El Gobierno usa el basurero para tapar cosas más graves en el Informe del GIEI: Torero

Ciudad de México, 11 de septiembre (SinEmbargo).- Si México quiere resolver el caso de los 43 estudiantes de la Escuela Rural Raúl Isidro Burgos, debe enfocarse en las recomendaciones de las otras 490 páginas del informe que realizó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independiente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (GIEI-CIDH), dijo en entrevista con SinEmbargo el perito José Torero Cullen, que realizó el peritaje de la dinámica del fuego en el basurero de Cocula y que concluyó que no existe evidencia científica para sostener la “verdad histórica” de la Procuraduría General de la República (PGR).

“Mi informe son solamente 10 páginas de un documento de 500. Estamos pasando todo el tiempo discutiendo esas 10 páginas, ignorando las recomendaciones de las otras 490”, dijo y afirmó: “en el resto de las recomendaciones es donde van a encontrar más posibilidades de encontrar la verdad”.

Recomendaciones que hablan de investigar la omisión de un quinto autobús en el expediente de la PGR, que pudo ser el móvil que detonó la agresión a los estudiantes, al poder estar cargado con droga y dinero.

Investigar también la presencia de la Policía federal, ministerial y del Ejército durante los distintos momentos y escenarios del ataque y persecución a los cinco autobuses tomados por los muchachos.

El domingo, después de la presentación del informe del GIEI, la Procuradora Arely Gómez González dijo que la PGR estudiaría la incorporación del informe en la averiguación sobre la desaparición de los normalistas y anunció que se realizaría un nuevo peritaje “a cargo de un cuerpo colegiado de peritos forenses del mas alto nivel”.

José Torero Cullen indicó que la PGR pone en duda el peritaje independiente que él realizó por petición de los expertos del GIEI y vuelca la atención sobre un tema que debió ya ser descartado, en lugar investigar asuntos como el quinto autobús omitido en el expediente y otras revelaciones del informe.

“Esta investigación se hizo como una investigación independiente. Lo que yo entendí es que en un principio la PGR y el Gobierno iban aceptar esa investigación y en función a eso seguir trabajando para resolver este problema. Lo que han hecho es objetar la investigación y en el momento que lo hacen, se genera un debate enorme acerca de la posibilidad de haber existido o no la incineración en el basurero de Cocula”, dijo.

El perito prosiguió: “si una analiza lo que está pasando, básicamente no estamos eliminando esa posibilidad [la quema de los 43 estudiantes en el basurero], sino que nos estamos enfocando nuevamente en ella”.

El perito fue contundente: no existe la posibilidad de que otros peritajes serios avalen la “verdad histórica” del ex Procurador Jesús Murillo Karam: que los 43 fueron quemados e incinerados en el basurero de Cocula. Eso nunca ocurrió, afirmó.

Torero encontró evidencia de pequeños fuegos o fogatas encendidas en ese basurero, de hasta tres a cinco años atrás.

La versión de la PGR se sostiene solamente en declaraciones de inculpados, completamente imposibles.

“Si uno agarra los testimonios de los inculpados, ellos dicen que había un incendio de una magnitud enorme, podríamos olvidarnos de los cadáveres, la incineración del cuerpo y nada, simplemente agarremos el testimonio de los inculpados que dicen que había un incendio de dimensiones de 15 metros por cuatro metros: con un incendio así toda la vegetación y la basura del basurero debió ser involucrado. Eso no se puede esconder, no hay manera de esconder que la hipótesis que se basa en testimonios es incorrecta. No hay evidencia material”, dijo.

QUE PGR INVESTIGUE RECOMENDACIONES

José Torero aseguró que al final del camino, lo único que revelará un nuevo peritaje, con expertos internacionales, será que al evaluar la hipótesis de la PGR y el informe de la dinámica del fuego, es que la “verdad histórica” nunca existió.

Pero en el proceso, la PGR debe investigar y tomar en serio el resto de las recomendaciones que realizó el GIEI en las 490 páginas restantes.

México podría perder “muchísimo tiempo”, valioso, en darle vueltas a lo ocurrido en el basurero de Cocula, indicó.

“Eso no implica que uno no pueda seguir avanzando en las otras recomendaciones. Una cosa no depende de la otra. La PGR está cuestionando el hecho de que nosotros descartamos su hipótesis, quieren resolver eso: lo ponemos a un lado, traemos expertos y resolvemos, pero eso no implica no evaluar el resto y seguir trabajando en resolver las demás cuestiones”, dijo.

