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jueves, 19 de septiembre de 2019

Panista insulta a Beatriz Gutiérrez Müller y se queda sin su sueldo de 44 mil pesos

CORREGIDORA, Qro. (apro).- El presidente municipal de Corregidora, el panista Roberto Sosa Pichardo, confirmó que separó del cargo a su director de Giras y Eventos, señalado de ofender en redes sociales a Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
El alcalde de Corregidora –municipio conurbado con la capital del estado de Querétaro–, precisó que esta medida aplicará en lo que se investiga si las publicaciones fueron realizadas por el funcionario, de nombre Carlos Alberto Echeverría Bucio, personaje que aparece en foto junto al gobernador, Francisco Domínguez Servién.
Francisco Domínguez Servién y el panista cesado. Foto: Especial
“Respecto al tema circulando en redes les comparto que he dado instrucciones para que el funcionario sea separado de su cargo en lo que se investiga si la publicación fue hecha por él; en caso de ser responsable será separado definitivamente de sus funciones”, difundió Sosa Pichardo a través de su cuenta de Twitter.
Respecto al tema circulando en redes les comparto que he dado instrucciones para que el funcionario sea separado de su cargo en lo que se investiga si la publicación fue hecha por él; en caso de ser responsable será separado definitivamente de sus funciones. (1/2)
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En redes sociales circulan mensajes que son atribuidos al usuario de nombre “Carlos Alberto Echeverria Bucio” con foto del funcionario en los que ofende a Gutiérrez Müller. El funcionario que tiene ese nombre aparece en los registros actuales del INE afiliado al PAN desde el 16 de febrero de 2011.
“A su vieja ya se la cogieron un chingo de pendejos” (sic), es uno de los comentarios que el funcionario habría escrito.
Otras expresiones ofensivas, atribuidas a Echeverría Bucio forman parte de una discusión con otra usuaria, por la vestimenta que la esposa del presidente utilizó en la ceremonia del grito de Independencia.
“Este vestido que uso era adecuado, bonito, elegante, es una señorona y se veía muy bien” (sic), escribió la usuaria “Marili Sanmarin”, a  lo que el usuario, con el mismo nombre y foto que el funcionario, replicó: “Marili Sanmarin buen puta” (sic).
En otro mensaje, la usuaria “Marili Sanmarin” expone: “La señora Bety es bella y tiene porte, así se ponga un vestido barato y sencillo, ella lo luce y se ve muy bien. La percha es lo que cuenta”.
“Marili Sanmarin me imagino que eres igual de gata que ella”, fue otro de los mensajes del usuario “Carlos Alberto Echeverria Bucio”.
En su tuit, el presidente municipal de Corregidora afirmó que no permitirá que se ofenda a ninguna mujer y manifestó su respeto y admiración hacia la esposa del presidente de México.
“No vamos a permitir que se ofenda a ninguna mujer. Todo mi respeto y admiración a nuestra primera dama”.
De acuerdo con el tabulador de remuneraciones de los servidores públicos del municipio de Corregidora, cuya población es de 143 mil habitantes según el censo de 2010 del Inegi, el director de Giras y Logística percibe 44 mil 813 pesos mensuales por su labor.
Panistas consultados por este reportero señalaron que Echeverría Bucio o “Cheve”, como lo conocen, fue incorporado a la administración pública en el gobierno del alcalde Mauricio Kuri González (2015-2018), quien es el actual coordinador de los senadores del PAN por Querétaro.
En medios de comunicación locales difunden la versión de que el funcionario que fue suspendido rechaza haber sido el autor de los comentarios y que su cuenta fue “hackeada”.
“Lo que están reportando yo no lo escribí, si no estoy de acuerdo con muchas, desde que me cancelaron Twitter, por dar mi opinión de Noroña y de Clouthier, etc. Me han estado llegando virus información falsa, hasta de mis tarjetas de crédito, por favor revisen eso, que yo estoy haciendo lo propio” (sic).

