Hablan los sobrevivientes de la masacre de #Apatzingan

Apatzingán, 29 de junio (SinEmbargo).– “Fue una carnicería”, dice, sin temor a equivocarse, María Guadalupe Sánchez Valencia, madre de Antonio, uno de los jóvenes que resultaron muertos en un operativo de la Policía Federal del pasado 6 de enero. Los sobrevivientes y sus familias consideran que, ese día, las autoridades realizaron “una matanza”.

Durante la madrugada, en la víspera de la celebración de los Reyes Magos, un centenar de miembros y simpatizantes de la Fuerza Rural participaban en un plantón afuera del Palacio Municipal. De acuerdo con distintasVERSIONES, fueron atacados por la Policía Federal a las 2:30 de la madrugada.

A la mañana siguiente, un grupo de jornaleros –entre los cuales se encontraba Antonio Sánchez Valencia–acudían a la pizca del limón y fueron llamados para apoyar a sus compañeros. El convoy estaba compuesto por una decena de camionetas. AntonioVIAJABA en una Ram blanca tipo pick up, acompañado por un grupo de trabajadores del campo, la mayoría entre 15 y 18 años, y fueron interceptados en la avenida Constitución de la colonia Lázaro Cárdenas. Más de la mitad de los jóvenes murieron en el acto, producto de las balas.

Ahora, cerca de media docena de sobrevivientes ha decidido contar, por primera vez, lo que vivieron. Quieren dar la cara porque, dicen, se ha cometido una injusticia.

Las autoridades mexicanas insisten en que los agentes federales actuaron en “legítima defensa”. Ligan a los muertos con el crimen organizado, aunque ni la Procuraduría General de la República (PGR) ni la Procuraduría de Justicia de Michoacán (PJE) han interrogado a los sobrevivientes o a distintos testigos.

La versión oficial, sin embargo, se enfrenta a infinidad de otraVERSIONES, cada vez más ruidosas. Los testimonios grabados por SinEmbargo, por ejemplo, indican que los federales “abrieron fuego sin razón”; que los jornaleros “no llevaban armas, sólo palos”.

Los entrevistados narran lo que vivieron y ofrecen con detalle la reconstrucción de lo que consideran una matanza, donde oficialmente murieron once personas, aunque se habla de hasta 16, entre las cuales hay mujeres y niños.

María Guadalupe Sánchez Valencia, madre de Antonio muerto en Apatzingán. Fotos: Sanjuana Martínez

“A MI HIJO LO ASESINARON”

Sentada en el patio, María Guadalupe cuenta que le entregaron el cuerpo de su hijo sin el documento de la necropsia que le realizaron para determinar las causas de su muerte: “Tenía su espalda con agujeros de bala, tres o cuatro. Por delante no tenía… A mi hijo lo mataron por la espalda. Eso quiere decir que él nunca los enfrentó. Lo acribillaron a mansalva y lo persiguieron para rematarlo”.

Antonio tenía 18 años y era jornalero. Ese 7 de enero se fue a la huerta a trabajar en la pizca de limón y como otros de sus compañeros acudió al llamado para apoyar a quienes resultaron heridos por el operativo federal frente a Palacio Municipal el 6 de enero.

“Fue una carnicería. Los federales mataron puros muchachos inocentes que iban a su trabajo. Él salió temprano de la casa, salió al limón. Primero él, y luego yo porque también yo me dedico al limón y cerca de las 12 del día fue cuando me hablaron para decirme que hubo un agarre con muchos muertos. Fuimos a buscarlo al Semefo y los hospitales de aquí, pero no encontramos nada. Hasta que nos dijeron que teníamos que ir hasta Morelia. Nos enseñaron unas fotos y vimos que él era uno de los caídos… A mi hijo lo asesinaron”.

LOS JORNALEROS

En el certificado de defunción a nombre de Antonio Sánchez Valencia, con el folio 140506636 expedido por la Secretaría de Salud (y firmado por la médico Claudia Eugenia Olvera Jimenez, número de cédula profesional 2361423), cuya copia está en poder de SinEmbargo, se especifica que la muerte fue por “homicidio” ocurrido en la calle Constitución colonia Lázaro Cárdenas, el 6 de enero a las nueve de la mañana. Las autoridades sanitarias señalan la causa de muerte en estos términos: “Shock hipovolémico secundario a laceración de órganos secundarios tóraxicos por la penetración de heridas de proyectil de arma de fuego a tórax”.

Consternada aún luego de cinco meses y medio, María Guadalupe de 47 años comenta que la impunidad que protege a los “asesinos” de su hijo no le permite concluir su duelo: “Han venido muchas personas del gobierno de Morelia y del gobierno federal. Y fuimos a la capital a [la Comisión Nacional de] Derechos Humanos, pero todos nada más me entrevistan y me hacen las mismas preguntas, cuando yo lo que quiero es justicia. Porque lo que hicieron los federales con mi hijo, fue un crimen”.

La posición de los familiares de las víctimas no es compartida por el gobierno federal que en distintos momentos ha afirmado que lo ocurrido se trató de un “enfrentamiento” o un acto de los policías en “legitima defensa”.

“Nosotros decimos que fue matanza porque los muchachos solo traían puros palos, no llevaban armas. Si hubieran llevado una pistola, no se hubieran dejado matar como los mataron, se hubieran defendido. Además, ningún policía federal está herido, ni muerto y eso es porque los muchachos estaban sin armas. Desgraciadamente le tocó al mío. Perder un hijo es tremendo. Puedo tener diez, pero ese hoyo en el corazón nunca se me va a cerrar. Él, que me echaba la mano para todo. La mera verdad no encuentro razón de su asesinato. Le doy vuelta y vuelta y no le encuentro una explicación. ¿Por qué me lo mataron?”.

Antonio era el sustento de su casa: “Me dejaron en la indefensión. Y el gobierno hasta ahora no nos han ayudado ni con el sepelio, no hemos tenido respuesta de apoyo. Nomás nos entrevistan, pero no nos ofrecen resultados. Estamos sobreviviendo con lo que Dios nos da a entender”.

