Edomex, con 49% en pobreza, hará la elección local más cara de la historia; oposición: ayudan al PRI

El estado del país donde el 49 por ciento de la población vive en pobreza tendrá las elecciones más caras en la historia de una entidad. Organizaciones civiles y legisladores de oposición han señalado al PRI de ser el principal beneficiado por el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), el cual aprobó un tope de gastos de campaña para los candidatos a la gubernatura de 285 millones de pesos. La carrera a las urnas el próximo 4 de junio estará montada sobre la necesidad de la población, acusan. A través de programas asistencialistas, el Estado de México y el Gobierno federal llevan despensas a la población, en tanto que el PAN y Morena exigen la reducción de los topes de campaña. Hoy representantes de estos partidos en el IEEM dialogan sobre la posibilidad de reducir a la mitad el gasto, sin nada concreto aún.

Ciudad de México, 15 de marzo (SinEmbargo).– Hasta 2014, un 49.6 por ciento de la población del Estado de México era pobre; el 73.3 por ciento padecía al menos una carencia social y el 58 por ciento vivía con un ingreso inferior a la línea de bienestar. Esta situación no impidió a las autoridades aprobar los topes de campaña más altos en la historia para una elección estatal.

“Es un insulto. Desde luego que está hecho para favorecer al PRI. Estamos atravesando precariedad, desigualdad, estancamiento de la economía y se presenta la propuesta que es una grosería para justificar al PRI”, dijo Mario Ariel Juárez Rodríguez, Diputado por Cuautitlán del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

El 6 de marzo pasado, el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) informó que las elecciones del Edomex contarían con un tope de gastos de 285 millones 566 mil pesos por cada candidato.

El gasto permitido a candidatos de los partidos políticos e independientes para las elecciones del próximo junio en Edomex representa el 84.82 por ciento de los 336 millones de pesos aprobados en gastos para la campaña presidencial de 2012. A pesar de que en la entidad sólo habitan 16 millones 187 mil personas, y en el país hay 119 millones 530 mil personas, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Una campaña así, afirmó el Senador perredista Luis Sánchez Jiménez, sólo la podrán pagar en el Edomex el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

“Porque tienen el apoyo de sus gobernadores, y en el caso del PRI del Gobierno federal. Hay que recordar que cuando el PRI sólo tenía la gubernatura les sobraba dinero para la compra del voto. Ahora me parece que tienen algo más de ese dinero”, criticó Sánchez.

El PRD ha sido el último partido en designar candidato a Gobernador. La presidente nacional del Sol Azteca, Alejandra Barrales, ha dicho a medios que el nombramiento se hará hoy miércoles 15 de marzo.

En cambio, ya en competencia por la gubernatura, el PRI eligió a Alfredo del Mazo Maza, Morena a Delfina Gómez Álvarez y el PAN a Josefina Vázquez Mota. Pero son sólo estos dos últimos partidos los que han pedido topes de campaña más bajos para tener una contienda equitativa.

“Desde la semana pasada estoy insistiendo en esta propuesta que puse sobre la mesa, que los candidatos y los partidos fueran sensibles ante lo que está pasando en el Estado de México. Es una aberración, una falta de respeto y de sensibilidad, ante las necesidades de nuestro estado, el aumentar de esa manera tan bárbara el tope de gastos. ¿A quién beneficia más? Obviamente a los partidos que pueden darse el lujo de juntar esa cantidad porque saben que después lo pueden sacar, que fomentaría más la compra de voto, de conciencias”, criticó Delfina Gómez en entrevista con SinEmbargo.

El PAN presentó el 9 de marzo una apelación al IEEM por la misma causa: “Resulta excesivo e insultante para los mexiquenses que atraviesan por una situación económica adversa en sus necesidades básicas como la alimentación, la educación y la salud”, apuntó Alfonso Bravo Álvarez, representante del PAN ante el Instituto estatal.

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) identificó que hasta 2014 habían 3 millones 944 mil personas en condición de vulnerabilidad por carencia social en el Estado de México. El 19.7 por ciento de la población de la entidad sufría hasta ese año de carencia por acceso a los servicios de salud, el 60.6 por ciento de contar con seguridad social, y el 15.3 por ciento por de rezago educativo.

“El PRI es el mejor administrador de la pobreza, no la riqueza, porque no la produce, administra la pobreza. En esa ideología piensan que dan una despensa y la gente tiene que estar agradecida”, criticó el legislador Mario Ariel Juárez.

 CAMPAÑAS DEL HAMBRE

Los programas sociales han servido para montar una campaña sobre las carencias de la población, apuntaron legisladores y representantes de organizaciones civiles como México Suma.

Isis Ávila, hija del Gobernador Eruviel Ávila Villegas, quien es titular del DIF del Estado de México (DIFEM), ha entregado tarjetas con 2 mil 750 a 3 mil pesos, apuntó el 9 de marzo el diario Reforma.

En promedio Isis Ávila realiza ocho eventos al mes con entrega de apoyos de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) de la entidad. En los eventos se presumen avances en otras materias, como seguridad e infraestructura del Gobernador Eruviel Ávila Villegas.

“Ellos le apuestan a la necesidad de que no sólo es la compra del voto, conciencia y dignidad, luego con sus negocios que hacen, ahí van a sacar el provecho. Ahorita ya en tiempos de campaña dan tarjetas electrónicas, un montón de cosas y luego se lo cobran con el gasolinazo”, denunció Delfina Gómez.

El activista Osmar León Aquino, fundador de México Suma, apuntó que la sociedad civil es la única que puede acabar con los gastos exorbitantes que aprobó el IEEM.

“La voluntad ciudadana que demuestre su hastío a la situación, de inseguridad, violencia, y manejo de la pobreza en términos electorales. A ese abuso del Gobierno del estado y municipalidades, que condicionan los apoyos a cambio de votos”, destacó León.

