Periódico La Jornada Lunes 9 de septiembre de 2019, p. 7
Para los ministros, magistrados, jueces, consejeros de la Judicatura Federal, presidente y consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) no existe el régimen de austeridad al que ha convocado el presidente Andrés Manuel López Obrador.
En sus presupuestos de 2020 solicitaron mantener la política de privilegios salariales y prestaciones, en un contexto en el que la Cámara de Diputados anticipa discutir los límites de ingresos de los altos funcionarios públicos.
Para el próximo año, el Presidente ganará al mes un salario bruto 143 mil pesos, que incluye el sueldo y prestaciones, entre ellas prima vacacional anual de 14 mil 966 pesos, ahorro solidario anual de 19 mil 771, aguinaldo de 89 mil 455, prima quincenal de 2 mil 820 y ayuda para despensa anual de 9 mil 420.
AMLO ganará un millón 716 mil pesos al año
Al año, el presidente López Obrador recibirá como percepción bruta un millón 716 mil 654 pesos.
El contraste inicia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que cada ministro tiene un ingreso mensual de 639 mil pesos, esto es 7 millones 679 mil pesos al año. Es decir, casi seis veces más que el Presidente.
Dicho monto es igual para los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal, quienes entre otras prestaciones recibirán un aguinaldo de 586 mil 158 pesos, sumarán a su seguro de separación individualizada 528 mil 726 pesos y una prima vacacional de 85 mil 475.
Además, y en contraste con el resto de la administración pública federal, se mantiene el seguro de gastos médicos mayores, que cuestan al erario 16 mil 658 pesos mensuales.
En el caso de los consejeros electorales del INE, incluido el presidente del Consejo General, Lorenzo Córdova, solicitaron un salario mensual bruto de 251 mil 967 pesos. Al año la remuneración de cada uno alcanza 4 millones 360 mil pesos, menos impuestos.
Incluye prestaciones como aguinaldo de 537 mil 37 pesos, seguro de vida por 59 mil 565 pesos y una prima vacacional de 19 mil 771 pesos.
Periódico La Jornada Viernes 26 de julio de 2019, p. 12
El Instituto Nacional Electoral (INE) informó ayer que el proceso para la constitución de nuevos partidos políticos nacionales sigue en curso para 80 agrupaciones que cumplieron con los requisitos iniciales. De ellas, Redes Sociales Progresistas, organización ligada a la ex dirigente magisterial Elba Esther Gordillo, y Encuentro Solidario, han cumplido 50 por ciento de las asambleas requeridas y 77 mil afiliados. Muy atrás, con 13 por ciento de asambleas y 21 mil afiliados, se encuentra la de Felipe Calderón y su esposa Margarita Zavala.
Para informar a la ciudadanía sobre el desarrollo de este proceso, el INE señaló que a partir de este viernes comenzará la transmisión en más de 2 mil radiodifusoras de un spot para dar a conocer que pueden afiliarse a estas organizaciones mediante aplicación móvil.
Los interesados deberán presentar su credencial para votar, firmar manifestando su voluntad de pertenecer a las agrupaciones y permitir que le tomen una fotografía, explicó.
El órgano electoral recordó los requisitos para formar un nuevo partido político nacional: afiliar a 233 mil 945 ciudadanos y celebrar, al menos, 20 asambleas estatales con 3 mil agremiados cada una, o 200 distritales con 300 miembros cada una, previo a llevar a cabo la Asamblea Nacional Constitutiva.
Según el último reporte del INE sobre el avance de las agrupaciones, Redes Sociales Progresistas lleva 33.3 por ciento de la meta de afiliaciones. Encuentro Solidario –del extinto Partido Encuentro Social– ha efectuado 105 reuniones distritales (52.5 por ciento) y ha logrado la membresía de 55 mil 72 personas, esto es 23.54 por ciento. Fundación Alternativa, encabezada por el ex priísta César Augusto Santiago, ha celebrado 50 encuentros distritales (25 porciento) y ha afiliado a 26 mil 497 ciudadanos (11.33 por ciento).