Cuenta que cuando llegó al Semefo les enseñaron las fotografías de once muertos entre los cuales había tres menores: “Nos tocó identificarlo por foto. Entre las fotos, había una niña como de dos años, con dos impactos de bala.  Eran tres menores y el resto jóvenes; había once cadáveres, la mayoría muchachos. Y lo que vi fue que los federales los mataron. Por eso estamos exigiendo justicia, queremos que juzguen a los federales que asesinaron a los muchachos”.

Rosa Alcalá, mamá de Alejandro Aguirre Alcalá muerto en Apatzingán. Fotos: Sanjuana Martínez

MUERTO EN EL CAMINO

Al igual que Antonio, Alejandro Aguirre Alcalá tenía 18 años. Ambos eran amigos y Rosa Alcalá, madre del segundo aún sigue sin entender las razones de lo que llama “matanza”.

“Quiero que el gobierno me explique por qué me lo mató. Traía bastantes balazos en la espalda, como unos nueve. Le destrozaron la espina dorsal. Cuando llegué al hospital lo encontré con vida. Lo metieron a quirofano como a las 6 de la tarde y cuando volvió de la anestesia, le pregunté que había pasado y él me dijo que los federales los habían balaceado, luego me iba a seguir contando, pero el doctor me dijo que me saliera del cuarto”, dice sin poder contener el llanto.

A pesar de la operación, Alejandro requería otros cuidados y fue trasladado a Morelia, pero dice que la Policía Federal les bloqueó el paso: “Nos lo llevamos como a las 7 de la noche. Mi hija se fue con él en la ambulancia y me habló y me dijo que los federales los rodearon antes de llegar al hospital y no dejaron pasar la ambulancia. El chófer, les pedía por favor que les permitieran pasar porque mi hijo iba muy grave, pero los federales, junto con los soldados cerraron el paso. Falleció allí mismo, como a las nueve y quince de la noche. Luego en el hospital no lo querían recibir porque dijeron que había fallecido fuera, no dentro. En realidad lo dejaron morir porque mi hijo era un testigo de la matanza”.

Ambas madres padecen serias secuelas del estrés postraumático, pero no han recibido ningún tipo de apoyo psicológico y aseguran estar endeudadas por los gastos del funeral porque después de cinco meses siguen esperando el apoyo económico de la CEAV (Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas)  la CNDH (Comisión Nacional de Derechos Humanos) y otras instituciones federales.

De 37 años, Rosa está segura que su hijo se hubiera salvado si los policías federales hubieran permitido pasar a la ambulancia: “Yo lo que estoy pidiendo es justicia porque eso que hicieron fue un crimen. Los muchachos estaban desarmados. Era mi niño chiquito y me lo mataron de la peor forma, no es justo”.

LOS TESTIGOS

Gonzalo Alfonso Castillo Sánchez, uno de los sobrevivientes dice que fue testigo de cómo los federales “asesinaron” a Alejandro porque ambos viajaban en una camioneta Ram blanca que fue interceptada por los federales en avenida Constitución: “Yo vi cuando lo mataron. Estamos pidiendo justicia para que los castiguen. ¿Por qué nos hicieron esto?”.

Después de tres operaciones, con la pérdida de vista del ojo derecho y con una colostomía porque las balas le perforaron el intestino, Gonzalo explica que a él, los federales lo dejaron desangrar más de 45 minutos esperando que muriera allí mismo: “Me escondí debajo de la camioneta. Estaba tirado y me entraron las balas. Empecé a sangrar, pero nunca nos ayudaron. Perdí el conocimiento. Ni se quién me levanto de allí. No sabía ni que hacer. Me desperté en el hospital. Me dolía mucho la pierna y tenía la cabeza entumida… Eso fue una matanza de los federales. Si ellos hubieran traído palos como nosotros hubiese sido enfrentamiento”.

Hugo Hernández de 25 años muestra las heridas producto de las esquirlas. Cuenta que viajaba en una camioneta y vio cómo lo mataron: “Lo acribillaron. Los federales simplemente nos querían matar a todos. De hecho nos dijeron: “¡Pinches comunitarios de mierda, ahora si se los cargó la chingada!. Luego llegaron los militares y no hicieron nada, solo veían como  los mataban. Yo me salvé de milagro porque me hice el muerto al lado de Gonzalo. Yo les decía: “No se muevan”… Fue una matanza”.

Cuenta que en el hospital donde lo atendieron, lo lastimaron los federales y lo amenazaron: “Cuando me traían en la camilla y me pasaron a la cama me lastimaron mucho. Le dije a un policía: “Me duele” y él se me quedó mirando y me contestó con coraje: “Cállese, hijo de tu puta madre, aguántate, para que andas en estas chingaderas!”. Y ya cuando me dejaron en el cuarto, entró otro federal uniformado y me dijo: ¡Te vas a morir. De esta noche no pasas!… Yo lo que quiero es que se haga justicia”.

–¿Qué sería para ti, la justicia?

–Que paguen por lo que nos hicieron, que los detengan. Son delincuentes, matones. Ya mataron aquí y van a volver a hacer lo mismo en otro rancho.

“LOS REMATABAN”

En la reconstrucción de los hechos del 7 de enero, Marco Antonio Maldonado Ramírez es pieza clave. Tiene 18 años y cuenta en entrevista que, ese día venían media docena de jóvenes en la Ram blanca que se observa en los vídeos de la policía.

La mayoría de sus compañeros jornaleros tenían entre 15 y 18 años. Y dice que como a las 7:45 fueron interceptados por los federales: “Fuimos con puros palos. Las patrullas se atravesaron y era como una emboscada. Ya traían orden de tirarnos, salieron y empezaron a tirar y el gritadero de gente. Una señora gritaba: “¡No tiren!… ¡Hay familia” pero no hicieron caso y mataron a la señora”.

Marco Antonio lleva tatuado el nombre de Kendra en el brazo, si hija de nueve meses. Cuenta que desde ese día quedo “traumado” porque se salvó de milagro y que nunca fue interrogado por la PGR o alguna institución de derechos humanos.

Cuando empezó el tiroteo, saltó de la camioneta y se escondió y pudo ver todo: “Miré un chingo de gente muerta y como los estaban rematando. Estaba una niña llorando como de nueve años y quiso correr y le dije: “no salgas porque te van a matar”. Y su mamá salió por ella y la mataron. Luego me fui corriendo. Ya no supe de esa niña. Me metí entre las casas y salí por el puente y seguían tirándonos, pero hice lo único que podía hacer: correr”.

