Varias decenas de empresarios de Tamaulipas que se reunieron con el Gabinete de Seguridad incomodaron al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, al señalarle que, en vez de hablar de logros, debiera reconocerse que la situación de la entidad está peor que en el sexenio de Calderón. En un minucioso reporte que elaboraron y que fue obtenido por Proceso, le advirtieron que mientras los funcionarios públicos se han convertido en subordinados de los delincuentes, las extorsiones y los crímenes aumentan porque, aseguran, nadie se ha propuesto desmantelar las estructuras de la delincuencia organizada.
El encuentro desde el principio fue frío. Cuando el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, entró al salón, ninguno de los empresarios se levantó ni hubo aplausos. Agraviados por la delincuencia, escucharon con malestar el discurso que el encargado de la seguridad pública dedicó a los logros de la Estrategia de Seguridad Tamaulipas.
Expoliados como en ninguna otra parte del país por los grupos criminales, le dijeron que no era momento de hablar de logros en el tema. El secretario estalló. Advirtió que no permitiría que se acusara al gobierno de Enrique Peña Nieto de “triunfalismo anticipado”.
La cuarta reunión de la Estrategia acabó peor que como empezó, por más que el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, tratara de rescatar el encuentro, al que asistieron los demás integrantes del Gabinete de Seguridad: el secretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos Zepeda; el de Marina, almirante Francisco Soberón Sanz; el comisionado nacional Monte Rubido García, y el director general del Cisen, Eugenio Imaz.
El miércoles 2 de julio, reunidos en el hotel Holiday Inn de la ciudad fronteriza de Matamoros, los empresarios organizados en la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y en la Industria Maquiladora de Exportación (Index) hicieron un copioso recuento de las exacciones cometidas por la delincuencia organizada.
Enfrente también del gobernador Egidio Torre Cantú, los más de 60 hombres de negocios presentes detallaron la manera en que los criminales se han superpuesto a las autoridades estatal y municipales, a las cuales no sólo les disputan el monopolio de la violencia, sino incluso la economía del estado y de sus habitantes, disponiendo de sus bienes, su libertad y sus vidas, a la vez que obligan al desplazamiento de poblaciones.
En Tamaulipas, las instituciones estatales están capturadas por los grupos criminales. Los funcionarios públicos pasaron de protectores a subordinados, y el resultado es la doble tributación de sus habitantes, hacia el Estado y hacia la delincuencia, escuchó Osorio Chong de los hombres de negocios.
Le entregaron un detallado reporte sobre el sojuzgamiento de la sociedad por parte de los dos principales grupos delictivos que operan en la entidad: Los Zetas y el Cártel del Golfo (CDG). Se lo dieron asimismo a los demás miembros del Gabinete de Seguridad. Abundante en cifras, descriptivo de los modus operandi, con decenas de testimonios y mapas sobre las operaciones delictivas, el informe fue elaborado por los propios empresarios en Tamaulipas y en la Ciudad de México.
No le gustó al secretario Osorio Chong escuchar que la actual intervención federal se parece a la del gobierno de Felipe Calderón. A pesar de algunos cambios, el principio de actuación es el mismo: suponer que la sociedad es víctima de los “daños colaterales” de la disputa entre las bandas delictivas, y no el objetivo mismo de la delincuencia organizada.
El reproche continuó: La Estrategia ha desdeñado la captura de las instituciones públicas locales por los delincuentes. El refuerzo federal ha sido superficial y poco eficaz para garantizar la seguridad pública, y no ha procedido a desmantelar las estructuras criminales. Más molesto para el secretario de Gobernación fue el hecho de que los hombres de negocios le dieran una lista de lo que el gobierno de Peña Nieto debiera hacer.
Después de cuatro años de presencia federal, le dijeron, la violencia y expoliación en contra de los tamaulipecos es aún peor. La situación es la más grave que haya sufrido algún otro estado del país en tiempos de paz, y de las más malas del mundo en décadas recientes por lo que se refiere a delitos como el secuestro.
De acuerdo con el propio Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Tamaulipas tuvo el año pasado la segunda tasa más alta del país en secuestros, de 6.1 por cada 100 mil habitantes; casi como la de 6.42 que registró Colombia en 1999. La cifra oficial, sin embargo, se refiere a denuncias, no al número de plagios. Los empresarios sostienen que la cantidad real en 2013 sería de cuando menos mil 585, con una tasa de 46 por cada 100 mil habitantes.