El Presidente Enrique Peña Nieto, quien fue ex Gobernador de esta entidad, también ha hecho presencia en el Edomex a tres meses de los comicios.

El viernes 10 de marzo el Presidente Enrique Peña Nieto estuvo en Tecámac, Edomex, donde anunció apoyos de vivienda. Foto: Cuartoscuro

El pasado viernes, junto con el Gobernador Eruviel, anunció apoyos económicos para beneficiarios de los programas sociales Liconsa y Prospera en Valle de Chalco y Tecámac.

El diario Reforma contabilizó que desde agosto del año pasado Rosario Robles, Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), ha realizado 10 visitas al estado. Y en el 2017 ha realizado cuatro giras.

Desde el Congreso del Edomex, la oposición busca fiscalizar el uso de los programas sociales a través de la creación de una comisión especial.

Jacobo David Cheja Alfaro, Diputado local del partido Movimiento Ciudadano, apuntó que la entidad, con 11 millones en el padrón electoral, se ha vuelto un escaño clave de cara a los comicios presidenciales.

“Estamos viendo que obviamente el partido del Gobierno viene con todo, y toda la fuerza del grupo Atlacomulco, y nos damos cuenta que esos 285 millones van a ser rebasados de una manera impresionante”, dijo Cheja.

Con información de Shaila Rosagel

PRI paga fianzas de delincuentes electorales

Costeó el PRI fianzas de 30 yucatecos arrestados por turismo electoral

Mérida, Yuc. Unos 30 yucatecos implicados en turismo electoral –tramitar credenciales de elector con domicilios falsos– durante las elecciones de 2010 en Quintana Roo ya fueron detenidos y procesados en aquella entidad por personal de la Procuraduría General de la República, aunque la mayoría salió libre bajo fianza con presunto apoyo de operadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), informó el senador del Partido Acción Nacional (PAN), Daniel Ávila Ruiz. El promotor de las denuncias por turismo electoral dijo que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales detectó a más de 300 yucatecos que en 2010, a cambio de alguna cantidad de dinero, simularon ser quintanarroenses y tramitaron credenciales para votar en favor del entonces candidato priísta a la gubernatura Roberto Borge Angulo. No obstan- te, el legislador de Acción Nacional explicó que los detenidos, provenientes de los municipios de Valladolid, Tizimín y Peto, obtuvieron fianzas de entre 7 y 10 mil pesos, la cual presumiblemente fue pagada por operadores del tricolor en la entidad, aunque muchos más se esconden en sus domicilios para evitar ser aprehendidos.

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Renuncia magistrado con antecedentes criminales en Jalisco

El magistrado Luis Carlos Vega Pámenes renunció a su cargo como presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, luego de que el diario Reforma lo acusó de que en su juventud robó un automóvil, mató a una persona y, con disparos, se resistió a ser arrestado por la policía.

“En aquel entonces, lo que realmente sucedió, fue un accidente imprudencial con motivo de la conducción de un vehículo automotor por el que fui juzgado y sentenciado por homicidio, lesiones y daño en las cosas, todos de carácter imprudencial, y de los cuales cubrí la reparación del daño. Desde hace 32 años he venido padeciendo las consecuencias de este lastimoso incidente de mi juventud”, expresó Vega Pámenes en un comunicado.

“De esa dolorosa falta, que a los 20 años cometí, saldé mi cuenta con la justicia. Hay segundas oportunidades y tomé la mía, y hasta el día de hoy, le hago honor a esa decisión”, abundó.

Una grabación revelada el pasado 12 de octubre por el mismo diario lo exhibió intercediendo por dos presuntos delincuentes para que fueran liberados por la policía de Guadalajara.

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Supremo Tribunal Jal @supremotribjal

15:54 - 27 oct 2016 · Guadalajara, Jalisco, Mexico

 
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5 años después, la detienen por “turismo electoral” a favor del PRI en Veracruz

La PGR detuvo de una mujer por alterar el Registro Federal de Electores a favor del candidato tricolor a Boca del Río, Salvador Manzur Díaz.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) detuvieron a la ex funcionaria de Cuernavaca, María Asunción Díaz Flores, por prácticas de “turismo electoral” a favor del PRI en Veracruz, durante la campaña de 2010.

La Procuraduría General de la República (PGR) informó que la captura se dio en cumplimiento deuna orden de aprehensión girada por un juez de distrito en Veracruz, a petición de laFiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade).

La imputada, quien se desempeñaba como delegada del ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, operó para la campaña de Salvador Manzur Díaz, candidato a presidente municipal de Boca del Río, Veracruz, cargo al cual fue elegido. También durante las elecciones de 2010 fue candidato Javier Duarte, actual gobernador de dicha entidad.

Sobre el caso la Fepade informó este martes que Díaz Flores es probable responsable del delito electoral federal previsto y sancionado en el Artículo 411, hipótesis relativa a quien, por cualquier medio, participe en la alteración al Registro Federal de Electores, en relación con el diverso 13, fracción III, ambos del Código Penal Federal.

De acuerdo con las investigaciones, en enero de 2010 la mujer invitó a 440 personas para apoyar a Manzur Díaz en el estado de Veracruz y a cambio les ofreció entre 200 y 320 pesos, despensas y pagar los gastos de traslado, incluyendo desayuno y comida.

Además les indicó que tendrían que llevar su acta de nacimiento y credencial de elector original y una vez cubiertos estos requisitos fueron contratados 11 autobuses, los cuales partieron los primeros días de febrero de 2010 desde Cuernavaca, Morelos, hasta Veracruz.

En ese lugar la imputada les solicitó a dos cómplices que entregaran a los viajeros recibos de luz y agua con direcciones ubicadas en esa entidad, acompañados de un croquis hecho a mano donde se especificaba un domicilio.

