¿ Y esta masacre no tuvo importancia porque fue en un estado yunqueto ?

Mientras en Creel, Chihuahua, un comando de sicarios masacra a 13 personas, con la total ausencia de policías y Ejército, en la misma sierra, en el Mineral de Dolores, alrededor de un centenar de efectivos federales y estatales protegen los intereses de una compañía minera extranjera, acosando el plantón de mujeres y hombres del ejido Huizopa, que no hacen otra cosa que la defensa de su medio ambiente, su territorio y mejores condiciones para su pueblo. Así de clara es la agenda de seguridad del Estado mexicano.

Sábado 16 de agosto: poco antes de las seis de la tarde tres camionetas de lujo conduciendo a una decena de sicarios llegan afuera de la bodega donde se celebra una fiesta de jóvenes en Creel. Aparentemente buscan a dos personas para ultimarlas, pero los ejecutores no conocen la precisión: rafaguean a mansalva reventando cuerpos, segando vidas, entre ellas la de un niño de un año que perece a pesar del gesto heroico de su padre que lo cubre con su cuerpo.

Lo inexplicable es que ni en las horas anteriores ni en las posteriores a la matanza se hacen presentes la policía o el Ejército en Creel. La única autoridad que está ahí, desde el estallamiento del dolor de las familias, es la religiosa. El sacerdote jesuita Javier Ávila no funge solamente como pastor de su grey machacada, sino como sicólogo y hasta perito judicial. Ante la ausencia de todos, las autoridades le piden por teléfono tomar fotos de los cuerpos masacrados mientras policías, agentes del Ministerio Público y peritos salen de sus escondites.

Las explicaciones sobre la ausencia de las fuerzas de seguridad en Creel en esos momentos palidecen ante las dudas y las denuncias. Algunos elementos policiacos han manifestado que sus superiores les ordenaron retirarse de la población porque ahí habría ejecuciones. No se ha confirmado, lo único cierto es que en esas horas de angustia ni los militares, ni la Policía Federal Preventiva, ni la policía ministerial, ni la CIPOL estaban en Creel. Al lugar de los hechos acudió sólo una patrulla de vialidad.

Ese día el Estado no existió para las familias de Creel. Su derecho humano fundamental, el de la vida, el que da origen al pacto que funda el Estado, no fue cumplimentado. Se ha producido una gravísima violación a los derechos humanos, por omisión, dada la ineficacia de todos los órdenes de gobierno. En la desesperación e impotencia totales ante la magnitud de la tragedia y las autoridades omisas, los pobladores de Creel advierten ahora que se harán justicia por su propia mano. El linchamiento como sustituto de la ineficiencia, la cobardía y la complicidad de las autoridades.

La huída o el pasmo de las fuerzas estatales no encuentra a los días siguientes explicaciones sino a lo más “interpretaciones”. La procuradora atribuye la masacre a La Línea, rama del cártel de Juárez que domina la sierra y el medio rural de Chihuahua. También explica lo obvio: “es un acto de terrorismo para amedrentar a la población”.

El gobernador del estado, después de decenas de muertos descubre por fin el hilo negro, escucha los llamados que meses antes se le hicieron y plantea “que se revise el operativo Chihuahua, porque no está dando resultados”. Va más allá: manifiesta que es necesario “revisar nuestro régimen de libertades individuales y garantías ciudadanas”. En el Congreso, la zozobra de las familias de Creel es aprovechada para que los panistas pidan las cabezas de los funcionarios y funcionarias de seguridad priístas, y los priístas, de los correspondientes panistas. El gobierno federal procede con presteza a tapar los pozos una vez ahogados los niños: envía docenas de soldados a la sierra a perseguir a los asesinos, que seguramente estarán a buen recaudo no en las casas de seguridad, sino en los municipios enteros de seguridad de que disponen.

Ni el sacudimiento de Creel detiene el río de sangre. Los últimos días las cifras de ejecutados siguen creciendo. Nada menos el día anterior a escribir estas líneas se agregaron nueve más a la suma de ejecutados en Ciudad Juárez y dos más en la ciudad de Chihuahua. Al punto que la población se pregunta: “¿Por qué las fuerzas del gobierno no pueden impedir la matanza…? ¿No será que son ellas mismas quienes la perpetran?” El Estado posweberiano: de monopolizador de la violencia legítima, a monopolizador de la ineficacia extrema, o monopolizador de todas las violencias.

Demasiado pacientes son los hombres y las mujeres de Creel, que sólo claman por justicia en sus protestas y no disparan el muy merecido: ¡que se vayan todos!

Escrito por: Víctor M. Quintana S.
Tomado de: La Jornada 23/08/2008