El acto de gobierno por excelencia -porque de su naturaleza y de su alcance dependen todos los demás- es el de fijar impuestos, que se estipulan en la Ley de Ingresos de la Federación, que conforme a la ley debe ser aprobada hoy a más tardar en la Cámara de Diputados.
La fijación de las contribuciones es de suyo un asunto polémico. Casi todos los renglones del ingreso público tienen un haz y un envés, por lo que el respectivo dilema tiene que ser resuelto por el Ejecutivo al proponerlo y el Congreso al decidirlo, considerando factores más allá de los meramente fiscales. El caso típico, que los diputados tendrán que encarar hoy, es el de un gravamen al tabaco, que se inscribe en dos esferas públicas: por un lado es un instrumento recaudatorio de importancia creciente; y por otro lado, es herramienta de la política de salud pública. Dada la índole de ese producto, y dicho en términos resumidos, que atienden a la médula de la cuestión, el tratamiento fiscal del consumo de tabaco es cuestión de vida o muerte, de respeto a las personas que lo consumen y a su entorno.
Las empresas tabacaleras expusieron sus argumentos contra un incremento al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) en un mensaje publicado el lunes. Y ayer el sector salud dio adecuada respuesta a sus alegatos (adecuada en general, salvo por la cláusula final, impropia de una autoridad respecto de sus gobernados, pues se exige a las tabacaleras “actuar de manera responsable y dejar de emitir comunicados con argumentos falsos o tendenciosos que confunden a los mexicanos”. Cuando oficinas gubernamentales exigen a particulares una determinada conducta no fundada en una base legal se aproximan, así sea verbalmente, al autoritarismo que niega o limita desmesuradamente las libertades.
El cultivo, transformación y comercio del tabaco es manejado en todo el mundo por un puñado de empresas poderosísimas, en permanente defensa de su negocio, expuesto desde hace no mucho tiempo al escrutinio público que demanda respeto a la vida y ha conseguido avances en la regulación de esa adicción o hábito, regulación que debe practicarse por vías indirectas, pues nadie admitiría una ley que prohibiera el consumo de tabaco, aunque se generaliza la aceptación de que ese consumo sea regulado y acotado en los espacios públicos.
Las tabacaleras, algunos de cuyos personeros carecen de escrúpulos, suelen cabildear (es decir, tratar de moldear el criterio de las autoridades) no sólo con argumentos sino a menudo con dinero y en más de una ocasión con amenazas y aún su concreción. El año pasado tal cabildeo resultó exitoso, pues el Congreso estableció un incremento gradual del IEPS para los próximos tres años, que las empresas destinatarias demandan mantener ante las iniciativas que buscan incrementar ahora el monto de ese impuesto. Las afectadas, y los legisladores que las beneficiaron, pasaron por alto el carácter estrictamente anual de la legislación concerniente a los ingresos y los egresos públicos. Las tabacaleras aprecian el gesto de las Cámaras hace un año, y lo consideran un “esquema que brinda a nuestra industria, por primera vez, las condiciones necesarias para desarrollar planes de inversión y de crecimiento a largo plazo en toda la cadena productiva”.
La industria tabacalera piensa el asunto en términos económicos. Piensa en la bolsa, no en la vida. Crea “cerca de 5 mil empleos directos y más de 30 mil empleos entre agricultores y jornaleros. Cuenta con más de 7 mil hectáreas plantadas y genera una derrama económica anual en el campo mexicano por más de 420 millones de pesos”. Aduce esa industria ser “el contribuyente privado de IEPS más grande de México”, aportar “el 44% del total de impuestos especiales, poco más de 13 mil millones de pesos”, y estima que “para el cierre del año aporte a las finanzas públicas más de 23 mil 500 millones de pesos. Del precio de venta de cada cajetilla, 13 de cada 100 cigarros son impuestos”. Y dice que modificar el esquema trianual que los complace “genera incertidumbre jurídica y comercial que amenaza nuestros empleos y la recaudación”. En sentido contrario, “este verano más de 2 mil 500 productores se comprometieron a cultivar tabaco... alentados por la certeza jurídica en material fiscal”. Aludiendo a una de las motivaciones del aumento que hoy debe decidirse, alega que “incrementos bruscos en los impuestos no desalientan el consumo y no aumentan la recaudación” y en cambio “favorecen la aparición del comercio ilegal”.
Ayer mismo respondieron los institutos nacionales de salud y algunas organizaciones profesionales y civiles como la Academia Nacional de Medicina y el Consejo Mexicano Contra el Tabaquismo. Su argumento principal a favor de un más riguroso tratamiento fiscal se funda en el respeto a la vida, y lo promueve: “El consumo de productos de tabaco provoca la muerte prematura y una serie de enfermedades que restan calidad de vida a sus consumidores y a quienes los rodean. En México, se estima que provoca la muerte de 60 mil mexicanos cada año”. De manera secundaria razona también en función del costo financiero del consumo de ese producto nocivo para la salud: el sistema nacional correspondiente gasta aproximadamente 45 mil millones de pesos anuales en atender las enfermedades relacionadas con el tabaquismo. Y sobre la base de que “la manera más efectiva de disminuir el consumo de tabaco es aumentando el precio mediante impuestos”, solicita que se eleve el IEPS. Los diputados deben atender este pedido.
Cajón de sastre
Tardíamente el diputado Julio César Godoy, que no huyó durante el fin de semana como se llegó a creer tras el pueril pretexto que lo llevó a ausentarse el viernes, firmó su renuncia al PRD. En la fase en que se encuentra su caso -en curso el proceso de decisión parlamentaria de entregarlo a la justicia, que sólo entonces lo juzgaría y establecería sus responsabilidades- la presión para desvincular al partido se dirige a un objetivo contrario al que debería buscarse. Conforme al beneficio de presunción de inocencia, Godoy no es culpable hasta que un juez (y no la sección instructora y ni siquiera el pleno de la Cámara) determine lo contrario. Dejarlo solo hace el juego a la maniobra propagandística realizada por la PGR, que ya sembró la semilla de la sospecha sobre una persona a la que acaso se denigra sin fundamento.
miguelangel@granadoschapa.com
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