Explica que los federales “ejecutaron” a su compañero que venía adelante: “Le dijeron: “bájate, hijo de tu puta madre” y el muchacho les dijo: “¿Por qué me voy a bajar? y que lo bajan, lo agarraron de una pata y cuando estaba abajo: “pum” que le meten un disparo a la cabeza y lo tiran a la carretera y los empiezan a amontonar allí y a tomarles fotos. Yo me escondí en un cajete, si hubiera corrido me hubieran matado”.

Y añade: “Cuando se atravesaron las camionetas y empezaron a tirar yo brinqué y esta pata la tengo lastimada, esta pata me la jodí, se me torció, duré como dos meses sin trabajar, todavía tengo una bola. Luego, estuvo un rato en la casa de una señora hasta que se acabó. Los soldados andaban bravos, pensé que nos iban a ayudar, pero nomás veían”.

Marco Antonio lamenta la muerte de Alejandro y Antonio: “Éramos amigos, nos íbamos a trabajar juntos a cortar limón, nos ibamos de parranda y a jugar beisbol. Nos llevábamos bien, éramos camaradas. En esa Ram ibamos como unos seis. Y nomás nos logramos dos, a todos los mataron como a Alejandro y Toño, y a uno de Zamora, a otro que le decían el Dogy. La vi cortita”.

Marco Antonio narra una de las peores escenas de esos hechos, la imagen de los integrantes de la familia Madrigal que fueron mostrados abrazados con todo tipo de heridas por arma de fuego y que fueron, según dice, ejecutados por los federales.

“Eso fue una matanza, no traíamos mas que palos, todos saltamos cuando nos tiraron a matar, los mataron como unos animales. Les decíamos que ya no tiraran y seguían tirándole a la gente. Una señora gordita gritaba: “No tiren”, iba con su familia en la camioneta, era la familia Madrigal y los mataron a todos. El señor se bajó: y allí lo mataron, la camioneta se las deshicieron. Luego los arrastraban de la pata y los acomodaban como perros”.

Dice que desde hace cinco meses padece las secuelas psicológicas de lo que vio desde pesadillas y depresiones: “Me traume de primero, pero ya me acostumbre. Me espanté y me sobaron la cabeza y todo eso. Fui con el sobador que te suben la mollera, como los niños chiquitos. Yo nunca había visto eso. Le doy gracias a Dios de que estoy vivo”.

–¿Que está pidiendo?

–QuéPAGUEN, que los echen al bote. Es una cosa injusta lo que hicieron. Da la casualidad que no íbamos a enfrentarles, ni a pelear, íbamos por los compañeros que traían y que no debían nada, ellos son inocentes como nosotros.

–¿Qué son para usted los federales?

–Unos lacras que no sirven para nada, nomás vienen aquí a ver que chingan.

Sin autodefensas, el miedo volvió a Yurécuaro, dicen sus habitantes

Sólo quedan unas barricadas vacías y una casa con huellas de ráfagas de los templarios

‘‘Gozamos dos meses de libertad y nos la vino a quitar el gobierno federal’’, lamentan

Arturo Cano

Enviado

Periódico La Jornada
Lunes 21 de abril de 2014, p. 3

Yurécuaro, Mich., 20 de abril.

La reunión es a puerta cerrada porque el miedo ha vuelto a Yurécuaro. De las autodefensas que hubo sólo quedan unas barricadas vacías y una casa con las huellas de las ráfagas que dispararon Los caballeros templarios: ‘‘Gozamos dos meses de libertad y nos la vino a quitar el gobierno federal’’, concluyen, tras una catarata de testimonios de abusos –lo mismo de los delincuentes que de las autoridades–, los integrantes del consejo ciudadano que respaldó a la efímera autodefensa de este municipio limítrofe con Jalisco.

El apretado resumen va así: el 28 de enero surgió un grupo de autodefensa en este municipio lejano de la Tierra Caliente (Guadalajara está a una hora y cuarto); en dos semanas, los templarios,que tuvieron ‘‘bajo el terror’’ la zona durante cinco años, se fueron; el 22 de marzo fue asesinado el alcalde de Tanhuato –municipio pegadito a Yurécuaro–, Gustavo Garibay, panista, víctima de un atentado en 2012, y víctima también del abandono oficial que le quitó la escolta.

El lunes 31 de marzo, el comisionado federal para Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, resolvió el crimen en una conferencia de prensa: anunció que los autores materiales fueron tres integrantes de las autodefensas de Yurécuaro, y Enrique Hernández Salcedo, fundador del grupo, el autor intelectual. El móvil: que el alcalde Garibay se habría negado a apoyar a los comunitarios.

Hernández Salcedo había sido detenido el viernes anterior por agentes de la procuraduría estatal, luego de que le hicieron creer que participaba en las pesquisas para atrapar a los asesinos de Garibay.

Durante largos días su familia no pudo ni verlo. Cuando lo hizo lo encontró destrozado. Enrique había sido torturado. Los agentes ministeriales, cuentan sus familiares, querían obligarlo a ‘‘entregar’’ a tres de sus hombres y a firmar un documento donde los inculpaba. Como se negó, le cubrieron la cabeza con una bolsa de plástico, le echaron agua y lo golpearon en los oídos con las palmas abiertas.

El 9 de abril, en una entrevista radiofónica, Lorenzo Corro, funcionario de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Michoacán (CEDH), confirmó que personal médico de ese organismo ‘‘constató que las lesiones son coincidentes con los rasgos de tortura que refiere’’ (la comisión documentó lesiones alrededor del cuello, las vías respiratorias y el oído interno de Hernández). La tortura ocurrió, agregó el funcionario, al ser trasladado al penal.

El 14 de abril, la Procuraduría General de la República (PGR) informó que a los autodefensas de Yurécuaro se les fincaron cargos de delincuencia organizada en la modalidad de terrorismo.

‘‘A Enrique le pusieron un cuatro. Traía tres muchachos que eran malandros. Los corrió. Le regalaron unas armas y luego esas son las que resultaron positivas en el asesinato de Garibay’’, dice el doctor José Manuel Mireles.

La trampa del Yanqui

Las presiones tras el asesinato de Garibay fueron fuertes. El PAN subió el volumen de sus críticas.

