Ministros, jueces y consejeros del INE, con supersalarios

Enrique Méndez y Roberto Garduño

 

Periódico La Jornada
Lunes 9 de septiembre de 2019, p. 7

Para los ministros, magistrados, jueces, consejeros de la Judicatura Federal, presidente y consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) no existe el régimen de austeridad al que ha convocado el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En sus presupuestos de 2020 solicitaron mantener la política de privilegios salariales y prestaciones, en un contexto en el que la Cámara de Diputados anticipa discutir los límites de ingresos de los altos funcionarios públicos.

Para el próximo año, el Presidente ganará al mes un salario bruto 143 mil pesos, que incluye el sueldo y prestaciones, entre ellas prima vacacional anual de 14 mil 966 pesos, ahorro solidario anual de 19 mil 771, aguinaldo de 89 mil 455, prima quincenal de 2 mil 820 y ayuda para despensa anual de 9 mil 420.

AMLO ganará un millón 716 mil pesos al año

Al año, el presidente López Obrador recibirá como percepción bruta un millón 716 mil 654 pesos.

El contraste inicia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que cada ministro tiene un ingreso mensual de 639 mil pesos, esto es 7 millones 679 mil pesos al año. Es decir, casi seis veces más que el Presidente.

Dicho monto es igual para los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal, quienes entre otras prestaciones recibirán un aguinaldo de 586 mil 158 pesos, sumarán a su seguro de separación individualizada 528 mil 726 pesos y una prima vacacional de 85 mil 475.

Además, y en contraste con el resto de la administración pública federal, se mantiene el seguro de gastos médicos mayores, que cuestan al erario 16 mil 658 pesos mensuales.

En el caso de los consejeros electorales del INE, incluido el presidente del Consejo General, Lorenzo Córdova, solicitaron un salario mensual bruto de 251 mil 967 pesos. Al año la remuneración de cada uno alcanza 4 millones 360 mil pesos, menos impuestos.

Incluye prestaciones como aguinaldo de 537 mil 37 pesos, seguro de vida por 59 mil 565 pesos y una prima vacacional de 19 mil 771 pesos.

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La rebelión de los funcionarios millonarios

Preocupados porque se acerca la pérdida de sus privilegios, funcionarios de muy distintos niveles se revelan ante la austeridad republicana. Tienen razón. Pobrecitos.

Sus sueldos son espectaculares. No existen en ningún otro país los sueldos de estos funcionarios. Tampoco los beneficios extras que reciben. Algunos se llevan un millón de pesos al mes. Y bajarse el sueldo significaría modificar su nivel millonario de vida.

¿Quiénes son los funcionarios millonarios del Gobierno mexicano?

Empecemos por Luis María Aguilar Morales, Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quien recibe anualmente 4 millones 658 mil 775 pesos en concepto de sueldo y beneficios. Además del seguro de gastos médicos mayores, recibe una gran cantidad de prestaciones como vales de gasolina, de despensa, el pago del teléfono celular, vehículo blindado, chofer… y un largo etcétera que conforman el casi millón de pesos que se lleva mensualmente.

Cabe recordar que el Ministro Aguilar Morales llegó a la SCJN gracias a su amigo Felipe Calderón el 1 de diciembre de 2009. Y precisamente, fue Calderón quien les inventó el famoso “pago extra” a los ministros que se llama “pago por riesgo”. Luego fue nombrado presidente en la administración de Enrique Peña Nieto en enero de 2015. Fue quien votó en contra de darle seguridad social a las trabajadoras domésticas.

Su argumento para ganar tres mil salarios mínimos al año es que eso le proporciona la “independencia” necesaria: “Necesitamos remuneraciones y condiciones de retiro razonables y dignas, que les permitan tener la humana tranquilidad para reflexionar sus análisis y decisiones, sin presiones internas ni externas que doblen la vara de la justicia”, dijo. Es decir, no quieren un sueldo, sino un cohecho, porque con dinero baila el perro. Cuando alguien mide su honestidad con el dinero, estamos perdidos.

Cada uno de los once ministros de la SCJN gana anualmente 2 millones 36 mil 457 pesos. Con estos sueldos, la independencia no existe en la SCJN, porque los honorables ministros no pueden morder la mano que les da de comer y obedecen la línea que les marca el Presidente en turno. Sus polémicas decisiones han afectado de manera tremenda algunas de las más importantes luchas sociales.