Según el reporte, obtenido por Proceso en el Gabinete de Seguridad, el principal motivo de la disputa entre grupos criminales desde 2010 ya no es el narcotráfico, sino el botín que ven en los ingresos y patrimonio de los tamaulipecos.
Las cifras son contundentes: Tan sólo el año pasado, sus ganancias al margen del tráfico de drogas, la trata de personas o la piratería fueron de al menos 3 mil 461 millones de pesos, tres veces más que las calculadas para la delincuencia organizada en Michoacán.
Una tercera parte fue a costa de Pemex, por el robo a gran escala de condensado de gas en la Cuenca de Burgos, de gasolina y diésel de las instalaciones, y de tomas clandestinas en los ductos. Dos terceras partes del saqueo las pusieron las empresas privadas y los ciudadanos.
El extenso informe Tamaulipas sometida al expolio de los grupos criminales fue firmado apenas el 26 de mayo por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal.
Asegura que la extorsión es la principal forma de expolio y ocurre de forma “sistemática, masiva y cada vez más generalizada”, parecida al sistema de cobro de impuestos del Estado. Una estimación conservadora indica que de las ganancias que los grupos criminales obtuvieron el año pasado, 784 millones de pesos provinieron del cobro de “derecho de piso”.
A partir de información del Inegi obtenida de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2013, al igual que de la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas 2012, calculan que después de los ingresos por robos a Pemex y el derecho de piso, la delincuencia obtuvo 403 millones de pesos por el monopolio de la venta de carne de pollo, 273 por el hurto de carga, 225 por el monopolio de reciclaje y 180 por atracos con violencia a negocios.
Además, 159 por secuestro, 100 por ganancias de narcobares, 100 a través de la empresa de espectáculos Viento Rodeo y venta de cerveza en estadios, 59 por secuestro de migrantes, 53 por robo de vehículos, 52 por derecho de paso de migrantes, 44 por “derecho de paso” de transporte de carga, 23 por abigeato, 21 por asalto con violencia a transeúntes, 21 por derecho de paso a automovilistas, y 17 millones de pesos por robo con violencia a casa-habitación.
En el caso del derecho de piso, los principales afectados son el transporte urbano de pasajeros, con 276 millones y medio de pesos; las industrias, con 151; tiendas al menudeo de abarrotes, alimentos y bebidas, 95.5 millones; bares, 85; restaurantes, 58.5; productores de sorgo, 20; consultorios médicos y dentales, 15; hoteles, 18, y pescadores, 11 millones de pesos.
Hay también otras formas de extorsión, como el “derecho de vida” en las prisiones, “cuotas de inscripción” a comerciantes o personas que empiezan a pagar seguridad, y el “derecho de piso” que deben cubrir las personas por las casas que habitan, una especie de impuesto predial; así como las exacciones a los ciudadanos por parte de policías, agentes de tránsito, ministerios públicos e inspectores que pagan a los jefes de los grupos criminales.
Los empresarios aseguran que, desde mediados del año pasado, la extorsión alcanzó a la industria maquiladora, a la que se le exige prescindir de los servicios de las empresas de retiro de desechos industriales y contratar a otras ligadas a la delincuencia. El objetivo es tener el monopolio de los desechos industriales, una vez que ya controlan el reciclaje de desechos metálicos, madera, papel, PET y otros polímeros. Al igual que a los gobiernos estatal y municipales, les imponen proveedores de bienes y servicios, y los obligan a proporcionar instalaciones para actividades criminales.
Los monopolios
Las zonas industriales de Reynosa, Tampico, Nuevo Laredo y Matamoros enfrentan un severo agravamiento de la inseguridad desde hace un año. Según el informe, el hurto masivo se está dando con la participación de empleados coaccionados.
Aseguran incluso que algunos sindicatos de las maquiladoras, afiliados a la CTM del PRI, ya están controlados por la delincuencia, extrayéndoles millonarios recursos de las cuotas de los trabajadores. Dicen que este saqueo se ha facilitado porque los cambios en las dirigencias sindicales vinculadas a los grupos criminales han sido avalados por el gobierno de Torre Cantú.
