Aíslan en Guanajuato a cuatro indígenas recluidas por abortar

Autoridades del Cereso las obligaron a firmar un papel en el que rechazan entrevistas


Legisladoras se encadenan en demanda de que las jóvenes sean excarceladas inmediatamente

Purgan sentencias superiores a 25 años de prisión

Documenta Naciones Unidas el atropello

Las legisladoras perredistas Leticia Quezada y Claudia Elena Águila, durante la protestaFoto Carlos García

Jaime Avilés y Carlos García

Enviado y corresponsal
Periódico La Jornada
Miércoles 4 de agosto de 2010, p. 36
Guanajuato, Gto., 3 de agosto. Esta mañana, mientras dos legisladoras se encadenaban frente a la Procuraduría General de Justicia del estado para exigir la inmediata liberación de seis mujeres que purgan sentencias de más de 25 años de cárcel por haber sufrido abortos involuntarios, cuatro de ellas fueron incomunicadas dentro del penal de Puentecillas para evitar que hablaran con la prensa.

A escasas horas de la llegada a México de la alta comisionada adjunta para los Derechos Humanos, la sudcoreana Kuyng-wha Kang, que viene a tomar nota del caso, las jóvenes campesinas María Araceli Camargo Juárez y Susana Dueñas fueron obligadas a firmar un machote según el cual externan su deseo de “no realizar entrevista (sic) con medio alguno”.

Sin embargo, La Jornada ingresó al área de locutorios de la prisión donde una de las reclusas reveló que sus compañeras Yolanda Martínez Montoya y Ana Rosa Padrón Alarcón habían sido forzadas a suscribir un documento similar el pasado 29 de julio. En ese momento la entrevista fue cortada abruptamente por una celadora, quien se llevó a la interna con rapidez.

Para asombro de los reporteros, una vez concluida la conversación con la joven –que lleva casi una década tras las rejas por haber expulsado de manera espontánea un producto en gestación y aún deberá permanecer muchos años más en cautiverio–, la vocera de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, Alicia Arias Muñoz, les entregó un machote –del que tiene copia este diario–, que a la letra dice:

“Lic. Jesús Noé Mosqueda Vaca, director del Centro Estatal de Readaptación Social de Guanajuanto, Gto. Por medio del presente me permito informarle que no es mi deseo realizar entrevista con ningún medio de comunicación. Dicha decisión la tomo de manera libre (sic) y espero se me comprenda”. Firman, por separado, Araceli Camargo Juárez y Susana Dueñas. ¿La fecha? “Guanajuato, Gto., a 3 de agosto de 2010”.

De acuerdo con el director del presidio, ambas redactaron la carta “en el centro de cómputo” del Cereso. Estas cuatro mujeres, que por desnutrición, nula atención ginecológica y otros factores relacionados con la miseria perdieron los productos que crecían en sus entrañas, fueron denunciadas ante el Ministerio Público por los médicos que las atendieron en las áreas de urgencia de hospitales públicos de Dolores Hidalgo y San Miguel de Allende.

Asimismo, fueron engañadas por sus supuestas “defensoras de oficio” –como la tenebrosamente célebre María Guadalupe Cruces Luna, quien “asesoró” a tres de las seis sentenciadas–, que después de sacarles todo el dinero que pudieron terminaron por hundirlas ante los jueces.
Como en el estado de Guanajuato el aborto se castiga hasta con tres años de cárcel y alcanza libertad bajo fianza, estas seis mujeres fueron acusadas de “homicidio en razón de parentesco en agravio de sus hijos en proceso de gestación”, delito que puede ser sancionado hasta con 35 años de encierro.

Araceli Camargo, por ejemplo, fue detenida en un hospital de San Miguel de Allende a la edad de 18 años, obligada a declarar bajo los efectos de la anestesia y sentenciada a 26 años de prisión, de los que lleva cumplidos casi nueve. Al igual que Susana Dueñas, Yolanda Martínez, Ana Rosa Padrón, Ofelia Segura Frías y Liliana Morales Moreno, no cuenta con abogados defensores ni muchos menos con recursos económicos para contratarlos.

Actualmente, 166 mujeres de Guanajuato están sujetas a proceso de averiguación previa ante la procuraduría estatal, denunciadas como presuntas responsables de aborto. De ellas, 43 ya fueron consignadas por el Ministerio Público ante un juez. El caso, que había permanecido hasta ahora al margen de la atención mediática, empieza a sacudir a la opinión pública y a provocar reacciones políticas.

Esta mañana, dos diputadas perredistas, Leticia Quezada Contreras, del Congreso de la Unión, y Claudia Elena Águila, de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se encadenaron frente a la oficina del procurador Carlos Zamarripa, en demanda de la inmediata liberación de las reclusas.

Por su parte, el centro Las Libres, asociación civil dedicada a la defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en Guanajuato, prepara dos movilizaciones por la libertad de las presas en Puentecillas y Valle de Santiago. La primera protesta se efectuará este jueves en la ciudad de México, ante la oficina del gobierno de Guanajuato, sita en la calle de Arquímides número 3, colonia Polanco.

Y pasado mañana, viernes, se reunirán en la sede de Naciones Unidas, en avenida Presidente Mazarik, también en Polanco, con la alta comisionada adjunta para los Derechos Humanos, Kuyng-wha Kang, quien visitará nuestro país en representación de la sudafricana Navaneth (Navi) Pillay, titular del cargo. Las Libres confían en que, después de conocer a fondo el caso de las mujeres de Guanajuato, el organismo mundial abogue ante el gobierno mexicano por la excarcelación de las jóvenes campesinas injustamente presas.