Libertad y Responsabilidad Democrática, de Calderón y Zavala, lleva 9.12 por ciento de afiliados.
MÉXICO. — Además de la рroрuesta de Morena рara reducir en 50 рor ciento el financiamiento рúblico a los рartidos рolíticos nacionales, ahora el Instituto Nacional Electoral (INE) рlantea eliminar totalmente las рrerrogativas рara esos mismos рartidos en los estados.
De рrosрerar ambas рroрuestas, el recorte sería de 74 рor ciento.
Para este año, los рartidos рolíticos nacionales tienen un gasto рúblico autorizado de 4 mil 965 millones de рesos que, recortado en un 50 рor ciento, quedaría en 2 mil 482.5 millones de рesos.
En tanto que, de рrosрerar la рroрuesta del INE, los 4 mil 566 millones de рesos del financiamiento рúblico estatal a los рartidos рolíticos nacionales se reduciría a cero.
En un estudio, el Instituto рlantea que desaрarecer esas рrerrogativas no sólo generaría ahorros y frenaría la duрlicidad de recursos рara un mismo fin, sino que eliminaría una fuente de irregularidades en el gasto, рues el financiamiento local es el menos transрarente en la fiscalización anual que realiza el organismo electoral.
“La mayor cantidad de anomalías que arroja la fiscalización de los recursos y la consecuente sanción es рrecisamente en el ámbito estatal”, dice en su estudio, elaborado a рroрósito de las iniciativas de Morena en el Congreso рara reducir en gasto рúblico electoral.
Entre las irregularidades detectadas están informes extemрoráneos e incumрlimiento de aрertura de cuentas bancarias рara llevar el control de los gastos de los candidatos.
También omiten reрortar la agenda de sus actos рúblicos o lo hacen de manera tardía, рresentan informes sin documentación de soрorte, sin facturas o con coрias sin valor fiscal y no elaboran la línea de ingresos y gastos que exige la ley.
Tamрoco рresentan el detalle de la comрra de bienes que distribuyen entre sus seguidores como banderines, рlayeras y gorras, ni de esрectaculares ni de la рroрaganda en redes sociales.
De 2016 a la fecha, el financiamiento estatal рara los рartidos suma 19 mil 971 millones de рesos, establece el INE en su análisis.
Periódico La Jornada Lunes 27 de agosto de 2018, p. 3
Con el presupuesto más elevado que haya tenido en su existencia –que asciende a 17 mil 246 millones de pesos–, el Instituto Nacional Electoral (INE) ha incurrido en excesos en diversas áreas, que han contratado servicios de empresas privadas para realizar tareas que la propia institución podría realizar. Trabajos de corrección de estilo, asesorías para la contratación de capacitadores electorales o el seguimiento en redes sociales forman parte de estos gastos.
Así lo advierte el Informe de Gestión del Primer Semestre 2018 del Órgano Interno de Control del INE, que también apunta irregularidades en los procesos licitatorios o en la asignación de contratos en este periodo. En este rubro, se han desechado licitaciones aun cuando se cumplían requisitos técnicos y económicos; se han segmentado contratos a fin de poder asignarlos directamente a una sola empresa, a pesar de que en conjunto el monto involucrado impediría esta modalidad, o se ha realizado la asignación de trabajos a pesar de que se incumple con los requisitos.
Del informe del OIC se desprenden además malos manejos en cuentas bancarias del organismo, entre las cuales destacan algunas que fueron abiertas en el ejercicio de 2017 con saldo disponible y que no encuentra justificacion, toda vez que no corresponden a pasivos contraídos en ese año, por lo que en su caso los recursos debieron ser reintegrados a la Tesorería de la Federación.
La presentación del documento coincide con los trabajos de elaboración de la propuesta presupuestal que en las próximas semanas deberá aprobar el INE para turnarla a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su incorporación al paquete 2019.
Entre las principales irregularidades detectadas sobresale una relacionada con la contratación de servicios paralelos detectados en la Dirección Ejecutiva de Administración, en la Coordinación Nacional de Comunicación Social, en el Registro Federal de Electores y en la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica.
