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jueves, 31 de diciembre de 2015

Llaman a investigar y sancionar a Escobar por recorte en Pronapred

Gran irresponsabilidad quitar recursos a delegaciones del DF: dirigentes políticos
La situación de inseguridad en la capital es compleja como para cometer subejercicio, señalan líderes perredistas
Sólo se ocupó de seguir operando para su partido, acusa diputado de Morena
Raúl Llanos Samaniego y Ángel Bolaños Sánchez
 
Periódico La Jornada
Jueves 31 de diciembre de 2015, p. 3
Dirigentes de partidos políticos y diputados del Distrito Federal cuestionaron ayer la actuación de Arturo Escobar y Vega como subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, ya que en su corta estancia en el cargo dejó de asignar los recursos del Programa Nacional de Prevención del Delito (Pronapred) presupuestados para demarcaciones territoriales de la capital del país, lo cual calificaron deinfamia.
Raúl Flores y Enrique Vargas, presidente y secretario general del PRD capitalino; Esthela Damián, dirigente de Movimiento Ciudadano (MC), así como el coordinador de los diputados de Morena, César Cravioto, y su correligionario Felipe de la Cruz Menez, en distintas entrevistas coincidieron en que se debe investigar y sancionar al ex funcionario federal y militante del Partido Verde.
El miércoles pasado La Jornadapublicó que la subsecretaría encabezada por Escobar y Vega no entregó en su totalidad el dinero asignado para este año a cinco delegaciones políticas: Gustavo A. Madero, Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza e Iztapalapa, como parte del Pronapred.
Su nombramiento, cuota de partidos
Raúl Flores y Enrique Vargas comentaron, de su lado, que la situación que se enfrenta en la ciudad de México en cuanto a inseguridad pública es compleja, como para cometer un subejercicio de recursos.
Esthela Damián, de Movimiento Ciudadano, añadió que ese incumplimiento presupuestal habla de una política pública olvidada, de un desdén por parte del gobierno federal hacia las acciones de prevención, y lamentó que la llegada del pevemista a esa responsabilidad haya sido producto de una cuota política, que demuestra la importancia que se le da a esta práctica.
César Cravioto calificó de un crimen contra los habitantes del DFel recorte de 30 por ciento y no dudó en considerar una gran irresponsabilidad el que haya desatendido a las delegaciones capitalinas, mientras que a Chiapas, donde es gobierno el PVEM, sí le entregó el total de sus recursos.
A su vez, Felipe de la Cruz Menez consideró que el gobierno de la ciudad debe no sólo pedir explicaciones sobre el recorte de los fondos federales comprometidos a la ciudad dentro del Pronapred, sino exigir la entrega íntegra de los recursos que se asignaron.
Agregó que desde el nombramiento de Arturo Escobar se prendieron focos rojos por los antecedentes de operaciones irregulares del PVEM durante las campañas y por las que se le impusieron multas millonarias al partido, aunado al fraude en el que estuvo involucrado su hermano Adrián, a través de una empresa de la que era socio, contra el mismo instituto político.
Su renuncia a la subsecretaría a su cargo, agregó De la Cruz Menez, luego que fue señalado responsable de delitos como coacción y compra del voto, así como el retroceso que hubo en el Pronapred bajo su responsabilidad, le da la razón a las organizaciones y ciudadanos que junto con Morena exigieron en su momento la remoción de Escobar de la subsecretaría, donde sólo se ocupó de devengar un salario y seguir operando políticamente para su partido.

miércoles, 30 de diciembre de 2015

Aumentó la criminalidad por culpa de Arturo Escobar

Su omisión la han comenzado a padecer cinco delegaciones; Iztapalapa, la más afectada
Con Escobar, el plan federal para prevenir delitos fue letra muerta
El Pronapred, a cargo de la Subsecretaría de Gobernación que encabezó el pevemista, sufrió un recorte de 750 millones de pesos
Muchas acciones y actividades del plan quedaron inconclusas
Rocío González Alvarado
 

Miércoles 30 de diciembre de 2015, p. 25
El Programa Nacional de Prevención del Delito (Pronapred), uno de los más importantes de la Secretaría de Gobernación, cayó en el abandono desde la llegada y fugaz estancia de Arturo Escobar al frente de la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana.
Durante la estancia del militante del Partido Verde Ecologista de México en esa dependencia, el programa sufrió un recorte de 30 por ciento, equivalente a 750 millones de pesos, de los 2 mil 600 millones de pesos asignados para este año, más la reducción de otros 600 millones de pesos en el presupuesto que ejercerá en 2016, con lo que ha perdido un total de mil 350 millones de pesos.
El abandono del Pronapred ha comenzado a golpear algunas de las delegaciones del Distrito Federal que fueron incorporadas al programa, pues sus acciones y actividades para la prevención del delito están inconclusas, después de que sólo recibieron 70 por ciento de los 132 millones de pesos comprometidos para este año, es decir, 92 millones 400 mil pesos.
Los fondos destinados al Distrito Federal serían distribuidos en cinco demarcaciones: Gustavo A. Madero, Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza e Iztapalapa, pero fue hasta principios de diciembre pasado cuando las autoridades capitalinas fueron notificadas de que no se les entregaría el recurso restante, es decir, 30 por ciento, ante el recorte presupuestal a escala federal.
De ellas, la que resultó más afectada fue Iztapalapa, pues se le habían asignado 53 millones 263 mil 122 pesos, es decir, poco menos de la mitad del total de los recursos para la prevención del delito en la ciudad.
El jefe delegacional de Venustiano Carranza, Israel Moreno, detalló que en su caso se le asignaron 8 millones de pesos, que fueron utilizados en 21 actividades en la colonia Morelos, donde se busca coadyuvar a restituir el tejido social y disminuir el clima de violencia en la zona.
Indicó que aunque el programa ha resultado positivo, se perdió toda comunicación con la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana desde el primer cambio en la dependencia, e ignora si continuará para el próximo año. La gente nos pide dar continuidad y vamos a insistir, pero francamente no hemos tenido ningún contacto, expresó.
La salida de Arturo Escobar tras el escándalo electoral también impactó en el área administrativa, pues a raíz de los cambios existe un atraso en la publicación de los lineamientos de operación para el próximo ejercicio fiscal, pues en otros años a estas fechas ya se habían iniciado las pláticas con las autoridades de las distintas entidades para definir el monto que se asignaría a cada una y las acciones a seguir.
El programa, que empezó en 2015 con recursos por 2 mil 600 millones de pesos, concluyó el año con 30 por ciento menos, equivalente a 780 millones de pesos, ante el recorte que se anunció en el gobierno federal, sin que el entonces subsecretario mostrara interés por defender el presupuesto asignado para la prevención del delito en las entidades del país con mayores problemas de violencia y pobreza.
Tampoco se realizó ningún cabildeo para lograr mayores recursos para 2016, pues su presupuesto se mantiene a la baja, con poco más de 2 mil millones de pesos asignados, con lo que se prevé que no se podrá incorporar a ningún municipio o delegación que no haya participado en otros años.
La operación del programa comenzó en 2013 en 48 municipios, dos delegaciones del Distrito Federal y siete zonas metropolitanas, pero en el transcurso de estos tres años se habían incluido más sitios conflictivos o focos rojos.
Este año, sólo se entregó el ciento por ciento de los recursos a cinco estados, entre ellos Durango, Chihuahua, Tlaxcala y Chiapas, pero el resto de las entidades participantes resultaron afectadas, como sucedió con el Distrito Federal, a cuyas autoridades sólo se les entregó 70 por ciento del presupuesto comprometido.