Entre los funcionarios millonarios hay que contar a los senadores. Cada uno de los 128 senadores recibe 1 millón 884 mil 312 pesos anuales. Aunque ya se anunciaron reducciones en sus percepciones por Morena, hay que decir que siguen dentro del grupo de los privilegiados.

Igualmente los 500 diputados que ganan 1 millón 460 mil 550 pesos anualmente. Diputados que se han puesto de acuerdo para no bajarse las percepciones. Por cuatro meses trabajados, este mes de diciembre, cada uno, se llevará más de 200 mil pesos.

Y volvemos a lo mismo, la alta burocracia está empobreciendo a México. Por ejemplo, David Colmenares, el hombre encargado de vigilar la honestidad de los funcionarios, el presidente de la Auditoría Superior de la Federación, quien percibe 2 millones 857 mil 05 pesos cada año.

A la lista de los funcionarios millonarios hay que añadir a cada uno de los consejeros del Consejo de la Judicatura Federal que anualmente reciben 2 millones 862 mil 620 pesos.

Obviamente podemos ir observando a los más enojados por la reducción salarial de la alta burocracia. Caras tristes como la de Lorenzo Córdova Vianello, Consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. El polémico presidente que avaló memorables irregularidades electorales seguramente para no contradecir la mano que le da de comer, se lleva anualmente 2 millones 4 mil 563 pesos.

No es el único, los magistrados electorales, sobre quienes en ocasiones pesa la sombra de la corrupción por aceptar fraudes electorales a cambio de dinero, se llevan anualmente 4 millones 564 mil 875 pesos.

Insisto. Estos no son sueldos, son cohechos. Otro ejemplo: Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), quien percibe cada año 2 millones 05 mil 378, sin contar todas sus grandes prestaciones. Este señor se mantuvo callado durante los peores años del peñismo, pero en la recta final, fue publicando información sobre las terribles cifras de graves violaciones de derechos humanos.

Otro caso, es el de Alejandra Palacios Prieto, Comisionada presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica, quien percibe cada año 2 millones 362 mil 106 pesos, al igual que Gabriel Contreras, Comisionado presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones que anualmente percibe 2 millones 20 mil 364 pesos.

Y el de Francisco Javier Acuña Llamas, Comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, quien se lleva anualmente 2 millones 401 mil 208 pesos. O el caso de Julio Alfonso Santaella Castell, presidente del Inegi, quien recibe cada año, 2 millones 335 mil 446 pesos o cada uno de los consejeros del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, que gana anualmente 2 millones 335 mil 446 pesos.

A esta lista, hay que añadir los sueldazos de gobernadores, alcaldes, regidores, secretarios, directores, en fin, funcionarios que a discreción se autorizan, sin recato ni decencia, grandes percepciones y beneficios.

El plan de bajar los sueldos a más de 35 mil funcionarios que sobrepasan el límite de los 108 mil pesos que percibirá el Presidente Andrés Manuel López Obrador, es necesario.

Por eso, el fallo de los ministros millonarios de la SCJN que suspende la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, es indecente, particularmente porque existe un conflicto de interés, porque son los propios ministros quienes no quieren perder sus privilegios.

No existe crisis institucional, ni invasión de la independencia de los poderes en México, lo que existe es un grupo de funcionarios millonarios que se niegan a aceptar el cambio de paradigma del servicio público.

Muy sencillo, aquellos funcionarios que no acepten el cambio, pueden irse. Los mexicanos se los vamos a agradecer. No podemos seguir con estas desigualdades, mientras hay 70 millones de pobres. Basta de dispendio y excesos.

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Por mi madre, magistrados

Escrito por Jenaro Villamil el 22 mayo 2014 a las 10:21 am en Sociedad

Los Indignados Mejor Pagados del Mundo

“Es por tu bien”, de Hernández. Fuente: jornada.unam.mx

La Comisión Nacional de Pensiones Máximas se acaba de inaugurar con el momento estelar de nuestros magistrados electorales, los indignados mejor pagados del mundo. A continuación algunas de las interpretaciones más aplaudidas por el respetable.

1.-Si les vienen a contar cositas malas de mí, manda a todos a volar, y diles que sin pensión yo me fui… a litigar.

“Los que aquí trabajamos, con nuestros conocimientos y con nuestra dedicación, podríamos ganar más dinero si litigáramos los asuntos que nosotros mismos resolvemos (No lo hacemos, porque somos como Vicente Guerrero, va mi toga en prenda!, la R. contagiada de patriotismo).