En conjunto, el OIC detectó 18 contratos “con servicios para la corrección de estilo de documentos, la relalización de estudios de opinión –imagen del instituto–, asesorías para el reclutamiento de capacitadores electorales, monitoreo de medios de comunicación y redes sociales y rediseño de catálogo de puestos, a pesar de que en dichas áreas tienen en su estructura 62 puestos, con un total de 430 funciones, de las cuales 219 se encuentran directamente relacionadas con los servicios contratados.
“Es importante destacar –advierte el informe del titular del OIC, Gregorio Guerrero Pozas– que el monto erogado en los contratos es equivalene a 32 por ciento respecto de la percepción anual de dichos puestos”.
Al realizar las auditorías, se identificaron 10 cuentas bancarias de la Dirección Ejecutiva de Administración no reportadas por esta instancia, dos de ellas creadas en 2014 y 2015; otra con saldo identificado, mismo que fue reintegrado a la Tesorería de la Federación el 19 de junio de 2018, es decir, con fecha posterior a la solicitud de confirmación de cuentas y saldos efectuada por el OIC a diversas instituciones financieras.
Por lo que corresponde al rubro de licitaciones, se identificó a un licitante sin acreditar diversos requisitos relacionados con la especialidad y experiencias establecidos en la evaluación técnica; se detectó una adquisición presuntamente fraccionada en el servicio de alimentación para el personal de la Unidad Técnica de Fiscalización en virtud de que el importe total adjudicado superó el monto máximo de adjudicación directa y la otra se realizó con el mismo proveedor.
En paralelo, el OIC subraya el pago de 2 mil 620 turnos de los servicios proporcionados por personal de vigilancia sin que fueran acreditados documentalmente en el respectivo contrato del servicio de seguridad.
En este país de contrastes, a veces surrealistas, ya casi nada nos sorprende, pero debo confesar que algunos se esmeran en hacerlo, como quienes con ánimo golpista exigen la anulación de la elección argumentando que el artículo 41 constitucional señala que deben anularse cuando “se reciben o utilicen recursos de procedencia ilícita en las campañas”.
De haberse aplicado este argumento en las últimas 10 elecciones federales, las mismas, se habrían anulado. Algo que nuestras honorables instituciones electorales no hicieron a pesar de que velan celosamente las leyes con notable imparcialidad, según ellos.
En esta ocasión, es evidente que con el contundente triunfo de Andrés Manuel López Obrador y la verdad recién publicada sobre el fideicomiso en cuestión, es muy difícil hacer realidad los sueños guajiros golpistas de algunos actores de la sociedad que, para su desgracia, resultaron perdedores el pasado 1 de julio.
Supongo que a muchos aún no les cae el veinte de su derrota. Es normal, la condición humana no permite con facilidad asumir los golpes de la vida. Pero ya va siendo hora que analicen, con la frialdad de los números, el estrepitoso rechazo que la sociedad mexicana expresó en las urnas, contra los partidos de su preferencia.
Es lógico que les duela, pero deben aceptar que antes que saber ganar, hay que saber perder. Y perdieron. Lo digo no solamente para los enemigos y simpatizantes prianistas, sino también para los miembros del Instituto Nacional Electoral (INE) que no pueden disimular su malestar por el triunfo de AMLO y siguen aceptando órdenes y cumpliendo deseos de sus superiores para entorpecer el sano desarrollo democrático de México.
Analicemos las últimas acciones del INE. Ha sancionado al partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) con 197 millones de pesos, por el fideicomiso “Por los Demás”, constituido para ayudar a los damnificados por los sismos de septiembre de 2017. Pero lo ha sancionado sin realizar investigación ni siquiera preguntándole a los damnificados por el sismo si han recibido el dinero donado. Tampoco reparó en considerar que el fideicomiso es de los morenistas, no de Morena. Fue creado con aportaciones de ciudadanos, simpatizantes y militantes.