El comisionado Castillo vino personalmente a este municipio para pedir a Enrique Hernández Salcedo ayuda para esclarecer el asesinato de Garibay.

Lo supo de primera mano Jesús, hermano de Enrique y empleado del ayuntamiento de Tanhuato, porque lo mandaron llamar al helicóptero del que nunca vio bajar al comisionado. ‘‘Ahí estaba mi hermano con él, y me pedían datos. Yo les dije que el propio Gustavo (el alcalde asesinado) había declarado oficialmente cuáles era las personas con quienes había tenido problemas’’.

Enrique confiaba en el comisionado y aceptó coordinarse con el funcionario que éste le señaló. El hombre pidió que le llamaran Yanqui, pero repartió tarjetas con el nombre de Adolfo Eloy Peralta. Su cargo: subsecretario de seguridad pública del estado.

En la cárcel, el jueves pasado, Enrique entregó a su hija un testimonio de su puño y letra. Es el resumen de lo que cuenta, en la reunión con este diario, un grupo donde hay comerciantes, agricultores exitosos, médicos, maestros, empleados públicos.

Cuenta Hernández que Yanqui y el comandante Arturo, de la policía ministerial, ‘‘me mostraron una investigación con fotos y fundamentos’’, en la cual se señalaba como autor intelectual a Ernesto Sánchez, alias Pons, ‘‘que era regidor del PRI. El comandante Arturo dijo que tenían pruebas grabadas de los planes y amenazas de muerte’’.

El Pons, según los miembros del consejo ciudadano, fue señalado por el propio Garibay como la persona que ordenó atentar en su contra en 2012.

Según Hernández, se puso de acuerdo con los dos personajes arriba mencionados en que ayudaría a buscar las armas y la camioneta que había sido utilizada en el crimen.

‘‘Duramos varios días recorriendo rancherías y preguntando a gente conocida que nos daba pista de la gente de Jalisco.’’

En el mismo testimonio, Hernández asegura que al fin hallaron dos armas, que fueron entregadas por una persona de nombre Enrique Morando, El Makinga, uno de los señalados por Castillo como autor material.

Una vez en posesión de las armas, elYanqui mismo detuvo a Enrique y sus hombres.

Un mapa para el comisionado

La diputada local Selene Vázquez se reunió en febrero con el comisionado Castillo para plantearle varios casos, uno de ellos, el de los autodefensas de Aquila que están presos. ‘‘Ni siquiera sabía dónde estaba el municipio, tuvimos que traerle un mapa’’.

Para tratar el caso de Yurécuaro, la legisladora se hizo acompañar del alcalde Rigoberto López: le plantearon que el grupo de Hernández era débil y que el municipio se encuentra lejos de la zona de influencia de las autodefensas, en la frontera de Jalisco y Michoacán, es decir, en territorio en disputa entre lostemplarios y el cártel de Jalisco.

El presidente municipal solicitó a Castillo que los policías del municipio fueran enviados ‘‘a capacitación’’, como ocurrió en otras demarcaciones con presencia de las autodefensas, y que la seguridad de la demarcación quedara en manos de la Policía Federal.

Integrantes del consejo ciudadano dicen que la petición estaba motivada por el hecho de que el alcalde temía que la propia policía municipal –infiltrada por la mafia– actuara contra los comunitarios. Castillo encargó el caso a una de sus colaboradoras, de nombre Mildred. Pasaron las semanas. ‘‘No se hizo nada’’, dice la diputada.

El Mapache y el valiente

Entre los logros de la efímera autodefensa de Yurécuaro está haber atrapado a un subjefe templarioapodado El Mapache, quien dio datos no sólo de sus jefes, sino también de la estructura de apoyo oficial que vinculaba a policías municipales, y fue videograbado.

El Mapache era uno de los encargados de dar instrucciones a los empresarios y comerciantes que los mafiosos citaban en el balneario Los Pinos.

‘‘Los puntos (halcones) te iban a avisar por la mañana y si no ibas venían por ti hombres armados a tu casa’’, dice un productor que tan sólo el pasado mes de diciembre pagó 40 mil pesos de ‘‘cuota’’. Para él, haber videograbado la confesión de El Mapache fue el hecho que selló el destino de Enrique.

En una esquina del centro sobreviven los restos de la efímera autodefensa de Yurécuaro: las huellas de los balazos en la fachada de la tortillería, unas pequeñas barricadas en las esquinas y un mensaje dirigido al gobierno: ‘‘Regrésale al pueblo a esos hombres valientes que lo han defendido’’.

De nuevo se enfrentan autodefensas y templarios; hay un muerto

El jueves, 23 de enero autodefensas de Coalcomán y de Tepalcatepec intentaron otra vez avanzar a lo que aseguran es territorio de los Caballeros Templarios.

Autodefensas de Coalcomán y de Tepalcatepec intentaron de nueva cuenta, el jueves, avanzar a lo que aseguran es territorio de los Caballeros Templarios. Ello que provocó un enfrentamiento entre ambos grupos en La Barranca del Aguacate, municipio de Aguililla. El saldo: un muerto y por lo menos cinco personas heridas.

De acuerdo con Felipe Díaz, líder de las     autodefensas en la región de Coalcomán, el grupo que incursionó trataba de tomar más espacios en la sierra y avanzar hasta la zona de Tumbiscatio y Arteaga, pues ahí, aseguran, se encuentran algunos de los líderes del grupo delictivo Los Caballeros Templarios.

“Lo que intentamos es seguir la estrategia de encerrar a estos malandros. Recuerde que, hace unos días, se dio un enfrentamiento en La Cofradía, y si usted se sigue por esa brecha por varias horas -unas siete más o menos- usted puede llegar a Tumbiscatío, lugar en el que están corriendo estos cabrones”, dijo Díaz.

Felipe explicó que el grupo se trasladó desde muy temprano para su incursión.El enfrentamiento se dio justo entre los cerros La Concha y Santa Elena, una zona en la que las carreteras están en medio de la Sierra Madre del Sur y su acceso es muy complicado.

“Incluso le avisamos a los federales. Ellos saben muy bien por dónde nos movemos, pero no quisieron acompañarnos, y al momento del enfrentamiento, les pedimos apoyo, pero nadie llegó”.

