Hablan los sobrevivientes de la masacre de #Apatzingan

Apatzingán, 29 de junio (SinEmbargo).– “Fue una carnicería”, dice, sin temor a equivocarse, María Guadalupe Sánchez Valencia, madre de Antonio, uno de los jóvenes que resultaron muertos en un operativo de la Policía Federal del pasado 6 de enero. Los sobrevivientes y sus familias consideran que, ese día, las autoridades realizaron “una matanza”.

Durante la madrugada, en la víspera de la celebración de los Reyes Magos, un centenar de miembros y simpatizantes de la Fuerza Rural participaban en un plantón afuera del Palacio Municipal. De acuerdo con distintasVERSIONES, fueron atacados por la Policía Federal a las 2:30 de la madrugada.

A la mañana siguiente, un grupo de jornaleros –entre los cuales se encontraba Antonio Sánchez Valencia–acudían a la pizca del limón y fueron llamados para apoyar a sus compañeros. El convoy estaba compuesto por una decena de camionetas. AntonioVIAJABA en una Ram blanca tipo pick up, acompañado por un grupo de trabajadores del campo, la mayoría entre 15 y 18 años, y fueron interceptados en la avenida Constitución de la colonia Lázaro Cárdenas. Más de la mitad de los jóvenes murieron en el acto, producto de las balas.

Ahora, cerca de media docena de sobrevivientes ha decidido contar, por primera vez, lo que vivieron. Quieren dar la cara porque, dicen, se ha cometido una injusticia.

Las autoridades mexicanas insisten en que los agentes federales actuaron en “legítima defensa”. Ligan a los muertos con el crimen organizado, aunque ni la Procuraduría General de la República (PGR) ni la Procuraduría de Justicia de Michoacán (PJE) han interrogado a los sobrevivientes o a distintos testigos.

La versión oficial, sin embargo, se enfrenta a infinidad de otraVERSIONES, cada vez más ruidosas. Los testimonios grabados por SinEmbargo, por ejemplo, indican que los federales “abrieron fuego sin razón”; que los jornaleros “no llevaban armas, sólo palos”.

Los entrevistados narran lo que vivieron y ofrecen con detalle la reconstrucción de lo que consideran una matanza, donde oficialmente murieron once personas, aunque se habla de hasta 16, entre las cuales hay mujeres y niños.

María Guadalupe Sánchez Valencia, madre de Antonio muerto en Apatzingán. Fotos: Sanjuana Martínez

“A MI HIJO LO ASESINARON”

Sentada en el patio, María Guadalupe cuenta que le entregaron el cuerpo de su hijo sin el documento de la necropsia que le realizaron para determinar las causas de su muerte: “Tenía su espalda con agujeros de bala, tres o cuatro. Por delante no tenía… A mi hijo lo mataron por la espalda. Eso quiere decir que él nunca los enfrentó. Lo acribillaron a mansalva y lo persiguieron para rematarlo”.

Antonio tenía 18 años y era jornalero. Ese 7 de enero se fue a la huerta a trabajar en la pizca de limón y como otros de sus compañeros acudió al llamado para apoyar a quienes resultaron heridos por el operativo federal frente a Palacio Municipal el 6 de enero.

“Fue una carnicería. Los federales mataron puros muchachos inocentes que iban a su trabajo. Él salió temprano de la casa, salió al limón. Primero él, y luego yo porque también yo me dedico al limón y cerca de las 12 del día fue cuando me hablaron para decirme que hubo un agarre con muchos muertos. Fuimos a buscarlo al Semefo y los hospitales de aquí, pero no encontramos nada. Hasta que nos dijeron que teníamos que ir hasta Morelia. Nos enseñaron unas fotos y vimos que él era uno de los caídos… A mi hijo lo asesinaron”.

LOS JORNALEROS

En el certificado de defunción a nombre de Antonio Sánchez Valencia, con el folio 140506636 expedido por la Secretaría de Salud (y firmado por la médico Claudia Eugenia Olvera Jimenez, número de cédula profesional 2361423), cuya copia está en poder de SinEmbargo, se especifica que la muerte fue por “homicidio” ocurrido en la calle Constitución colonia Lázaro Cárdenas, el 6 de enero a las nueve de la mañana. Las autoridades sanitarias señalan la causa de muerte en estos términos: “Shock hipovolémico secundario a laceración de órganos secundarios tóraxicos por la penetración de heridas de proyectil de arma de fuego a tórax”.

