Denise Dresser, una de las columnistas más reputadas del país, hizo una pregunta que caló hondo en el priismo: ¿Por qué no se investiga a altos políticos acusados de corrupción? Recordaba, entre otros, el caso de Manlio Fabio Beltrones, mencionado en un reportaje de The New York Times como presunto protector del Cártel de Juárez. El vocero del coordinador de los diputados priistas, Jesús Anaya, le respondió a través de una carta que la periodista juzga intimidatoria y llena de mentiras. Ella desnudó las falsedades rápidamente, pero teme por su integridad.
Una alerta emitida por la organización Artículo 19 la noche del lunes 14 advirtió que la periodista Denise Dresser era objeto de intimidación. La causa: la réplica que la oficina de Manlio Fabio Beltrones, coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, envió contra uno de sus artículos periodísticos, el titulado “Cloaca abierta”.
En ese texto, publicado en el diario Reforma el 31 de marzo, Dresser subrayó la ausencia de investigaciones contra políticos eventualmente acusados de actos delictivos, la sumisión de los procuradores al Poder Ejecutivo y la indiferencia del periodismo ante la corrupción. Partió de la figura de Beltrones y retomó un antiguo reportaje del periódico The New York Times (NYT) publicado en 1997. En el rotativo estadunidense se expuso la presunta protección que el entonces gobernador de Sonora brindaba al Cártel de Juárez, encabezado por Amado Carrillo, El Señor de los Cielos.
Además Dresser mencionó un reciente escándalo detonado por el diario AM de León, Guanajuato. Ese medio publicó que diversos legisladores, entre ellos Beltrones, presuntamente cobraban una “comisión” para liberar partidas presupuestales. En su momento Beltrones rechazó ambas acusaciones.
Dos días antes del artículo de Dresser, el bloguero Julio Roa había entrevistado a Craig Pyes, quien junto con Sam Dillon, excorresponsal en México, escribió el reportaje de 1997 en el NYT. Por ese trabajo los dos ganaron el premio Pulitzer. En la charla con Roa, publicada el 29 de marzo en www.enlapolitika.com, Pyes ratificaba lo publicado hace 17 años.
La reacción de Beltrones, sin embargo, fue sólo contra Dresser y llegó el martes 1, cuando el coordinador de Comunicación Social del PRI en la Cámara de Diputados, Jesús Anaya, envió una carta a Reforma en la cual atribuyó a la articulista “animadversiones personales y amargura” como sustitutos de inteligencia, argumentos y pruebas.
Anaya asentó en su misiva que la publicación del NYT había sido una calumnia; que había enviado personalmente a Dresser copia de una averiguación realizada por la Procuraduría General de la República (PGR) en la cual Beltrones resultó exonerado y sugirió que Pyes fue despedido del periódico estadunidense por calumnia, difamación y falta de escrúpulos.
Además sostuvo que no se demandó a aquel rotativo porque “el delito se había escrito (sic) y cometido en el extranjero”.
Por el tono de la carta, Dresser y Artículo 19 consideraron que se trataba de una intimidación. La organización internacional especializada en defender la libertad de prensa advirtió también que, en ese contexto, habían empezado a circular en internet documentos judiciales acerca del divorcio de la articulista, por lo que llamó a la Secretaría de Gobernación a activar el mecanismo de protección a periodistas, lo cual no ocurrió.
Desmentidos al “desmentido”
Para Dresser la información difundida por el NYT en 1997 –que además de Beltrones implicaba al entonces gobernador de Morelos, Jorge Carrillo Olea– jamás fue investigada de manera satisfactoria.
Además la periodista asienta que mediante una campaña de desinformación, se propaló en México la versión de que el Times se había retractado y pedido una disculpa a Beltrones, lo cual, asegura ella, es falso. En entrevista con Proceso Dresser ofrece un ejemplo: En el programa radiofónico de Ciro Gómez Leyva, el 31 de marzo, el conductor mencionó al bloguero Julio Roa que el NYT se había disculpado con Beltrones.
También columnista de este semanario, Dresser enfatiza que el propio Craig Pyes refutó la carta de Jesús Anaya el miércoles 16. Luego de haber entrado en contacto con ella, el estadunidense desmintió que el NYT lo hubiera despedido; recordó que años después ganó otro Pulitzer y no fue sino hasta 12 años después de esa nota cuando se retiró para convertirse en investigador privado. En 30 años de ejercicio, escribió en un comunicado, jamás se retractó ni enfrentó juicios civiles.