En el caso de Reynosa, aseveran que la delincuencia ha impuesto a los proveedores del servicio de comedor en las maquiladoras una cuota de 2.66 pesos por comida servida. Hasta febrero pasado, había 94 mil 200 empleados en las maquiladoras de la ciudad. También han determinado a cuáles firmas se deben comprar los uniformes del personal.
En el robo al transporte de carga han sido afectados bienes como el azúcar, pañales, Pinol, pasta de dientes y hasta medicamentos, que después se venden en las calles y tiendas de las colonias.
También se han registrado hurtos a huertas de naranja, adonde llegan los delincuentes provistos de camiones y cuadrillas de picadores de la fruta, así como el robo masivo de ganado, con el propósito de “extender el monopolio que ya tienen de la carne de pollo a otros cárnicos”, obligando a las cadenas comerciales a comprarles. Igualmente, están buscando hacer monopolios de tortillerías, la venta de carros usados y agua purificada, así como de la distribución de cigarros.
Por lo que hace a los bares, además de apoderarse de ellos, se han hecho de la distribución del alcohol, genuino o adulterado, y del monopolio de la distribución e imposición de una sola marca de cerveza. Es el caso de los estadios de beisbol y futbol, en donde se vende cerveza de una sola marca, según sea el grupo delictivo que controle la distribución, como informó Proceso (edición 1943) en enero pasado. También tienen el control de la venta de boletos de los conciertos y espectáculos, lo mismo que de las apuestas.
El miedo a denunciar
De acuerdo con datos oficiales, los homicidios dolosos habrían descendido 43% en 2013 respecto al año anterior, es decir, durante el gobierno de Peña Nieto.
Pero el informe replica: La supuesta baja de algunos delitos en ese periodo responde a la convicción de las víctimas de que denunciar implica un considerable riesgo de sufrir represalias de los victimarios, pues la procuraduría del estado, al igual que otras dependencias, está capturada por los grupos criminales. “Agentes del Ministerio Público y policías ministeriales delatan a los denunciantes”.
De la gravedad de la incidencia de homicidios, destaca que las propias cifras federales revelan el incremento de las víctimas menores de edad y personas de la tercera edad en años recientes. Si entre 2007 y 2009 hubo 19 víctimas de homicidio de menores de 16 años, el número se elevó a 193 (916% más) entre 2010 y 2012. Lo mismo pasó con las personas de 60 a 79 años. De 47 homicidios, la cifra saltó a 135; es decir, 187% más.
En 2012, la Procuraduría General de Justicia (PGJ) del estado reportó al SESNSP mil 16 homicidios dolosos, pero para ese mismo año el Inegi registró mil 557; es decir, 53% más. Según el gobierno estatal, en Nuevo Laredo hubo ese año 288 homicidios, pero el instituto asentó que fueron 544: 89% más. Las cifras reales de homicidios en Tamaulipas deben ser, cuando menos, del doble de las oficiales. Y eso sin considerar el problema de los desaparecidos, advierten los empresarios.
Según el gobierno de Peña Nieto, entre 2006 y 2012 se registraron en todo el país 26 mil 121 personas reportadas como desaparecidas. De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas dado a conocer en febrero pasado, 2 mil 702 casos corresponden a Tamaulipas.
La cifra no incluye a los 72 migrantes internacionales, en su mayoría centroamericanos, encontrados en una fosa clandestina de San Fernando en 2010, pero abarca a casi 200 cuerpos encontrados en ese mismo municipio al siguiente año.
Las matanzas y desapariciones pudieran no ser hechos aislados. El 16 de mayo de este año, Valor por Tamaulipas publicó que matanzas como las de San Fernando han ocurrido en otras partes de Tamaulipas: Cantidades similares de personas son ejecutadas anualmente en los Triángulos de las Bermudas de Los Zetas de Ciudad Mante, Xicoténcatl, Gómez Farías, y del CDG de González, Aldama y Soto la Marina.
La información entregada al gobierno de Peña Nieto sostiene que, a partir de 2011, los grupos criminales hicieron evidente su control territorial por encima de las autoridades policiacas, incluyendo las federales, al colocar retenes en las entradas de las ciudades, carreteras, caminos rurales, brechas y calles. Las revisiones se extendieron a terminales de autobuses, paraderos de transporte urbano y aeropuertos, domicilios particulares y centros de trabajo.