Consternada aún luego de cinco meses y medio, María Guadalupe de 47 años comenta que la impunidad que protege a los “asesinos” de su hijo no le permite concluir su duelo: “Han venido muchas personas del gobierno de Morelia y del gobierno federal. Y fuimos a la capital a [la Comisión Nacional de] Derechos Humanos, pero todos nada más me entrevistan y me hacen las mismas preguntas, cuando yo lo que quiero es justicia. Porque lo que hicieron los federales con mi hijo, fue un crimen”.

La posición de los familiares de las víctimas no es compartida por el gobierno federal que en distintos momentos ha afirmado que lo ocurrido se trató de un “enfrentamiento” o un acto de los policías en “legitima defensa”.

“Nosotros decimos que fue matanza porque los muchachos solo traían puros palos, no llevaban armas. Si hubieran llevado una pistola, no se hubieran dejado matar como los mataron, se hubieran defendido. Además, ningún policía federal está herido, ni muerto y eso es porque los muchachos estaban sin armas. Desgraciadamente le tocó al mío. Perder un hijo es tremendo. Puedo tener diez, pero ese hoyo en el corazón nunca se me va a cerrar. Él, que me echaba la mano para todo. La mera verdad no encuentro razón de su asesinato. Le doy vuelta y vuelta y no le encuentro una explicación. ¿Por qué me lo mataron?”.

Antonio era el sustento de su casa: “Me dejaron en la indefensión. Y el gobierno hasta ahora no nos han ayudado ni con el sepelio, no hemos tenido respuesta de apoyo. Nomás nos entrevistan, pero no nos ofrecen resultados. Estamos sobreviviendo con lo que Dios nos da a entender”.

Cuenta que cuando llegó al Semefo les enseñaron las fotografías de once muertos entre los cuales había tres menores: “Nos tocó identificarlo por foto. Entre las fotos, había una niña como de dos años, con dos impactos de bala.  Eran tres menores y el resto jóvenes; había once cadáveres, la mayoría muchachos. Y lo que vi fue que los federales los mataron. Por eso estamos exigiendo justicia, queremos que juzguen a los federales que asesinaron a los muchachos”.

Rosa Alcalá, mamá de Alejandro Aguirre Alcalá muerto en Apatzingán. Fotos: Sanjuana Martínez

MUERTO EN EL CAMINO

Al igual que Antonio, Alejandro Aguirre Alcalá tenía 18 años. Ambos eran amigos y Rosa Alcalá, madre del segundo aún sigue sin entender las razones de lo que llama “matanza”.

“Quiero que el gobierno me explique por qué me lo mató. Traía bastantes balazos en la espalda, como unos nueve. Le destrozaron la espina dorsal. Cuando llegué al hospital lo encontré con vida. Lo metieron a quirofano como a las 6 de la tarde y cuando volvió de la anestesia, le pregunté que había pasado y él me dijo que los federales los habían balaceado, luego me iba a seguir contando, pero el doctor me dijo que me saliera del cuarto”, dice sin poder contener el llanto.

A pesar de la operación, Alejandro requería otros cuidados y fue trasladado a Morelia, pero dice que la Policía Federal les bloqueó el paso: “Nos lo llevamos como a las 7 de la noche. Mi hija se fue con él en la ambulancia y me habló y me dijo que los federales los rodearon antes de llegar al hospital y no dejaron pasar la ambulancia. El chófer, les pedía por favor que les permitieran pasar porque mi hijo iba muy grave, pero los federales, junto con los soldados cerraron el paso. Falleció allí mismo, como a las nueve y quince de la noche. Luego en el hospital no lo querían recibir porque dijeron que había fallecido fuera, no dentro. En realidad lo dejaron morir porque mi hijo era un testigo de la matanza”.

Ambas madres padecen serias secuelas del estrés postraumático, pero no han recibido ningún tipo de apoyo psicológico y aseguran estar endeudadas por los gastos del funeral porque después de cinco meses siguen esperando el apoyo económico de la CEAV (Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas)  la CNDH (Comisión Nacional de Derechos Humanos) y otras instituciones federales.

De 37 años, Rosa está segura que su hijo se hubiera salvado si los policías federales hubieran permitido pasar a la ambulancia: “Yo lo que estoy pidiendo es justicia porque eso que hicieron fue un crimen. Los muchachos estaban desarmados. Era mi niño chiquito y me lo mataron de la peor forma, no es justo”.

LOS TESTIGOS

Gonzalo Alfonso Castillo Sánchez, uno de los sobrevivientes dice que fue testigo de cómo los federales “asesinaron” a Alejandro porque ambos viajaban en una camioneta Ram blanca que fue interceptada por los federales en avenida Constitución: “Yo vi cuando lo mataron. Estamos pidiendo justicia para que los castiguen. ¿Por qué nos hicieron esto?”.