Sorprende la sanción del INE porque llega días después que se anunciara la baja en los espectaculares sueldos millonarios de sus honorables consejeros y en especial del presidente, Lorenzo Córdova Vianello, quien gana anualmente 4 millones 354 mil 208 pesos, sin contar los extras que recibe. Pero Córdova afirme que la institución que dirige es “austera”. Revisemos pues. El INE es una de las instituciones electorales más caras del mundo. Ahí laboran 10 mil 353 personas y su prespuesto anual es por mil 263 millones 746 mil 692 pesos.
Como los excelentísimos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que reciben casi un millón de pesos mensuales, los consejeros del INE tampoco están conformes con que les bajen el sueldo. Todos argumentan que su alto y obsceno salario en un país con 70 millones de pobres, es justo porque de lo contrario se corromperían. El problema es que recibir esos sueldazos ya es corrupción.
La sanción del INE a Morena huele a venganza. Es una sanción sin pies ni cabeza, sin argumentos, solo hecha con el hígado lastimado de los consejeros que, a partir del 1 de diciembre recibirán un salario más acorde a su función.
El INE se excede en sus funciones. Solo hay que recordar que cuando el 23 de septiembre del año pasado, fue creado el fideicomiso, el consejero presidente Córdova Vianello celebró tal decisión y nada dijo de una violación a las leyes electorales. Pero ahora sanciona, sin importar el esquema financieron del fideicomiso, sin investigar, ni considerar a los damnisificados que han recibido el dinero.
Los datos duros no mienten: hasta el 17 de julio de 2018 el fideicomiso había recaudado 85 millones 359 mil 66.17 pesos. Desde el 2 de octubre del año pasado, se han entregado 27 mil 288 ayudas individuales de 2 mil 400 pesos cada una a damnificados de 261 municipios de Oaxaca, Ciudad de México, Chiapas, Morelos, Puebla y Estado de México. Ahí están cada uno de los comprobantes para que los señores consejeros verifiquen.
Pero el INE de Lorenzo Córdova Vianello, Ciro Murayama y Marco Antonio Baños no quiere investigar ni verificar, quiere sancionar con efecto propagandístico. Fueron ellos los que filtraron la sanción a la prensa cercana al actual poder político. Fueron ellos los que se encargaron de reafirmar en los medios que la sanción filtrada esta muy bien sustentada bajo el amparo de la ley.
Lo que no han dicho, Córdova, Murayama y Baños, es la omisión que el INE que representan no ha multado a otros partidos que claramente utilizaron dinero de procedencia ilegal para comprar votos como en el caso reciente del Estado de México donde legitimaron el fraude de Del Mazo, o cuando los gobernadores han utilizado dinero público en sus campañas como el caso de César y Javier Duarte, Borge, los Moreira, o cuando Margarita Zavala y Jaime Rodríguez “El Bronco” no fueron capaces de comprobar la legalidad de sus firmas y sus recursos.
La imparcialidad del INE ha quedado en entredicho. Han sido omisos a un montón de anomalías electorales, fraudes, excesos, tranzas y corruptelas. Han protegido la mano que les da de comer, sin pensar que el dinero que reciben no es del Gobierno, es de los mexicanos y a los mexicanos deben lealtad.
Los consejeros del INE no son imparciales, ni congruentes. No utilizan el mismo racero para aplicar “la ley” a su conveniencia. Tampoco conocen la ética o la moral. Su comportamiento está regido por sus intereses personales y los intereses del Gobierno en turno, en este caso del PRI.
Si AMLO quiere cambiar este país, deberá empezar por reformar estas instituciones caducas, sometidas al arbitrio del amo en turno. Estos consejeros que han demostrado claramente ir contra la democracia, no deben seguir en sus puestos. A partir del 1 de diciembre serán rémoras sin patrón. Y pronto quedarán en ridículo ante otras instancias que demostrarán sus errores garrafales e intencionales. Habrá que darles las gracias por su contribución al imperio de la parcialidad. México necesita instituciones electorales limpias.