Posteriormente los llevaron a diferentes módulos del entonces Instituto Federal Electoral (IFE), donde les entregaron fichas para tomarles la fotografía y darles un comprobante, documentos que recibió la ahora detenida y una vez finalizado el trámite regresaron a Cuernavaca.

Al dar seguimiento al caso, el Ministerio Público Federal adscrito a la Fepade obtuvo declaraciones de testigos, los contratos con la empresa de autobuses, así como los Formatos Únicos de Actualización y Recibo (FUAR) y peritajes que acreditan la alteración en el Registro Federal de Electores.

La PGR señaló que la mujer se encuentra interna en el Centro Federal Femenil Noroeste,ubicado en Tepic, Nayarit, donde el juez de la causa determinará su situación jurídica. Mientras tanto, el priista Manzur Díaz continúa como delegado del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) en Veracruz.

Manzur, el mapache

El escándalo de “turismo electoral” no es el único caso en el que está implicado Manzur Díaz. Dejó su cargo como alcalde a nueve meses de concluir, en 2013, y tomó protesta en el gobierno del estado como secretario de Finanzas y Planeación (Sefiplan) del gobierno de Javier Duarte, donde se reveló que realizaba actividades de mapachería, dadas a conocer en unas grabaciones por el PAN en esas fechas.

El gobierno de Duarte tardó 17 días después de la revelación de los audios para cesar a su secretario y el ex alcalde de Boca del Río, quien fue acusado de manipular programas sociales de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) a favor del PRI en Veracruz, en vísperas de la elección.

El caso también fue denunciado ante la Fepade.

(Con información de Notimex, El Universal y Proceso)

Velasco, Eruviel Ávila y Duarte violaron la ley por propaganda personalizada: INE

Los gobernadores de Chiapas, Estado de México y Veracruz desacataron las medidas cautelares ordenadas por la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, al continuar con la publicación de propaganda personalizada.

Los gobernadores de Chiapas, Manuel Velasco; Veracruz, Javier Duarte, y el Estado de México, Eruviel Ávila, violaron la ley electoral pues continuaron con la publicación de propaganda personalizada en medios impresos, pese a las medidas cautelares ordenadas en diciembre de 2014 por la Comisión de Quejas y Denuncias del INE.

El Consejo General del instituto resolvió este miércoles por mayoría de votos que los gobernantes no suspendieron la publicación de propaganda personalizada (imagen, nombre y logros de gobierno) en medios impresos, con lo que promovieron de manera indebida su imagen en el proceso electoral a través de publicaciones tipo “gacetillas”.

Derivado de esa determinación, el pleno del Instituto Nacional Electoral (INE) resolvió dar vista a los Congresos de Chiapas, Veracruz y Estado de México, así como las secretarías de la Función Pública de cada entidad, para que, en el ámbito de sus atribuciones, determinen lo que en derecho proceda.

En sesión ordinaria, los consejeros encabezados por su presidente, Lorenzo Córdova, solicitaron a los congresos locales que en un plazo no mayor a 15 días informen a la autoridad electoral de su resolución.

“Estamos en presencia de un desacato a las medidas cautelares previamente otorgadas, ya fuera por el TEPJF o por la Comisión de Quejas, pero el hecho fundamental es que hay un desacato”, dijo el consejero Javier Santiago.

Recordó que el desacato a un mandato de la Sala Superior del Tribunal Electoral del poder Judicial de la Federación (TEPJF), como máxima autoridad en materia electoral, constituye una violación a los artículos 6° y 134 de la Constitución Política.

(Con información de Notimex).

Revés a líderes del PRI y PVEM en Tamaulipas: les decomisan 4 mdd

ALIANZAS PRI-VERDE TAMBIÉN PARA LOS NEGOCIOS SUCIOS

(20 de junio, 2015).- El gobierno norteamericano dio un golpe a los negocios de prominentes militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) al decomisar alrededor de 4 millones de dólares que fueron utilizados para adquirir unos terrenos en Reynosa, que quedarían en manos de un “grupo de inversionistas” representado por el cuñado del exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández, y por el expresidente del Verde en la entidad, René Castillo de la Cruz.

El exdiputado local suplente del PRI, Álvaro Elías García González firmó un acuerdo con la Fiscalía norteamericana, el pasado 11 de mayo, en el que aceptó que se realizara el decomiso de los fondos en una cuenta a nombre de su abuela Celia Palomares, registrada en el Inter Nacional Bank, en McAllen, Texas, que permanecía congelada desde noviembre de 2013.

Como buen político, García González logró negociar con las autoridades gringas; dejó que embargaran la citada cuenta, a cambio de que dejaran intacta otra abierta en BBVA Compass Investment Solutions, de la que se desconoce el saldo.

Dichos datos constan en la averiguación penal que se mantiene en curso en contra del empresario Guillermo Flores Cordero, quien se declaró culpable de lavado de dinero ante la Corte del Distrito Sur de Texas en Corpus Christi.

En mayo del año pasado, Álvaro Elías reclamó descongelar la cuenta en el Inter National Bank; en 2007, su familia habría aceptado vender 408 hectáreas para la construcción de un proyecto residencial en Reynosa, por 20.2 millones de dólares, a los inversionistas representados por Castillo, quien fungió como funcionario del Infonavit y del Instituto Tamaulipeco de Vivienda, con décadas de experiencia como desarrollador inmobiliario.

En 2009, Castillo fue comisionado para encargarse de la presidencia del Partido Verde en la entidad y en 2011, asumió como diputado local por dicho instituto político.

Según Elías, el político del Verde le presentó una oferta que significaba mayores dividendos para su familia, pues le permitía mantener 40 % de interés en las propiedades, por lo que se dio un enganche de 1.4 millones de dólares y acordaron que el resto, se pagaría en mensualidades; pero en junio de 2008, Castillo informó a Álvaro Elías, que a partir de esa fecha, el encargado de pagar las mensualidades sería Óscar Gómez Guerra, cuñado del entonces gobernador de la entidad.