miércoles, 11 de mayo de 2016

Gobierno de Querétaro acarrea a indígenas… se accidentan y los olvida

Francisco Domínguez Servién, gobernador de Querétaro. Foto: Demián Chávez

LOS JUÁREZ, Qro., (apro).- La comunidad de Los Juárez, ubicada a 111 kilómetros al noroeste de la ciudad de Querétaro, está de luto tras la volcadura de un autobús donde 46 indígenas otomíes –según cifras oficiales– eran trasladados a un acto del gobernador Francisco Domínguez Servién.
Los indígenas viajaban en un camión con capacidad para entre 27 y 29 personas sentadas; éste se salió del camino y provocó la muerte de un varón de 41 años y un bebé de 3, además de provocar lesiones a cerca de 30 más, al precipitarse por una ladera entre 15 y 20 metros.
La invitación que le hizo el gobernador, Francisco Domínguez Servién, a la directora de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), Nuvia Mayorga Delgado, para visitar Querétaro, se concretó en aquél acto del 19 de abril, donde fue prevista la participación de 2 mil indígenas, entre ellos el grupo de Los Juárez.
“Íbamos adentro como en un tómbola, dando vueltas, yo sentí que iba yo dando vueltas, a cada vuelta (del autobús) llegaba yo arriba y caía yo abajo”, narró a Proceso el comisariado de Los Juárez, Baldomero Salvador Ángeles Maqueada, sobre lo ocurrido aquella mañana.
Para el delegado de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en Querétaro, Aurelio Sigala Páez, los indígenas de los Juárez, como los del resto del Estado, acudieron por su voluntad a Cadereyta de Montes, a ese acto masivo, que según el funcionario era necesario.
“No, no son indispensables (los actos masivos), por supuesto que no, pero sí son en estos casos, el primer acto para darles recursos, un acto necesario, no es indispensable por supuesto, tampoco es indispensable la presencia de todos y a nadie se obliga a ir, se hace la invitación”, aseguró.
El delegado de la CDI agregó que se deben reforzar las medidas de seguridad en el traslado de gente, pues si bien dijo que no se trata de llenar plazas, declaró que se trata de ser transparentes e informar en este tipo de actos a los beneficiarios para que sepan de dónde provienen los recursos de los apoyos que reciben y que en la actualidad lo entregan a través de transferencias bancarias.
“… una concentración de gente, siempre pasa eso, cuando hay actos públicos, lo sabemos, que viene el secretario de Sedesol, de Sagarpa, se invita a la gente, una para que conozca de donde vienen los recursos, cómo se está trabajando, quién los está aportando, sino pues lo de menos es ir a la comunidad, y no saben ni de donde vienen los recursos, y entregárselos ahí en su casa”, afirmó.
Algunos indígenas de Los Juárez, como Antonio Hernández Sánchez, revelaron que suelen acudir a ese tipo de actividades ante el temor de que las autoridades locales los excluyan de los apoyos oficiales, aunque ese día fueron movilizados varios que ni siquiera eran beneficiarios de los proyectos.
“Ese día no fui, como ahorita estamos cortando el piñón, dije no me voy, ya sé, ya conozco eso, nada más te dan una torta una agüita, dije no, mejor me voy a sacar un kilito de piñón y saco más (vende la bolsa a 25 pesos)”, explicó Antonio.
Si bien el señor Antonio no acudió a aquél acto oficial donde la gente de su comunidad volcó, quien si optó por asistir fue José Armando Hernández, al explicar que su esposa le informó que el subdelegado de la comunidad los convocó para que asistieran.
“Lo que pasa es que aquí, en caso de que lleguen recursos aquí, hay asambleas, tiene que apoyar con el pueblo, porque si dices, no apoyas, no te toman en cuenta. Van a decir no estás en las faenas, para que los encargados no me anden así, mejor voy”, explicó.
Pese al fallecimiento de dos personas, el delegado de la CDI en Querétaro confirmó que el conductor del camión, un varón de 21 años al que él identifica como el principal responsable, fue liberado por las autoridades de Querétaro.
“… debería retomarse el tema y aplicarse una sanción más severa, hay un daño a una comunidad, fallecieron personas, hay un grupo de personas lesionadas y me parece a mí que es injusto que una persona así́ esté libre, cuando fue una absoluta imprudencia de parte de él”, afirmó el funcionario federal.
Sigala Páez incluso identificó al Gobierno Municipal de Cadereyta, que preside el panista León Enrique Bolaño Mendoza, como el que realizó la contratación de la unidad que se desbarrancó.