Bronca en el INE: consejero acusa a Baños de comandar un grupo que determina la vida institucional
Marco Antonio Baños "ejerce funciones metarreglamentarias y metalegales en este instituto. Una interrogante válida es si los partidos políticos desean ir al 2018 en esas condiciones”, expresa el consejero José Roberto Ruiz Saldaña
En un amplio y ríspido debate, el consejero Marco Antonio Baños fue acusado por su colega José Roberto Ruiz Saldaña, este miércoles 17, de ejercer funciones al margen de la ley y comandar un grupo que determina la vida institucional del Instituto Nacional Electoral.
Baños no respondió ni una palabra, pero tuvo la defensa de los consejeros Ciro Murayama y Javier Santiago.
El consejero José Roberto Ruiz Saldaña denunció el cinismo y desvergüenza de sus colegasdel Instituto Nacional Electoral (INE) por incumplir acuerdos y acusó a su par Marco Antonio Baños de ejercer funciones metarreglamentarias y metalegales al comandar a un grupo que determina la vida institucional del organismo.
Su postura provocó un amplio debate en el Consejo General del instituto entre consejeros y representantes partidistas, estos últimos echaron en cara a dicho grupo, denunciado por Ruiz Saldaña, de favorecer al PRI.
El aludido, el consejero Baños, no intervino. Pero Ciro Murayama y Javier Santiago se encargaron de hacer su defensa al señalar que tampoco se puede permitir el veto a Bañosde este consejo para que sea parte de ninguna comisión.
En la sesión, Ruiz Saldaña preguntó a los partidos políticos si deseaban ir al 2018 en esas condiciones.
El senador Javier Corral recordó que cuando siete partidos políticos se levantaron de la mesa del Consejo General, eso fue por la existencia de un grupo del PRI que estaba envenenando la vida del INE.
“Ese es el veneno que se sigue colocado en el instituto”, comentó el consejero del Poder Legislativo por el blanquiazul. Y llamó al gobierno y al PRI a que se hagan cargo de sus consejeros, porque de lo contrario el instituto no va a gozar de buena salud.
La molestia de Ruiz Saldaña se debe a que el año pasado los consejeros electorales convinieron en su reunión de mesa de consejeros cambiar este año la integración de la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales electorales (Oples), pero no se cumplió dicho acuerdo.
“Los árbitros electorales no podemos hacer trampas. Arbitrar las contiendas electorales es resolver conflictos entre partes y hacer cumplir las reglas del juego. Endeble favor le hace a la figura de Consejero electoral quien hace trampa y no cumple las reglas internas”, expresó Ruiz Saldaña.
“Si lo anterior es preocupante, más todavía lo es el proceder del consejero Baños, quien ejerce funciones metarreglamentarias y metalegales en este instituto. Una interrogante válida es si los partidos políticos desean ir al 2018 en esas condiciones”, preguntó.
El consejero presidente, Lorenzo Córdova, señaló que las comisiones son órganos auxiliares, no son finales, la mayoría de sus acuerdos pasan por el Consejo General, donde se decide por 11 voto,s no por uno, dos, tres o cinco.
Dijo que las puertas de la presidencia están abiertas. “Aquí no se margina a nadie“, respondió.
El consejero Benito Nacif señaló que sólo se acordó revisar la integración, lo cual fue negado por la consejera Pamela San Martín. “No puedo aceptar que se mienta, no estuve de acuerdo con ese acuerdo, pero sí se dio”, ratificó.
Horacio Duarte, representante de Morena ante el INE, se quejó de que el consejo nació secuestrado y añadió: “Ni quieren ni pueden ni les interesa ser independientes. Aplauden a su secuestrador y le dan palmaditas en el hombro”, en alusión al llamado síndrome de Estocolmo.
El representante del PRI, Jorge Carlos Ramírez Marín, dijo que le encantaba “ese tono de llamado que se asume con esta postura ‘rompepechista’, porque los consejeros no están llamados a nada que no sea a cumplir con la ley.