Gómez siguió pagando las mensualidades por medio de la empresa Comercializadora de Tubos y Conexiones S.A. y Costeiras S.A. En agosto de 2013, Flores Cordero fue detenido y Gómez tuvo que dar la cara con Elías para informarle que dicha persona era la que realmente estaba pagando los terrenos comprados.

Flores fue señalado por manejar grandes cantidades de recursos entre cuentas de México y de Estados Unidos y de cobrar una comisión para hacerlo, sin estar acreditado por el gobierno norteamericano para operar como entidad financiera.

Denuncian consejeros compra de votos, boletas falsas y agresiones en Veracruz

Al demandar condiciones para una elección local transparente, acusaron intimidaciones por simpatizantes del PRI, así como la toma de una Junta Distrital por seguidores del PRD

Aristegui Noticias
Consejeros del Consejo Local del INE en Veracruz denunciaron, por medio de un comunicado dirigido al consejero presidente del INE, irregularidades en el contexto de la jornada electoral del 7 de junio, como el bombazo contra sus instalaciones en Xalapa el 1 de junio, acarreo de electores, compra de votos y agresiones por parte de simpatizantes del PRI el día 8, y la toma de una Junta Distrital por seguidores del PRD, entre otras.
Las autoridades electorales del estado exigieron la intervención inmediata del Consejo General del INE para que aclare las inconsistencias y realice una investigación de los hechos, que también incluyen el hallazgo de boletas falsas, así como de papelería electoral tirada en la basura.
De cara al próximo proceso electoral local que empieza en septiembre, los consejerosDaniela Griego Ceballos, Juan González Garrido y Luis Octavio Hernández Lara piden al INE establezca las condiciones para un proceso transparente.
A continuación el comunicado íntegro:

Consejo Local del INE en Veracruz denuncia irregularidades y agresiones

Incurrió Roberto Loyola en simulación jurídica; fue a la vez notario y alcalde

Enrique Méndez y Roberto Garduño

 

Periódico La Jornada
Lunes 18 de mayo de 2015, p. 4

El candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) al gobierno de Querétaro, Roberto Loyola Vera, incurrió en simulación de actos jurídicos y abuso de su calidad de notario, al ejercer esa profesión al mismo tiempo que se desempeñaba como presidente municipal de la capital del estado.

Según documentos que posee este diario, Loyola Vera cobró sus servicios notariales a particulares través de una sociedad civil creada para obtener ganancias privadas, con el propósito de no afectar su paso por el servicio público.

El artículo 56 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro, así como los artículos 263 (fracción décima), 270, 271, 272 y 273 del Código Penal de la entidad, sancionan el desempeño irregular de la función pública, enriquecimiento ilícito, negociaciones ilícitas, tráfico de influencias y promoción de conductas igualmente ilícitas.

En 1997, cuando su hermano Ignacio ocupaba la gubernatura del estado, Roberto Loyola Vera fue designado notario número 35 de la entidad. El fiat –o permiso para ejercer esa profesión– lo otorgan los gobernadores. En el caso de Roberto Loyola, los argumentos del gobierno para justificar dicho nombramiento se sustentaron en ‘‘la dinámica demográfica, los intensos flujos de migración y el crecimiento económico’’ del estado.

Años después, el 3 de enero de 2011, Roberto Loyola ocupaba la secretaría general de Gobierno del estado. Previamente, en diciembre de 2010, solicitó licencia temporal para no ejercer la función notarial, como exigen los artículos 25 y 27 de la Ley del Notariado. Esa norma le impedía dar fe en cualquier escritura, y por tanto, de cobrar honorarios.

Eludió obligaciones legales

Meses después, el primero de octubre de 2012, rindió protesta como alcalde del municipio de Querétaro (capital) y también quedaba obligado, por la misma Ley del Notariado, a no ejercer ni cobrar por sus servicios, y mucho menos a ejercer esa función.

No obstante, el hoy candidato del PRI, que se ha negado reiteradamente a declarar si en su entorno persiste el conflicto de intereses, eludió las obligaciones legales. El 17 de diciembre del 2012, a través del acta constitutiva 82 mil 780 y con fe del notario público número 7 de Querétaro, Roberto Loyola Vera y Alejandro Duclaud Vilares (notario adscrito a la notaría 35 del ahora candidato, y por tanto su socio), constituyeron una sociedad denominada Servicios y Logística Notarial, Sociedad Civil.

Ésta quedó asentada en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio bajo el folio de persona moral, con número 010548/01, el 19 de febrero de 2013.

La documentación, de la que se tiene copia, determina que Loyola Vera es poseedor de 60 por ciento de las acciones de la sociedad y a Duclaud Vilares le corresponde el 40 restante. Aun cuando era presidente municipal de Querétaro, quedó asentado en el acta constitutiva que Roberto Loyola Vera fungía como administrador de la sociedad, con los poderes más amplios.

En la cláusula segunda del acta constitutiva de Servicios y Logística Notarial SC, se establece que su objeto social es la prestación de servicios en el auxilio de funciones notariales y la redacción de toda clase de instrumentos en esa materia.

Con dicha licencia la sociedad civil desempeñó las funciones de notario público, no obstante que la función pública del notario es personal y no puede delegarse a terceras personas, como la misma Ley del Notariado lo define.

Todas las facturas que emite la notaría 35, de Roberto Loyola Vera, son elaboradas por Servicios y Logística Notarial SC, con dirección en Fernando Loyola número 105, colonia San Ángel, CP 76030, Querétaro, Querétaro.

Priistas impiden a balazos entrega de despensas a ancianos

El candidato priista a la alcaldía del municipio de Cárdenas, Miguel Moheno. 