“Se contrata por parte del municipio, coordinados con nosotros en toda la convocatoria, más allá́ creo de la propia convocatoria o de la propia contratación del vehículo, todos asumimos la responsabilidad, es decir, yo no no me hago un lado de la atención, y el seguimiento que tengamos que darle a la gente ¿no?”, afirmó.
Sin embargo, el presidente municipal de Cadereyta de Montes, León Enrique Bolaño, rechazó que su gobierno hubiera participando en la organización de la actividad, que atribuyó a autoridades estatales y federales.
“… no consta ni existe ningún documento donde nosotros hubiésemos celebrado algún contrato con alguna empresa transportista para apoyar a las personas que quisieran trasladarse, ni tampoco apoyo económico como podría ser gasolina para vehículos, tampoco como tal lo tenemos, ello en razón, como te lo vuelvo a comentar, primero porque no es un evento como tal propio del municipio y segundo porque no se paga con el recurso para la realización de los mismos”, puntualizó.
El alcalde también confirmó que su gobierno abrió un expediente derivado de las curvas que tiene el camino a Los Juárez, mismo que fue construido el año pasado y cuyo trazo será modificado a raíz de la tragedia, según versión de las autoridades de la CDI de Querétaro.
Aracely Jiménez, quien es esposa de Federico, el varón adulto fallecido, recordó que el día del accidente, el gobernador acudió al hospital y le prometió que la apoyaría con la alimentación y educación de sus 4 hijos, ahora huérfanos. (Kevin de 12 años; Cristian de 9; Jesús Ernesto de 5 y Kenya de 1 año y 3 meses).
“Estaba yo tan dolida por lo que había pasado que no recuerdo todo, pero lo único que recuerdo fue que me tomó la mano y me dijo que no me preocupara, que todo iba a estar bien con mis hijos, que todo iba a salir bien con ellos, que yo contaba con el apoyo de él, pues que no nos iba a faltar lo necesario…”.
Sin embargo, dos semanas después confirmó que no existe comunicación alguna con las autoridades del Gobierno de Querétaro, que encabeza Francisco Domínguez Servién.
“Ayer me decían los de CDI, no te preocupes, ten paciencia, yo les contesté, y yo qué les contesto a mis hijos cuando me dicen mamá tengo hambre, mamá quiero de comer, yo les voy a decir hijos tengan paciencia, no es justo, yo no les puedo decir tengan paciencia cuando ellos sienten hambre, haiga o no haiga, ellos quieren comer y yo qué les voy a dar, no es igual, no es lo mismo, una familia sin el padre no es lo mismo, Usted me podrá entender”, dijo mientras cargaba a su pequeña hija.
El representante del Sistema de Transporte Taxiván, al que pertenece la unidad que fue contratada, Josafat Hernández Rodríguez, rechazó precisar qué instancia de gobierno los contrató y también la capacidad exacta de pasajeros en el camión que enviaron.
Taxiván está adherido a la Federación de Trabajadores del Estado de Querétaro (FTEQ) organización que manifestó su respaldo al entonces candidato y ahora gobernador en la pasada campaña electoral.
Proceso buscó la versión del mandatario de Querétaro sobre lo ocurrido y los señalamientos de las víctimas y el delegado de la CDI. Sin embargo, no hubo respuesta por parte de su personal del área de comunicación social.
El área de comunicación social del Poder Ejecutivo no difundió comunicado alguno sobre lo ocurrido, excepto que desde la cuenta de Twitter del gobernador fueron enviadas condolencias a los deudos, aunque en Los Juárez, difícilmente llega la señal de teléfono móvil.
Ante las promesas de impulsar proyectos productivos en la comunidad, la asignación de viviendas para esta comunidad marginada y la promesa de arreglar la carretera, Araceli Jiménez lamentó que hasta ahora las autoridades volteen a ver a su comunidad.
“… nos dejaron el camino en condiciones muy malas, esa carretera que está ahí́ hecha, si se puede decir terminada porque no se terminó, está muy mal hecha. Ahora, no solamente fue ese accidente, ha habido otros, pero la verdad es que no han habido víctimas, hasta esta vez. Lamentablemente hasta esta vez hubo esas dos víctimas, entonces ¿hasta ahorita nos van a hacer caso?, ¿hasta ahorita el gobernador va a poner algo de su parte? Esperando que sucedan muertes y muertes para poder mover las manos, yo digo que no es justo”, lamentó.

