros, el cual amasó enorme poder y fortuna durante sus décadas como un aliado clave primero de PRI de Peña y después como un jugador político independiente. Uno de los primeros actos del presidente después de tomar el poder en diciembre de 2012 fue encarcelara a la lideresa nacional, Elba Esther Gordillo, con cargos por malversación de 2 billones de pesos del erario durante sus 24 años en la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. El PRI, con el apoyo de partidos de oposición, impulsó después mediante una ley en 2013 imponiendo evaluaciones obligatorias para profesores, poniendo fin a un sistema en el cual las plazas podían ser compradas o heredadas.
En teoría, la estrategia tiene sentido. Estudios internacionales han demostrado que la calidad de la enseñanza es el factor más determinante en el éxito de un sistema de educación de un país. Sin embargo, villanizando a los maestros como los únicos culpables por el pobre desempeño de los estudiantes mexicanos en evaluaciones internacionales, el gobierno está pasando injustamente el costo. En realidad, el gobierno carga la peor parte de la responsabilidad por entregar el control del sistema de educación al sindicato que comenzó en la década de 1940 a cambio de votos. Ni tampoco la reforma incluye propuestas importantes para mejorar la calidad de la educación, más allá de algunas actualizaciones para escuelas rurales y castigar a maestros que hagan la evaluación.
Como resultado, miles de miembros del ala disidente del sindicato, la CNTE, han tomado las calles por más de tres años, prácticamente cerrando el sistema de escuelas públicas en varios estados. El gobierno ha respondido reprimiendo las protestas. La policía federal es acusada de matar a alrededor de 11 personas en un choque en el estado sureño de Oaxaca en junio. Las muertes siguieron a la desaparición forzada en 2014 de 43 normalistas en Ayotzinapa, Guerrero, quienes fueron secuestrados por la policía municipal en complicidad con una banda local de droga; los estudiantes realizaban una protesta para exigir más becas escolares. Ningún caso ha sido resuelto.
El gobierno ha desplegado también a miles de soldados para vigilar las protestas en los sitios donde las evaluaciones de maestros están siendo aplicadas. La CNTE, que represente alrededor de 300 mil maestros de escuelas públicas, de los 1.4 millones, han pedido a sus miembros boicotear las evaluaciones, argumentan que ellos no fueron consultados en las reformas. También argumentan que las evaluaciones no miden con exactitud la calidad de la enseñanza.
En muchas formas, ellos tienen razón. La nueva ley es más sobre restricción de derechos laborales que una reforma de educación. En medio de las críticas de prominentes académicos en este sentido, el gobierno finalmente publicó su propuesta para un nuevo modelo educativo en julio, tres años después de que la reforma educativa pasara en el Congreso.
Sin embargo, el modelo es en gran parte el reagrupamiento de políticas educativas existentes e incluye sus propios “errores de estilo” de acuerdo con un análisis del experto en educación, Roberto Rodríguez. La página 104 del documento, se inspira en gran medida y sin atribución, de la Reforma Integral de Educación Básica, una serie de cambios curriculares implementados por el gobierno previo de Felipe Calderón en 2011. Peor aún, Rodriguez encontró que el documento copia literalmente cuatro párrafos de un reporte de 2012 de la OCDE sobre el sistema de educación de México – nuevamente sin usar comillas o citar las fuentes.
Mientras tanto, el punto muerto entre la CNTE y el gobierno mexicano amenaza con afectar otro ciclo escolar. Como millones de estudiantes regresaron a la escuela en México el lunes pasado, maestros en al menos dos estados controlados por la disidencia rechazaron dar clases. El secretario de educación pública, Aurelio Nuño, respondió amenazando con poner fin al diálogo con la CNTE y retener pagos de los maestros en paro.
Estas tácticas de mano dura por parte de la administración de Peña no son nuevas. Aristegui fue despedida de una estación de radio en 2015, en lo que muchos creen fue la reacción de su investigación sobre un cuestionable negocio de bienes raíces que involucró a la esposa de Peña. En lo que se conoció como el escándalo Casa Blanca, Aristegui reveló documentos que demostraban que un contratista del gobierno había diseñado y construido una multimillonaria mansión para la familia presidencial a petición de la primera dama.
El presidente fue absuelto el año pasado por el titular de la secretaría de la Función Pública, a quien había nombrado poco antes. Pero, el escándalo estalló. En junio, en una ceremonia para promulgar el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción de México, Peña ofreció una disculpa a lo que él llamó “error” sobre la Casa Blanca. Él manifestó que “este asunto me reafirmó que los servidores públicos, además de ser responsables de actuar conforme a derecho y con total integridad también somos responsables de la percepción que generamos con lo que hacemos, y en esto reconozco que cometí un error”.
La Presidencia respondió a los señalamientos de plagio, no obstante, no mostró un signo de contrición.
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