domingo, 13 de diciembre de 2015

El Verde mintió y ocultó información, según expediente

Escobar confirmó a Sofimex el pago de $11.2 millones por camisetas no entregadas
El dueño del negocio que pactó con el PVEM, con historial de fraudes
El fabricante retribuyó las prendas con un terreno que se escrituró a un funcionario de ese partido
Foto
La multa de 88.5 millones de pesos al PVEM será votada el próximo miércoles en el Consejo General del INE. En la imagen, propaganda del partido durante la contienda electoral de julio de este añoFoto María Luisa Severiano
Claudia Herrera Beltrán
 
Periódico La Jornada
Domingo 13 de diciembre de 2015, p. 5
En la trama de la reciente multa propuesta para el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Arturo Escobar y Vega tuvo un papel central: fue quien confirmó a la afianzadora Sofimex que se hizo un pago en efectivo de 11.2 millones de pesos a la empresa Grupo Textil Joad, por la confección de unas camisetas que no les fueron entregadas. Sin embargo, esos y otros datos fueron ocultados en su momento al Instituto Nacional Electoral (INE), según el expediente del caso.
Derivado de lo anterior y del análisis a la contabilidad elaborada por el partido político y reportada a la autoridad electoral en ejercicios anteriores, se observó que el pago en efectivo al que hace alusión el C. Arturo Escobar y Vega por 11 millones 218 mil 641 pesos, correspondiente al contrato de prestación de servicios firmado con la empresa Grupo Textil Joad SA de CV el 10 de marzo de 2009, no fue reportado a esta autoridad. Asimismo, se desconoce el origen de dichos recursos, indica el documento, cuya copia tiene La Jornada.
La Comisión de Fiscalización del INE propuso el viernes sancionar al partido por 88.5 millones de pesos por recibir ingresos de origen desconocido que no fueron informados, realizar gastos no reportados a la autoridad, tener cuentas por cobrar no devengadas y cometer dolo. La multa se votará el miércoles en el Consejo General del instituto.
En medio de esta historia se encuentra involucrado Jorge Alberto Peralta Casal, dueño de Grupo Textil Joad, con largo historial de detenciones por defraudación en contra de varios clientes, entre ellos la cantante Sherlyn y dos personas a quienes les propuso vender playeras para partidos políticos, que no fueron entregadas (según la causa penal 118/2009).
Unas escrituras, el origen
La compleja historia sobre esta investigación se inició en 2010. Al entonces Instituto Federal Electoral le surgieron dudas sobre varios pagos del PVEM por unas escrituras de las que no existía evidencia, y halló que eran de un inmueble recibido a cambio de 763 mil 599 camisetas no entregadas, por las que se pagaron 11.2 millones de pesos.
Al revisar las cuentas del Verde correspondientes a 2009, un auditor del entonces IFE encontró recibos de honorarios por 75 mil 716 pesos al notario Daniel Luna Ramos. Eran pagos por la emisión de las escrituras 25506, 25503 y 25502, otorgadas a Marco Antonio de la Mora Torreblanca, ex dirigente del PVEM en Guerrero, otrora suplente de Escobar en la Cámara de Diputados y actual gerente de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) en Guerrero.
Requerido al respecto, el PVEM respondió que los gastos no fueron originados por el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) y los reclasificó como anticipo al proveedor. Sin embargo, el INE consideró que ese saldo no podría ser considerado como tal y le pidió la entrega de diversas evidencias.
En respuesta, el Verde cambió su versión sobre el tema y dijo que dichas escrituras “no son gastos ocasionados por el partido. Lo anterior en virtud de que por un error involuntario lo pagó (sic) el partido; sin embargo, ya se reclasificó el gasto, mismo que se acredita plenamente con el escrito del notario, considerándolo como anticipo”.
El INE no quedó conforme y concluyó que en la documentación presentada no se identifican servicios prestados a De la Mora Torreblanca y del análisis a las actas notariales 25506 y 25502 se observa que el gasto benefició al partido político.
Lo anterior, dado que en una de las escrituras Misael Sánchez Sánchez, apoderado del Verde, otorga a De la Mora Torreblanca un mandato sin representación para que lleve a cabo todos los trámites y gestiones para obtener el pago o se garantice en debida forma el adeudo que tiene Grupo Textil Joad (por 10 millones de pesos), derivado de la póliza de fianza número 1100178, expedida por afianzadora Sofimex, y acepte las garantías o formas de pago que sean más convenientes.
Para cubrir la deuda de Grupo Textil Joad, el deudor solidario Ascención Vázquez Vázquez dio en pago y transmitió la fracción de una propiedad, ubicada en la colonia Tepalcates de la delegación Iztapalapa, a De la Mora Torreblanca. Además, se señala que si no se vieran satisfechas todas las prestaciones, se impondría una pena equivalente a 6 millones de pesos, indica el expediente.
Vencido el plazo para la recuperación del adeudo –31 de diciembre de 2010–, el instituto no identificó en la contabilidad del partido el origen de la deuda de 10 millones de pesos y tampoco el depósito de los 6 millones, por lo que solicitó más información al Verde y éste respondió que una de las escrituras quedó sin efecto e insistió en la versión del error involuntario.
Por solicitud de la Unidad de Fiscalización del instituto, la afianzadora Sofimex le informó sobre la existencia de un contrato, firmado el 10 de marzo de 2009, por el que el Verde pagó el suministro de más de 700 mil playeras peso completo, estampadas con el logo del PVEM, por un monto de 12.9 millones.
Además, el instituto conoció un escrito, en el que Escobar manifestó a Sofimex: Grupo Textil Joad, con fecha 24 de marzo, recibió en efectivo la cantidad de 11 millones 218 mil pesos para continuar con el desarrollo normal del contrato signado con el PVEM, debiendo entregar una segunda ministración de mercancía el día 25, sin que a la fecha se haya cumplido, mismo que fue informado en su oportunidad a Sofimex SA de CV.
Pero el gasto y procedencia de estos más de 11 millones de pesos nunca fueron informados a la autoridad electoral.