Torero Cullen lamentó que en las primeras planas de los periódicos aparezca su nombre y su trabajo y no el autobús omitido en el expediente de la PGR.

“¿De qué estamos hablando?, ¿de un pedacito del informe o de todas las revelaciones? Muchas de ellas más importantes que los aspectos que yo trato en mi informe”, indicó.

El perito agregó que a nivel mundial sólo existen alrededor de 10 especialistas reconocidos que pueden tomar en sus manos la revisión y contraste de la hipótesis de la PGR sobre la “verdad histórica” y el trabajo realizado por él que echa abajo esa versión.

John deHaan (USA), John Lentini (USA), Dougal Drysdale (UK), Richard Roby (USA), James Quintiere (USA), Harri Kytomaa (USA), Frederick Mowrer (USA), Chris Foster (UK)

y James Lygate (UK) son esos peritos.

Cualquiera que tome el caso será serio, pues por la magnitud del caso estará poniendo en juego su reputación, indicó.

“Son los expertos mundiales en esta área, cualquier grupo de esas personas son el único tipo de gente capaces de analizar este caso”, afirmó.

REVELACIONES QUE DEBEN INVESTIGARSE

El informe del GIEI habla sobre un quinto autobús que desapareció de la escena y que nunca investigó la PGR como parte de su verdad histórica. También revela la existencia de un mensaje de texto que el normalista Jorge Aníbal Cruz Mendoza envió a su madre la madrugada del 27 septiembre.

El informe dice que el teléfono celular de Cruz Mendoza registra una llamada a las 22:16 horas del 26 de septiembre desde una antena cercana al Palacio de Justicia de la ciudad de Iguala de la Independencia, con coordenadas 18o19 ́44” N, 99o30 ́27” W, lugar donde se encontraba el autobús Estrella de Oro 1531. Precisa que el normalista recibió un mensaje a las 22:23:20 horas.

Posteriormente, dice el documento, a las 01:16 horas del día 27 de septiembre, su madre recibió este mensaje: “mamá me puede poner una carga me urge”. De este mensaje no se tiene conocimiento de la coordenada, refiere el documento presentado por el GIEI de la CIDH.

“Después del 28 de septiembre al 20 de octubre diversas llamadas y mensajes entraron al celular de Jorge Aníbal. EL GIEI no ha podido determinar si hay razones técnicas que expliquen estos hechos, pero ha solicitado la investigación de estos mensajes, debido a que según las declaraciones de inculpados los teléfonos habrían sido destruidos inmediatamente”, refirió el Grupo de Expertos.

También existe un quinto autobús que omitido por Murillo Karam en el expediente, que liga a la Policía federal con el ataque.

El quinto camión en la escena de Iguala, los días 26 por la noche y en el amanecer del 27 de septiembre, encierra un misterio que quizás haya sido develado por el informe del grupo de expertos.

Hecho a un lado por la PGR, bajo el mando de Jesús Murillo Karam –quien lo omitió en el expediente–, el Estrella Roja con 14 normalistas fue vaciado a punta de balazos por la Policía Federal a la altura del Palacio de Justicia, en la salida Iguala-Chilpancingo. Y luego desapareció del informe oficial que se ha bautizado como “verdad histórica”. Después pudo haber reaparecido quemado, pero los expertos hablan de la posibilidad de que no sea el mismo.

Pero los eventos entorno a este camión, defendido con fuego –y que pudo contener droga o armas de los Guerreros Unidos– confirmaría que agentes de la Policía Federal participaron en la persecución de los normalistas.

Se omitió bajo el pretexto de que fue abandonado por los estudiantes inmediatamente después de sacarlo de la Central de Camiones de Iguala, porque “se pusieron nerviosos y pensaron que no servía”, de acuerdo con la declaración del chofer, misma que fue usada por la PGR para no consignarlo, a pesar de que era parte de la escena del crimen, como fue declarado por los normalistas sobrevivientes ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Guerrero y retomado en el informe del Grupo de Expertos.

En el informe independiente, los federales no sólo aparecen allí, al momento de bajar a los jóvenes. También en ataques posteriores y en una persecución que duró horas, entre el 26 y 27 de septiembre.