Pyes aseguró que la PGR difundió la versión de que él y Dillon habían calumniado a Beltrones y a Carrillo Olea, pero jamás mostró la supuesta indagatoria que exoneraba a los políticos.
Agregó que la Procuraduría investigó a los periodistas aun cuando dicha dependencia no tenía facultades ni motivos legítimos para hacerlo. Por esos años Pyes y Dillon enfrentaron un juicio penal por calumnias, que a la postre se cerró sin ninguna sanción. En su escrito Pyes recordó que los aludidos en el reportaje jamás demandaron por la vía civil al Times, como podían haberlo hecho en un tribunal estadunidense.
Según Dresser, hay tres mentiras en la carta de Anaya a Reforma: primero, que le haya enviado a ella la investigación; luego, que Pyes hubiera sido despedido y, finalmente, que los datos usados sean de dudosa procedencia, pues el NYT –por conducto de su vicepresidenta de Comunicación Corporativa, Eileen Murphy– expresó al respecto: “Nos paramos detrás de la nota y siempre lo hemos hecho”.
Proceso solicitó una entrevista con Beltrones para abordar el asunto. Fue Jesús Anaya quien advirtió que el legislador no daría respuesta alguna y que sería él quien fijaría una postura, pero no en entrevista sino en una carta. La misiva se recibió el jueves 17 y en realidad es respuesta a una nota publicada en el portal de Proceso la noche del lunes 14, que dio cuenta de la alerta de Artículo 19.
Anaya rechazó “rotundamente” haber intimidado a Dresser. “Creo, como algunos legisladores, que en la democracia la crítica es fundamental y ni los críticos pueden librarse de ella. Nadie puede sentirse ofendido cuando se ejerce el derecho de réplica, y nadie está obligado a dar crédito a falsedades.
“Lo único que hice fue refutar lo publicado por la periodista, pero lo hice con argumentos y documentos duros, lo cual reitero en calidad de coordinador de Comunicación Social del Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados.
“Mi trabajo de muchos años me ha enseñado a respetar a todos los medios de comunicación, nacionales y extranjeros, como también he aprendido que no todo lo que en ellos se escribe, debe verse como un acto de fe.”
Anaya no respondió a la comunicación de Craig Pyes publicada en Reforma el miércoles 16.
Reedición de la censura
Dresser, quien en diferentes ocasiones se ha ocupado de la actuación de Beltrones, apunta que este caso trasciende la información sobre ese priista. Se trata “de por qué nunca hay investigaciones de políticos de alto nivel en el país” y ratifica su rechazo al diseño institucional que mantiene a procuradores y fiscales sin autonomía, dependientes de los titulares del Poder Ejecutivo en el orden federal y estatal.
Enumera “otras cloacas abiertas, como los casos de Arturo Montiel y Humberto Moreira, por enriquecimiento inexplicable, y en el caso de Mario Marín, respecto del caso de Lydia Cacho. Este caso no es Denise Dresser contra Beltrones. Es de ciudadanos con derecho a saber y autoridades que no investigan. Personas que escriben con base en información, ganan el Pulitzer y jamás fueron desmentidas, y políticos que descalifican e intimidan al mensajero y al mensaje.
“El Estado mexicano regresa a prácticas intimidatorias, de censura, que pensábamos superadas. Así nació Proceso en los setenta, ante un acto de censura e intimidación. El PRI que se supone renovado tiene una reedición del modus operandi de los setenta.”
Esta es la segunda vez que pretenden intimidar a Dresser por uno de sus artículos. En 2006 y luego de que la periodista criticara el plantón de Reforma instalado por Andrés Manuel López Obrador, mediante un correo electrónico la amenazaron con “exilio o accidente automovilístico”. El mensaje estaba atribuido al excandidato presidencial, pero tras la denuncia correspondiente resultó que el mensaje fue enviado desde un café internet por una persona nunca identificada.
La politóloga recuerda que en los noventa el gobierno estadunidense entregó una lista de 19 o 20 políticos mexicanos que a su juicio no deberían estar en el poder, entre ellos Beltrones. Sin embargo, en el momento del informe ese político estaba fuera del servicio público y de los reflectores.
Luego, rememora, el sonorense regresó a la escena política en el año 2000 y “fue subiendo en los escalafones del poder hasta donde está hoy, en la Cámara de Diputados, con más visibilidad, y no quiere que nadie vaya a escudriñar en esa cloaca (la destapada por la investigación del NYT en 1997).
