El ejercicio de la partidocracia tiene en riesgo el proceso democrático nacional, la gobernabilidad y la estabilidad política del país. El paso de la ciudadanización de los organismos electorales con el Instituto Federal Electoral (IFE) se constituyó en un avance democrático sin precedentes en México. Pero ahora la partidización del Instituto Nacional Electoral (INE) obstaculiza el trabajo del organismo electoral responsable de la organización y desarrollo de las elecciones constitucionales. En estos momentos, el INE está en crisis por la actuación de seis consejeros proclives al PRI-PVEM que, al ser mayoría en el Consejo General, han impuesto rumbo a la institución y a su presidencia, encabezada por Lorenzo Córdova Vianello.
La parálisis e inoperatividad del INE, cuyo conflicto al interior tiene que ver con las condiciones de equidad, falta de transparencia e impunidad –sobre todo en el caso del PVEM que no cumple las sentencias del TEPJF- hay que buscarla en su origen. El esquema de designación de sus consejeros, a través del nombramiento de los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados, les dio un sesgo partidista, y esto ocurre siempre que las fuerzas políticas representadas en el Congreso intervienen en las designaciones de los integrantes del organismo electoral nacional. Y ahora los resultados los tenemos enfrente: el INE aletargado y deslegitimado por siete de los diez partidos representados en este organismo, cuyos representantes protestan por el bloque de consejeros que vetan decisiones importantes.
En la sesión de este miércoles, los siete partidos que están inconformes con la operación del Instituto Nacional. Electoral (INE) se volvieron a ausentar de la sesión del Consejo General de este organismo, lo que señala que el consejero presidente Lorenzo Córdova Vianello, tiene un grave problema a enfrentar, que es el veto que puede tener de un bloque ante su actitud de apoyar iniciativas que beneficien al partido en el poder o de bloquear las que lo afecten, por lo que se le imputa ser correa de transmisión del PRI. De no asumir una actitud imparcial, seguirá interrumpido el debate entre los partidos políticos y la autoridad electoral, y las decisiones que se están tomando no cuentan en la mesa con la presencia de una parte relevante de los contendientes de estos procesos electorales, lo que les resta legitimidad.
El pacto fundacional del sistema democrático mexicano está colapsado, lo que resta garantías a la gobernabilidad y la estabilidad política, lo que de hecho las pone en riesgo. De ahí la importancia de la presencia y participación de los partidos como elemento fundamental para dotar de legitimidad y certeza a los procesos electorales. Un sistema de partidos en el que los contendientes no participan en la organización y desarrollo de las elecciones dañan no sólo la credibilidad de la contienda sino su propia legitimidad y, por ende, los resultados de ésta. Sin la participación de los partidos políticos, el proceso electoral se realiza al margen de la ley, se da sin pluralidad, sin participación y sin competencia.
Las consecuencias de la conformación de cuotas desde la Cámara de Diputados, donde las fracciones parlamentarias se repartieron los espacios en el Instituto Nacional Electoral (INE) están ya a la vista en el funcionamiento del Consejo General, donde ya se constituyó un bloque de consejeros “al servicio del PRI-gobierno y del PVEM”. Para hacerle frente, se constituyó una unión de siete partidos (PAN, PRD, Morena, PT, Movimiento Ciudadano, Encuentro Social y Partido Humanista). El Panal se ha sumado al bloque minoritario del PRI-PVEM. Este rejuego de poder ha mantenido como encargado de despacho de la Unidad de Fiscalización a Alfredo Cristalinas, que es cuestionado por los siete partidos opositores.
También ha sido evidente que la integración de Organismos Públicos Locales (OPL) se ha realizado con elementos mayormente sesgados hacia el PRI; asimismo, es manifiesta la parcialidad de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, que por un lado censura spot del PRD: “Queremos ser tu voto”; pero por el otro lado se niega a suspender spots del PVEM. Además, tarda en resolver casos como propaganda de cineminutos, o los vales de medicinas, que también benefician abiertamente al PVEM, que es consentido y hace lo que le viene en gana por encima de la legislación electoral y con la anuencia de la autoridad electoral.