lunes, 18 de mayo de 2015

Incurrió Roberto Loyola en simulación jurídica; fue a la vez notario y alcalde


Enrique Méndez y Roberto Garduño
 
Periódico La Jornada
Lunes 18 de mayo de 2015, p. 4
El candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) al gobierno de Querétaro, Roberto Loyola Vera, incurrió en simulación de actos jurídicos y abuso de su calidad de notario, al ejercer esa profesión al mismo tiempo que se desempeñaba como presidente municipal de la capital del estado.
Según documentos que posee este diario, Loyola Vera cobró sus servicios notariales a particulares través de una sociedad civil creada para obtener ganancias privadas, con el propósito de no afectar su paso por el servicio público.
El artículo 56 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro, así como los artículos 263 (fracción décima), 270, 271, 272 y 273 del Código Penal de la entidad, sancionan el desempeño irregular de la función pública, enriquecimiento ilícito, negociaciones ilícitas, tráfico de influencias y promoción de conductas igualmente ilícitas.
En 1997, cuando su hermano Ignacio ocupaba la gubernatura del estado, Roberto Loyola Vera fue designado notario número 35 de la entidad. El fiat –o permiso para ejercer esa profesión– lo otorgan los gobernadores. En el caso de Roberto Loyola, los argumentos del gobierno para justificar dicho nombramiento se sustentaron en ‘‘la dinámica demográfica, los intensos flujos de migración y el crecimiento económico’’ del estado.
Años después, el 3 de enero de 2011, Roberto Loyola ocupaba la secretaría general de Gobierno del estado. Previamente, en diciembre de 2010, solicitó licencia temporal para no ejercer la función notarial, como exigen los artículos 25 y 27 de la Ley del Notariado. Esa norma le impedía dar fe en cualquier escritura, y por tanto, de cobrar honorarios.
Eludió obligaciones legales
Meses después, el primero de octubre de 2012, rindió protesta como alcalde del municipio de Querétaro (capital) y también quedaba obligado, por la misma Ley del Notariado, a no ejercer ni cobrar por sus servicios, y mucho menos a ejercer esa función.
No obstante, el hoy candidato del PRI, que se ha negado reiteradamente a declarar si en su entorno persiste el conflicto de intereses, eludió las obligaciones legales. El 17 de diciembre del 2012, a través del acta constitutiva 82 mil 780 y con fe del notario público número 7 de Querétaro, Roberto Loyola Vera y Alejandro Duclaud Vilares (notario adscrito a la notaría 35 del ahora candidato, y por tanto su socio), constituyeron una sociedad denominada Servicios y Logística Notarial, Sociedad Civil.
Ésta quedó asentada en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio bajo el folio de persona moral, con número 010548/01, el 19 de febrero de 2013.
La documentación, de la que se tiene copia, determina que Loyola Vera es poseedor de 60 por ciento de las acciones de la sociedad y a Duclaud Vilares le corresponde el 40 restante. Aun cuando era presidente municipal de Querétaro, quedó asentado en el acta constitutiva que Roberto Loyola Vera fungía como administrador de la sociedad, con los poderes más amplios.
En la cláusula segunda del acta constitutiva de Servicios y Logística Notarial SC, se establece que su objeto social es la prestación de servicios en el auxilio de funciones notariales y la redacción de toda clase de instrumentos en esa materia.
Con dicha licencia la sociedad civil desempeñó las funciones de notario público, no obstante que la función pública del notario es personal y no puede delegarse a terceras personas, como la misma Ley del Notariado lo define.
Todas las facturas que emite la notaría 35, de Roberto Loyola Vera, son elaboradas por Servicios y Logística Notarial SC, con dirección en Fernando Loyola número 105, colonia San Ángel, CP 76030, Querétaro, Querétaro.