Después de tres operaciones, con la pérdida de vista del ojo derecho y con una colostomía porque las balas le perforaron el intestino, Gonzalo explica que a él, los federales lo dejaron desangrar más de 45 minutos esperando que muriera allí mismo: “Me escondí debajo de la camioneta. Estaba tirado y me entraron las balas. Empecé a sangrar, pero nunca nos ayudaron. Perdí el conocimiento. Ni se quién me levanto de allí. No sabía ni que hacer. Me desperté en el hospital. Me dolía mucho la pierna y tenía la cabeza entumida… Eso fue una matanza de los federales. Si ellos hubieran traído palos como nosotros hubiese sido enfrentamiento”.

Hugo Hernández de 25 años muestra las heridas producto de las esquirlas. Cuenta que viajaba en una camioneta y vio cómo lo mataron: “Lo acribillaron. Los federales simplemente nos querían matar a todos. De hecho nos dijeron: “¡Pinches comunitarios de mierda, ahora si se los cargó la chingada!. Luego llegaron los militares y no hicieron nada, solo veían como  los mataban. Yo me salvé de milagro porque me hice el muerto al lado de Gonzalo. Yo les decía: “No se muevan”… Fue una matanza”.

Cuenta que en el hospital donde lo atendieron, lo lastimaron los federales y lo amenazaron: “Cuando me traían en la camilla y me pasaron a la cama me lastimaron mucho. Le dije a un policía: “Me duele” y él se me quedó mirando y me contestó con coraje: “Cállese, hijo de tu puta madre, aguántate, para que andas en estas chingaderas!”. Y ya cuando me dejaron en el cuarto, entró otro federal uniformado y me dijo: ¡Te vas a morir. De esta noche no pasas!… Yo lo que quiero es que se haga justicia”.

–¿Qué sería para ti, la justicia?

–Que paguen por lo que nos hicieron, que los detengan. Son delincuentes, matones. Ya mataron aquí y van a volver a hacer lo mismo en otro rancho.

“LOS REMATABAN”

En la reconstrucción de los hechos del 7 de enero, Marco Antonio Maldonado Ramírez es pieza clave. Tiene 18 años y cuenta en entrevista que, ese día venían media docena de jóvenes en la Ram blanca que se observa en los vídeos de la policía.

La mayoría de sus compañeros jornaleros tenían entre 15 y 18 años. Y dice que como a las 7:45 fueron interceptados por los federales: “Fuimos con puros palos. Las patrullas se atravesaron y era como una emboscada. Ya traían orden de tirarnos, salieron y empezaron a tirar y el gritadero de gente. Una señora gritaba: “¡No tiren!… ¡Hay familia” pero no hicieron caso y mataron a la señora”.

Marco Antonio lleva tatuado el nombre de Kendra en el brazo, si hija de nueve meses. Cuenta que desde ese día quedo “traumado” porque se salvó de milagro y que nunca fue interrogado por la PGR o alguna institución de derechos humanos.

Cuando empezó el tiroteo, saltó de la camioneta y se escondió y pudo ver todo: “Miré un chingo de gente muerta y como los estaban rematando. Estaba una niña llorando como de nueve años y quiso correr y le dije: “no salgas porque te van a matar”. Y su mamá salió por ella y la mataron. Luego me fui corriendo. Ya no supe de esa niña. Me metí entre las casas y salí por el puente y seguían tirándonos, pero hice lo único que podía hacer: correr”.

Explica que los federales “ejecutaron” a su compañero que venía adelante: “Le dijeron: “bájate, hijo de tu puta madre” y el muchacho les dijo: “¿Por qué me voy a bajar? y que lo bajan, lo agarraron de una pata y cuando estaba abajo: “pum” que le meten un disparo a la cabeza y lo tiran a la carretera y los empiezan a amontonar allí y a tomarles fotos. Yo me escondí en un cajete, si hubiera corrido me hubieran matado”.

Y añade: “Cuando se atravesaron las camionetas y empezaron a tirar yo brinqué y esta pata la tengo lastimada, esta pata me la jodí, se me torció, duré como dos meses sin trabajar, todavía tengo una bola. Luego, estuvo un rato en la casa de una señora hasta que se acabó. Los soldados andaban bravos, pensé que nos iban a ayudar, pero nomás veían”.

