Sin autodefensas, el miedo volvió a Yurécuaro, dicen sus habitantes

Sólo quedan unas barricadas vacías y una casa con huellas de ráfagas de los templarios

‘‘Gozamos dos meses de libertad y nos la vino a quitar el gobierno federal’’, lamentan

Arturo Cano

Enviado

Periódico La Jornada
Lunes 21 de abril de 2014, p. 3

Yurécuaro, Mich., 20 de abril.

La reunión es a puerta cerrada porque el miedo ha vuelto a Yurécuaro. De las autodefensas que hubo sólo quedan unas barricadas vacías y una casa con las huellas de las ráfagas que dispararon Los caballeros templarios: ‘‘Gozamos dos meses de libertad y nos la vino a quitar el gobierno federal’’, concluyen, tras una catarata de testimonios de abusos –lo mismo de los delincuentes que de las autoridades–, los integrantes del consejo ciudadano que respaldó a la efímera autodefensa de este municipio limítrofe con Jalisco.

El apretado resumen va así: el 28 de enero surgió un grupo de autodefensa en este municipio lejano de la Tierra Caliente (Guadalajara está a una hora y cuarto); en dos semanas, los templarios,que tuvieron ‘‘bajo el terror’’ la zona durante cinco años, se fueron; el 22 de marzo fue asesinado el alcalde de Tanhuato –municipio pegadito a Yurécuaro–, Gustavo Garibay, panista, víctima de un atentado en 2012, y víctima también del abandono oficial que le quitó la escolta.

El lunes 31 de marzo, el comisionado federal para Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, resolvió el crimen en una conferencia de prensa: anunció que los autores materiales fueron tres integrantes de las autodefensas de Yurécuaro, y Enrique Hernández Salcedo, fundador del grupo, el autor intelectual. El móvil: que el alcalde Garibay se habría negado a apoyar a los comunitarios.

Hernández Salcedo había sido detenido el viernes anterior por agentes de la procuraduría estatal, luego de que le hicieron creer que participaba en las pesquisas para atrapar a los asesinos de Garibay.

Durante largos días su familia no pudo ni verlo. Cuando lo hizo lo encontró destrozado. Enrique había sido torturado. Los agentes ministeriales, cuentan sus familiares, querían obligarlo a ‘‘entregar’’ a tres de sus hombres y a firmar un documento donde los inculpaba. Como se negó, le cubrieron la cabeza con una bolsa de plástico, le echaron agua y lo golpearon en los oídos con las palmas abiertas.

El 9 de abril, en una entrevista radiofónica, Lorenzo Corro, funcionario de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Michoacán (CEDH), confirmó que personal médico de ese organismo ‘‘constató que las lesiones son coincidentes con los rasgos de tortura que refiere’’ (la comisión documentó lesiones alrededor del cuello, las vías respiratorias y el oído interno de Hernández). La tortura ocurrió, agregó el funcionario, al ser trasladado al penal.

El 14 de abril, la Procuraduría General de la República (PGR) informó que a los autodefensas de Yurécuaro se les fincaron cargos de delincuencia organizada en la modalidad de terrorismo.

‘‘A Enrique le pusieron un cuatro. Traía tres muchachos que eran malandros. Los corrió. Le regalaron unas armas y luego esas son las que resultaron positivas en el asesinato de Garibay’’, dice el doctor José Manuel Mireles.

La trampa del Yanqui

Las presiones tras el asesinato de Garibay fueron fuertes. El PAN subió el volumen de sus críticas.

El comisionado Castillo vino personalmente a este municipio para pedir a Enrique Hernández Salcedo ayuda para esclarecer el asesinato de Garibay.

Lo supo de primera mano Jesús, hermano de Enrique y empleado del ayuntamiento de Tanhuato, porque lo mandaron llamar al helicóptero del que nunca vio bajar al comisionado. ‘‘Ahí estaba mi hermano con él, y me pedían datos. Yo les dije que el propio Gustavo (el alcalde asesinado) había declarado oficialmente cuáles era las personas con quienes había tenido problemas’’.