VILLAHERMOSA, Tab. (apro).- Presuntos pistoleros del candidato priista a la alcaldía del municipio de Cárdenas, Miguel Moheno, enfrentaron a balazos a personal del DIF-Tabasco y habitantes del poblado C-28 del municipio de Cárdenas durante la entrega de despensas para ancianos.

Los hechos ocurrieron la tarde-noche del martes cuando, según testigos, los guaruras del abanderado tricolor, armados, irrumpieron en la casa ejidal del referido poblado, argumentando que se trataba de una “mapachera” del PRD para la compra de votos.

Los pistoleros exigieron que no se distribuyeran las despensas y cuando se encaminaban a saquearlas de los vehículos en las que las transportan, los abuelos y la población se les fueron encima para impedirlo. Fue entonces que accionaron sus armas al aire para dispersarlos pero no lo lograron y finalmente se marcharon.

Mediante un comunicado, el DIF Tabasco informó que en cumplimiento a la calendarización del “Programa de alimentación para una vida sana de abuelitas y abuelitos tabasqueños”, se procedió a la entrega de paquetes alimentarios en el poblado C-28 de Cárdenas, de muy alta marginación.

Añadió que durante esta tarea, personal del DIF Tabasco fue intimidado por personas que empezaron a grabarlos y a actuar “de manera agresiva y violenta”.

Esta actitud obligó al personal a retirarse para tratar de continuar con su labor en otro de los puntos programados, sin embargo, la persona que lideraba al grupo agresor, argumentando que se trataba de despensas enviadas por un partido político para coaccionar el voto, “azuzó al saqueo de las unidades institucionales en las que venían los paquetes alimentarios, provocando con ello el coraje de la misma población, y particularmente de los abuelos que veían como los paquetes alimentarios eran saqueados”.

Lo anterior, agregó el DIF, provocó un enfrentamiento entre los miembros de la comunidad y los manifestantes. Mientras los primeros les insistían que no se trataba de ningún partido político, los segundos, hicieron caso omiso y continuaron con la provocación y el saqueo, “hasta llegar al punto de que una de esas personas hizo varias detonaciones de arma de fuego, para luego retirarse”.

La dependencia destacó y agradeció a la comunidad la defensa que hizo del personal del DIF evitando que saliera lastimado.

La entrega de paquetes alimentarios, afirmó, es producto de un trabajo “serio, responsable y absolutamente respetuoso de la normatividad electoral”, local y federal y de pleno sentido social de la Institución.

El programa, aclaró, se desarrolla desde el 1 de agosto de 2014 y tiene como propósito llevar a los abuelos alimentos sanos, lo que  contribuye al mantenimiento de su salud, economía y condiciones de vida.

Ninguno de los apoyos que entregan institucionalmente el DIF Tabasco, aseguró,  tiene fines políticos, y refrendó su compromiso con la democracia que tiene como propósito fundamental servir al pueblo.

El dirigente estatal del PRI, Erubiel Alonso, dijo que esta acción demuestra que el gobierno estatal prepara una “elección de Estado” en Tabasco y anunció que presentarán denuncia ante los órganos electorales.

Priístas envueltos en escándalos siguen despreocupados e impunes

La lista incluye dirigentes, gobernadores en activo o no, y otros funcionarios

Asamblea prísta realizada en la sede del tricolor en la ciudad de MéxicoFoto José Carlo González /Archivo

José Antonio Román

 

Periódico La Jornada
Lunes 28 de julio de 2014, p. 5

Para el Partido Revolucionario Institucional (PRI), los escándalos, acusaciones y denuncias judiciales en contra de sus dirigentes, gobernadores y funcionarios públicos, estatales o federales, en activo o con tarea concluida, casi nunca tienen implicaciones jurídicas para el partido que presume de tener en sus filas a 6 millones de militantes. En la impunidad, son contados los casos en que un militante, cuadro, y mucho menos dirigente, es llevado a la justicia partidaria.

Apenas 14 expulsiones, nueve pérdidas de militancia y seis procesos más entre decisiones de suspensión temporal de derechos e inhabilitación temporal para desempeñar cargos partidistas, son los casos sancionados a lo largo de seis años.

En la larga lista de destacados priístas con proceso judicial, algunos de ellos ya recluidos en prisión o prófugos acusados por delitos graves, están cuando menos los ex gobernadores Andrés Granier, de Tabasco; Jesús Reyna, interino de Michoacán; Jorge Torres, interino de Coahuila, y Tomás Yarrington, de Tamaulipas.

Apenas 14 expulsiones

De todos estos casos, sólo en este último, y porque el gobierno de Estados Unidos está involucrado en las investigaciones de lavado de dinero y presuntos vínculos con el crimen organizado, e incluso hay una una solicitud de extradición a México, el PRI se ha visto prácticamente obligado a suspenderle temporalmente sus derechos partidarios al ex gobernador tamaulipeco, actualmente prófugo. No hubo expulsión.

Hay otros, como Humberto Moreira en Coahuila, que pese a que durante su gobierno dejó un endeudamiento de más de 35 mil millones de pesos, cifra sumamente superior a los 196 millones con la que inició su administración, no hay ni siquiera un expediente abierto en la dirigencia nacional del partido tricolor. Sin embargo, fue precisamente este escándalo del endeudamiento lo que lo obligó a dejar sorpresivamente la dirigencia nacional priísta, casi en el inicio del proceso electoral de 2012.

A ello se suman las acusaciones por fraude y transferencia ilegal de fondos, luego de que le fueron incautados en Estados Unidos millones de dólares al ex secretario de Finanzas del estado de Coahuila Héctor Javier Villarreal, y al ex gobernador interino Jorge Torres López. Los dos últimos, prófugos, son buscados por la justicia estadunidense. Todos priístas, ninguno con expediente ante la justicia partidaria.