“Por ello, hemos decidido los siete integrantes que ese haber de retiro es necesario y es justo para este Tribunal, pero en una muestra de dignidad, no accedemos a ello (La dignidad antes que la nómina, sí señor, la R. insuflada)”.

(Salvador Nava Gomar, magistrado del TEPJF, Reforma, 22 de mayo, pag. 6).

2.-Señor Magistrado: si no es pensión vitalicia, si no quedarán desempleados, entonces, por qué no lo dijeron públicamente antes del escándalo mediático.

“Nunca hemos pretendido, y eso fue una idea que se manejó, un haber vitalicio (Tan sólo era por el resto de nuestras vidas, no más, la R. precisa). Tampoco pretendemos un seguro de desempleo (¿Cómo le vamos a quitar la chamba a las aseguradoras?, la R. respetuosa), porque afortunadamente después de esta función no vamos a quedar desempleados”.

(Manuel González Oropeza, magistrado del TEPJF, Reforma, 22 de mayo, pag. 6).

3.-Gooooooool, gritan desde las gradas el respetable que siempre sospechó de la falta de independencia de la declarante.

“De aceptarlo (el haber de retiro), afectaríamos la independencia judicial por cómo se está manejando este tema que injustamente ha calificado a integrantes de este tribunal” (Por sus resoluciones los conoceréis, diría la sabia R. que recuerda a la declarante en una comida con Enrique Peña Nieto, antes de resolver sobre sus spots de algún informe de gobierno).

(María del Carmen Alanís, magistrada y ex presidenta del TEPJF, Reforma, 22 de mayo, pag. 6).

4.-El declarante no necesita haber de retiro ni haber de nada, porque después de tan noble encargo podrá ser jilguerillo en los mítines de algún partido.

“Luego entonces, nuestra cara está de frente al cien. Podemos ver de frente la cara de la ciudadanía (Eso está difícil mi buen, porque no hay cara con 110 millones de mexicanos, la R. que mata las metáforas); 46 años de juez nunca han sido maculados bajo ningún aspecto de recibir alguna dádiva” (Aplausos!, la Galería estalla en aplausos ante tal muestra de dignidad, la R. emocionada).

(Alejandro Luna Ramos, magistrado presidente del TEPJF, La Jornada, 22 de mayo 2014, pag. 3).

5.-Y los magistrados gritan: es la prensa la culpable, es la prensa, y no nosotros, tan tranquilos y silenciosos.

“Si hay plumas mercenarias, no es mi culpa (¡Nombres, nombres! ¿O acaso lo de las “plumas” es otro tipo de metáfora?, la R.). Si hay falta de ética en el periodismo improvisado que no investiga, tampoco es culpa mía (Desde que el periodismo es responsable de quitarle pensiones vitalicias, la ética se convirtió en madruguete legislativo, la R. filosófica).

(Flavio Galván, magistrado y ex presidente del TEPJF, en concurso de sentencias contra la prensa, La Jornada, 22 de mayo 2014, pag. 3).

-El mismo declarante, recordado por un curioso escándalo de compra-venta de un edificio en el mismo tribunal, declaró el 16 de mayo lo siguiente:

“Es un retiro justo después de toda una vida de trabajo. ¿Quién de los críticos está dispuesto a devolver lo que está ganando sólo porque México está en crisis?” (La Comisión Nacional de Pensiones Mínimas podría darle trabajo al magistrado).

(Flavio Galván, magistrado y ex presidente del TEPJF, Reforma, 17 de mayo 2014).

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¿Hasta dónde? Vergüenza en el Senado

Rolando Cordera Campos

“U

n ‘gol’ de última hora –literalmente en tiempo extra– metió el Senado en la legislación secundaria de la reforma político-electoral al otorgar un ‘haber de retiro’ a favor de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación” (nota de Luciano Franco y Blanca Botello en Crónica, 16/05/14).Pa vergüenzas no gana uno, pero lo hecho por los senadores con el llamado haber de retiro o pensión vitalicia para los magistrados electorales va más allá de admisible: se trata de algo indignante para el resto de los ciudadanos y mexicanos (los senadores también lo son… a menos que decidan lo contrario) y vergonzoso para el Senado.