sábado, 12 de diciembre de 2015

Destapa el INE delito del Verde por $11 millones

La sanción por más de $88 millones será votada en sesión del Consejo General

Impone INE otra multa al Partido Verde; Arturo Escobar, involucrado en el caso
El instituto político recibió recursos de origen desconocido sin informar del gasto y cobro
Claudia Herrera Beltrán
 
Periódico La Jornada
Sábado 12 de diciembre de 2015, p. 10
Al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) le impusieron otra multa de 88 millones 547 mil pesos por recibir dinero de origen desconocido para pagar unas camisetas que nunca recibió y por las que le dieron un terreno que escrituró a nombre de un ex miembro de la dirigencia, actual funcionario federal. En esta trama estuvo involucrado Arturo Escobar y Vega, quien firmó diversos contratos.
La Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó ayer, por unanimidad, aplicar dicha sanción al PVEM, acuerdo que será votado en la sesión del Consejo General del próximo miércoles.
Esta anomalía fue detectada por el INE desde 2010 y, por tanto, fue una investigación muy larga, en la que no medió la denuncia de un partido político adversario del PVEM, sino diligencias efectuadas por el Instituto Federal Electoral y ahora INE, explicó el presidente de la Comisión de Fiscalización, Ciro Murayama.
Además, se dará vista a la Procuraduría General de la República (PGR) y a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), por si hubo vulneración a normas a las que corresponde vigilar su aplicación.
Relató que un auditor del entonces IFE encontró en la fiscalización de 2009 que dicho partido estaba dando cuenta de un conjunto de gastos en escrituras de inmuebles con un notario, sin embargo, al pedir que se demostrara de qué inmuebles se trataba el partido político no proporcionó la información.
Recurrieron al notario y hallaron que esos inmuebles no fueron escriturados a nombre del partido, sino de Marco Antonio de la Mora Torreblanca, ex secretario de organización del partido, otrora dirigente estatal en Guerrero, suplente de Escobar en la Cámara de Diputados y actual delegado de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) en dicha entidad.
Murayama explicó que eso activó la investigación y permitió comprobar que el partido recibió 11 millones de pesos que no informó a la autoridad y, por tanto, se desconoce el origen de esos recursos.
El expediente señala que pagó 11 millones 218 mil 641 pesos a la empresa Grupo Textil Joad por el suministro y elaboración de 763 mil 599 playeras estampadas con el logo de dicho partido.
Pero se incumplió con el contrato y el PVEM recibió un terreno lotificado en tres partes, ubicado en Iztapalapa, propiedad de un obligado solidario. Sin embargo, no fueron escriturados a nombre del partido, sino del mencionado de la Mora Torreblanca.
De confirmarse, como apunta que ocurrirá el miércoles próximo, ésta multa se sumará a los más de 500 millones de pesos impuestos este año a dicho partido por casi una veintena de violaciones cometidas por el Verde durante la pasada campaña electoral. Según Murayama, es la sanción más alta en la historia de la fiscalización producto de la revisión de un informe ordinario de gastos y por una conducta individual.
Las faltas cometidas en esta ocasión por el Verde son: recibir ingresos de origen desconocido que no fueron informados, hacer gastos no informados a la autoridad y tener cuentas por cobrar no cobradas.
Además, el INE encontró que el Partido Verde cometió dolo, porque a lo largo de estos años se le requirió información que se trató de ocultar tanto el ingreso como el gasto y el cobro, refirió Murayama.
Escobar en el INE
Unas dos horas antes de que la Comisión de Fiscalización sesionara, Escobar fue al INE y se reunió con el representante de su partido, Jorge Herrera, tras lo cual rechazó que lo haya hecho con algún consejero y sólo planteó que estará al pendiente del proceso que se sigue en su contra.
Murayama confirmó que Escobar suscribió diversos contratos relacionados con este caso, comoresponsable de las decisiones del partido, y añadió: No lo vi. No he tenido contacto con él en los meses recientes, pero comentó que previamente se concedió al Partido Verde su derecho de audiencia.
Destacó que la información sobre este expediente no circuló previamente, porque “no estamos para hacer juicios mediáticos. Sin hacer estridencia ni condescendencia estamos llevando el proyecto al Consejo General.