Le pidió a Ruiz Saldaña que cuando haga calificativos de comisiones o de personas las revisáramos, “porque si tuviéramos a nuestros consejeros, no entiendo por qué no se impusieron las medidas cautelares que pedimos para el caso de Sonora, una y otra vez, y que la Comisión de Quejas votó en contra del PRI”.
Y les propuso: “allá ustedes hasta qué punto trasparentan las sesiones. No pasa nada con transparentar más que cosas positivas. Se convierte en un gran antídoto para saber quiénes están chantaejando y quiénes vienen con disposición de enriquecer” el debate.
Señaló lo anterior luego de que Ruiz Saldaña propuso que se elaboren minutas de los acuerdos tomados en la mesa de consejeros y éstos se den a conocer a los partidos políticos en aras de la transparencia.
A continuación, la intervención de Ruiz Saldaña que inició el debate (hay que navegar al 4:18:20)
Como lo anuncié en su momento, no comparto el contenido del Proyecto de Acuerdo a discusión en el presente punto del orden del día, no puedo compartir una propuesta de acuerdo que se basa en el incumplimiento de un acuerdo de un compromiso, el cual fue claro, fue explícito, que se hizo hace poco más de un año.
Las y los Consejeros Electorales dieron su palabra en 2014 para que renováramos integralmente la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales en esta ocasión; no pueden negar, a menos que quisieran proseguir con su desvergüenza, que el compromiso que sirvió para destrabar hace un año la integración de dicha Comisión fue que cuatro integrantes estarían un año y luego cuatro distintos integrantes estaríamos otro año.
El mérito de la renovación total anual, fue ampliamente compartido, como ahora lo es el cinismo en el desconocimiento de la palabra dada,
Es falso como me querrán decir, que el actual Proyecto de Acuerdo se basa en una modificación de lo acordado hace un año, es falso, no hay modificación de un acuerdo, sino su incumplimiento; los actuales cuatro integrantes, en honor a la palabra otorgada, tendrían que haber presentado su renuncia a esa Comisión y haber dado paso a cuatro nuevos integrantes.
Se va a querer decir que una renovación total de la Comisión de Vinculación con OPLES tendría vulnerabilidad jurídica; falso también, siempre se reconoció que la ley no prohíbe la renuncia de integrantes de Comisiones, y que no repararía perjuicio a los partidos políticos una nueva integración.
Se intentó ofrecer como justificación, entre comillas, al incumplimiento que una renovación total de la Comisión sería interpretada como la confirmación de que se hizo mal el trabajo en la conducción del procedimiento de asignación de Consejeros del año pasado.
Querer cuidar la mala imagen cultivada del ahora Presidente de esa Comisión no es argumento para el incumplimiento de acuerdos, es simplemente querer prolongar esa mala imagen. También se me va a querer decir que no realicé un acercamiento suficiente con las y los consejeros electorales para este tema.
Señoras y señores Consejeros, el de la voz no tenía por qué ir a convencerlos a ustedes de que cumplieran con su palabra otorgada, creí que eran personas serias. Veo ahora que el mecanismo de rotación, como cuando hubo de Presidencia del Consejo General del entonces IFE, pues fue una mera pose, no hay en los Consejeros de aquel entonces, un genuino aprecio por las virtudes de la rotación de las funciones; el incumplimiento del acuerdo al que se llegó el año pasado, tiene un significado político para mí, preocupante.
Los árbitros electorales no podemos hacer trampas, arbitrar las contiendas electorales es, resolver conflictos entre partes y hacer cumplir las reglas del juego, endeble favor se le hace a la figura de Consejero Electoral quien no cumple las reglas internas y hace trampa. Quienes integran la Comisión y no cumplen el acuerdo de retirarse, conciben la política bajo la máxima “el fin justifica los medios”; ser parte de la Comisión de Vinculación con OPLE, no importa que desconozca un acuerdo, no importa que haya sido votado por un año, no importa que dañe la precariedad de los acuerdos internos.