Marco Antonio lamenta la muerte de Alejandro y Antonio: “Éramos amigos, nos íbamos a trabajar juntos a cortar limón, nos ibamos de parranda y a jugar beisbol. Nos llevábamos bien, éramos camaradas. En esa Ram ibamos como unos seis. Y nomás nos logramos dos, a todos los mataron como a Alejandro y Toño, y a uno de Zamora, a otro que le decían el Dogy. La vi cortita”.

Marco Antonio narra una de las peores escenas de esos hechos, la imagen de los integrantes de la familia Madrigal que fueron mostrados abrazados con todo tipo de heridas por arma de fuego y que fueron, según dice, ejecutados por los federales.

“Eso fue una matanza, no traíamos mas que palos, todos saltamos cuando nos tiraron a matar, los mataron como unos animales. Les decíamos que ya no tiraran y seguían tirándole a la gente. Una señora gordita gritaba: “No tiren”, iba con su familia en la camioneta, era la familia Madrigal y los mataron a todos. El señor se bajó: y allí lo mataron, la camioneta se las deshicieron. Luego los arrastraban de la pata y los acomodaban como perros”.

Dice que desde hace cinco meses padece las secuelas psicológicas de lo que vio desde pesadillas y depresiones: “Me traume de primero, pero ya me acostumbre. Me espanté y me sobaron la cabeza y todo eso. Fui con el sobador que te suben la mollera, como los niños chiquitos. Yo nunca había visto eso. Le doy gracias a Dios de que estoy vivo”.

–¿Que está pidiendo?

–QuéPAGUEN, que los echen al bote. Es una cosa injusta lo que hicieron. Da la casualidad que no íbamos a enfrentarles, ni a pelear, íbamos por los compañeros que traían y que no debían nada, ellos son inocentes como nosotros.

–¿Qué son para usted los federales?

–Unos lacras que no sirven para nada, nomás vienen aquí a ver que chingan.

Fueron 43 los muertos civiles en Villa Purificación

Villa Purificación, Ecuandureo, Apatzingán… Catalogadas por el gobierno federal y los estatales como “enfrentamientos” con el crimen organizado, masacres como las recientemente perpetradas en esas localidades de Jalisco y Michoacán guardan similitudes: ocultamiento o distorsión informativa por parte de las fuerzas o autoridades implicadas, excesos cada vez más graves en el uso de la fuerza –tipificables incluso como delitos de lesa humanidad– e impunidad sistemática. En lo que respecta a Villa Purificación, Jalisco, una investigación de Proceso ubica la cifra extraoficial de muertos civiles en 43, el doble de los reportados de manera oficial. Y en todos los casos, la duda es la misma: ¿se trató de enfrentamientos o de ejecuciones?

VILLA PURIFICACIÓN, JAL.- En esta población el mes de mayo se llevó la quietud.

Hoy, tropas militares sobrevuelan la zona y patrullan calles, carreteras y brechas; también plantan retenes. Los uniformados de la Fuerza Única Rural (FUR) sustituyeron a los municipales, quienes fueron detenidos por supuestos nexos con el narcotráfico y liberados en masa una semana después.

Molestos por la prepotencia de los soldados y agentes de la FUR, los comerciantes cierran las puertas de negocios y sus casas. Un helicóptero de la Procuraduría General de la República (PGR) maniobra en el aire y desciende para recoger a un presunto detenido, herido u occiso. Luego vuelve elevarse…

Los habitantes de este pueblo, plantado casi en el paraíso hace cinco siglos, viven en la zozobra, temen enfrentamientos similares al del viernes 1, cuando sicarios del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) tumbaron el helicóptero Cougar EC725 al Ejército.

Veinte días después de ese encontronazo, en la contraesquina del Palacio Municipal, a la sombra del escaso arbolado de la plaza principal, a un costado de la parroquia, se concentra una decena de personas. Son familiares de los muertos y desaparecidos desde aquel viernes 1.

Algunos vienen de municipios jaliscienses alejados; otros son de entidades vecinas. Tardaron días en llegar. Y luego, tras horas de infructuosa espera, decidieron regresarse, pues ninguna autoridad les dio razón sobre los 43 cuerpos que los peritos del Servicio Médico Forense (Semefo) se llevaron al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) de Guadalajara.

Estarán pendientes de los resultados del juicio de amparo (el número 666/2015) interpuesto por su abogado, Javier Díaz, interpuesto en el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal para proceder a la identificación de los cadáveres, dicen.

Sin embargo, el instituto asegura que sólo podrá hacerlo si la Fiscalía Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) lo autoriza. Por el momento ni siquiera puede entregar los resultados de las pruebas del ADN para saber sus nombres.