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La intención de las autodefensas es avanzar hacia Tumbiscatío y Arteaga y colocar retenes en el camino para evitar que escapen por la sierra. “Si tomamos Tumbiscatío ya no podrán salir hacia Apatzingán y mucho menos para Tepalcatepec y Coalcomán sólo les quedará Arteaga y ahí los vamos a chingar”.

Felipe lamento el fallecimiento de uno de sus hombres, pero aseguró que las autodefensas no piensan dejar su avance por toda la región de Michoacán.

“Nosotros tenemos claro lo que estamos haciendo, ellos (los federales) saben dónde vamos, de hecho no nos escondemos de nadie. En este tipo de operaciones le avisamos dónde salimos y siempre vamos con todas las reglas que nos ponen. Ahora con su reglas, estamos limitados”.

La Secretaría de Gobernación confirmó el enfrentamiento y señalo que éste “se presentó aproximadamente  a las 18:15 horas en la comunidad de Puerto del Quirreño, municipio de Aguililla” y afirmó que se trató de “una agresión entre dos grupos”.

Mientras las autodefensas señalaron que el enfrentamiento se dió en La Barranca del Aguacate, Gobernación dio otra ubicación que no pertenece al municipio de Aguillilla sino de Tumbiscatío. Entre ambos hay 30 minutos en auto, según aseguraron las autodefensas.

El miembro fallecido de las autodefensas es es Alejandro López Pinto, de 18 años de edad. Los cinco heridos son: Miguel Vargas Argüello, de 35; Noé Torres Yepez, de 19 años; Heladio Méndez González de 27; José Giovanni Yepes, de 23, y Alfonso Alejandro Muratalla Franco, de 30 años de edad.

Finalmente la Segob detalló que las fuerzas federales se encuentran en el lugar a fin de brindar auxilio a los lesionados y patrullar la zona, además de que el Ministerio Público iniciará las investigaciones correspondientes.

Militares y Policía Federal, con una orden específica

Las fuerzas federales tienen una orden concreta de no enfrentarse ni discutir con las llamadas autodefensas y muchos menos intentar, desarmarlos, pues esto generaría un nuevo conflicto con este grupo.

“Mire jefe: a mí me está costando trabajo entrar a los poblados con autodefensas. A ellos no les podemos quitar las armas porque si lo intentamos, simplemente no entramos a sus regiones. Entonces, pues nos hacemos de la vista gorda y solo les pedimos que cuando pasemos a su lado las escondan ahí entre los costales de la barricada”, señala uno de los elementos de la policía federal destacado en Apatzingán.

Al cuestionarles sobre la posibilidad de que no escondan las armas y circulen por las carreteras, el efectivo detalló que la orden en ese momento es detenerlos unos minutos, hablar con ellos y sólo tomar el registro de cada arma que traigan.

Al respecto varios líderes de las autodefensas señalaron que el acuerdo es esconder las armas largas y sólo portar armas cortas.

Y para muestra: un botón. Al acompañar a un grupo de autodefensas al municipio de Aquila un puesto militar los detuvo, revisó sus armas y minutos más tarde se las regreso sin preguntar mayor dato de la procedencia de las mismas.

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Para entender Michoacán, por @Desfiladero132

8 de enero de 2014. Cuando la pequeña Cesna en que volaba el doctor José Manuel Mireles Valverde se desbarató al tocar tierra, el pasado sábado 4 de enero, en un paraje de La Huacana, la PGR se apresuró a decir que el médico venía de Guadalajara, “donde sostuvo pláticas de paz”, y se dirigía a Tepalcatepec, municipio donde tiene su casa.

Basta un vistazo al mapa michoacano para comprobar que esto es falso. Imaginemos la carátula de un reloj. Pongamos que arriba, en el 12, está el municipio de Parácuaro. En el 4, el municipio de La Huacana. Y en el 9, el de Tepalcatepec. Perfecto: ya nos situamos. Pensemos, ahora, que en el centro del reloj está el municipio de Apatzingán, bastión de los Caballeros Templarios.

Según la PGR, la Cesna despegó de Guadalajara a las 17: 34. En nuestro reloj, esa ciudad queda afuera del cuadrante, a la izquierda, muy lejos del número 12. ¿Por qué si la nave iba de Guadalajara hacia el número 9 del reloj se estrelló en el número 4?

Tepalcatepec está exactamente en la frontera de Jalisco y Michoacán, en tanto La Huacana se ubica más bien cerca de los límites de Michoacán y Guerrero. ¿Por qué si Mireles regresaba a su casa, desde Guadalajara (según la PGR), no voló en línea recta hacia Tepalcatepec? O dicho de otro modo: ¿por qué, si venía de Guadalajara, se fue casi hasta el otro lado de Michoacán?

Todas estas preguntas tienen una sola respuesta: el sábado 4 de enero Mireles no estuvo en Guadalajara, donde nada tenía qué hacer, sino en Parácuaro, donde coordinó la toma del palacio municipal al frente de cientos de hombres armados alrededor de las dos de la tarde.

Una vez que la situación quedó bajo control de las autodefensas locales, apoyadas por una eufórica ciudadanía que al fin, después de muchos años, se sentía a salvo de los Templarios, Mireles despegó de Parácuaro hacia La Huacana, para rodear el territorio de Apatzingán por el este, con la idea de continuar hacia el sur, antes de recorrer el tramo final de la ruta hacia el noroeste, es decir, hacia Tepalcatepec, pero la PGR dijo que volvía de Guadalajara, para librarlo de toda culpa por la toma de Parácuaro y poder brindarle atención médica y protección inmediata, después de su accidente, custodiado por el ejército y la Policía Federal, hasta ponerlo a salvo en un hospital de la ciudad de México, cerca del Campo Militar Número Uno.

El plan paramilitar de EPN

Durante su gestión (desastrosa) como gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto visitó en varias ocasiones al que entonces era presidente de Colombia, el conocido exterminador llamado Álvaro Uribe, que para combatir a las guerrillas asociadas a los cárteles del narcotráfico creó un gigantesco ejército de paramilitares, cuyos jefes, líderes y representantes llegaron a ocupar más de la mitad de las sillas en el Congreso de aquel país.