jueves, 10 de diciembre de 2015

Soy sujeto de “persecución política” y actos abusivos: Arturo Escobar


México, DF. Arturo Escobar dijo que es sujeto de una "persecución política " y actos abusivos e ilegales por parte del fiscal electoral Santiago Nieto. Por tanto, interpondrá denuncias en la PGR y en la CNDH.
A dos semanas de haber renunciado a la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana y de la Secretaría de Gobernación, señaló que por ahora está dedicado a su defensa y no está en condiciones de determinar lo que hará de su vida profesional.
Por tanto, al momento, no hay perspectiva de que vuelva a su cargo público porque, aseveró, está concentrado en defenderse de lo que llamó "afectación a su honra, decoro y reputación".
Hace dos semanas, el titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República dio a conocer la existencia de una investigación contra Escobar y la solicitud al juez para girar una orden de aprehensión contra el entonces funcionario federal.
Este jueves, Escobar dio conferencia de prensa en un hotel de paseo de la Reforma.
Hizo énfasis en que el fiscal violó sus derechos humanos y el debido proceso al negarle una defensa adecuada; sostuvo que él fue el único que no fue llamado a declarar.
Señaló que se violaron sus garantías básicas, especialmente en la presunción de inocencia y también se transgredió su privacidad.
Por tanto, anunció diversas acciones en contra del fiscal Nieto por obstruir la administración de justicia; daño moral y otras afectaciones que, dijo, le afectaron en su honra, decoro Y reputación de él y su familia.
También presentará, mañana mismo una denuncia ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y exigir a Nieto que emita una denuncia pública y repare el daño.
"Tenemos que verlo como lo que es: un acto abusivo e ilegal por parte de una autoridad que debido a sus animadversiones políticas y personales no tuvo reparo en violar los derechos humanos de una persona", dijo.
Lo me hizo a mi, agregó , se lo puede hacer cualquiera, me parece que como estado, democracia y país no lo podemos aceptar.
Hoy, dijo, un medio de comunicación vuelve a reportar que el fiscal de nuevo viola el sigilo de la averiguación previa y tratando de mediatizar en la Xunto y violando su derecho de audiencia que también está investigando a un familiar mío. "Esto se llama persecución política. Sus derechos humanos también están siendo violados y seguramente también recurrida, como yo, a la protección de las instancias de derechos humanos".

Por "presiones", niegan orden de captura a Escobar

El MP no acreditó la existencia de delitos electorales base de la denuncia, señala
Niega una juez a la Fepade la orden de aprehensión solicitada contra Escobar
La Fiscalía puede solicitar el expediente, perfeccionar las inconsistencias y volver a consignar
Foto
El titular de la Fiscalía, Santiago Nieto Castillo, había anunciado un encuentro con los medios de comunicación que posteriormente canceló. Este día se podría conocer su posiciónFoto Roberto García Ortiz
Gustavo Castillo y Alfredo Méndez
 
Periódico La Jornada
Jueves 10 de diciembre de 2015, p. 14
La juez federal Rosa María Cervantes Mejía negó la orden de aprehensión que solicitó la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electores (Fepade) contra el ex vocero del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y ex subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación Arturo Escobar, quien fue acusado de delitos electorales.
El juzgado decimoprimero de distrito de proceso penales federales, con sede en la ciudad de México, consideró que el Ministerio Público Federal (MPF) no acreditó la existencia de delitos electorales ni la probable responsabilidad de Escobar y de los empresarios que apoyaron al PVEM en la producción y distribución de tarjetas Premia Platinum.
Después de que la decisión judicial trascendió al ámbito público, el titular de la Fepade, Santiago Nieto Castillo, anunció que daría un mensaje a medios de comunicación; sin embargo, minutos antes de la una de la tarde –hora a la que había convocado– anunció la suspensión del encuentro con la prensa.
Hasta el cierre de esta edición, la Fepade, señalaron funcionarios de esa institución, no daría a conocer su posición, porque oficialmente el Ministerio Público Federal adscrito al juzgado de distrito no ha sido notificado y el plazo para ello vence hasta las 23:59 horas de este 9 de diciembre. Así que podría ser hasta este jueves que se vuelva a convocar a los medios.
En este caso, la Fepade comenzó una averiguación previa en contra de Arturo Escobar y de los empresarios y representantes de las compañías Proyectos Juveniles SA de CV, Multiservicios de Excelencia RQ de SC, y Cards & Systems Solutions SA de CV, después de las denuncias presentadas por militantes de PAN y PRD, debido a que el PVEM distribuyó tarjetas Premia Platinum en las que identificaba a los destinatarios como afiliados a ese instituto político.
Presumían que se había utilizado el padrón electoral para fines distintos a los electorales, por lo que la Fepade empezó la investigación y determinó que había contrataciones y actos indebidos.
El día en que la Fepade consignó el expediente, el fiscal Santiago Nieto Castillo informó a un medio de comunicación y dijo que acusó al ex dirigente del PVEM porque él firmó los contratos en su carácter de representante legal del partido.
Nieto Castillo aseguró que en todos los casos la titular de la Procuraduría General de la República, Arely Gómez, me instruyó para actuar con absoluta imparcialidad, sin filias ni fobias hacia ningún partido político, y en razón de que mi ejercicio no es contra los institutos como instituciones, sino contra las personas físicas que delinquen, esto me permite desarrollar mis funciones y consignar a aquellas personas que yo considero que han incurrido en una conducta delictiva.
Después de 10 días, el juzgado negó la orden de aprehensión a la Fepade y ahora el Ministerio Público Federal podrá apelar de la resolución judicial para que un tribunal resuelva en definitiva sobre los mandamientos judiciales, o bien la Fepade puede solicitar la devolución del expediente, perfeccionar las inconsistencias de su indagatoria y volver a consignarla con el propósito de obtener la orden de aprehensión.
Asimismo, a la Fepade le negaron los mandamientos que pidió contra el ex secretario de Desarrollo Social de Colima, Rigoberto Salazar Velasco; el presidente del PAN en ese estado, Jesús Fuentes Martínez, y el abogado de Jorge Luis Preciado, Javier Jiménez Corzo, acusados del delito de fraude procesal.


viernes, 27 de noviembre de 2015

¿Qué Peña y Osorio no sabían que Escobar era un delincuente?