Miedo e indignación

De acuerdo con testimonios de los familiares de las personas muertas o desaparecidas tras la refriega del viernes 1, los soldados amontonaron los cadáveres y los tuvieron a la intemperie durante dos semanas. Los retiraron cuando ya estaban en fase de putrefacción.

Fue hasta el domingo 17, dicen, cuando las autoridades iniciaron la toma de muestras para la realización de exámenes genéticos.

La señora Rosa Mondragón Serrato, esposa de Juan Antonio Gaona de la Mora, un trabajador de la mina de Villa Purificación que desapareció el viernes 1, relata: “Desde el sábado 2 estoy buscando a mi esposo. Ese día recibí la llamada de un hombre que me dijo que vio cuando Juan Antonio fue abatido por el Ejército”.

Continúa: “Juan Antonio es un hombre de trabajo. Es empleado en la mina de Villa Purificación. Al principio estaba en Colima, pero después se lo llevaron a Villa. Él iba a mi casa cada 15 días. La última vez que lo vi fue el pasado 15 de abril; su última llamada la recibí el día 30. Me dijo que estaba bien y me mandó mi dinero de la semana, pero no hubo nada que me dijera o me hiciera sospechar que las cosas no estaban bien.

“Pienso que mi esposo estuvo en el lugar y en el momento equivocado. Si acaso es cierto que lo mataron, no tienen por qué negarnos su cuerpo.

“El día que fui ahí fue el lunes 4 de mayo. Estuve aquí en Villa Purificación, pero no me dieron acceso. A mí me corrió el personal del Ejército. Se ve que están muy molestos.

“Ese día  (los militares) nos empujaban con la culata de sus armas a varias de las mujeres que fuimos. Por eso mucha gente de ese municipio  tiene miedo de reclamar.

“Por lo que yo vi, sí eran muchos (los cadáveres) que tenían ahí. Los tenían amontonados, en desorden. Me pregunto para qué los tenían ahí; por qué no los entregaron. Todavía, cuando me acerco, me tapan el paso y ya no me dejan arrimarme más. Yo vi esos cuerpos, de retiradito. A mí no me lo platicaron.”

Asegura que a los fallecidos los tenían en un predio un poco distante de la carretera a Punta Pérula, en el municipio de La Huerta, por una brecha que conduce a la mina, “porque salimos de la carretera y caminamos un buen tramo, por una brecha”

Y continúa: “Ese día íbamos varias mujeres y hombres que estamos en la misma situación”. Se trata del camino de terracería que une Villa Vieja con Los Achotes y otras rancherías, muy cerca de donde cayó el helicóptero.

“Los militares nos decían que nos alejarnos de ahí, que nos quitáramos o que nos iban a arrestar. Ellos ya no buscan quién se las hizo, sino quién se las pague. Por desgracia quien está pagando es mucha gente inocente”, denuncia la entrevistada.

Y reitera: “Yo lo que pido es que nos entreguen las pruebas de ADN que se nos hicieron para saber si nuestros parientes están entre los fallecidos”.

Recuerda que el domingo 17, luego de que tomaron muestras genéticas a los hijos de los desaparecidos, se les pidió acudir el miércoles 19 a la delegación de la PGR a declarar. La cita era a las 10 de la mañana. Pero ese día nadie esperaba a esas personas.

Los responsables de Comunicación Social informaron que no estaban enterados de esa visita. Luego dijeron a los medios que serían atendidos por gente de la SEIDO que venía de la Ciudad de México. Cerca del mediodía, los familiares de los desaparecidos fueron atendidos por el delegado de la PGR, Gerardo Vázquez, quien les aclaró que todo lo relacionado con la averiguación previa 228/2015 estaba en manos de la SEIDO.

La señora Mondragón  Serrato dice que el grupo de inconformes es representado por personas que se atreven a alzar la voz. No obstante, admite que la mayoría de la gente está preocupada e indignada porque ni el Ejército ni las demás autoridades les permiten reconocer a los muertos. Otros tienen problemas porque no pueden moverse hacia sus ranchos para darles de comer al ganado.

“Nosotros no tenemos que hacer nada en México, no tenemos dinero. Nuestros familiares están aquí, y las muestras de ADN se hicieron aquí, no podemos viajar a México”, insiste.

Agrega: “Yo me dirijo al presidente Enrique Peña Nieto y al gobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz y les pregunto: ¿por qué no piden una investigación real sobre lo acontecido en Villa Purificación? Pregunto si saben qué está pasando en las poblaciones y rancherías de El Grullo, Autlán, la Huerta, El Limón, Casimiro Castillo, Cuatro Caminos, Tonaya.