Uno de los militares que tuvo a su cargo la creación y el desarrollo de esos grupos de hombres fuertemente armados, que llenaron miles y miles de fosas clandestinas, fue el general Óscar Naranjo. Condecorado con el título de “mejor policía del mundo”, tras el desmantelamiento de los cárteles de Cali y de Medellín, Naranjo se convirtió a finales de 2012 en “asesor externo” de Peña Nieto y, por lo visto, trabajó con gran rapidez porque, en febrero de 2013, en medio de un gran sigilo, el doctor Mireles al frente de muchos hombres muy bien armados tomó Tepalcatepec, donde reside desde que volvió a México en 2007, el año en que Felipe Calderón desplegó su política genocida por todo nuestro (ex) país.

¿Quién es Mireles? El columnista de Reforma, Roberto Zamarripa, reveló el pasado lunes 13 de enero que el carismático doctor estuvo preso en Michoacán precisamente por narcotráfico en 1989. Tim Johnson, reportero de la poderosa cadena de medios impresos y electrónicos de Estados Unidos llamada McClatchyDC, lo entrevistó en noviembre de 2013 en Tepalcatepec.

Johnson contó que de 1997 a 2007, Mireles Valverde vivió en Modesto, un pueblo situado en el norte de California, donde, como no podía ejercer su profesión, porque las autoridades gringas no reconocieron su título profesional expedido por la Universidad Nicolaíta, hizo de todo para ganarse la vida, desde picar piedra en una cantera hasta empacar pollos, pero los sábados y domingos, junto con su hija, era traductor voluntario para la oficina de la Cruz Roja local. Otras versiones, no confirmadas, aseguran que fue médico del ejército de Estados Unidos.

Desde que se “levantó en armas” en febrero de 2013, en Tepalcatepec, hasta que se lesionó seriamente en La Huacana a principios de 2014, Mireles había logrado tomar 11 municipios (incluido Parácuaro) que estaban sometidos y asolados por los Caballeros Templarios, a ciencia y paciencia de los gobiernos estatales y con la anuencia de Felipe Calderón.

En la actualidad, voceros de las tropas paramilitares de Naranjo en Michoacán, acaudilladas por Mireles y otros líderes locales, aseguran que suman ya 25 mil hombres y mujeres. En su gran mayoría –todas las fotos lo dicen– cuentan con fusiles de asalto AK-47 y R.15, camionetas último modelo, pintadas de negro y balizadas con números de serie y distintivos del Concejo de Autodefensas, así como potentes aparatos de comunicación, además de una red de informantes que interactúan en Twitter mediante la cuenta @ValorMichoacan.

Pero las autodefensas –hoy tan populares y aclamadas en las redes sociales por quienes quieren ver en ellas una auténtica fuerza rebelde que ha puesto en marcha una revolución contra los narcos y el PRI, lo que de ninguna manera es cierto–, no son el único grupo civil alzado en armas en Michoacán, pues no lejos de Pátzcuaro, desde hace muchos años, están los comuneros purhépechas de Cherán, quienes de acuerdo con sus usos y costumbres ancestrales protegen sus bosques de los talamontes y luchan por un verdadero cambio político.

Además de las autodefensas de Mireles-Naranjo en Tierra Caliente y los comuneros de Cherán, que son dos organizaciones muy distintas e ideológicamente contrapuestas, existen focos de resistencia indígena, de origen nahua, en la región de la costa del Pacífico, que han sufrido la violencia de sicarios apoyados por grandes compañías mineras internacionales –de India, Italia y Argentina– ansiosas por apoderarse de los ricos yacimientos de fierro, plomo y otros metales que hay por ahí, muy cerca de la espectacular playa El Tamarindillo, que Lázaro Cárdenas junior regaló a Vicente Fox para agradecerle el detallazo de haberle permitido llegar a la gubernatura.

Hoy, Marta Sahagún y sus insaciables retoños están montando en El Tamarindillo un desarrollo turístico de superlujo, asociados a empresas españolas que son líderes en el ramo del turismo.

Ahora bien, si las autodefensas de Mireles-Naranjo-Peña Nieto-Obama no son la única organización civil armada, los Templarios tampoco son el único cártel que opera en Michoacán, donde también andan como Pedro por su casa los del grupo llamado Jalisco Nueva Generación, ligado al Chapo Guzmán y al cártel de Sinaloa, que desde el sexenio de Miguel de la Madrid (1982-1988) hasta hoy, es el de los narcos “buenos”, es decir, el de los amigos y colaboradores de todos los gobiernos neoliberales que habido en México durante las últimas tres décadas.

Paramilitares para qué

Desde el accidente del 4 de enero, que hizo visibles sus nexos con Mireles, pues lo obligó a encubrirlo con mentiras absurdas (“venía de Guadalajara”), y a transportarlo en un helicóptero Black Hawk de la Policía Federal hacia un hospital militar para salvarle la vida, el gobierno de Peña Nieto no sabe qué hacer para desaparecer a las autodefensas de la escena pública.

Con ese propósito, Miguel Angel “Velorio” Chong, secretario de Gobernachong, envió esta semana 11 mil soldados, 11 helicópteros de la PGR y un número desconocido de tanquetas antimotines (¿contra los narcos o contra la población civil?), pero lo hizo con tal desaseo que provocó una oscura matanza en la comunidad de Antúnez, Nueva Italia, y tras anunciar que iba a “desarmar” a las autodefensas las convirtió en héroes epónimos.

Ahora, en las redes sociales ya les compusieron corridos y se multiplican los tuits a su favor, pues la opinión pública se ha fascinado con las mujeres y los hombres que con toda razón, pero ingenuamente, engrosan las filas de la estructura paramilitar diseñada por el general Óscar Naranjo con el apoyo económico y logístico de Obama y el gobierno de los Estados Unidos.

La situación se complica día tras día. El supuesto gobernador de Michoacán, el fantasmagórico priísta Fausto Vallejo, aparece vinculado al cártel Jalisco Nueva Generación, mientras su segundo de a bordo, el secretario de Gobierno y ex gobernador interino, Jesús Reyna García, está claramente ligado a los Templarios.

Estando así las cosas, el doctor Mireles no vaciló en celebrar el retorno de Fausto Vallejo al poder (es un decir), cuando se repuso de los graves achaques que lo tuvieron meses y meses en la lona. Sin embargo, para ocultar los nexos de Mireles con Vallejo, el aparato de propaganda de las autodefensas maldice día y noche al escuálido gobernador, pero al márgen de esta táctica publicitaria observadores internacionales afirman que hay una alianza entre Mireles, Vallejo y el cártel Jalisco Nueva Generación, contra los Templarios y Jesús Reyna.