Respecto al ex gobernador de Tabasco Andrés Granier Melo, detenido en junio del año pasado, es acusado de operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal por el desvío de casi mil millones de pesos de fondos federales para programas de salud, educación, seguridad pública y protección civil.

El ex mandatario, recluido en la ciudad de México, también enfrenta un proceso por peculado y ejercicio indebido del servicio público, por el desvío de más de 2 mil 600 millones de pesos en 2012, último año de su sexenio.

Por lo que toca a Jesús Reyna, ex secretario general de Gobierno y ex gobernador interino de Michoacán, actualmente está preso en el penal de alta seguridad en Almoloya de Juárez acusado por delitos contra la salud y posibles vínculos con la oirganización delictiva de Los caballeros templarios. Ha perdido varios amparos contra la justicia federal; ante la partidaria, ni siquiera existe averiguación.

Otro de los escándalos recientes fue protagonizado por el hoy ex presidente del PRI en el Distrito Federal Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, acusado de operar una red de prostitución con recursos del financiamiento público del partido. Hasta ahora tampoco ha tenido consecuencias respecto de sus derechos como militante priísta.

Se prevé que tras su ‘‘renuncia negociada’’, el ex líder priísta en la capital del país podrá contar con los ‘‘buenos oficios’’ de la dirigencia nacional del Revolucionario Institucional para poder enfrentar con éxito los procesos judiciales abiertos también en la Procuraduría General de Justicia capitalina.

Mientras tanto, su proceso en la Comisión Nacional de Justicia Partidaria prácticamente está ‘‘congelado’’, y no tendrá ninguna consecuencia en lo mediato, según revelaron fuentes deltricolor. Gutiérrez de la Torre sigue siendo priísta y tiene a salvo todos sus derechos.

Javier Duarte violó la Constitución: TEPJF

Violó la Constitución Política en la pasada elección presidencial, al asistir a acto de EPN, y deberá ser sancionado por el Instituto Nacional Electoral, determina.

(Foto: Archivo/Cuartoscuro)

La Sala Superior del TEPJF determinó que funcionarios del gobierno de Veracruz que participaron en un acto proselitista en 2012infringieron los principios de equidad, imparcialidad, objetividad y certeza que rigen la materia electoral.
Por mayoría de votos y luego de más de dos horas de discusión, las y los magistrados del Tribunal Electoral determinaron que al acudir en día y horas hábiles a un acto del candidato presidencial de la otrora coalición PRI-PVEM losservidores públicos infringieron el Artículo 134 constitucional.
La determinación se da tras el recurso presentado por los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) contra el gobernador del estado, Javier Duarte; el ex subsecretario de Finanzas, Gabriel Deantes; el coordinador de asesores, Francisco Muñoz, y el diputado local Jorge Alejandro Carvallo.
El pleno avaló por cuatro votos en favor y tres en contra el proyecto de sentencia elaborado por la ponencia del magistrado Salvador Nava Gomar, en el que se estableció que la presencia de los funcionarios públicos pudiera constituir uso indebido de recursos públicos para influir en la equidad de la contienda.
Precisaron que la solicitud de licencia sin goce de sueldo, a través de la cual Duarte de Ochoa, Deantes Ramos, Muñoz Ruiz y Carvallo Delfín pretendieron justificarse para asistir a dicho acto, no es suficiente para resguardar el principio de imparcialidad y equidad que debe prevalecer en la contienda.
Ante ello, la Sala Superior determinó revocar la resolución que emitió el Instituto Nacional Electoral (INE) en la que declaró infundado el procedimiento sancionador ordinario en contra de los servidores públicos, por lo que deberá emitir una nueva resolución en la que tome en cuenta los lineamientos emitidos en la sesión.
Al respecto, el magistrado Salvador Nava indicó que la presencia de los servidores públicos en la reunión contraviene el principio de neutralidad previsto en el Artículo 134 constitucional, pues todo acto proselitista tiene la finalidad de ganar adeptos.
Con más razón si se trata del gobernador de la entidad, quien además emitió un mensaje que trascendió a los medios de comunicación con lo cual influyó hacia el electorado, resaltó Nava Gomar.
Al presentar su voto con el proyecto, la magistrada María del Carmen Alanís señaló que el Estado mexicano ha optado por la restricción absoluta de la promoción personalizada de los servidores públicos en la propaganda gubernamental, así como de exigir su actuación imparcial.
En ese sentido, destacó que con las adiciones al Artículo 134 el modelo constitucional pretende la actuación neutral, imparcial en el ejercicio del servicio público.
Precisó que los servidores públicos están impedidos de asistir, con o sin licencia, a un acto proselitista en días y horas hábiles en el marco de una campaña política.
Para el magistrado Constancio Carrasco Daza es necesario potencializar el principio de neutralidad que debe observarse en los procesos electorales, por lo que, de considerar correcta la asistencia de los servidores a dicha acto, se estaría en contra del objetivo que trazó el Artículo 134 constitucional.
Este “pretende evitar el influjo de funcionarios a los actos proselitistas, dado que pueden distraer recursos públicos a favor de la contienda e influir en el electorado”, agregó.
En tanto el magistrado Manuel González Oropeza, quien votó en contra del proyecto, aseguró que la asistencia de los funcionarios a dicha reunión no afectó el principio de equidad e imparcialidad de la contienda, pues el evento no era público sino a puerta cerrada y dirigido a los militantes del partido, no a la ciudadanía en general.
De su lado, su homólogo Pedro Esteban Penagos López, quien también manifestó su disenso con la propuesta, manifestó que la conducta de los funcionarios no vulneró la equidad en la contienda.
Lo anterior dado que no está probado que se hayan destinado recursos públicos a dicha actividad, toda vez que la organización no estuvo a cargo del gobierno de Veracruz sino del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
El magistrado Flavio Galván Rivera se pronunció por confirmar la resolución del Consejo General del INE, al considerar que no se demostró que los funcionarios hayan utilizado recursos públicos o que participaron en un acto dirigido a la ciudadanía.
Indicó que a la reunión que se realizó en un lugar cerrado únicamente asistieron algunos militantes del PRI, por lo que no debe considerarse un acto de campaña.
En otro asunto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó la resolución del INE que declaró fundado el procedimiento sancionador ordinario en contra de Rogelio Alonso Vizcarra, en su calidad de delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Durango.
Ello por la presunta utilización de recursos públicos al asistir a la conclusión de un puente en el municipio Pueblo Nuevo, lo cual se considera violatorio de la ley.
Por unanimidad se avaló el proyecto de sentencia elaborado por la ponencia del magistrado presidente José Alejandro Luna Ramos, en el que se estableció que para asistir a dicho evento, en periodo electoral, el entonces funcionario del IMSS utilizó en su traslado un helicóptero que tenía a su cargo.
Además emitió un mensaje en el que aludió a logros del Gobierno Federal, vinculándolos de manera específica a un partido político. (Con información de Notimex)