“… uno dice: ¿es que el Presidente es un idiota, no se había dado cuenta? No, no puede ser esa la respuesta. El Presidente sabía bien, mejor que cualquiera, y si tiene que quitarlo quiere decir que está implícitamente admitiendo que cometió un error. Pareciera que se quisieron burlar de nosotros”, dice el politólogo Lorenzo Meyer sobre la renuncia de Arturo Escobar en la Secretaría de Gobernación.


PromoEscobar
Por Shaila Rosagel y Juan Luis García Hernández
Ciudad de México a 27 de noviembre (SinEmbargo).– La renuncia de Arturo Escobar y Vega a la Secretaría de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación (Segob) profundiza el descrédito de las instituciones mexicanas y desnuda el encubrimiento del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y del titular de esa dependencia, Miguel Ángel Osorio Chong, a un “delincuente electoral”, dijeron aSinEmbargo analistas políticos y legisladores.
Escobar y Vega anunció la noche del miércoles que renunciaba a su puesto en la Secretaría de Gobernación, después de que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) diera a conocer que pediría una orden de aprehensión en su contra por delitos electorales.
Después de las denuncias en contra del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y de la discusión de que incluso se le retirara el registro por violar la Ley Electoral, Escobar fue elegido por el Presidente y por Osorio Chong para ocupar uno de los puestos más importante de la Segob, donde se encargaría de prevenir delitos, Escobar es presunto culpable de delitos electorales.
Para el politólogo e historiador Lorenzo Meyer Cossío sólo existe una respuesta a la inesperada noticia: “Algo no cumplió de lo que se negoció y algo hay más en el fondo”.
“Ese espacio estaba pensado para alguien que tuviera un perfil completamente opuesto y la decisión la toma el Presidente, porque esa decisión es del Presidente. Entonces hubo muchas críticas al respecto y se tiene y asume un costo político. Todo parecía ir sobre ruedas, entonces ahora la renuncia es lo incomprensible, porque lo acusa la Fepade de que algo que todos sabíamos. La Fepade que no es una organización independiente. Entonces hay algún elemento que solamente en los corredores obscuros del poder se sabe. Nosotros como ciudadanos no tenemos más información sobre qué se negoció o qué es lo que él [Escobar] no hizo o no cumplió en la negociación”, dijo.
Lorenzo Meyer Cossío explicó que con el escándalo de Escobar, el gobierno federal asume un doble costo político: el que asumió cuando lo llevó a un puesto en donde incluso se burló de los mexicanos y ahora, al aceptar a través de la Fepade, que es un presunto delincuente.
“El sacarlo de ese puesto implica otro costo político para el Presidente que ya había pagado un costo por poner a alguien, a la persona que tiene sospecha de haber cometido la ilegalidad. Si lo hubieran mantenido se hubiera diluido relativamente con el paso del tiempo y ahora, en el momento que tiene que renunciar, justamente por lo que todo el mundo sabía, por hechos ilegales, y uno dice: ¿el Presidente es un idiota, no se había dado cuenta? No, no puede ser esa la respuesta. El Presidente sabía bien, mejor que cualquiera, y si tiene que quitarlo quiere decir que está implícitamente admitiendo que cometió un error”, dijo Meyer Cossío.
El analista político planteó que el puesto que Escobar recibió en la Segob, fue aparentemente en pago por la operación que realizó a través del PVEM en las elecciones de este año y enfatizó en que el puesto le fue entregado, a sabiendas de lo que hoy está aceptado por la Fepade.
“Lo único que podemos esperar es que la legitimidad que ya está muy baja en las encuestas de confianza en torno a las instituciones son bajas, bajen aún más. Ratifican la idea la opinión publica de una incapacidad para manejar la maquinaria gubernamental”, destacó.
Foto: Francisco Cañedo, SinEmbargo
Lorenzo Meyer cuestiona que el Presidente no se haya dado cuenta sobre las acusaciones contra Arturo Escobar, del PVEM. Foto: Francisco Cañedo, SinEmbargo
LLUVIA DE CUESTIONAMIENTOS
Arturo Alvarado Mendoza, director del Centro de Estudios Sociológicos de El Colegio de México (Colmex), coincidió con Meyer y dijo que ahora Osorio Chong deberá explicar por qué le dio una subsecretaría a alguien acusado de presuntos actos ilegales.
“¿Cómo es posible que el Secretario de Gobernación y el Presidente lo hayan nombrado para un puesto público tan importante, sin haber escuchado previamente y después, todavía haberlo ratificado? Había una especie de pacto político electoral. El Secretario de Gobernación tendrá que responder: Si usted es la cabeza de la legalidad en las actuaciones cívicas, ¿cómo pudo nombrar a este Subsecretario que ahora mismo tiene que renunciar para defenderse?”, cuestionó.
Alvarado Mendoza explicó que parece ser una especie “de regreso al pasado”. El Presidente sabía que si la figura presidencial salía en la campaña, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) saldría perdiendo. Entonces, “alguien tuvo que hacer el trabajo sucio”.
Ese fue el Partido Verde, precisó. Debe haber una investigación más allá de Arturo Escobar. La Fepade debe tomar acciones en contra de la fuerza política, sugirió.
“Esto tiene que verse como un problema estructural en el país en donde los partidos políticos cometen delitos electorales. Yo pido al INE [Instituto Nacional Electoral] y a la Fepade que haya sanciones que vayan más allá. Que sea sancionado el partido político por un daño a la ciudadanía, a la democracia y a las instituciones públicas”, indicó.
Foto: Francisco Cañedo, SinEmbargo