Debe corregirse cuanto antes esta absurda cuanto ofensiva ocurrencia, porque la salida planteada por los priístas en la Cámara de Diputados ni lo hace ni lava el honor del Congreso de la Unión. Lo deseable es que este inaudito hecho fuese el detonador para que los órganos autónomos, flamantes como se sienten, inicien una auténtica revisión de sus emolumentos y prestaciones para adecuarse a la realidad real de México. Lo mismo habría que esperar de la Suprema Corte e insistir en que el primer obligado a ser transparente es el propio Congreso de la Unión. Sin esto será imposible abordar el tema crucial de la reforma presupuestaria y la obligada redistribución de fondos y obligaciones del Estado; menos, entrar en una fase de austeridad con equidad como tal vez nos lo imponga una coyuntura internacional tan veleidosa y nuestra propia debilidad fiscal, ahora acentuada por una reforma fiscal inconclusa, pero acompañada por nuevos compromisos del gobierno para dar cumplimiento a sus promesas de reforma fiscal con reforma social. En este nudo, el abuso en que incurren los órganos autónomos y la propia Suprema en materia de ingresos y prebendas constituye un nudo ciego.

Escuché en el radio que algunos diputados calificaron el ya tristemente célebre haber de retiro como un intento de soborno de los jueces electorales, y puede ser. Pero, por otro lado, debería ser obvio para tribunos experimentados que esto, al final de cuentas, es lo de menos, sin que por ello deje de ser grave. Lo que está en juego es mayor. Reviste una seriedad que probablemente sea difícil de aquilatar desde la tan vapuleada tribuna parlamentaria.

A diario nos enteramos de altos sueldos, prebendas y canonjías que se distribuyen en órganos dizque autónomos; también de datos, cifras y nombres de salteadores disfrazados de audaces negociantes, cuando no de empresarios innovadores, que defraudan bancos, amigos y parientes con el señuelo de participar en el saqueo final de las empresas estatales, en especial de Pemex, donde se pasean del brazo funcionarios, logreros y parientes intocables.

Pero también a diario se documenta la pobreza de la mayoría; la precariedad ocupacional y la miseria del salario, matraz maldito del que salta la juventud envenenada que opta por la criminalidad y la barbarie. Decisiones como la que se comenta no pueden, ni deben, separarse de esta realidad porque ésta es, precisamente, la que debería acompañar día y noche a los legisladores, sus vigilias y ensueños. Lo que, parece claro, no ocurre.

Los senadores, vaya usted a saber por qué, otorgan prebendas majaderas que rebasan cualquier consideración referente al cálculo sobre la probidad, la confianza y demás rimbombantes, cuanto manidos, argumentos cuando se habla y discute sobre el costo creciente de la democracia mexicana. En medio de una dura y agresiva situación económica que pega por lo bajo y a los de abajo con empleos precarios y salarios estancados, sin que la recuperación pueda remontarse; con años, lustros y décadas de mal crecimiento, mala ocupación y pésima distribución de los frutos del esfuerzo económico y social, premiar por adelantado a jueces superbien pagados va más allá de la burla; presenta de cuerpo entero a un Congreso autista.

A un órgano que inventa recompensas, ajeno a la realidad que vive el país y, sin exagerar demasiado, insensible a los sentimientos, anhelos y lamentos de los mexicanos. Como un cuerpo extraño que muchos empezarán a ver como enemigo y alejado de toda elemental sensibilidad política y social, ya no digamos solidaridad con sus conciudadanos y compatriotas.

Los pretextos pergeñados a mil por hora por las burbujas parlamentarias de la Cámara de Diputados son pueriles y deben ser retirados, como también debe hacerse cuanto antes con la majadera decisión tomada a la medianoche y sin que mediara consideración alguna con el reglamento, la técnica y la práctica parlamentaria. Hay que decirles que ya basta, pero al mismo tiempo no contemporizar con especies como la del soborno, que sólo abaratan la cuestión.

Lo que los senadores han hecho es poner en entredicho su propio papel en nuestra democracia y poner en alto riesgo al Congreso en su conjunto.

Se ha "malinterpretado" el tema del retiro: magistrados

A través de un comunicado los integrantes del TEPJF rechazaron haber negociado esa determinación impuesta en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Notimex

 06:20 PM Última actualización 06:20 PM

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CIUDAD DE MÉXICO. Los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral federal aclararon que en las reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación aprobadas por el Congreso no se determinó una pensión vitalicia.

A través de un comunicado, los magistrados señalaron que es incorrecta la interpretación que se ha difundido sobre el tema del haber de retiro, establecido en el Artículo 209 fracción XXXI de la Ley Orgánica antes mencionada.