“Separan” del cargo al líder del PRI-DF por presunta red de prostitución

México, DF. La dirigencia nacional del PRI anunció la “separación” de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre como presidente del partido en el DF, tras las acusaciones de que operar una red de prostitución desde las oficinas del tricolor, con dinero partidista.

La separación del cargo será durante el tiempo en el que las autoridades realicen las investigaciones correspondientes.

En un comunicado, el PRI exigió a las autoridades de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal una pronta y exhaustiva investigación que permita aclarar supuestas conductas delictivas, hechas públicas en un programa radiofónico de noticias.

Además, el partido ratificó su compromiso con la legalidad y reprueba cualquier conducta que atente contra la libertad y la dignidad de las personas.

“El PRI reitera su disposición para brindar todas las facilidades a la Procuraduría del DF, para que realice su trabajo con agilidad y rapidez y, llegando el caso, solicite a las autoridades judiciales el fincamiento de las responsabilidad que proceda”, dice el comunicado tricolor.

Personajes de turbio pasado llegan al gabinete de Javier Duarte

NOÉ ZAVALETA
19 DE MARZO DE 2014
DESTACADO

Javier Duarte con parte de su gabinete el 20 de febrero de 2014. Foto: Rubén Espinosa

XALAPA, Ver. (apro).- El gobernador Javier Duarte realizó un nuevo ajuste en su gabinete, el tercero en lo que va del año, ahora en las áreas de educación, desarrollo social y tesorería, donde designó a cuatro nuevos funcionarios con turbios antecedentes.

En la Oficialía Mayor de la Secretaría de Educación, el mandatario acomodó a Vicente Benítez González, quien saltó a la fama pública en enero del 2012 por ser el artífice de transportar 25 millones de pesos en efectivo que la Procuraduría General de la República (PGR) aseguró al gobierno de Veracruz en el aeropuerto de Toluca, Estado de México.

Ese dinero era, justificó la administración priista, para un supuesto pago de campañas publicitarias de la Cumbre Tajín en Papantla, el Carnaval de Veracruz y las fiestas de la Candelaria en Tlacotalpan.

Sin embargo, siempre quedó la duda si en realidad ese dinero fue a parar a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, como acusó la oposición en aquel entonces. La Procuraduría General de la República (PGR) devolvió el dinero al gobierno estatal.

José Ruiz Carmona, exdirector del Sistema de Agua y Saneamiento (SAS), fue nombrado subsecretario y encargado de los programas sociales de la Secretaría de Desarrollo Social estatal (Sedesol).

En su paso por el SAS, Ruiz fue acusado por el entonces alcalde de Boca del Río, Miguel Ángel Yunes Márquez, de destinar 8 millones de pesos mensuales a la nómina del organismo, pese a que el 40% del personal era “aviador”.

Yunes también recriminó al funcionario una deuda millonaria que tiene el organismo hidráulico con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), José Ruiz, exdiputado local inició su trayectoria política en el 2004 como chofer y “multiusos” de los hijos del exgobernador Fidel Herrera.

En la Dirección General de Espacios Educativos, Duarte nombró a la excandidata del PAN a la diputación federal de Acayucan y a la alcaldía de San Juan Evangélista, Xochilt Tress Rodríguez.

Tress Rodríguez se volvió escándalo nacional, pues el 19 de abril del 2012  fue exhibida, desnuda, en Internet, presuntamente como parte de una campaña sucia en su contra orquestada por el PRI.

En un paquete fotográfico, Tress –viuda del panista Gregorio Barradas, alcalde electo de Rodríguez Clara, ejecutado en noviembre del 2010– aparece en actitud romántica al lado del legislador priista Rafael Rodríguez. Este personaje es esposo de Amanda Gasperín, exalcaldesa del municipio de Rodríguez Clara y a quien la hoy directora de Espacios Educativos acusó de ser autora intelectual del asesinato de su esposo. El homicidio del panista Barradas continúa impune y las acusaciones de Tress Rodríguez nunca fueron motivo de investigación para la Fiscalía de Veracruz.

En la Subsecretaría de Ingresos y Administración de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), el gobernador priista nombró a Sergio de la Llave Migoni.

Padres de familia del jardín de niños Gastón Melo cerraron por varias horas las calles de la avenida Xalapa para recriminar que Sergio de la Llave, exdirector de Espacios Educativos, nunca hizo nada por remozar la infraestructura de ese plantel educativo.

En el cierre de la vialidad, los paterfamilias reprocharon que la obra prometida desde hace un año, lleva más de tres meses parada.