Enrique confiaba en el comisionado y aceptó coordinarse con el funcionario que éste le señaló. El hombre pidió que le llamaran Yanqui, pero repartió tarjetas con el nombre de Adolfo Eloy Peralta. Su cargo: subsecretario de seguridad pública del estado.

En la cárcel, el jueves pasado, Enrique entregó a su hija un testimonio de su puño y letra. Es el resumen de lo que cuenta, en la reunión con este diario, un grupo donde hay comerciantes, agricultores exitosos, médicos, maestros, empleados públicos.

Cuenta Hernández que Yanqui y el comandante Arturo, de la policía ministerial, ‘‘me mostraron una investigación con fotos y fundamentos’’, en la cual se señalaba como autor intelectual a Ernesto Sánchez, alias Pons, ‘‘que era regidor del PRI. El comandante Arturo dijo que tenían pruebas grabadas de los planes y amenazas de muerte’’.

El Pons, según los miembros del consejo ciudadano, fue señalado por el propio Garibay como la persona que ordenó atentar en su contra en 2012.

Según Hernández, se puso de acuerdo con los dos personajes arriba mencionados en que ayudaría a buscar las armas y la camioneta que había sido utilizada en el crimen.

‘‘Duramos varios días recorriendo rancherías y preguntando a gente conocida que nos daba pista de la gente de Jalisco.’’

En el mismo testimonio, Hernández asegura que al fin hallaron dos armas, que fueron entregadas por una persona de nombre Enrique Morando, El Makinga, uno de los señalados por Castillo como autor material.

Una vez en posesión de las armas, elYanqui mismo detuvo a Enrique y sus hombres.

Un mapa para el comisionado

La diputada local Selene Vázquez se reunió en febrero con el comisionado Castillo para plantearle varios casos, uno de ellos, el de los autodefensas de Aquila que están presos. ‘‘Ni siquiera sabía dónde estaba el municipio, tuvimos que traerle un mapa’’.

Para tratar el caso de Yurécuaro, la legisladora se hizo acompañar del alcalde Rigoberto López: le plantearon que el grupo de Hernández era débil y que el municipio se encuentra lejos de la zona de influencia de las autodefensas, en la frontera de Jalisco y Michoacán, es decir, en territorio en disputa entre lostemplarios y el cártel de Jalisco.

El presidente municipal solicitó a Castillo que los policías del municipio fueran enviados ‘‘a capacitación’’, como ocurrió en otras demarcaciones con presencia de las autodefensas, y que la seguridad de la demarcación quedara en manos de la Policía Federal.

Integrantes del consejo ciudadano dicen que la petición estaba motivada por el hecho de que el alcalde temía que la propia policía municipal –infiltrada por la mafia– actuara contra los comunitarios. Castillo encargó el caso a una de sus colaboradoras, de nombre Mildred. Pasaron las semanas. ‘‘No se hizo nada’’, dice la diputada.

El Mapache y el valiente

Entre los logros de la efímera autodefensa de Yurécuaro está haber atrapado a un subjefe templarioapodado El Mapache, quien dio datos no sólo de sus jefes, sino también de la estructura de apoyo oficial que vinculaba a policías municipales, y fue videograbado.

El Mapache era uno de los encargados de dar instrucciones a los empresarios y comerciantes que los mafiosos citaban en el balneario Los Pinos.

‘‘Los puntos (halcones) te iban a avisar por la mañana y si no ibas venían por ti hombres armados a tu casa’’, dice un productor que tan sólo el pasado mes de diciembre pagó 40 mil pesos de ‘‘cuota’’. Para él, haber videograbado la confesión de El Mapache fue el hecho que selló el destino de Enrique.

En una esquina del centro sobreviven los restos de la efímera autodefensa de Yurécuaro: las huellas de los balazos en la fachada de la tortillería, unas pequeñas barricadas en las esquinas y un mensaje dirigido al gobierno: ‘‘Regrésale al pueblo a esos hombres valientes que lo han defendido’’.