Es claro para mí, que no será con las y los Consejeros que incumplen acuerdos internos con quienes se pueda refundar una ética pública desde el INE, pero no prosigo sobre el significado político, escúchese ético, del incumplimiento de acuerdos internos; no seré quien haga en este Consejo General, ni en la institución, discursos moralizantes, ese lugar ya está asignado y no lo quiero, pero más preocupante aún que el incumplimiento de acuerdos internos sobre la conformación de las Comisiones, es que a ello se suma la existencia de un grupo político de Consejeros y Consejeras Electorales, quienes determinan las decisiones de varios de esos órganos colegiados y con ello, a final de cuenta, la vida institucional.
Si lo anterior es preocupante, más todavía lo es, el proceder del Consejero Marco Baños, quien ejerce funciones meta reglamentarias y meta legales en este Instituto. Una interrogante válida es si los partidos políticos desean ir al 2018 en esas condiciones; lamento que se haya inaugurado la etapa del incumplimiento de acuerdos internos entre Consejeros y Consejeras, como también lamento que no hubo disposición ni consciencia de algunos colegas por acotar, vía la integración de Comisiones a ese grupo de Consejeros, ni de la Presidencia de este Consejo, de involucrarse en este asunto de suma importancia.
Actual consejero del IFE, es egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM, con Doctorado en Historia del Pensamiento Político y de las Instituciones Políticas, por la Universidad de Turín; profesor en Derecho Constitucional y Derecho Electoral en la UNAM. Ha sido investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, asesor del presidente del IFE, José Woldenberg, de 2000 al 2003, y actual consejero electoral desde diciembre del 2011. Se señala como una propuesta hecha por el PRD.
Consejeros por nueve años:
Adriana Margarita Favela Herrera
Abogada por la Universidad Juárez de Durango, doctora en Derecho Constitucional por la Universidad Anáhuac, catedrática y conferencista en Derecho Electoral. Es hoy magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, fue magistrada regional en Toluca, Estado de México, del TEPJF, de 2005 al 2013, ocupó diversos cargos en el TEPJF de 1993 al 2002, y de 2002 al 2005 en el IFE. Es considerada una propuesta del PRI.
José Roberto Ruiz Saldaña :
Abogado egresado de la Universidad Veracruzana, Doctor en Estudios Avanzados de Derechos Humanos por la Universidad Carlos III de Madrid. Es hoy Secretario de Estudio y Cuenta en la Sala Regional del DF del TEPJF, y estuvo también como director de Coordinación lnstitucional de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Implementadora del Nuevo Sistema de Justicia Penal de Sonora del 2011 al 2013. Se le etiqueta como una posición del PAN y es el único consejero que ha tenido gestos de independencia.
Ciro Murayama Rendón :
Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid, licenciado en Economía por la UNAM. Es hoy coordinador de Investigación del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República y fue asesor del presidente del IFE, José Woldenberg, de 1999 al 2003, y miembro del Comité Técnico del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) EN 2009 y 2012. Se señala que fue impulsado por el PRD.
Consejeros por seis años:
Marco Antonio Baños Martínez
Abogado egresado de la UAM y Maestro en Políticas Públicas Comparadas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso). Es hoy consejero electoral del 2008 a la fecha en el IFE, donde comenzó su carrera desde 1990, después de trabajar en la Secretaría de Gobernación, como director de Estudios Políticos de 1989 a 1990. Se le señala como una posición del PRI.
Enrique Andrade González
Licenciado en Derecho por la Ibero y Maestría por la UNAM. Fue Coordinador Jurídico de Asesores del Consejo General del IFE hasta el año pasado; de 2002 al 2004 fue Director de Audiencias en la Presidencia de la República, asesor en la Secretaría del Trabajo de 1998 al 2000; subdirector del ISSSTE de 1997 a 1998; asesor del director de Comunicación Social de la Secretaría de Gobernación en 1994. Se le coloca como una posición del PRI.