miércoles, 6 de mayo de 2015

Exjefe de prensa del PRI moderará debate de candidatos a gobernador en Querétaro

Aurelio Peña Tavera, exjefe de prensa del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Foto: Especial

QUERÉTARO, QRo., (proceso.com.mx).- El Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) tiene previsto realizar este miércoles un debate entre los candidatos a gobernador en un set de televisión, sin público y con un exjefe de prensa del Comité Directivo Estatal del PRI como moderador.
A diferencia de los debates que organiza el Instituto Nacional Electoral (INE) entre candidatas y candidatos a diputaciones federales en la entidad, el Consejo Local determinó excluir de la organización a la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ).
El rector de la UAQ, Gilberto Herrera Ruiz, expuso que por parte del órgano electoral no consideraron que la institución educativa fuera sede del debate, al argumentar que el Club de Industriales cuenta con todas las condiciones de seguridad y cuestiones técnicas para realizarlo y transmitirlo por televisión.
“A final de cuentas, nunca vinieron aquí a revisar, nunca nos dieron la oportunidad de poder replicar y demás”, lamentó el representante de la institución.
Hace tres años, la UAQ organizó el debate entre candidatos a presidente municipal.
El presidente de la Comisión Transitoria de Debates del IEEQ, el consejero Octavio Vado Grajales, admitió que la Universidad Autónoma de Querétaro manifestó interés de participar en la celebración del debate, pero rechazó el ofrecimiento al considerar que el organismo cuenta con “toda la capacidad técnica de hacerlo”.
El órgano electoral también dio a conocer ayer, dos días antes del debate, que el moderador será el comunicador Aurelio Peña Tavera, exjefe de prensa del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Peña Tavera fue secretario de Información y Propaganda del PRI en Querétaro, cuando este partido era dirigido por Héctor Guillén Maldonado.
El pasado primero de mayo, el comunicador difundió una columna en la que cuestiona “¿de qué sirve que los políticos entreguen su declaración patrimonial al IMCO (Instituto Mexicano para la Competitividad)?”, en aparente defensa al candidato priista Roberto Loyola Vera, quien se ha negado a hacer pública su declaración.
El moderador expuso que hay otras instancias como los notarios públicos, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o la Secretaría de la Función Pública que fiscaliza a los candidatos.
“La transparencia, hoy por hoy en Querétaro, no la hace, ni la inventa, ni la construye, una instancia de un grupo de iluminados, de expertos, de eruditos, que se dicen a favor de la transparencia, pero que pareciera también siguen o persiguen intereses políticos en favor (sic) o en contra de un candidato”, afirmó.
La postura del comunicador cobra relevancia porque en un primer debate entre candidatos a gobernador realizado en la Federación de Colegios y Profesionistas del Estado de Querétaro (Fecapeq), el tema central fue el de las declaraciones patrimoniales.
Lo anterior, derivado precisamente de los cuestionamientos que hizo el candidato del PAN, Francisco Domínguez Servién, al abanderado del PRI, Roberto Loyola Vera, por su resistencia a entregar su declaración patrimonial, fiscal y de conflicto de interés al IMCO.
En declaraciones al periódico El Financiero, Vado Grajales señaló que en el debate oficial pretenden que los participantes no caigan en calumnias y en caso de hacerlo habrá un señalamiento por parte del moderador.
El coordinador de Comunicación Social del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, Héctor Maqueo González, agregó que no se permitirá el acceso a periodistas y fotógrafos al set de televisión.
Será habilitado un salón, en el mismo inmueble, para un foro de 150 personas, que podrán seguir el debate en pantallas.
El debate será realizado este miércoles a las 19:00 horas. Tendrá una duración de dos horas y será transmitido por varias radiodifusoras, Internet y Televisión.
Clima tenso
Tras el primer debate en el que fue cuestionado por rehusarse a transparentar sus declaraciones patrimonial, fiscal y de conflicto de interés, el candidato priista, Roberto Loyola Vera, admitió que posee 39 inmuebles.
El listado de terrenos y casas de su propiedad, ya puede ser consultado en copia simple en su página de internet, pero esa información no contiene los precios actuales de los predios y tampoco está a la vista la lista de los bienes muebles que posee.
Loyola había calificado de un “espectáculo político” el transparentar su declaración patrimonial, fiscal y de intereses, e incluso en una carta dirigida a las y los queretanos, sostuvo que él no atendería el llamado del IMCO y de Transparencia Mexicana.
El priista intentó justificar su negativa porque supuestamente violaría la Ley del Notariado. Dijo que no expondría a su familia, que tenía derecho a su privacidad, entre otras cosas, por lo que desde el 17 de abril dijo que para él eso era un asunto cerrado.
El priista ahora retó al panista ha hacerse exámenes de control y confianza.
Dos días antes del debate también fue difundida una supuesta llamada telefónica entre los candidatos del PAN, Francisco Domínguez Servién de Querétaro y Carlos Mendoza Davis de Baja California, donde supuestamente piden solicitar recursos a un empresario para su campaña.
La conversación difundida por el diario Reforma es atribuida a los candidatos Francisco Domínguez de Querétaro y Carlos Mendoza Davis de Baja California.
Los voces hablan de que un supuesto empresario se comprometió a proporcionar “6 kilos” mensuales a Domínguez para su campaña.
El panista condenó lo que llamó “Guerra sucia”, dijo que procederá legalmente y añadió que ejercería su derecho a no pronunciarse sobre “los contenidos de un material cuya autenticidad ponemos legítimamente en duda y cuyo origen ilegal es evidente”.
Esa grabación se suma a otras que han sido difundidas a lo largo del proceso electoral, en total 10 desde noviembre de 2014 hasta la fecha.