“Todo está lleno de Ejército. Sabemos que hay 11 mil elementos y se espera la llegada de al menos otros mil federales. La gente está asustada, la zona esta militarizada.”

Denuncia que los militares, el Semefo y la PGR pasan por encima del dolor y la dignidad de las familias y obstruyen que al menos se les pueda ofrecer la identificación y dar una sepultura digna a sus muertos, si se comprueba que en efecto fueron abatidos por el Ejército.

Saldos de la guerra

A tres semanas del intento fallido por capturar a Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, líder del CJNG, se estima que han fallecido por lo menos 60 personas tan sólo en la Costa Sur Jalisco, incluidos los nueve militares que iban en el helicóptero derribado.

De acuerdo con los familiares de los desaparecidos, los militares mantuvieron a la intemperie los cuerpos de los civiles –a ocho kilómetros de esta cabecera municipal, ubicada en tierra pródiga–. Ahí, dicen, estuvieron durante 15 días; hasta el sábado 16 llegaron al Semefo en completo estado de descomposición.

A esos 60 fallecidos se agregan los 43 civiles caídos el viernes 22 en un presunto enfrentamiento entre sicarios del CJNG en Ecuandureo, Michoacán, en los límites con Jalisco, el viernes 22. De acuerdo con el reporte oficial, varios desconocidos agredieron a balazos a un grupo de policías federales y que después se refugiaron en el rancho de El Sol.

El antecedente de dicha balacera, según se desprende de distintas versiones, es consecuencia del abatimiento del helicóptero con lanzacohetes tipo RPG, de fabricación rusa.

El martes 19, murieron cuatro militares en el balneario natural El Salto en un punto denominado La Isla, en el poblado de La Eca, 20 kilómetros al norponiente de esta cabecera municipal, a un costado de la terracería a Talpa de Allende, al pie de la sierra. Al principio se creyó que alguien les había disparado. La Secretaría de la Defensa Nacional mantuvo el caso bajo reserva.

Sin embargo, con base en los testimonios recogidos en Villa Purificación y en el balneario –en realidad es una cascada– Proceso supo que los uniformados habían bebido alcohol y empezaron a discutir entre ellos. De repente uno sacó su arma y disparó contra tres de sus compañeros. Luego se suicidó.

Otros soldados comenzaron a borrar las evidencias y se llevaron los cuerpos. “Ellos mismos se llevaron todo, cuerpos y casquillos”, dice uno de los entrevistados en La Eca.

Hasta el viernes 22, el número de “víctimas fatales” de la Operación Jalisco sumaban al menos 104, incluidos los civiles de Villa Purificación cuyas vestimentas eran de camuflaje y presumiblemente formaban parte del grupo de guardaespaldas del Mencho, según los testimonios recogidos por los reporteros .

Uno de ellos –afirma uno de los entrevistados– incluso tenía una gorra negra con la leyenda “Fuerzas Especiales, CJNG”.

Con el Jesús en la boca

La sicosis en la Costa Sur inicia en Autlán y se prolonga por el resto de las poblaciones ubicadas en ambos lados de la carretera a Barra de Navidad, y se extiende principalmente a los municipios de Casimiro Castillo, La Huerta, Cuautitlán de García Barragán y, en particular, a Villa Purificación.

Durante el día, las calles y plazas permanecen casi desiertas y muchos negocios están cerrados en las poblaciones grandes y en las rancherías. Por las noches, el temor a que se desaten nuevos enfrentamientos se multiplica y las ciudades se vacían.

El viernes 15 la FUR desarmó a la Policía Municipal de Villa Purificación por presuntos nexos con el crimen organizado. Igual ocurrió en Unión de Tula, en un operativo que terminó con la detención de 30 agentes municipales de los dos municipios y con la retención de dos directores de seguridad.

Los agentes estuvieron arraigados, pero el viernes 22 ya estaban de regreso en sus casas. Dos días después, el obispado de Autlán, tras una reunión con su presbiterio, su titular monseñor Gonzalo Galván convocó a todos los feligreses a movilizarse en favor de la paz en todas las poblaciones.

En La Concepción (La Concha), municipio de La Huerta, la Sedena llevó tanques de guerra; también a Purificación.

Tras cruzar un retén y celebrar misa, el cura del lugar, Martín  Pelayo, comenta que el obispo los convocó a no dejar las ovejas dispersas cuando viene el lobo. Por eso han convocado a marchas en toda su jurisdicción, la misma donde El Mencho realiza sus principales correrías.