Otras decisiones del Consejo General han contribuido a su actual parálisis: su determinación de realizar bloqueos estatales que no permitirán spots por regiones o municipios; su disposición de dejar fuera del monitoreo a la cobertura de medios sobre campañas a los programas de opinión y espectáculos y no incluir la valoración de comentarios vertidos en éstos; y, sobre todo, permitir la participación impune del PVEM en gasto excesivo, compra de propaganda electoral disfrazada de informes legislativos, uso ilegal del padrón electoral y los programas sociales del gobierno federal.
Otro gran punto relevante lo es el aplazamiento de la aprobación de acuerdos por la imparcialidad del uso de los recursos públicos y para garantizar el uso legal y no electoral de los programas sociales. El proyecto de acuerdo para evitar el uso de programas sociales con fines electorales fue retirado de la orden del día de la sesión del 18 de febrero, lo que motivó el retiro del PRD, Morena y Encuentro Social. El aplazamiento se tomó en una votación divida de 6 contra cinco consejeros
La actuación del Consejo General del INE en este rubro se tuvo que dar bajo presión, no sólo de los representantes de siete partidos sino de 243 consejos electorales de los estados que lo emplazaron a aprobar las reglas que impidan el uso de recursos públicos a favor de los partidos políticos en los comicios del 7 de junio.
Consejeros locales y distritales conminaron al INE a aprobar las medidas que regulen la imparcialidad en el uso de los recursos públicos durante el proceso electoral. Argumentaron que en el contexto de los procesos electorales, han sido testigos de que los recursos públicos y programas sociales en ocasiones se utilizan con el propósito de incidir en la contienda electoral y para la compra y coacción de votos, lo que constituye uno de los problemas torales de la democracia mexicana y uno de sus principales pendientes.
Fue hasta este miércoles, bajo esa presión, que el Consejo General del INE aprobó por unanimidad la emisión de normas reglamentarias para garantizar la imparcialidad en uso de recursos públicos, a la que se sujetarán los servidores públicos durante el proceso electoral en marcha.
Durante la sesión ordinaria, en la que estuvieron ausentes los representantes del PAN, PRD, Morena, Movimiento Ciudadano, PT, PH y PES, Córdova Vianello llamó a los servidores públicos a abstenerse de realizar actos que pudieran interpretarse como violaciones al principio de imparcialidad, como condicionar programas, servicios o bienes públicos a cambio de cualquier tipo de manifestación de apoyo político-electoral. Destacó que podrían convertirse en violaciones al principio de imparcialidad, la asistencia a mítines, marchas o eventos públicos para difundir o promover el voto a favor de algún candidato, coalición o partido.
“Los precandidatos y candidatos deben abstenerse de asistir desde las precampañas y hasta la conclusión de la jornada electoral a eventos oficiales de gobierno”, señaló el consejero presidente del INE, quien precisó que las violaciones que involucren a la industria de la Radio y Televisión se tratarán como procedimientos sancionadores, tal y como lo establece la legislación electoral. También admitió que la prohibición constitucional para que se difundan informes de labores ha sido utilizada de manera indiscriminada, debido a la falta de la legislación reglamentaria del Artículo 134 constitucional, por lo que llamó al Congreso de la Unión a subsanar esa deficiencia. Admitió que la ausencia de una reglamentación “siempre tendrá un resquicio para la violación al principio de imparcialidad”.
A su vez, el consejero electoral Ciro Murayama indicó que la emisión de las normas reglamentarias para garantizar la imparcialidad en uso de recursos públicos está dirigida a todos los gobiernos surgidos de las distintas fuerzas políticas que han ganado elecciones, toda vez que su intromisión en los procesos electorales es ilegal. Aquí están incluidos desde el presidente de la República, hasta los gobernadores de los estados, el jefe de Gobierno del Distrito Federal, los presidentes municipales, los jefes delegacionales del Distrito Federal y los servidores públicos en general.
Al escribir estas líneas, los representantes de siete de los 10 partidos representantes ante el Instituto Nacional Electoral (INE) solicitaron al árbitro de la contienda apegarse a los principios de constitucionalidad, legalidad, independencia, transparencia, equidad e imparcialidad.
Durante una conferencia de prensa, advirtieron que regresarán a la mesa del Consejo General del INE hasta que sea sincero el diálogo de las autoridades electorales. En un mensaje a la Nación titulado la “Crisis de Legalidad e Imparcialidad en el INE”, los representantes partidistas indicaron que no tolerarán que se pretenda violentar la voluntad popular.
