MÉXICO, DF (apro).- Acusado por la Procuraduría General de la República (PGR) de ser un presunto delincuente electoral, Arturo Escobar renunció esta noche a la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación (Segob).
“Lo anterior, con el objetivo de facilitar el adecuado curso de las investigaciones y de contribuir a que el proceso se conduzca con absoluta transparencia”, justificó Escobar en una carta que hizo pública a través de su cuenta de Twitter, a las 22:30 horas de este miércoles.
Momentos después de que Escobar y Vega formalizara su renuncia a través de la red social, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), en un acto sin precedente, confirmó que consignó la averiguación previa relacionada con presuntos delitos electorales cometidos por Escobar.
En términos de lo dispuesto por el artículo 142, párrafo segundo del Código Federal de Procedimientos Penales, el juez tiene 10 días, contados a partir de la radicación del expediente, para ordenar o negar la orden de aprehensión.
La Fepade, a cargo de Santiago Nieto, señala a Escobar y Vega como presunto responsable de cometer delitos electorales mientras fue vocero y secretario de procesos electorales del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
Además del dirigente este partido político, la denuncia va en contra de empresarios –de quienes la Procuraduría omitió los nombres– por las aportaciones en dinero y en especie a pesar de que existe una prohibición legal para ello.
Los delitos que se les imputan están contemplados en el artículo 15 de la LGMDE, así como por el diverso contemplado en el artículo 7 Fracción XXI, relativo a proveedores no autorizados por la autoridad administrativa (Instituto Nacional Electoral).
La Procuraduría General de la República giró instrucciones de que se actúe con absoluta imparcialidad.
“Mi ejercicio no es contra el partido político sino contra las personas físicas que han incurrido en una conducta delictiva; buscamos mandar un mensaje, con independencia de quienes son los sujetos activos”, expresó Santiago Nieto.
Escobar aseguró en su cuenta de Twitter que hasta el momento no ha sido requerido por alguna autoridad judicial sobre las acusaciones en su contra.
“Rechazo las imputaciones en mi contra y expreso mi plena confianza en que se esclarecerán los hechos y se confirmará mi inocencia”, expresó Escobar, a quien la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) de la PGR acusa de violar la ley electoral como presidente del PVEM.
Aficionado a las ilegalidades como dirigente del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), por las que acumuló multas por más de 600 millones de pesos, Escobar fue designado por Peña Nieto subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación (Segob).
Y lo que generó, en vez de adhesión, fue el repudio de un amplio número de organizaciones sociales que cuestionan la impunidad de Escobar y el riesgo de que, desde su cargo, desvíe recursos públicos para favorecer al PVEM, muchos de cuyos operadores son funcionarios de esa subsecretaría que dispondrá, el próximo año, de más de 2 mil millones de pesos para prevenir el delito.
“El mensaje es que los 2 mil millones de pesos que van a destinarse al programa de prevención, en 2016, se van a ir a la construcción de clientelas y a comprar votos, porque esto es lo que saben hacer estos dos personajes”, advirtió Clara Jusidman, presidenta honoraria de Incide Social, en entrevista con Proceso.
Y es que, además de Escobar, se incorporó a la Subsecretaría como su mano derecha Ruth Zavaleta, experredista y militante del PVEM, quien ha instalado en las direcciones clave a personajes de esa misma militancia que trabajaron con ella en la delegación Venustiano Carranza.
Un caso es el del nuevo titular de la Dirección General Adjunta de Participación Ciudadana para la Prevención Social, el tercero en la jerarquía de la subsecretaría, Jorge Reséndiz Dorantes.
Otros son Estela Patricia Rodríguez, exfuncionaria de la misma delegación, quien ocupa la Dirección de Vinculación con el Sector Privado y Académico; Félix Calderón Radilla, director de Vinculación con el Sector Social y Cultural, quien ha ocupado varios cargos en Venustiano Carranza, y Laura Cerna Lara, exdirectora del Instituto de las Mujeres en Naucalpan, quien ahora es directora general adjunta de Vinculación Social y Participación Ciudadana.
Sin embargo, y en contra de esta información, Escobar ha asegurado que él apenas está revisando los perfiles de quienes serán parte de su equipo.
“Puedo decir que en ninguna de las direcciones generales, incluida la que está acéfala (la de Planeación) habrá militantes del Partido Verde. Yo me vine con mi secretaria, una jefa de oficina y mi secretario particular. Es todo lo que he integrado hasta ahorita.
