Pintados en la pared están los elementos de una incipiente crisis fiscal que nadie reconoce en el sector público, en donde se insiste que tenemos una economía sana y blindada y que somos uno de los pocos países que después de la crisis de 2009 tienen finanzas públicas sanas.
Pero no sería lógico que una economía casi sin crecimiento durante 30 años, al tiempo que su burocracia se multiplicó y las demandas sociales por servicios básicos crecieron, no llegara a un punto de rompimiento.
El hilo se revienta por lo más delgado: por un lado, la fuente principal de ingresos del gobierno, y por el otro, sus obligaciones ciudadanas. La primera, la renta petrolera, está cayendo porque la producción de crudo cae. El derecho de hidrocarburos cayó entre 2008 y 2009 en 417 mil millones de pesos, la mayor parte por menores precios. Pero desde 2004 la producción perdió alrdedor de 800 mil barriles, o el 23%.
La producción sólo puede ir hacia abajo con el agotamiento físico de campos viejos, sin que se hayan descubierto campos nuevos.
En cuanto a las obligaciones con los ciudadanos, en la práctica se han ido incumpliendo progresivamente. De ahí las decenas de miles de estudiantes rechazados cada año en universidades públicas y el deterioro en los servicios de salud y seguridad. El caso más reciente es la jurisprudencia de la Suprema Corte que reduce las pensiones de trabajadores asegurados en el IMSS. Si bien sólo se reducen las de más de 10 salarios mínimos y no son la mayoría, golpea a un sector social con aspiraciones, pero con recursos cada vez más modestos, y es sólo el comienzo.
La pérdida de credibilidad sobre la independencia de la Corte de los deseos del Ejecutivo hace que esta jurisprudencia sea vista como parte de otros eventos que apuntan a la misma conclusión: el Estado no podrá cumplir con todos sus compromisos internos. Abundando, y en la misma semana de este evento, el IMSS mostró que debe haber un aumento de cuotas para trabajadores asegurados o de lo contrario habría una implosión en sus finanzas.
En otro evento, el Centro de Estudio de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados actualiza el dato de que en 2010 se dejan de pagar 545 mil millones de pesos de impuestos por exenciones y tratamientos especiales. Lo anterior, después del debate abierto que en 2009 sostuvieron el gobierno y los organismos empresariales sobre el esquema de consolidación fiscal, que aparentemente permitió a las grandes empresas dejar de pagar 300 mil millones de pesos a lo largo de varios años.
Todas estas advertencias han surgido, no en forma coordinada, sino una a una y relacionadas a problemas que el gobierno ha ido enfrentando, agudizados por la gran crisis de 2009. El costo macroeconómico de esta crisis fue tan alto que su secuela durará años.
Lo que sigue es una lucha entre sectores por defender su parte del ingreso nacional en un clima cada vez más desordenado y políticamente incierto. En algunos casos, los sectores percibirán que el Estado les arrebata ingreso que creían tener (como las pensiones) y en otros como una lucha de contrarios por un ingreso (la consolidación fiscal).
En un clima así, el Estado no logrará mucho, ni eliminando las exenciones fiscales. Primero, porque la economía no crece. Y segundo, porque la confianza mutua indispensable entre Estado y ciudadanos está rota. Hasta ahora sólo hemos visto la disputa entre grandes empresas por un pastel que no creció como les habían prometido los gobiernos del PAN. En la nueva etapa, la disputa incluirá a sectores más amplios que simplemente estarán defendiendo su parte ya muy reducida del pastel.
rograo@gmail.com
Analista económico
No hay comentarios:
Publicar un comentario