“Si hubiera información contundente que desmintiera el reportaje del NYT no existiría esta mención recurrente con Dillon, Pyes y ahora conmigo. Si el diputado Beltrones no quiere responder al trabajo del NYT de 1997, que responda entonces a las preguntas que he planteado sobre su trabajo legislativo.”
Para Dresser el viejo estilo del PRI es intimidar, desprestigiar, matar al mensajero, literal y metafóricamente, antes que aclarar o transparentar. “El PRI responde a mi columna con una carta con mentiras evidentes. Y creen que con eso basta, sin observar que hay blogueros independientes, nuevas tecnologías, nuevas formas de comunicación en las cuales el escrutinio es mayor… Cualquiera puede contactar al NYT y verificar”.
La presión
Dresser relata una anécdota: El 29 de enero de 2009, en el foro “México ante la crisis”, ella pronunció un discurso ante diputados, senadores, otros servidores públicos y empresarios. Las palabras de la académica le valieron una ovación de pie, aun cuando criticaba el desempeño de todos los presentes. Sólo Manlio Fabio Beltrones se mantuvo sentado, inmóvil.
“Creo que en todo caso, la animadversión no es mía sino de él hacia mí. Al señor Beltrones no lo conozco, y hablar sobre su desempeño en la vida política no tienen en mí una motivación personal”, alega.
La reacción de Beltrones al artículo “Cloaca abierta” motivó a Dresser a realizar un ejercicio en Twitter (donde tiene 750 mil seguidores). Preguntó a quienes la siguen cómo percibían la carta. La medición arrojó que 87% de los participantes la veía intimidatoria y como un instrumento que pretendía presionarla para que no escribiera sobre el tema. A otra pregunta sobre credibilidad institucional, 97% dijo confiar más en la oficina antidrogas de Estados Unidos (DEA) que en la PGR.
Dresser cuenta que por esos días un investigador del ITAM la alertó sobre un “tuitero” que colocaba vínculos hacia una encuesta sobre ella y hacia reseñas críticas de sus textos. Hasta ahí, expresa, no tenía mayor problema, pero de pronto esa cuenta colocó un enlace a un sitio donde están documentos de su juicio de divorcio, esto es una invasión ilegal a su privacidad con un asunto familiar.
Dresser califica a quienes perpetraron esa indignidad con una palabra: miserables. “Esos documentos sólo pudieron obtenerse con la complicidad del juzgado. La situación me trasciende: es un microcosmos de los problemas pendientes que enfrentamos como periodistas, ciudadanos y políticos. Si alguien puede conseguir mis expedientes privados en un juzgado, eso habla de la justicia del país”.
La cuenta desde donde se cometió la agresión estaba inactiva desde hacía meses y sólo se reactivó para utilizarla en su contra. Los seguidores de ese “tuitero” eran en realidad bots, cuentas falsas que retuiteaban todos los mensajes contra la politóloga.
Ante la filtración de los papeles sobre su juicio, Dresser pidió a la subsecretaria de Gobernación, Lía Limón, mediante Twitter, que echara a andar el mecanismo de protección a periodistas, pero no obtuvo respuesta. Tampoco ocurrió cuando Artículo 19 lo solicitó de manera pública y formal. “Aprovecho para expresar que repruebo el Mecanismo de Protección a Periodistas, pues consiste en que te den un número, una escolta y se debe informar al gobierno de todas las actividades”, indica la doctora en ciencias políticas por la Universidad de Princeton.
En el pasado, recuerda, la censura y autoritarismo se manifestó en casos como el del “golpe al Excélsior” que dirigía Julio Scherer García, o en el asesinato de Manuel Buendía. Luego siguieron cientos de periodistas ejecutados, secuestrados, torturados, y la difusión de datos pertenecientes a la vida privada.
Para Dresser el tema evidencia por qué México es uno de los países más peligrosos para ser periodista. Se refiere a los cientos de reporteros y editores inermes ante el crimen y el poder.
“No sólo se trata de la autonomía de la PGR y los fiscales, ni de las investigaciones a la clase política por las redes de corrupción y complicidad. Esta denuncia, insisto, me trasciende y trata también de cómo vamos a proteger a periodistas, columnistas, a quienes tratan de colocar el reflector sobre tantas cloacas abiertas que sigue habiendo en el país.”
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