jueves, 13 de noviembre de 2014

Querétaro: Proveedor de camillas opera en casa de la esposa del secretario de Salud


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QUERÉTARO, Qro., (proceso.com.mx).- La empresa que vendió un paquete de 73 camillas a la Unidad de Servicios de Salud en el estado a un precio de 43 mil 452 pesos y entregó en su lugar unos modelos chinos valuados en 9 mil 600 pesos opera en una casa de Cintya María Jiménez Ontiveros, esposa del secretario de salud.
La adquisición de esas camillas provocó un daño al erario de 2.5 millones de pesos, detectó la Entidad Superior de Fiscalización del Estado (ESFE) en una revisión a la cuenta pública de la dependencia correspondiente al segundo semestre del 2013.
El semanario Libertad de Palabra informó que Comercializadora CEM, S.A. de C.V. tiene como accionista mayoritario a José Isaic Guadalupe Pérez Uribe, con 45 de las 50 acciones, como consta en la escritura 41151, de fecha 17 de noviembre de 2009. Pérez Uribe es amigo del titular de salud, Mario César García Feregrino.
La relación del empresario con el titular de salud data desde al menos hace cuatro años, como lo mostró la revista Quién en una fotografía tomada durante la fiesta de cumpleaños de Eugenio, el hijo del funcionario.
Ahora, el semanario de Querétaro reveló que la empresa está situada en la calle La Esperanza número 111, del fraccionamiento “Carolina” al poniente de la ciudad, en un predio propiedad de Cintya María Jiménez Ontiveros, quien se desempeña como “Presidenta del Voluntario de la Secretaría de Salud” y es esposa del titular de salud.
La escritura 7079, del 13 de mayo de 2002, da cuenta de la adquisición del inmueble ubicado en el Fraccionamiento Carolina por parte de Cintya Jiménez Ontiveros mediante un contrato de compraventa con Héctor Victoria Herrera Montes.
Aunque los comunicados oficiales del gobierno redactan el nombre de la “Presidenta del Voluntario de la Secretaría de Salud” como “Cynthia”, la escritura 14807 sobre un préstamo hipotecarios relacionado al mismo inmueble confirman que el nombre Cintya María corresponde a la esposa del funcionario.
“Manifiesta la señora CINTYA MARÍA JIMÉNEZ ONTIVEROS, estar casada con el señor MARIO CÉSAR GARCÍA FEREGRINO…”, expone la escritura tramitada en la notaría pública 31, ante la licencia Estela de la Luz Gallegos Barreda.
La propiedad con clave catastral 140100120134597 tiene una extensión de 126 metros cuadrados que colinda al norte en 18 metros con el lote número 48; al sur en 18 metros con el lote número 50; al este en 7 metros con el Condominio de La Carambada; y al oeste en 7 metros con la calle de la Esperanza, vía principal del Fraccionamiento “Carolina”.
Un croquis del fraccionamiento permitió identificar que el lote 49 corresponde al número 111 de la calle Esperanza.
Al teclear el teléfono 2 16 55 17 de Comercializadora CEM, S.A. de C.V., difundido en Compranet, en el servicio a clientes de Teléfonos de México, aparece como titular de la línea Jiménez Ontiveros Cintya María.
Salvo un portón negro de extremo a extremo que distingue la vivienda, el inmueble luce como cualquier otra casa de la calle Esperanza, a simple vista no se ven empresas, comercios u oficinas.
El fraude.
Cuando el jefe de Mantenimiento del Hospital de Especialidades del Niño y la Mujer, Gabino Soto Parra, revisó el acta de la licitación donde estampó su firma un día antes, no comprendió cómo fue que el proveedor de un paquete de 73 camillas era una empresa diferente a la que él había seleccionado.
El proceso de la licitación incluyó una junta de aclaraciones sobre el equipamiento técnico que se adquiriría, la revisión de los documentos de los proveedores, desechar a aquellos que no cumplían, seleccionar las mejores propuestas y finalmente el acta del fallo, ese documento que el sábado 8 de diciembre de 2012 él releía, incrédulo.
Soto Parra consideraba, en aquél momento, que la compra de las camillas a la empresa Comercializadora CEM S.A. de C.V. –la cual hoy sabe que opera desde un inmueble propiedad de la esposa del Secretario de Salud y cuyo accionista principal es un amigo del mismo funcionario—podría deberse a un error.
Y es que la licitación pública presencial con carácter internacional bajo la cobertura de los tratados LPI-51105-001-002-12, publicada el 20 de septiembre de 2012, tuvo una duración de casi tres meses debido a que se trataba de adquirir el mejor equipo para el referido hospital.
Por ello notificó la anomalía al entonces director, Carlos Arturo Rebolledo Fernández, a quien le expuso por escrito que él había seleccionado a otro proveedor y, por tanto, tenía el temor de que las camillas que serían entregadas al hospital no cumplieran con las especificaciones técnicas, como finalmente ocurrió.
“Mi comentario al respecto es que hay posibilidad de que quién haya seleccionado la propuesta del proveedor, Comercializadora CEM S.A. de C.V., esté aceptando unas camillas marca AMPESA, similares a las 12 que tenemos en el hospital a la espera de su baja”, expuso en el escrito sellado en la Dirección General el 10 de diciembre de 2012.
Casi dos años después, Gabino Soto Parra, quien ya no labora en el Hospital de Especialidades del Niño y la Mujer, dijo a Apro que él fue quien presentó la denuncia que puso al descubierto el daño de 2.5 millones de pesos al erario público por la adquisición de esas camillas.
Abundó que se decidió a investigar por su cuenta, armar un expediente y denunciar, por temor a que los funcionarios de la Secretaría de Salud le atribuyeran esa compra a él, después de que inició una denuncia laboral tras ser echado de su trabajo, el 23 de enero de 2013.
El ahora exfuncionario considera que independientemente de su litigio, el caso tiene que llegar hasta sus últimas consecuencias, por lo que solicitó al gobernador de Querétaro, José Eduardo Calzada Rovirosa, la separación del cargo del secretario de Salud, porque considera que las investigaciones avanzan con lentitud.
“Si el proveedor hubieran entregado una camilla acorde quizás no pasaría nada de esto, pero aquí fue un dolo en todos los sentidos, tarde, mala y cara”, puntualizó.
También pidió la separación del coordinador general de Servicios de Salud del Estado de Querétaro, Jorge Espinosa Becerra; del Subdirector de Adquisiciones, Raúl Juárez Martínez; y de Silvia Elia Pineda Mc’Mahon, administradora del hospital.
Quien fue el responsable de seleccionar al proveedor de las camillas, aseguró que él no seleccionó a Comercializadora CEM, S.A. de C.V.
“Yo no la seleccioné, yo a este proveedor no lo conozco”, puntualizó.
Se mostró extrañado de que la empresa lograra vender camillas chinas, pese a que México no tiene tratado con ese país para vender al servicio público, además de que la propuesta técnica no fue ingresada en una hoja membretada de la empresa, sino en un documento con logotipos oficiales de la Secretaría de Salud.
Para él hay una cadena de complicidades que lo llevan a sospechar que el expediente de esa empresa no fue ingresado a la licitación desde un inicio o fue apartado temporalmente del Comité de Adquisiciones, porque de lo contrario habría sido desechado.