En los enroques que hizo el gobernador Duarte, los funcionarios estatales Édgar Spinoso y Gabriel Deantes, quienes fungían como oficial mayor de la Secretaría de Educación (SEV) y subsecretario de Administración y Finanzas (Sefiplan), respectivamente, fueron cesados de sus cargos.

En un boletín circulado sólo a medios afines, la administración priista justificó el pasado martes que ambos funcionarios (Spinoso y Deantes) “defraudaron la confianza del gobernador” Javier Duarte de Ochoa, de ahí –repara el comunicado– que haya sido ordenada su destitución y una investigación sobre sus bienes muebles e inmuebles.

En su discurso de este miércoles, el gobernador Duarte aseguró que los “cambios son para bien de Veracruz” y que los nuevos servidores públicos son gente de “capacidad probada”, de “experiencia” y de “compromiso” con el servicio público.

“El compromiso de mi gobierno es seguir adelante con nuevos logros, hacerlo en la ley, hacerlo de cara a la gente y en su beneficio. En mi gobierno sólo hay espacio para servidores públicos que se conduzcan con eficiencia, lealtad, compromiso y transparencia”, presumió el ejecutivo priista.

Equipo de Peña Nieto enfrenta demanda de fraude en EU

14 de junio de 2012 • 06:21 • actualizado a las 06:22

Varios colaboradores de Enrique Peña, como su secretario particular y su coordinador de comunicación, fueron demandados ante una corte en California.
Foto: AP

Anabel Hernández

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Ciudad de México.- El secretario particular de Enrique Peña Nieto, Erwin Lino, y su coordinador de comunicación, David López, así como el vocero del PRI, Roberto Calleja, fueron demandados por la empresa de televisión estadounidense Frontera Television Network (FTN) ante la corte del distrito centro en California por conspiración y fraude.

José Luis Ponce de Aquino, empresario méxico-estadounidense propietario de FTN, los acusa en su demanda radicada con el número EDCV12-920 VAP DTBx de haber utilizado la firma de un contrato con su compañía para obtener "56 millones de dólares de procedencia desconocida", los cuales fueron depositados en un solo día en una cuenta bancaria "en el Banco Monex, Banca Mifel en Virreyes".

En la demanda judicial, Ponce de Aquino asienta que fue contratado por Alejandro Carrillo Garza Sada, socio de Jiramos, S.A. de C. V., para difundir y posicionar la imagen de Peña Nieto en EU, proyecto que se había estimado en 56 millones de dólares.

En la demanda también acusa a los empresarios Alejandro Carrillo Garza Sada, Hugo Vigues, Alfredo y José Carrillo Chontkowsky.

De igual forma, acusa a Alejandro Ramírez González, director del Consejo de Porcicultores Mexicanos, A. C., y a Manuel Gascón de incumplimiento de contrato y fraude, al igual que a las compañías mexicanas GM Global Media, Jiramos y la sociedad civil Servicios Integrales al Sector Agropecuario (SISA).

"Los demandados retiraron el dinero y se lo dividieron con funcionarios del PRI y sus co-conspiradores David López, Erwin Lino, Alfredo/Pepe Carrillo Chontkowsky, Roberto Calleja, Hugo Vigues y Luis Videgaray, y nunca fondearon el proyecto como se había prometido", señala la demanda.

De acuerdo con la querella, presentada el 7 de junio pasado, el presunto fraude consistió en hacer creer al empresario Ponce de Aquino, dueño de FTN, y a las empresas Ve Más TV, KZSW TV e Intelimedia, S. A. de C. V., que sería favorecido con un presupuesto millonario para una campaña mediática a favor de Peña Nieto a través de espectaculares, revistas, radio, televisión e internet usando su estructura y relaciones en EU.

La campaña nunca se realizó pese a la firma de los contratos que garantizaban el proyecto. Sin embargo, según la demanda, Jiramos recibió los 56 millones de dólares, mismos que se repartieron los demandados.

En entrevista, Ponce de Aquino afirmó que, el día en que Peña Nieto tomó protesta como precandidato único del Partido Revolucionario Institucional a la Presidencia, sostuvo un encuentro en un restaurante de Interlomas, en Huixquilucan, para ultimar los detalles.

El empresario aseguró que en la reunión, que duró alrededor de media hora, estuvo presente David López, quien se retiró antes de concluir la reunión para acudir al evento de Enrique Peña Nieto, así como Roberto Calleja, Alejandro Carrillo Garza Sada y otros testigos.

En el anexo "A" de la demanda se señala que el 28 de noviembre de 2011 se firmó el contrato entre su empresa FTN y las compañías Jiramos S.A. de C.V. y GM Global Media, S.A. de C.V.

En la demanda se afirma que "Alejandro Carrillo y sus socios usaron sin miramientos los nombres de personajes clave del círculo cercano del candidato del PRI para defraudarlo".

Asimismo en entrevista con REFORMA, Ponce De Aquino dijo que entre el 1 y 8 de diciembre de 2011 atestiguó la transferencia bancaria de supuestas cuentas con dinero de procedencia desconocida, radicadas en Italia, Israel y otros países, a una cuenta en Monex a nombre de Jiramos S.A. de C.V. , por 56 millones de dólares.

El contrato suscrito en noviembre nunca se cumplió. Sin embargo el 6 de enero de este año con la promesa de que el convenio se llevaría a cabo, le hicieron firmar un nuevo contrato, ahora entre su empresa Intelinmedia y la sociedad civil SISA, que dirige Ramírez González de la Confederación de Porcicultores Mexicanos, pero tampoco llegó a su término.

En la demanda, el empresario acusa que parte del dinero presupuestado fue utilizado para beneficio de los empresarios y los integrantes de campaña de Peña Nieto.

De Aquino dice en entrevista que después de haber presentado la demanda, funcionarios de la DEA hablaron con él y le pidieron una copia de la misma para iniciar ellos sus propias indagatorias.