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or primera vez en la historia, los afiliados al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) eligieron ayer a sus líderes seccionales mediante votaciones secretas, aunque el proceso se vio afectado por lo que grupos disidentes de la dirigencia consideraron un
albazooperado para favorecer la permanencia de Carlos Romero Deschamps a la cabeza de la organización: la convocatoria se dio a conocer el lunes y al día siguiente se cerró el plazo para registrar planillas, lo que constituye a todas luces una maniobra antidemocrática y excluyente. Pero en caso de que este proceso amañado favorezca al actual liderazgo, será una victoria pírrica, por cuanto el próximo gobierno ha reiterado que respetará la democracia interna de los sindicatos por medio de diversas medidas, tales como la obligatoriedad para los líderes de presentar sus declaraciones patrimoniales y de transparentar las finanzas gremiales.
Ayer mismo, en el curso de su visita a Tamaulipas, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, advirtió que su gobierno extenderá a las organizaciones laborales el combate a la corrupción y que cesará la añeja protección desde el Ejecutivo federal a las llamadas dirigencias charras, las cuales han sido piezas fundamentales de la opacidad en el manejo de presupuestos, mecanismos de control político del régimen sobre los trabajadores y fuente de abultadas fortunas personales y familiares.
El próximo mandatario plantea, en suma, cortar los viejos y viciados nexos entre la Presidencia y las cúpulas sindicales, una promesa que, de mantenerse, implicará un cambio de gran calado en el funcionamiento institucional del país. Hasta ahora ha existido un pacto no escrito entre gobernantes y líderes sindicales: a cambio de asegurar la sumisión electoral de la organización o central sindical, los primeros han otorgado a los segundos una completa impunidad y fondos ilimitados sin fiscalización alguna. Esa connivencia se ha roto sólo por excepción y no necesariamente para aplicar la ley, sino como resultado de discordancias políticas, como ocurrió entre Carlos Salinas de Gortari y el ex líder petrolero Joaquín Hernández Galicia, La Quina, y, más recientemente, entre el actual titular del Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto, y Elba Esther Gordillo, ex presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Tales rupturas no dieron lugar a procesos de democratización en las organizaciones respectivas sino que, por el contrario, fortalecieron su supeditación a la Presidencia.
Por otra parte, los gobernantes han sometido a persecución a los dirigentes laborales que les han resultado incómodos e insumisos, como ocurrió con Napoleón Gómez Urrutia, líder del sindicato de mineros y metalúrgicos y hoy senador de la República, quien debió exiliarse en Canadá por largo tiempo para evitar los afanes de sucesivas administraciones de someterlo a proceso con base en delitos inventados.
A la legislatura actual corresponde realizar las modificaciones legales necesarias para garantizar que los trabajadores puedan hacer de sus sindicatos organizaciones democráticas y transparentes. A los próximos gobernantes tocará honrar la promesa de no interferir en la vida interna de esas organizaciones ni para encubrir ni para perseguir a nadie. En esas circunstancias, será tarea de los propios agremiados conformar dirigencias honestas y comprometidas con sus bases y concretar el viejo anhelo de democratización de los sindicatos, empezando por los de petroleros, trabajadores de la educación, ferroviarios y electricistas. Si lo hacen, contribuirán en forma sustancial a un cambio importantísimo en la política nacional.