La imagen de las tanquetas, los camiones pesados repletos de soldados, las camionetas con metralletas empotradas en las cajas, el constante sobrevuelo de helicópteros en Autlán de Villa Purificación y Unión de Tula quebrantan la tranquilidad de la zona.

“Yo llevaba mi niño de brazos y me pidieron que lo dejara para poderme revisar. Cuando lo hice, el niño empezó a llorar. Pensé que me iban a dejar ir o a regresármelo;  pero no. Siguieron con la inspección y luego me regresaron al bebe”, comenta una habitante de la región Costa Sur. Y añade: “Es como llegar a un estado en guerra”.

Las ventas en la zona cayeron  entre 60 y 80% en lo que va de mayo, dicen los comerciantes. De continuar esta situación, muchos de los establecimientos podrían irse a la ruina.

Los reporteros buscaron al alcalde de Purificación, el priista Valentín Rodríguez Peña, pero no lo encontró, pese a que su secretario particular, José de Jesús Carrizales, asegura que el funcionario continúa trabajando con normalidad.

La planta baja de la entrada principal del edificio del ayuntamiento está resguardada por agentes de seguridad que portan armas largas. En el segundo piso está un francotirador de la FUR; a su lado hay una metralleta colocada sobre un tripié que apunta hacia la plaza principal.

Algunos lugareños comentan que un hombre llamado Mario tardó varios días en liberar a uno de sus tres hijos que se llevó la FUR el 15 de mayo. Eran policías, dicen.

Según Carrizales, a los policías municipales retenidos por la FUR se les depositó el pago de su quincena para ayudar a sus familias, pero desconoce cuándo serán liberados.

Los habitantes de Purificación aseguran que el ómbudsman jalisciense, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, instruyó a sus colaboradores en esa región a no recibir ninguna queja relacionada con el operativo militar que se inició el viernes 1. Además, hasta el viernes 22 ninguna autoridad les había dicho a los lugareños que las garantías individuales están suspendidas.

“Nos dicen que nos metamos a nuestras casas temprano, que no andemos en la calle y que mantengamos las puertas cerradas”, refiere uno de los entrevistados.

Junto al edificio del ayuntamiento hay un puesto de objetos religiosos donde la figura central es la imagen de la Santa Muerte. No le faltan clientes. En el entorno también hay centros botaneros y en las camionetas que circulan por ese perímetro se escuchan narcocorridos.

Cristianos en Egipto sufren ataques de seguidores del depuesto Mursi

La iglesia copta ha sido víctima del conflicto entre islamistas y autoridades. Según la policía 26 templos fueron devastados en todo el país.

Dpa
Publicado: 15/08/2013 09:43

El Cairo. La Iglesia copta en Egipto ha sido víctima del conflicto entre los islamistas y autoridades: simpatizantes de los seguidores del presidente derrocado Mohamed Mursi atacaron iglesias y otras instituciones de la minoría cristiana en nueve provincias tras el inicio de la actuación policial en El Cairo.

Según la policía y activistas cristianos, 26 iglesias fueron devastadas en todo el país y 13 resultaron ligeramente dañadas. Los atacantes lanzaron, entre otras cosas, bombas incendiarias contra los edificios.

Después de que la policía comenzara el miércoles a desalojar por la fuerza los campamentos de protesta de los seguidores de Mursi en El Cairo, los extremistas atacaron seis escuelas cristianas y cuatro centros comunitarios.

En Suez una escuela de los franciscanos fue incendiada y en las sureñas provincias de Al Minia y Luxor islamistas destrozaron viviendas, automóviles, negocios y barcos de excursiones por el Nilo pertenecientes a cristianos.

En Luxor incendiaron dos plantas de un hotel que pertenecía a un cristiano, aunque no hubo turistas heridos.

Los lugares más turísticos se libraron hasta ahora más o menos de la violencia. Sin embargo, en el balneario de Hurghada, en las costas del Mar Rojo, murió en la noche del miércoles un seguidor de los Hermanos Musulmanes en enfrentamientos entre la policía y manifestantes, informaron las fuerzas de seguridad.

El coordinador del movimiento egipcio contra la discriminación religiosa, Munir Megahed, denunció, antes del inicio de la intervención de la policía en El Cairo, amenazas reforzadas en las últimas semanas contra la minoría cristiana. "Los coptos no pueden convertirse en chivos expiatorios", dijo entonces.

¿ Y esta masacre no tuvo importancia porque fue en un estado yunqueto ?