Agregaron que esa garantía está prevista en el Artículo 94 párrafo décimo segundo de la Constitución, y se debe ajustar a lo que exige el Artículo 134 constitucional, bajo los principios de racionalidad, transparencia y honradez.

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Explicaron que el haber de retiro está previsto ante la disposición legal que prohíbe a los ex integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) el desempeñar cualquier actividad relacionada con su profesión en un periodo de dos años.

Recordaron que en 2006 decidieron renunciar al fideicomiso integrado para el retiro, el cual posteriormente la Comisión de Administración autorizó su extinción y liquidación, reintegrando a la Tesorería de la Federación el importe existente al momento de la devolución del mismo.

Aclararon que los miembros del Tribunal Electoral no negociaron el ejercicio de su función jurisdiccional, por lo que “rechazamos de manera categórica cualquier acusación de este tipo. Somos respetuosos de la deliberación pluripartidista representada en el Congreso de la Unión”.

Finalmente aseguraron que en el máximo tribunal en materia jurisdiccional electoral del país “somos los primeros obligados en la observancia de la Constitución y la ley”.

@Alvaro_Delgado y los siniestros nexos de los magistrados del TEPJF

 

Por Victor Hernández

El periodista de Proceso, Álvaro Delgado (@Alvaro_Delgado), publicó anoche una serie de tweets describiendo de manera breve los nexos de cinco de los 7 magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con algunas de las figuras más siniestras de la política nacional. Estos son los tweets que publicó Álvaro Delgado, los cuales explicarían por qué desecharon las pruebas del fraude de Enrique Peña Nieto:

Alejandro Luna Ramos es hermano de la ministra Margarita Luna Ramos, ambos allegados a Diego Fernández de Cevallos.

El magistrado Pedro Penagos es allegado a Manlio Fabio Beltrones.

El magistrado Constancio Carrasco Daza es primo del exgobernador priista y ahora panista Diódoro Carrasco.

En abril de 2011, (Maricarmen) Alanís ofreció una cena en su casa a enviados de Peña Nieto para ser exonerado por el TEPJF, como ocurrió.

El magistrado González Oropeza es allegado a los Chuchos del PRD. ¿Casualidad? No lo creo.

Que nadie se engañe: Todos los magistrados del TEPJF tienen dueño.

Faltaron dos: Salvador Nava Gomar y Flavio Galván.

Nava fue el que redactó la sentencia desechando la impugnación de la elección presidencial y además tuvo el descaro de decir al final que los mexicanos tienen un presidente electo en Enrique Peña Nieto.

Y Flavio Galván fue el que le espulgó todo lo que pudo a los testimonios ciudadanos sobre la compra de votos con tarjetas de Soriana no para indagar el delito que cometió el PRI, sino para descalificar a los ciudadanos que dieron su testimonio ante notario.

Juzguen ustedes su calidad moral.