lunes, 28 de julio de 2014

Denuncian golpiza y hostigamiento a familiares de desaparecidos en Querétaro


27 DE JULIO DE 2014 
DESTACADO

La protesta de familiares de desaparecidos en Querétaro. Foto: Especial.
La protesta de familiares de desaparecidos en Querétaro.
Foto: Especial.
MÉXICO, D.F. (proceso.com.mx).- Policías encapuchados del estado de Querétaro golpearon a un hombre que protestaba por la desaparición de su hermano, mientras que otras familias fueron amenazadas con expresiones como “Los vamos a putear si no se quitan” y “Les vamos a partir su madre”.
Según Brenda Rangel, integrante de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos de México (Fundem), los hechos ocurrieron en los baños de una gasolinería cercana al lugar donde mantienen una protesta, por la negativa del gobierno queretano de concederles derecho de audiencia.
Brenda Rangel denunció que las llantas de su camioneta fueron pinchadas. Foto: Especial.

El bloqueo de un carril de la carretera 57 se realiza a la altura del kilómetro 9, dentro del casco urbano de Querétaro, entre las avenidas Luis Pasteur y Signatario.
Con la presencia de cuatro patrullas de la Policía estatal, dos de las cuales son tripuladas por oficiales femeninos que portan armas largas, además de un nutrido contingente de granaderos, las cinco familias denunciaron que varios civiles y un sujeto que afirmó ser el secretario de Gobierno, han hostigado la manifestación a lo largo de la jornada.
Integrante del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), Brenda Rangel insistió, en entrevista vía telefónica, que el tramo donde protestan es federal pero mientras la Policía Federal controla la circulación, las exigencias de que se retiren y las amenazas provienen de policías estatales.
Desde hace cuatro años y ocho meses, cuando su hermano Héctor Rangel Ortiz desapareció en Monclova, Coahuila -a quien habrían “levantado” agentes municipales de esa ciudad norteña-, Brenda y otros familiares lo han buscado en diferentes instancias.
Desde entonces la familia Rangel Ortiz ha solicitado, junto con otras familias de desaparecidos en Querétaro, audiencia con el gobernador José Eduardo Calzada Rovirosa sin tener más respuesta que amenazas, hostigamiento y difamaciones.
De hecho, luego de abordarlo en la vía pública para pedirle personalmente audiencia, el mandatario les dijo que “no tenía tiempo”.
En noviembre pasado, organismos defensores de derechos humanos denunciaron que el domicilio de Brenda fue rodeado por decenas de policías que atendían una supuesta llamada anónima que denunció su domicilio como centro de acopio de armas.
Apenas el pasado viernes, las cuatro llantas de su vehículo fueron pinchadas, mientras que a otros familiares de desaparecidos los han intimidado, reteniéndoles por la fuerza en agencias del Ministerio Público, donde los instan a no reunirse con Brenda Rangel, mencionándoles que ella tiene nexos con el narco.
La protesta de hoy incluyó el registro fotográfico de cada uno de los manifestantes, además de las amenazas y la presencia de una Suburban color gris con civiles aparentemente armados.
“Hacemos responsable por la golpiza a Javier y de lo que pueda pasarnos a Calzada Rovirosa… Es un gobernante represor”, concluyó Rangel.
La protesta comenzó de forma paralela al evento en que, con cientos de invitados especiales y un despliegue de seguridad, el gobernador Calzada Rovirosa leyó un mensaje tras la entrega de su Quinto Informe al Congreso, en el que destacó la competitividad económica del estado, y aseguró que Querétaro es la tercera entidad más segura del país.
Al sitio de la protesta arribó por la tarde el secretario de Gobierno, Jorge López Portillo Tostado, quien pretendió negociar con los manifestantes para que éstos retiraran el bloqueo de la autopista.
Aseguró a los familiares de los desaparecidos que el gobernador Calzada los recibiría el miércoles por la mañana en Palacio de Gobierno.
“Que nos firmen un documento donde se comprometan de verdad porque ya nos han dicho eso muchas veces y no cumplen. Vaya a que firme el gobernador y aquí los esperamos”, dijeron los familiares.
El secretario de Gobierno dijo que el gobernador “no tiene la facultad jurídica para firmar un documento como éste, sino que esta es la función y la atribución por ley del secretario de gobierno”, y optó por retirarse.
Más tarde, acudió el comisionado estatal de los Derechos Humanos, Miguel Nava, quien más bien pretendió interceder por los derechos de los automovilistas que estaban viéndose afectados por el bloqueo de carriles en la autopista.
Los manifestantes le pidieron interceder ante el gobernador para que éste, por fin, los atienda. “Es que no tengo su número”, respondió el ombudsman. (Con información de Verónica Espinosa)

viernes, 13 de diciembre de 2013

Aprueban Congresos de Chiapas y Querétaro la reforma energética

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Integrantes del Morena en Querétaro protestan en las inmediaciones del Congreso local, donde diputados someten a votación la reforma energética. Foto Mariana Chávez

En medio de protestas, los Congresos de Chiapas y Querétaro aprobaron este viernes la reforma energética, con lo que se convirtieron en las dos primeras legislaturas locales en avalar las modificaciones constitucionales en la materia.
El debate en el Congreso chiapaneco se prolongó durante dos horas y media con la participación de diputados de varios partidos y de protestas de simpatizantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y del Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
La reforma fue avalada con 32 votos de legisladores de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM) y Acción Nacional (PAN).
Las diputadas perredistas, Alejandra Soriano Ruiz y Hortensia Zúñiga, así como Sonia Catalina Alvarez, del Partido del Trabajo y Roxana Gordillo Burguete, del Movimiento Ciudadano, sufrgaron en contra. Cinco diputados no asistieron a la sesión.
Antes de votar a favor, el presidente del Congreso, Fernando Castellanos Cal y Mayor, del PVEM, manifestó que “necesitamos de nuevas tecnologías para estar a la vanguardia en las aguas profundas, pero se necesitan miles y millones de dólares, que Petróleos Mexicanos (Pemex) no tiene”.
Su compañero de bancada, Emilio Salazar Farías pidió respeto a quienes se oponen a la reforma, tras interrumpir su participación debido a que algunos jóvenes perredistas protestaron en el interior del Congreso, por lo que fueron retirados por personal de seguridad.
Afuera del recinto, unos 40 integrantes de Morena protestaron con cartulinas y consigna.
Casi a la par, el Congreso de Querétaro aprobó la reforma con 23 votos a favor de PRI, PAN, PVEM y Nueva Alianza y dos en contra del Movimiento Ciudadano y PRD. Integrantes y simpatizantes de Morena calificaron de traidores a los diputados por su aval a las modificaciones constitucionales.
Momentos antes, diputados integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Legislatura local aprobaron en 10 minutos el dictamen de reforma, al considerar que cumplieron con todo el procedimiento legal para concretarlo.
A su vez, unos 70 integrantes de Morena llegaron a la sede legislativa, donde diputados sometían a votación el dictamen.
Los militantes intentaron ingresar al recinto, pero elementos de la policía estatal se lo impidieron al formar vallas humanas en cada uno de los accesos, por lo que se han reportado empujones con algunos integrantes de este movimiento.
Los integrantes de Morena solicitaron al Congreso queretano que permitieran ingresar a una comisión al área de sesión del pleno, sin que fueran escuchados. El acceso vial donde se ubican las instalaciones del Congreso local fueron cerradas.
Por la mañana, el presidente de la Mesa Directiva, el priísta Braulio Guerra Urbiola, informó que al filo de la 01:40 horas de este viernes fue notificado vía correo electrónico por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados federal que enviaron ese documento a la Legislatura local.
En tanto, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Marco Antonio León Hernández del partido Movimiento Ciudadano, señaló que el presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Braulio Guerra, le notificó a las 11:20 horas de este viernes que el área de Asuntos Legislativos y Jurídicos ya había recibido el documento de dictamen de la reforma constitucional.
A las 11:50 horas se reunieron los diputados integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales, Braulio Guerra Urbiola, Diego Foyo López y Juan Guevara Moreno, del Partido Revolucionario Institucional, así como Marco Antonio León Hernández de Movimiento Ciudadano, quienes acordaron retirar del orden del día de esa sesión dos puntos contemplados con anterioridad para ingresar y someter a votación el dictamen de la reforma energética.

