Durante los últimos cuatro meses de 2014 y en enero de 2015, el así llamado Partido Verde realizó toda clase de tropelías, violaciones, abusos y confabulaciones con las cuales anticipó su campaña electoral. Así, durante ese lapso el PVEM era el único partido en campaña. Además, en su propaganda sólo decía mentiras.
Pasaba el tiempo pero el Instituto Nacional Electoral dilataba la sustanciación de las quejas presentadas contra el PVEM con simples pretextos. Aquella lluvia de quejas se convertía en lluvia de indolencia, irresponsabilidad y falta de probidad del INE. Sólo cuando la comisión de quejas del INE negó una medida de suspensión cautelar de un espot del PVEM, se logró ubicar el proceso contra ese partido en el Tribunal Electoral, el cual de inmediato ordenó al INE acatar la ley y proceder a suspender los actos que a la postre quedaron como ilegales. Pronto, en sedes judiciales empezaron a llover sanciones pecuniarias contra el partido infractor. Sólo así reaccionó el INE para imponer una multa al PVEM por desacato a medidas cautelares.
Entre las muchas sanciones contra el llamado Partido Verde se encuentra el haber distribuido miles de tarjetas de descuento denominadas Premio Platino con las cuales es posible lograr mejores precios en establecimientos que participan en tales promociones. Las tarjetas tienen un costo y suelen ser parte de otras promociones. El PVEM las enviaba a domicilios de electores para premiar supuestamente la fidelidad de los mismos a ese partido. La verdad es que tales tarjetas eran recibidas por personas que no tenían membresía partidista. La cuestión es que esos regalos están prohibidos en la ley electoral y, por ese camino, constituyen también un delito federal. El llamado Verde fue multado con 4 millones y a partir de entonces ya no hubo la menor duda de que se trataba de una transgresión de la ley.
Como consecuencia de todo lo anterior, se presentaron denuncias ante el Ministerio Público. Apenas ayer nos enteramos de que la Fepade, que es la fiscalía electoral de la PGR, ha solicitado una orden de aprehensión contra Arturo Escobar y Vega, líder del PVEM y subsecretario de Gobernación hasta hace unas horas, por regalar tarjetas de descuento después de haberlas comprado. Este delito pretende perseguir una práctica muy vieja y conocida de regalar algo a cambio del voto, así sea despensa, lámina para construcción, cemento o tarjeta de descuento como en el presente caso. Escobar, al parecer, firmó los contratos de compra de tales tarjetas, por lo cual se ha convertido en el principal sospechoso del delito.
No se trata de un asunto nuevo sino de una infracción cometida por el llamado Partido Verde junto con otras muchas que ya han sido analizadas en el Tribunal Electoral y, por tanto, sancionadas. En este caso, por cierto, también se ha castigado al PVEM por haber comprado las tarjetas, lo cual está igualmente prohibido.
Mas hay algo relevante: el PVEM mantiene su registro electoral a pesar de haber violado la ley durante meses en una forma sistemática y continua.
El INE se negó a cancelarle el registro electoral pero tal resolución se encuentra ahora en manos del Tribunal Electoral, el cual podría ordenar que se le quite el registro a ese partido. Habría que considerar seriamente si es válido que por la vía judicial un partido pierda su registro, siempre que por esa misma vía hubiera sido sancionado como consecuencia de muchas infracciones cometidas de manera sistemática, pues ello implicaría que tal organización se dedica en realidad a violar la ley de tal manera que las multas millonarias tan sólo son parte del costo monetario de su ilegalidad.
Más allá de que existe una opinión popular francamente favorable a quitar el registro al PVEM, lo cual no es en absoluto motivo para hacerlo, la verdad es que el problema es grande cuando un partido paga en efectivo sus violaciones de la ley. Aquí el problema deja de ser algo concerniente a la democracia y se inscribe en el terreno de la delincuencia. ¿Así lo analizará el Tribunal Electoral?
Juan Ricardo Montoya