Mientras en Creel, Chihuahua, un comando de sicarios masacra a 13 personas, con la total ausencia de policías y Ejército, en la misma sierra, en el Mineral de Dolores, alrededor de un centenar de efectivos federales y estatales protegen los intereses de una compañía minera extranjera, acosando el plantón de mujeres y hombres del ejido Huizopa, que no hacen otra cosa que la defensa de su medio ambiente, su territorio y mejores condiciones para su pueblo. Así de clara es la agenda de seguridad del Estado mexicano.

Sábado 16 de agosto: poco antes de las seis de la tarde tres camionetas de lujo conduciendo a una decena de sicarios llegan afuera de la bodega donde se celebra una fiesta de jóvenes en Creel. Aparentemente buscan a dos personas para ultimarlas, pero los ejecutores no conocen la precisión: rafaguean a mansalva reventando cuerpos, segando vidas, entre ellas la de un niño de un año que perece a pesar del gesto heroico de su padre que lo cubre con su cuerpo.

Lo inexplicable es que ni en las horas anteriores ni en las posteriores a la matanza se hacen presentes la policía o el Ejército en Creel. La única autoridad que está ahí, desde el estallamiento del dolor de las familias, es la religiosa. El sacerdote jesuita Javier Ávila no funge solamente como pastor de su grey machacada, sino como sicólogo y hasta perito judicial. Ante la ausencia de todos, las autoridades le piden por teléfono tomar fotos de los cuerpos masacrados mientras policías, agentes del Ministerio Público y peritos salen de sus escondites.

Las explicaciones sobre la ausencia de las fuerzas de seguridad en Creel en esos momentos palidecen ante las dudas y las denuncias. Algunos elementos policiacos han manifestado que sus superiores les ordenaron retirarse de la población porque ahí habría ejecuciones. No se ha confirmado, lo único cierto es que en esas horas de angustia ni los militares, ni la Policía Federal Preventiva, ni la policía ministerial, ni la CIPOL estaban en Creel. Al lugar de los hechos acudió sólo una patrulla de vialidad.

Ese día el Estado no existió para las familias de Creel. Su derecho humano fundamental, el de la vida, el que da origen al pacto que funda el Estado, no fue cumplimentado. Se ha producido una gravísima violación a los derechos humanos, por omisión, dada la ineficacia de todos los órdenes de gobierno. En la desesperación e impotencia totales ante la magnitud de la tragedia y las autoridades omisas, los pobladores de Creel advierten ahora que se harán justicia por su propia mano. El linchamiento como sustituto de la ineficiencia, la cobardía y la complicidad de las autoridades.

La huída o el pasmo de las fuerzas estatales no encuentra a los días siguientes explicaciones sino a lo más “interpretaciones”. La procuradora atribuye la masacre a La Línea, rama del cártel de Juárez que domina la sierra y el medio rural de Chihuahua. También explica lo obvio: “es un acto de terrorismo para amedrentar a la población”.

El gobernador del estado, después de decenas de muertos descubre por fin el hilo negro, escucha los llamados que meses antes se le hicieron y plantea “que se revise el operativo Chihuahua, porque no está dando resultados”. Va más allá: manifiesta que es necesario “revisar nuestro régimen de libertades individuales y garantías ciudadanas”. En el Congreso, la zozobra de las familias de Creel es aprovechada para que los panistas pidan las cabezas de los funcionarios y funcionarias de seguridad priístas, y los priístas, de los correspondientes panistas. El gobierno federal procede con presteza a tapar los pozos una vez ahogados los niños: envía docenas de soldados a la sierra a perseguir a los asesinos, que seguramente estarán a buen recaudo no en las casas de seguridad, sino en los municipios enteros de seguridad de que disponen.

Ni el sacudimiento de Creel detiene el río de sangre. Los últimos días las cifras de ejecutados siguen creciendo. Nada menos el día anterior a escribir estas líneas se agregaron nueve más a la suma de ejecutados en Ciudad Juárez y dos más en la ciudad de Chihuahua. Al punto que la población se pregunta: “¿Por qué las fuerzas del gobierno no pueden impedir la matanza…? ¿No será que son ellas mismas quienes la perpetran?” El Estado posweberiano: de monopolizador de la violencia legítima, a monopolizador de la ineficacia extrema, o monopolizador de todas las violencias.

Demasiado pacientes son los hombres y las mujeres de Creel, que sólo claman por justicia en sus protestas y no disparan el muy merecido: ¡que se vayan todos!

Escrito por: Víctor M. Quintana S.
Tomado de: La Jornada 23/08/2008