Arturo Alvarado aseguró que el Secretario de Gobernación también está obligado a dar explicaciones sobre el caso de Arturo Escobar. Foto: Francisco Cañedo, SinEmbargo
EL PAPEL DE OSORIO CHONG
El especialista en partidos políticos Eduardo Huchim May opinó que en otros países los cargos que enfrenta Arturo Escobar hubieran bastado para que el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, renunciara. Sin embargo, las características de México son distintas.
“En la designación del subsecretario estuvo necesariamente involucrado el Presidente Enrique Peña Nieto, por lo que no necesariamente Osorio Chong tendría que renunciar. Sin embargo, sí pone en entre dicho que hayan colocado a alguien que al momento de su designación ya arrastraba con la denuncia”, explicó.
Huchim enfatizó en que las autoridades del Gobierno Federal menospreciaron en su momento la opinión de los grupos civiles que se oponían a la designación de Escobar dentro de la Segob y recordó que esto abona al retiro del registro del PVEM.
La directora de México Evalúa Edna Jaime Treviño dijo que el caso Escobar simplemente reitera o refrenda que fue una mala decisión “el que haya prevalecido un criterio de recompensa, un criterio de pagar por la alianza con el partido verde que desde un principio le salió muy caro por las críticas, y ahora se confirma que había razón en ellas”.
“Este año ha sido muy complicado en materia de prevención y seguramente se va ver reflejado, si de por sí ya era un programa en el proceso de madurez, que de ninguna manera podemos hablar de un política consolidada, pues ahora es un ámbito mucho más débil, donde los relevos, la ausencia de un subsecretario por varios meses, y un nombramiento fallido sí están debilitando a la subsecretaría y los programas que se financian”, dijo Jaime.
SE ROMPE ENCUBRIMIENTO
Ayer, Andrés Manuel López Obrador, presidente nacional del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), afirmó que Arturo Escobar y Vega, ex Subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, es un “chivo expiatorio” del Gobierno de Enrique Peña Nieto para “engañar que les interesa la legalidad”.
“Es una simulación, porque deberían de encarcelar a Peña y a Chong, a Peña porque hizo lo mismo de Escobar, compró votos; ¿si o no entregó también tarjetas, Peña? Está demostrado”, criticó López Obrador.
“Además quién puso a Escobar, Peña, entonces es un chivo expiatorio, la mafia de repente hace eso para engañar de que les interesa mucho la legalidad?”, declaró AMLO durante una gira por Tlaxcala.
Legisladores consultados por SinEmbargo coincidieron en que la orden de aprehensión de la Fepade, una instancia con autonomía técnica, subordinada de la Procuraduría General de la República (PGR), rompió el encubrimiento que hace el Gobierno a sus allegados.
“Sería cuestionable que el Secretario de Gobernación si sabía o no que su subsecretario nada más ni nada menos que el de Prevención del Delito estaba siendo investigado por cometer delitos. Lo que refleja es que es un grupo gobernante que se maneja como una pandilla cómplices”, dijo el Senador por el Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Mario Delgado .
Legisladores de las bancadas sostuvieron que el PVEM cometió numerosos delitos que a la fecha siguen sin ser castigados, pero se mostraron incrédulos a que sea sólo Escobar el involucrado, por lo que esperan que el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) retomen la demanda ciudadana de quitar el registro al partido del tucán.
“Estamos seguros que la Fiscalía debe tener más pruebas al respecto, de Arturo Escobar sin duda, el INE a raíz de esto no debe seguir dejando en el abandono esta solicitud. Por la vía penal deben continuar las averiguaciones, y por la vía administrativa el INE tiene que analizar todas las sanciones a ese partido y la que corresponde es el retiro del registro”, consideró la Senadora del Partido Movimiento Ciudadano (MC) Martha Tagle Martínez.
A esta propuesta se sumaron el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), que lanzaron un comunicado en el que pidieron al INE quitar el registro al Verde. El Secretario de Acción Política Estratégica del PRD, Alejandro Sánchez Camacho, dijo que “si la solicitud de la Fepade va en serio no debe temblarle la mano al Gobierno federal para ponerle un hasta aquí al PVEM, partido satélite del Partido Revolucionario Institucional (PRI)”.
Los legisladores se mostraron sorprendidos de que la Fepade tomara una decisión de esta trascendencia, y prevén que la Fiscalía recibirá presiones en la investigación, como las tuvo el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
“Seguramente vendrán artilugios legales, amparos, pero, independientemente de ello, el hecho es que se haya se ha acreditado la comisión de delitos, sino cómo se desnuda con toda nitidez al INE y al Tribunal Electoral del Poder Judicial , que fueron omisos, y yo digo incluso cómplices de todas las arbitrariedades cometidas por el PVEM”, acusó el Senador del PRD Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez en declaraciones dadas a la prensa en el Senado.
El presidente de la Cámara de Diputados Jesús Zambrano Grijalva del PRD insistió en que Escobar debe ser castigado como todo aquel que comete algún delito, pero no quiso especular sobre si la orden de captura fue producto de un debilitamiento entre el Partido Revolucionario Institucional y el PVEM.
“Ahí si yo no me quiero meter, si pasó algo o no pasó algo ¿por qué hasta ahora después de varios meses de las elecciones se dan estas noticias? Hay quienes especulan diciendo que por ahí algún problema tuvieron en la relación, pero pues ya es el ámbito de la especulación política”, dijo a la prensa.