Alejandra Pamela San Martín Ríos
Egresada de la Escuela Libre de Derecho e inició su carrera en el IFE apenas hace cuatro años, como asesora, de 2010 al 2013, de los consejeros electorales; del 2011 al 2013 fue secretaria técnica de la Comisión de Quejas y Denuncias. Del 2002 al 2010 ocupó diversos cargos en la Visitaduría de la Comisión de Derechos Humanos del DF. Fue impulsada por el PRD.
Benito Nacif Hernández
Doctor en Ciencia Política en la Universidad de Oxford y licenciado en Administración Pública por el Colegio de México. Es hoy consejero del IFE desde el 2008, fue consejero del IEDF 2005-2006, y de 1999 al 2003 fue consejero del Consejo Distrital del IFE en el Distrito 10, en la Delegación Miguel Hidalgo. Es considerado una cuota negociada por el PAN.
Consejeros por tres años:
Beatriz Eugenia Galindo Centeno
Maestría en Derecho por la Universidad Autónoma de Nuevo León, en mayo del 2013; estudios de Posgrado de Elecciones Libres y Democráticas en el Instituto Internacional de Administración Pública de Paris, Francia. Fue magistrada presidenta de la Sala Regional de la Segunda Circunscripción del TEPJF, 2008-2011, institución donde inició labores desde 1990 como secretaria de Estudio y Cuenta. Se le etiqueta como una cuota del PRI.
Arturo Sánchez Gutiérrez
Sociólogo por la UAM, Maestría en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Oxford, profesor del ITAM y fue consejero electoral del IFE del 2003 al 2010, donde también ocupó el cargo de Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos de 1996 a 2003. Es una posición que impulsó el PAN.
Javier Santiago Castillo
Licenciado en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, docente en diversas instituciones, líder estudiantil y fue consejero presidente del IEDF por siete años, 1999-2006, y fue quien validó la elección capitalina en la que ganó Andrés Manuel López Obrador. Una posición que negoció el PRD.
Marco Baños actúa como un soldado al servicio de los intereses de Peña. Es Consejero desde 2008 y gracias a los buenos oficios del PRI, fue otro de los sobrevivientes del IFE cuando el Instituto se convirtió en INE.
Socio de María del Carmen Alanís -ex magistrada electoral con afinidad al PRI y amiga de Luis Videgaray y otras figuras priistas- en la consultora “Demos”, Baños lidera la bancada priista del INE, conformada por los Consejeros Enrique Andrade, Javier Santiago, Beatriz Galindo y Adriana Favela.
En 2015 se dio a conocer que el consejero Marco Antonio Baños y cuatro consejeros afines a él, controlaban el trabajo de comisiones en el Instituto, pues el presidía 8 de 12 comisiones de trabajo.
Más tarde se acusó a ese bloque de votar de forma idéntica, desde la computadora de un asesor del consejero Marco Antonio Baños, en la designación de los Consejeros de los Organismos Públicos Locales Electorales, así como ofrecer al PRD un arreglo para el reparto de cuotas de consejeros locales entre los 3 partidos políticos principales.
Baños Martínez fue cuestionado por la defensa en la remoción de los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Chiapas (IEPC) luego de detectarse omisiones e irregularidades. De hecho, Morena pidió analizar la remoción del consejero del Instituto Nacional Electoral tras haber arropado a consejeros.
El consejero Roberto Ruiz Saldaña acusó públicamente a un grupo de consejeros, encabezado por el Consejero Marco Antonio Baños, de secuestrar las decisiones del INE. Sostuvo que Baños Martínez toma decisiones “metareglamentarias y metalegales” en la Institución.
En la mayoría de las ocasiones, Baños Martínez ha votado en contra de sanciones impuestas al PRI, se pronunció en contra de sanciones por el caso Monex y en contra de retirar el registro al PVEM.
Operador de Felipe Solís, actual subsecretario de gobernación, cercano en algún momento al Senador Beltrones, Baños entiende que su trabajo consiste en ofrecer el más alto grado de impunidad al PRI y al Verde. La manera de obtenerlo es liderando como soldado de su partido los 4 votos inamovibles que, sin importar leyes y razones, se disponen siempre en la misma dirección cuando hay un asunto relevante.