Para echarle más pepitas de ajonjolí al mole, en medio de esta maraña de relaciones peligrosas, el gobierno federal ha decidido imponerles, a Vallejo y Reyna, un “comisionado especial de seguridad”, que actuará como gobernador de facto, y tomará la batuta para dirigir las operaciones del ejército y la Policía Federal, supuestamente, contra los Templarios, cuando en realidad su cometido consistirá en sacar de escena a las autodefensas mientras el ruido se calma, para volver a utilizarlas cuando otros escándalos distraigan la atención del público.

¿Ocultar a las autodefensas para volver a utilizarlas más tarde? Así es. ¿Contra quién? Obvio: contra los Templarios, pero también contra los comuneros de Cherán, contra los nahuas de la costa y contra toda forma de legítima rebelión que surja eventualmente en el estado. Esos mismos actores sociales fueron los que destriparon los paramilitares de Naranjo, en el proceso de “pacificación” de Uribe, que dejó tantas decenas de miles de muertos en Colombia. No puede ni debe ocurrir lo mismo en México. Las autodefensas, por más que nos duela y cueste aceptarlo, trabajan, a sabiendas o no, para el enemigo.

Se enfrentan militares y autodefensas en Michoacán; reportan muerte de civiles

MÉXICO, D.F. (proceso.com.mx).- Luego de que este lunes el gobierno federal anunció que asumirá el control de la seguridad en Michoacán, esta noche se reportaron enfrentamientos entre el Ejército y grupos de autodefensa.
Los militares buscan desarmar a las autodefensas y tomar el control de los poblados.
Uno de los enfrentamientos ocurrió en Cuatro Caminos, municipio de Múgica, aproximadamente a las 22:00 horas, donde uno de los comandantes de las autodefensas, identificado sólo como Cinco, aseguró que los soldados ingresaron a las barricadas y realizaron disparos dando muerte a un civil.

Estallido social, si se impone reforma educativa

Maestros de Guerrero durante una protesta este viernes.
Foto: Miguel Dimayuga.

La reforma educativa está dictada por despachos económicos que no conocen la realidad nacional, elimina los derechos laborales de los docentes, carece de criterios equitativos para evaluar y aniquila el concepto de gratuidad. Ese es el proyecto que quiere imponer el gobierno de Enrique Peña Nieto, aseguran profesores disidentes de Oaxaca, Michoacán y el Distrito Federal (que se suman a la lucha de los guerrerenses) y es la que, afirman, no están dispuestos a permitir

MÉXICO, D.F. (Proceso).- Por considerarla privatizadora y regresiva, porque aseguran que atenta contra los derechos de los trabajadores de la educación –que no fueron escuchados en su elaboración– y por sentirse señalados como causantes del rezago educativo, los militantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y el Comité Ejecutivo Nacional Democrático del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (CEND-SNTE) no están dispuestos a dejar pasar la reforma educativa de Enrique Peña Nieto. Antes que aceptarla, dicen, pelearán por detenerla en las calles, con la voz y con el cuerpo.

Entrevistados por Proceso, cuatro dirigentes del magisterio disidente en Michoacán, Oaxaca y el Distrito Federal, donde además de Guerrero se han hecho fuertes, coinciden en que de concretarse los cambios que dicta la reforma en el sistema educativo se avecinaría un estallido social.

Explican que la radicalización de la protesta ha subido de tono a la par que el discurso oficial a partir de las declaraciones del secretario de Educación, Emilio Chuayffet, el miércoles 3, cuando advirtió que a los maestros que se ausentaran de sus escuelas por participar en los reclamos se les despediría, y del discurso de Peña Nieto –un día después de que la Policía Federal desalojara a quienes se manifestaban en la Autopista del Sol– en el que sostuvo que “la ley no se negocia” y que “el uso de la fuerza pública es último recurso sobre el cual tiene el Estado no sólo atribución sino obligación de hacer valer para hacer respetar los derechos de toda la ciudadanía”.

“Nosotros les decimos que no se permitirá la aplicación de leyes injustas. Casi todos los trabajadores de la educación estamos contra esta reforma y la inconformidad se va a ir extendiendo por el país. Si otros estados toman el rumbo de Guerrero, donde se han ido uniendo otros ciudadanos, seguramente aun de manera física detendremos la reforma educativa.

“Es el único método que tienes de hacerte valer en los momentos de más cruel intransigencia del Estado. Y no es que promovamos la violencia. El que enturbia el ambiente es el gobierno cuando dice que las leyes no se negocian, cuando dice el que no trabaje se va. Eso hace que el magisterio se agite más y esté dispuesto cada vez más a dar la batalla.

“Lo otro –y se lo hemos mandado decir al secretario de Educación– es que si la decisión es irreversible, no habrá papel suficiente para las órdenes de finiquito de la relación laboral de los trabajadores de la educación.

“Y le decimos también que si la decisión es tan grande y quieren aplicar su ilegalidad hecha legal, pues las cárceles no van a ser suficientes para que metan a los inocentes trabajadores de la educación”, dice Artemio Ortiz Hurtado, secretario del CEND-SNTE, quien pese a todo asegura que los maestros privilegiarán vías alternas, como los más de 200 mil amparos contra la reforma que, asegura, han presentado, un paro nacional de labores y la aplicación de un programa de estudios alternativos al oficial, ya elaborado, a partir del ciclo escolar 2013-2014.

Juan José Ortega, secretario general de la sección XVIII de la CNTE, en Michoacán, quien lideró las negociaciones del magisterio con el gobierno federal en la Secretaría de Gobernación el jueves 4 y el martes 9, aseguró que no hay congruencia en la palabra de las autoridades.

“No es lo mismo lo que se discute a puertas cerradas que el discurso de Enrique Peña Nieto o del secretario de Educación. Esto pone en un estado de alerta a la Coordinadora. Su falta de sensibilidad nos está orillando a radicalizar las acciones. Ya no hay credibilidad, no hay confianza en ellos. Están administrando el movimiento para darnos un golpe muy al estilo que tiene este gobierno, como un ejercicio más de traición”, dice el maestro, quien anuncia una movilización nacional el lunes 15 rumbo a un paro indefinido de labores.