Fepade solicita órdenes de aprehensión contra empresarios ligados al caso Escobar

Una de las tarjetas "Premia Platino" distribuidas por el PVEM. Foto: Germán Canseco
Una de las tarjetas "Premia Platino" distribuidas por el PVEM. 
Foto: Germán Canseco
México, DF (apro).- La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) solicitó a un juez federal tres órdenes de aprehensión en contra de los empresarios que presuntamente firmaron contratos con el extitular de la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación (Segob), Arturo Escobar y Vega, para la expedición de 10 mil tarjetas “Premia Platino”.
Se trata de María Guadalupe Robles –hermana de Luisa María Robles, apoderada legal de la empresa Proyectos Juveniles–, Pablo Líder Robles y Ramiro Quintero Ramos, quienes realizaron aportaciones en dinero y en especie, pese a que eso está prohibido por ley.
Con base en la denuncia que presentó la exdiputada federal perredista Julissa Mejía y una más que promovió el PAN, la Fepade determinó que sí hay elementos para considerar el delito electoral encabezado por Escobar y Vega cuando fungía como vocero del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
La indagatoria está enfocada en las tarjetas denominadas “Premia Platino” que el PVEM compró a proveedores no autorizados por el Instituto Nacional Electoral (INE), y Escobar y Vega, como representante legal del partido, firmó los contratos con esos empresarios violando la ley electoral.
Los delitos que se les imputan están contemplados en el artículo 15 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales (LGMDE), así como en el artículo 7 Fracción XXI relativo a proveedores no autorizados por la autoridad administrativa (INE).
Este jueves la exdiputada Julissa Mejía acudió a la Fepade para conocer la resolución de la demanda que interpuso contra el PVEM el 9 de abril pasado, previo al proceso electoral.
De acuerdo con la denuncia, Proyectos Juveniles subcontrató a la empresa Cards, de Pablo Líder Robles –quien se encargó de elaborar las tarjetas–, así como a Multiservicios, de Ramiro Quintero Ramos, responsable de la distribución de los plásticos que podían ser usados en miles de establecimientos.
La Fepade informó que la orden de aprehensión contra Escobar y coacusados es sólo por el uso de las tarjetas Premia Platino, aunque hay otros temas que quedaron pendientes.
“Por la información que proporciona la Fepade se advierte otra vez un esquema de triangulación en el reparto de tarjetas, como hizo el PRI con las de Monex en 2012”, destacó la exlegisladora perredista.
Añadió: “No descarto que haya algo político contra Escobar, pero qué bueno que se le dio seguimiento a esta denuncia que ya daba por desechada. Éste es un paso importante, ya que es delito entregar tarjetas, es una dádiva ilegal, y ya no nos vamos a quedar como si nada como nos pasó con las tarjetas de Monex y Soriana”, advirtió.

Exigen retirar el registro al Verde y que se sancione a Escobar conforme a la ley

La demanda, de legisladores de PAN, PRD y Morena y líderes de los partidos
La relación del PRI con el Verde es sólida, no está sujeta a coyunturas, dice César Camacho
Roberto Garduño, Enrique Méndez, Andrea Becerril, Víctor Ballinas, Laura Poy, Claudia Herrera, Alma Muñoz y Claudio Bañuelos
 
Periódico La Jornada
Viernes 27 de noviembre de 2015, p. 5
Diputados y senadores de PAN, PRD y Morena, líderes de institutos políticos y representantes de esos partidos ante el Instituto Nacional Electoral (INE) exigieron que se retire el registro al Partido Verde Ecologista de México (PVEM), y demandaron que se sancione a Arturo Escobar y Vega conforme a la ley, por los delitos electorales cometidos.
En tanto, el vocero de la presidencia de la República, Eduardo Sánchez, confirmó que se separó a Escobar del cargo de subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación la noche del miércoles, y dijo que el ahora ex funcionario tendrá queenfrentar acusaciones que habrán de dirimirse en un juzgado competente; por tanto, será un juzgador el que determine si hay responsabilidad de su parte.
Los grupos parlamentarios de PAN y Morena en la Cámara de Diputados plantearon que después de la solicitud de orden de aprehensión contra Escobar y Vega, el INE tendría que analizar retirar el registro como partido al Verde Ecologista.
Mientras, los ex dirigentes priístas que fueron acompañados por Escobar en la campaña hacia la elección pasada, César Camacho e Ivonne Ortega, consideraron que el proceso contra el ex subsecretario se reduce a un asunto personal y que ello no romperá la alianza con el PVEM.
La relación con el PRI
La relación entre el Partido Verde y el PRI es sólida, no sólo institucional, sino una buena relación personal. No está sujeta a coyunturas, declaró Camacho.
–¿La orden de aprehensión es un golpe a Gobernación? –se le preguntó.
–No hay aquí ningún efecto colateral para ninguna secretaría o persona –respondió.
El coordinador de los senadores del PRD, Miguel Barbosa, respaldó la actuación de la Fepade y el presidente del Senado, el panista Roberto Gil Zuarth, dijo que no es prudente ni responsable hacer un posicionamiento ni personal ni político con respecto a un expediente que no se conoce, que debe guardar y debe mantener todo en sigilo; así lo establece la ley respectiva.
Ricardo Anaya, presidente del CEN del PAN, celebró que se haya separado del cargo a Escobar. Nos parece una decisión correcta de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) al haber emprendido acción legal contra el PVEM. Exigimos que se haga justicia y que el gobierno no vaya a meter las manos. Agustín Basave, presidente del PRD, pidió castigo para Escobar y que se le retire el registro al partido, el cual essinónimo de corrupción.
El representante del PRD ante el INE, Pablo Gómez, anunció que presentará una nueva denuncia penal contra Escobar ante la Fepade por la distribución que hizo su partido de paquetes escolares y lentes en la pasada elección.
Horacio Duarte, representante de Morena, dijo que la Fepade abrió estacloaca y eso debe llevar a replantearse la permanencia del Verde en el sistema electoral.
La voz discordante fue la de Jorge Carlos Ramírez Marín, representante del PRI, quien defendió a Escobar y reconoció que su nombramiento en la Secretaría de Gobernación fuecontroversial, entre otras cosas por la gran animadversión que resultó el éxito de la coalición entre PRI y Verde.
Minimizó el delito que se le imputa, al señalar que Verde no hizo ninguna entrega de dinero en efectivo, sólo de una tarjeta que daba descuentos.
Francisco Gárate, representante del PAN, recordó que está pendiente la resolución del tribunal electoral sobre el registro del Verde, luego de que el INE rechazó retirarlo y consideró que fue una imprudencia e insensatez del presidente Peña Nieto invitar a Escobar como subsecretario.

jueves, 26 de noviembre de 2015

Escobar firmó los contratos para repartir tarjetas del Verde: Santiago Nieto en CNN