Magistrados electorales en la mira

http://exijamosloimposible.blogspot.mx/

John M. Ackerman
MÉXICO, D.F. (Proceso).- La única manera de garantizar que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) tome en serio los alegatos y las pruebas presentadas por el Movimiento Progresista en contra de la validez de la elección presidencial sería por medio de una vigorosa y pacífica presión social. Ni siquiera se había realizado el conteo distrital oficial del Instituto Federal Electoral (IFE) cuando el magistrado presidente Alejandro Luna Ramos ya había descalificado la eventual impugnación de Andrés Manuel López Obrador al afirmar que “no se gana en la mesa lo que no se gana en las urnas”. La magistrada María del Carmen Alanís también tiene claros antecedentes de parcialidad a favor del PRI y Enrique Peña Nieto. Su vergonzoso papel en el fallo que exculpó a Peña Nieto de cualquier responsabilidad en la transmisión nacional de los spots de su V informe de gobierno en 2010 es apenas un pequeño botón de muestra.
Es falso que toda la carga de la prueba se encuentre del lado de quienes impugnen los resultados de la elección. Así como López Obrador debe ofrecer evidencia que sustente sus acusaciones con respecto a la defraudación de la voluntad popular, tanto el IFE como el TEPJF también tendrían que demostrar sus dichos sobre la supuesta limpieza del proceso electoral. No sería ni jurídicamente ni políticamente aceptable que los magistrados se limitaran a simplemente dese­char y desestimar los argumentos del Movimiento Progresista. Si quieren producir un fallo que sea no solamente legal, sino también reconocido como legítimo por la población, los juzgadores electorales deben esclarecer la verdad sobre el proceso electoral.
El TEPJF cuenta con amplias facultades para discernir si la elección presidencial cumplió cabalmente con el principio de “autenticidad” plasmado en el segundo párrafo del artículo 41 de la Constitución. Por ejemplo, de acuerdo con el artícu­lo 14 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral (LGSMIME), el TEPJF puede “ordenar el desahogo de reconocimientos o inspecciones judiciales, así como de pruebas periciales”. El artículo 21 de la misma ley señala que el presidente del TEPJF de manera unilateral cuenta con la facultad de “requerir a las autoridades federales, estatales y municipales, así como a los partidos políticos y particulares, cualquier elemento o documentación que, obrando en su poder, pueda servir para la sustanciación y resolución de los medios de impugnación”. El mismo artículo autoriza al magistrado presidente a “ordenar que se realice alguna diligencia o que una prueba se perfeccione o desahogue”. El artículo 23 también ordena al TEPJF “suplir las deficiencias u omisiones en los agravios” incluidos en el juicio de las partes. Y el artículo 9 señala que el TEPJF está obligado a requerir las pruebas solicitadas por las partes pero que no hayan sido entregados a tiempo por las instituciones correspondientes, como el IFE, la FEPADE o la Secretaría de Hacienda.
En otras palabras, si los magistrados deciden no llegar al fondo de los casos de Soriana y de Monex y se hacen de la vista gorda ante el evidente sesgo mediático y el fraude de las encuestadoras, no será porque no pueden hacerlo, sino porque simplemente no quieren. Tal actitud podría ser conveniente desde el punto de vista de cuidarle el “triunfo” a Peña Nieto, pero podría costarle muy caro al país si el desenlace es otro presidente sin la legitimidad social requerida para emprender las grandes reformas institucionales necesarias para salvar al país del naufragio.
También es falso que la única vía para invalidar la elección de Peña Nieto es por medio de la anulación de 25%, o aproximadamente 35 mil casillas electorales. Aun si no se lograra alcanzar esta meta, posteriormente, a la hora de emitir su “Dictamen de Validez”, o en su caso de “Invalidez”, el TEPJF podría desechar la elección en su totalidad por la existencia de violaciones generalizadas a los principios constitucionales de legalidad, equidad, libertad del sufragio y autenticidad, entre otros.
Pero los magistrados electorales ni siquiera considerarán esta opción si la sociedad no genera un contexto de exigencia suficientemente fuerte. Hace seis años los magistrados también fueron sumamente renuentes a esclarecer los resultados electorales, pero las movilizaciones multitudinarias los obligaron a recontar casi 10% de las casillas electorales y a emitir un Dictamen de Validez que por lo menos simulaba tomar en cuenta los alegatos de López Obrador. Ambas acciones del TEPJF fueron a todas luces insuficientes, pero ninguna hubiera acontecido sin la fuerte presión social. Hoy se tendría que repetir la experiencia.
Recordemos que supuestamente vivimos en un régimen democrático que protege la libertad de expresión y el derecho de asociación. Por ejemplo, el artículo 9 de la Constitución señala claramente que “no se considerará ilegal y no podrá ser disuelta una asamblea o reu­nión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto a una autoridad”. Asimismo, el artícu­lo 8 de la Carta Magna protege el derecho de petición de todos los ciudadanos. Más allá de tomar las calles, los ciudadanos también deberían inundar a las instituciones electorales con reportes, denuncias y reclamos por escrito que demuestren su inconformidad y exijan a las autoridades a cumplir con sus obligaciones constitucionales.
En el México de hoy, de vastas desi­gualdades sociales y poderes fácticos avorazados, la confianza ciega constituye el perfecto caldo de cultivo para la irresponsabilidad y la parcialidad institucionales. Cuando la sociedad deja de vigilar a los jueces y a los servidores públicos, éstos normalmente aprovechan para concretar pactos inconfesables. Así como Peña Nieto, López Obrador y Josefina Vázquez Mota firmaron un “pacto de civilidad” antes de las elecciones del 1 de julio, habría que exigir al IFE, la FEPADE y el TEPJF que firmen un nuevo “pacto en defensa del interés público” para hacer todo lo legalmente posible para depurar un proceso electoral que muy probablemente ha sido uno de los más turbios en la historia reciente.
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Twitter: @JohnMAckerman