El michoacano le advierte a Peña Nieto que tendrá que “enfrentar” un problema más allá de lo que es la “agresión” contra el magisterio, porque el pueblo se está organizando para defenderse también de las reformas fiscal y energética:

“Recordemos que el caso Guerrero adquiere otra dimensión con las organizaciones sociales que están en el acompañamiento a nuestros hermanos. En Michoacán ya somos 48 organizaciones en la conformación de un frente único de trabajadores. No hay más. Aún estamos privilegiando el diálogo, pero los tiempos nos consumen”.

Rubén Núñez Ginés, dirigente de la Sección XXII del magisterio en Oaxaca, dice conocer de cerca la cara más vieja del PRI. No le sorprende la embestida contra el magisterio.

“El sistema político nacional y del Estado tienen una deuda por la represión de 2006 que encabezó el espurio Ulises Ruiz. El magisterio oaxaqueño no se olvida de esa agresión. Conocemos cómo es la política en los gobiernos priistas y hoy reiteramos que tienen como objetivo la represión de los derechos de los trabajadores. Pero hoy los escenarios son distintos. Hoy los gobiernos tienen que pensarlo muy bien antes de cometer algún abuso contra los trabajadores.

“Lo estamos viendo en Guerrero. La Coordinadora está muy fortalecida, las secciones de los estados se manifiestan de manera muy contundente. No hay temor alguno”, dice y asegura que de tener que “salir” una vez más, no estarían solos. Afirma que contarían con la presencia de un “movimiento popular” formado por campesinos, amas de casa, estudiantes, padres de familia y trabajadores de distintos rubros, todos “dispuestos” a organizar una gran cruzada nacional.

Para Francisco Bravo, líder de la CNTE en el Distrito Federal, el conflicto es reflejo de un gobierno autoritario en “el regreso al presidencialismo reacio”, donde el que decide es el presidente y se acabó. “Si el magisterio no se mueve, si no hay indicios de protesta, ellos se van a servir con la cuchara grande en la ley reglamentaria.

(Extracto del reportaje principal que se publica en Proceso 1902, ya en circulación)

Los expedientes negros

Jesusa Cervantes



MÉXICO, D.F., 28 de mayo (apro).- El 25 de mayo, Humberto Moreira, Gustavo Madero y Jesús Zambrano, dirigentes nacionales de PRI, PAN y PRD, respectivamente, se reunieron para explorar la posibilidad de una candidatura común para el gobierno de Michoacán y evitar así la realización de una campaña electoral que pudiera poner en peligro la vida de los aspirantes.

La foto salió en todos los periódicos, pero la noticia se desinfló al siguiente día. Los dirigentes nacionales tuvieron que admitir que sería casi imposible llegar a un acuerdo.

Lo anterior fue lo que salió en los medios de información; lo que no se dice es que desde la Presidencia de la República se ha estado acariciando la posibilidad de cancelar los comicios de noviembre próximo bajo el argumento de que la inestabilidad generada por la presencia del narcotráfico, pone en riesgo de seguridad, no sólo de candidatos, sino de la ciudadanía en general.

A los oídos de los priistas ha llegado esta versión, así como dos aún más graves para ellos: la próxima revelación de los ya famosos “expedientes negros” sobre un gobernador y dos exgobernadores.

Tiene la certeza de que dos de los expedientes se refieren a exgobernadores priistas, pero les ronda la duda de si el tercer expediente se refiere a un gobernador priista en activo o es perredista.

En el caso de los exgobernadores priistas, la pesada loza de la duda recae sobre Eugenio Hernández, que gobernó Tamaulipas en el sexenio 2004-2010, en donde no hay que olvidar ejecutaron al candidato priista a sucederlo, Rodolfo Torre Cantú, y su lugar fue ocupado por su hermano Hegidio Torre Cantú.

De hecho, entre los priistas se tiene la sospecha de que justamente por la posibilidad de que se involucre al exgobernador de Tamulipas es que el actual dirigente nacional, Humberto Moreira, no le ha tomado la protesta a Eugenio Hernández como nuevo encargado del Consejo Político Nacional del priistamo nacional.

Díaz después de su llegada a la dirigencia nacional priista, Moreira anunció que Eugenio Hernández se integraría al Comité Ejecutivo Nacional, y anticipó que, semanas después, el exgobernador tamaulipeco sería nombrado secretario técnico del Consejo Político Nacional del PRI. Incluso, se comentó que el nombramiento se oficializaría el 20 de mayo durante la reunión de la Comisión Política Permanente de ese partido. Ya pasó una semana y nada.

Otro elemento que genera suspicacia sobre la figura del exgobernador de Tamaulipas es la rapidez con que Humberto Moreira, Emilio Gamboa, Enrique Peña Nieto y Manlio Fabio Beltrones, lo despacharon cuando éste arribó al encuentro privado que sostenían para limar algunas asperezas entre los precandidatos presidenciales. Dicen que cuando Peña Nieto lo vio entrar no tardó nada en pedir su retiro.

De todas estas versiones, lo único cierto es que Eugenio Hernández sigue esperando el nombramiento.

En el PRI insisten en que los “expedientes negros” serán dados a conocer una vez que concluyan las elecciones para elegir gobernador en el Estado de México, el próximo 3 de julio, incluso aseguran que será entonces cuando se defina quién será el candidato presidencial del PRI para el 2012.

Existe una última versión sobre Michoacán: que se suspenderá la elección para gobernador, dado el alto grado de violencia que se ha registrado en los últimos meses; qué será una especie de “laboratorio” para, de alguna manera, suspender garantías y luego poder hacerlo en otros estados en donde los enfrentamientos entre cárteles de la droga, policías y fuerzas armadas no han dado tregua: Tamaulipas y Durango.

Habrá que ver si la hermana del titular del Ejecutivo Federal, María Luisa Calderón, Cocoa, está dispuesta a hacer a un lado sus aspiraciones de ser la candidata al gobierno de Michoacán, con tal de apoyar y no obstaculizar los objetivos de su hermano, Felipe Calderón Hinojosa.

La respuesta y la exposición de los expedientes negros, al tiempo. Como también en el tiempo pueden desaparecer los documentos que sean necesarios cuando se alcanzan ciertos acuerdos en privado.

Comentarios mjcervantes@proceso.com.mx