Santiago Nieto  2


Arturo Escobar fue consignado ante un juez -al que se solicitó girar una orden de aprehensión- porque él fue quien firmó los contratos, en calidad de representante legal del Partido Verde, para repartir, en las pasadas elecciones, las tarjetas Premia Platino, las cuales están prohibidas en la ley que se aprobó el año pasado, indicó Santiago Nieto, titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE). 
En entrevista para Aristegui CNN, detalló que la consignación es un término técnico-jurídico del sistema de procuración de justicia, aplicado luego de que la Fiscalía recibió una serie de denuncias por la distribución de las tarjetas Premia Platino, las cuales fueron presentadas por el PAN, PRD y ciudadanos que recibieron esa tarjeta y protestaron por el uso de sus datos personales.
La fiscalía “encontró que había existido una serie de contrataciones indebidas y de actos indebidos”, por lo que desarrolló la investigación, recabó las pruebas y elaboró un documento, “que se denomina pliego de consignación, y a esto denominamos consignar, el pliego de consignación es la resolución, la voz de la fiscalía, los argumentos técnico-jurídicos que tiene la fiscalía especializada para presentarlo a un juez de distrito y solicitar que se libren órdenes de aprehensión en contra de las personas que se ha encontrado responsables de haber cometido presuntamente una conducta delictiva”. 
El miércoles la FEPADE dio a conocer que consignó tres averiguaciones previas, entre ellas la de Escobar, y dos más relacionadas con la elección en Colima.
“La parte importante de la fiscalía es poner a consideración de un juez el acreditamiento del cuerpo del delito y por otro lado la probable responsabilidad de personas físicas; las instituciones no delinquen, lo hacen las personas, en la fiscalía se persiguen conductas delictivas que hacen personas físicas que han vulnerado el marco de los delitos electorales en el país”, explicó.
En la ley aprobada el año pasado “se estableció una prohibición: los partidos políticos tendrán prohibido entregar cualquier tipo de material en el que se haga una oferta, en dinero o en especie, sea inmediata o mediata, directa o indirecta, que beneficie a un partido en las campañas electorales.
“Las tarjetas Premia Platino son un buen ejemplo de esto, era una prestación que se le daba a las personas que recibían la tarjeta, para obtener descuentos no inmediato sino mediato, algo directo, respecto al beneficio que podrían obtener las personas cuando acudían a los centros comerciales al presentar estar tarjetas y esa es una situación prohibida por la ley, la ley lo prohibió y eso equivale a entrar en el tipo delictivo del artículo 15 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales que establece que no se pueden realizar, ni destinar, ni recibir aportaciones en dinero o en especie”, abundó.
La prohibición legal es muy clara, señaló el fiscal, “este tipo de materiales no podían desarrollarse. La reforma del año 2014 estaba pensada en fortalecer el sistema de fiscalización de los recursos de los partidos políticos”.
No obstante, reconoció que actualmente “los delitos electorales no son delitos graves”. 
“En el ámbito federal tenemos un catálogo de delitos graves dentro de los cuales no se encuentran los delitos de corte electoral. Va a quedar en manos del órgano jurisdiccional determinar o no la libertad o la posibilidad de que se otorgue una caución para efecto de poder desarrollar y enfrentar el proceso penal en libertad”, precisó.
“En el caso de los delitos electorales el ofendido es la sociedad en su conjunto… la pena más importante es la contenida en el artículo 15 de la ley”, refirió.
Dicho artículo establece:
Artículo 15. Se impondrá de mil a cinco mil días multa y de cinco a quince años de prisión al que por sí o por interpósita persona realice, destine, utilice o reciba aportaciones de dinero o en especie a favor de algún precandidato, candidato, partido político, coalición o agrupación política cuando exista una prohibición legal para ello, o cuando los fondos o bienes tengan un origen ilícito, o en montos que rebasen los permitidos por la ley. La pena prevista en el párrafo anterior, se aumentará hasta en una mitad más cuando la conducta se realice en apoyo de una precampaña o campaña electoral.
Pero destacó que “lo importante es mandar un mensaje: que las instituciones electorales deben estar cumpliendo con sus funciones con absoluta imparcialidad, sin filias ni fobias, y con independencia de quienes sean los sujetos activos que cometen las conductas delictivas”.
En caso de que no vaya a la cárcel Escobar, apuntó, habrá sanciones económicas, siempre y cuando se acredite ante el juez su responsabilidad.
Nieto sostuvo que “no se puede tolerar ninguna conducta que vulnere el marco electoral en su conjunto, los perjudicados somos todos los ciudadanos, por tanto es importante que las instituciones electorales manden mensajes claros, de cara a los comicios que vamos a tener en 2016 y a partir de ahí sentar las bases para los comicios que van a venir en 2018″.
Caso Colima
Sobre los otros dos casos, relacionados con la elección en Colima, puntualizó que se trata de Rigoberto Velasco, secretario de Desarrollo Social del gobierno de Colima; y una averiguación previa que involucra al presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, Jesús Fuentes Martínez; y el abogado del candidato del PAN al gobierno de Colima, Javier Jiménez Corzo, por presentar pruebas falsas. 
“Fue un proceso muy complejo, el Tribunal Electoral determinó declarar la nulidad de los comicios, porque una causal de nulidad es la intervención del Ejecutivo estatal y se acreditaron una serie de conductas irregulares”, acotó.
Una de ellas fue denunciada por el PAN, sobre que el Secretario de Desarrollo Social apoyó a los candidatos del PRI, lo cual quedó acreditado.
La segunda fue una acusación es contra Jorge Luis Preciado, candidato del PAN al gobierno de Colima, pero él no participó en la comisión de una conducta delictiva; sin embargo “queda muy claro la participación delictiva del presidente del comité directivo del PAN”, quien al igual que el abogado del partido, aportaron pruebas falsas.
Sobre estos dos casos, la PGR detalló en un comunicado:
“Con relación a la elección para gobernador de Colima, esta Fiscalía (FEPADE) ejerció la acción penal en contra de un secretario del gobierno estatal de la anterior administración, por ejercer supuesta coacción del voto hacia sus subordinados, en favor de un partido político.
“Dicha acción constituye un ilícito electoral en términos de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, en su artículo 11 fracciones I y II, así lo establece la “Fracción I. Coaccione o amenace a sus subordinados para que participen en eventos proselitistas de precampaña o campaña, para que voten o se abstengan de votar por un candidato, partido político o coalición.
“En el contexto de la misma elección, sobre la indagatoria relacionada con la alteración del listado nominal en el estado de Colima, previsto en el ordinal 13 Fracción II de la citada Ley, también se ejerció acción penal en contra de abogados de quien fuera candidato a gobernador en los pasados comicios”. 

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