sábado, 27 de julio de 2013

Atentan contra exalcalde panista en Querétaro; le dan balazo en la cara

QUERÉTARO, Qro. (proceso.com.mx).- Esta madrugada seis hombres armados ingresaron violentamente al domicilio del exalcalde de Tequisquiapan, Raúl Orihuela González, y le dispararon en el rostro.
El expresidente municipal de extracción panista sobrevivió al atentado y fue internado en el hospital del Grupo Médico Pedregal, donde es intervenido quirúrgicamente.
El semanario Libertad de Palabra publica esta mañana en su portal de Internet que fue el cuñado del exalcalde –quien fungió como su secretario particular durante su administración– el que informó del atentado ocurrido alrededor de las 2:00 horas en el domicilio ubicado en el Barrio de la Magdalena, cerca del palacio municipal de Tequisquiapan.
Orihuela González se encontraba con su esposa en su habitación, hasta donde ingresaron seis hombres con los rostros cubiertos y armados y los sometieron, disparándole en la cara. La esposa del exalcalde fue golpeada y atada.
“En días pasados el alcalde Raúl Orihuela González había contactado aLibertad de Palabra porque dijo que quería denunciar una situación ‘delicada’, que consideraba ‘grave’, sin que el encuentro se concretara”, informó el semanario.
Orihuela fue también aspirante al Senado de la República por el Partido Acción Nacional, para lo cual solicitó licencia al cargo en 2012.

sábado, 1 de junio de 2013

“Caballeros Templarios” y “El Ingeniero”, en la lista de narcos “significativos” de EU

El presidente Barack Obama. Foto: AP

WASHINGTON (apro).- El presidente Barack Obama designó como “narcotraficantes más significativos” a la organización criminal de Los Caballeros Templarios, y a Luis Fernando Sánchez Arellano, El Ingeniero, uno de los líderes del cártel de Tijuana.
La designación de Los Caballeros Templarios, a través de la ley conocida como Kinping Act, coloca a este grupo criminal como uno de los cárteles más importantes y peligrosos de México y de América Latina.
Bajo esta designación, cuya promulgación Obama la relega al Departamento del Tesoro través de la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), en este caso todos los integrantes de Los Caballeros Templarios, y por separado Sanchez Arellano, quedan sujetos a la confiscación de bienes y congelación de cuentas bancarias que tengan en territorios bajo la jurisdicción de Estados Unidos.
Los Caballeros Templarios están catalogados como un grupo criminal dedicado al tráfico de drogas que además controla grandes territorios para el trasiego de estupefacientes en Michoacán, Morelos, Hidalgo, Querétaro y Estado de México.
A su vez, la designación que hace Obama implica una mayor presión a las autoridades de México para actuar con más eficacia en contra de los designados, con el fin de desmantelar sus redes de operación criminales, como tráfico de drogas, de personas, armas y otros delitos relacionados con el crimen organizado.
Sobre el caso de Sánchez Arellano, El Ingeniero, a éste se le considera como el heredero de sus tíos Ramón, Eduardo, Francisco Javier y Francisco Rafael Arellano Félix, fundadores del cártel de Tijuana, al que la DEA acaba de dar por muerto con la virtual sentencia impuesta a Eduardo Arellano, El Doctor.
El Ingeniero es hijo de Enedina, una de las hermanas del clan fundador del cártel de los Arellano Félix.
Como lo establece la Kingpin Act, Obama notificó de esta designación a los integrantes de los comités de Inteligencia, Relaciones Internacionales, Medios y Arbitrios, de la Cámara de Representantes.
Y, en el Senado, a los comités de Servicios Armados, Judicial, Relaciones Exteriores y Finanzas e Inteligencia del Congreso federal.
Por la promulgación de esta ley queda prohibido a los ciudadanos estadunidenses tener cualquier relación con las personas o grupos designados.
La violación de la medida implica sanciones civiles y criminales por varios millones de dólares y sentencias de cárcel de hasta 30 años.

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