“Pueden estar tranquilos, voy a buscar a los mejores perfiles posibles porque este es un programa fundamental para el país (…) Tengo un reto enorme, lo entiendo, y además tengo que construir confianza con algunos actores que por algunas razones, muchas o pocas, desconfían en el trabajo que voy a hacer”.
–¿Va a renunciar a su cargo o al Verde?
–No, estoy aquí asumiendo mi responsabilidad, entiendo que es un enorme reto y puedo dar resultados.
Más aún, apenas el 20 de octubre aseguró que todos los recursos del Programa Nacional de Prevención al Delito (Pronapred) no se usarán con fines electorales.
–¿Qué garantías hay de que no utilizará el puesto para comprar el voto a favor del Verde si está integrando su equipo con miembros de ese partido?
–Las garantías son absolutas. ¿Cómo te lo garantizo? Te lo garantizo de forma absoluta, te lo garantizo porque cada centavo que es parte del presupuesto estará absolutamente documentado, no sólo en la parte de anexos, sino cómo se gastó, qué resultados dio, cómo estuvo el proveedor en cuanto a precios comerciales, por qué se ganó esa licitación. Habrá transparencia absoluta e inédita.
Añadió: “La gran ventaja que tiene este programa es que trabajamos en los tres niveles de gobierno, entonces trabajas desde el gobierno federal y trabajas con todos los gobiernos estatales y con todos los municipios que tienen polígonos integrados”.
Tampoco, dijo, puede haber manipulación electoral: “Entonces en la parte partidista, que para mí hoy ya no tiene relevancia, hay presidentes municipales de todos los partidos políticos, entonces la verdad es que en este programa no hay cabida para eso”.
Y añadió: “Quisiera invitar a todos ustedes y a aquellos que crean que hay lugar para utilizar este recurso de forma político-electoral que conozcan los lineamientos. Es imposible hacerlo, jamás lo permitiría yo y es imposible hacerlo por la forma en que está hecho el lineamiento”.
Escobar se ufanó de que los recursos del programa son completamente verificables: “Va haber transparencia absoluta, te diría yo, inédita. Esta subsecretaría en donde sí no tiene opacidad es en el manejo de recursos, están absolutamente transparentes, están diagnosticados, no lo digo yo, lo han dicho organizaciones externas”.
Pero ahora, a cuatro meses de asumir el cargo de subsecretario, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) de la Procuraduría General de la República (PGR) ya consignó el expediente a un juez, al que solicitó librar una orden de aprehensión en su contra.
El caso tiene que ver con la controvertida tarjeta “Premia Platino” que recibieron miles de personas en todo el país para tener descuentos en establecimientos y que, según Escobar, era sólo para los afiliados al PVEM, lo cual se probó que fue falso.
Por haber firmado como dirigente del PVEM para regalar miles de tarjetas de descuento, que solía llegar al domicilio de personas que nada tenían que ver con el PVEM, la Fepade consideró que cometió un delito electoral cuya sanción es de entre 5 y 15 años de cárcel.
El PVEM compró estas tarjetas a proveedores no autorizados por el INE, destacó la Fepade.
Precisó que Escobar y Vega, como representante legal del PVEM, firmó contratos que violaron la ley electoral.
Arturo Escobar es el político del PVEM que en 2009, previo a las elecciones federales para renovar el Congreso de la Unión, fue detenido en el aeropuerto de Chiapas por llevar en efectivo un millón cien mil pesos en su maleta marca Louis Vuitton. Primero dijo que no era de él, luego que era producto de una renta, después que era de la venta de algunos autos y finalmente que eran recursos para pagar a quienes participarían el día de los comicios.
Investiga la Fepade a exfuncionario en Colima
En un comunicado, la Fepade también informó que en el marco del proceso electoral 2015, consignó otras dos averiguaciones previas.
Con relación a la elección para gobernador de Colima, la Fiscalía ejerció la acción penal en contra de un secretario del gobierno estatal de la anterior administración, por ejercer supuesta coacción del voto hacia sus subordinados, en favor de un partido político.
Dicha acción constituye un ilícito electoral en términos de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, en su artículo 11 fracciones I y II, así lo establece la “Fracción I. Coaccione o amenace a sus subordinados para que participen en eventos proselitistas de precampaña o campaña, para que voten o se abstengan de votar por un candidato, partido político o coalición.
En el contexto de la misma elección, sobre la indagatoria relacionada con la alteración del listado nominal en el estado de Colima, previsto en el ordinal 13 Fracción II de la citada ley, también se ejerció acción penal en contra de los abogados de quien fuera candidato a gobernador en los pasados comicios.