“Cuando estábamos en la salida ya hacia Chilpancingo, empezamos a ver que los autos se estaban deteniendo y se echaban de reversa por sentido contrario. Un carro nos hizo señas de que estaban disparando y el autobús se paró. Entonces llamé a A y me dijo: ‘Regrésate y ayúdame, están disparando’. Pero en ese tiempo llegan patrullas de federales detrás del autobús en que íbamos, y se pararon como 30 metros delante y empezaron a revisar los carros. Me bajé, y un policía me echó la luz y apuntar con el arma, por lo que nos bajamos todos: ‘muévanse, hagan una pendejada y..’ Nosotros también empezamos a gritar cualquier cosa, relata F”.

Organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos y abogados penalistas mexicanos recomendaron luego de las revelaciones del informe iniciar de cero la investigación sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, en Guerrero, y llamar a cuentas al ex Procurador Jesús Murillo Karam.

“El informe de los Expertos deja claro que el Gobierno trató de vender a las familias, a la sociedad mexicana y a la comunidad internacional una versión de los hechos que, lejos de ser la verdad, no tiene evidencia científica […] El gobierno prefirió la conveniencia sobre la veracidad y tomó varias medidas, incluyendo posiblemente el uso de tortura, para respaldar su versión de los hechos”, sostuvo este lunes en un comunicado Maureen Meyer, coordinadora principal del Programa de México de WOLA, organización que promueve los derechos humanos, la democracia y la justicia social por medio del trabajo conjunto con contrapartes locales en Latinoamérica y el Caribe.

La noche del crimen, los jóvenes fueron interceptados por la Policía Federal, encañonados para vaciar el camión, obligados a huir hacia los cerros y perseguidos a balazos durante varias horas, según consta en el informe de los expertos de la CIDH.

“Los testimonios de los sobrevivientes son consistentes entre sí, en que fueron obligados a bajar del bus, estando a unos 100 metros del autobús, Estrella Oro, y que huyeron a un cerro. Existen varias evidencias en el C-4 de llamadas sobre movimientos de jóvenes en dicha zona y la colonia Pajaritos y la colonia 24 de febrero que concuerdan totalmente con las declaraciones de nos normalistas y que fueron finalmente confirmadas ante la propia PGR en declaración nuevamente rendida en julio de 2015. Un testigo señalan que en ese escenario, a unos 100 metros del autobús, antes de donde se encontraba el autobús Estrella de Oro, fue detenido por una patrulla de la Policía Federal. Una declaración manuscrita en el expediente de otro testigo lo señala también. Estas circunstancias no se han investigado hasta ahora”, dice el informe.

El autobús Estrella Roja fue vaciado. Antes, en el mismo escenario, varios normalistas fueron bajados, golpeados. Este último transporte fue quemado y destrozado por policías municipales de Iguala. Cuando los ocupantes del autobús Estrella Roja fueron bajados a punta de pistola, los jóvenes escaparon hacia los cerros y una hora después bajaron hacia la carretera, donde fueron perseguidos a balazos. Eso dice el reporte.

Esa persecución duró varias horas. Ese grupo de 14 normalistas prácticamente fue cazado, sin éxito por la Policía.

Lograron escapar ocultándose en casas durante toda la noche.

Al presentar el autobús Estrella Roja que habría sido abandonado, los expertos del GIEI determinaron a través de un peritaje que podría no tratarse del mismo camión que fue tomado por los 14 estudiantes y que aparece en un video que lograron recuperar del momento en que salen los autobuses de la central camionera de Iguala.

Los obispos de Guerrero exigen la verdad en Iguala y alertan por descontento social

Ciudad de México, 11 de septiembre (SinEmbargo).– Los cuatro obispos que integran la Provincia Eclesiástica de Acapulco, en Guerrero, reclamaron conocer la verdad sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa para, dijeron, exigir justicia por lo que les ocurrió y lamentaron que las deficiencias halladas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (GIEI-CIDH) en este caso “parecen repetirse en otros casos, como los 25 mil desaparecidos que hay en el país”.

“Las deficiencias que han sido señaladas en esta investigación parecen repetirse en otros casos, como los 25 mil desaparecidos que hay en el país y que están a la espera de ser esclarecidos como condición para la justicia y para la reparación del daño. Este drama provoca dolor y rabia en las familias de todos ellos, que con justa razón exigen conocer la verdad sobre cada uno de sus casos. Esta es una herida nacional que tiene que ser atendida y curada, pues el país no se puede reconstruir sin verdad y justicia”, dijeron los obispos mediante un pronunciamiento público.

El Arzobispo de Acapulco, Carlos Garfias Merlos, y los obispos de Chilpancingo, Salvador Rangel Mendoza; de Tlapa, Dagoberto Sosa Arriaga y de Ciudad Altamirano, Maximino Martínez Miranda, manifestaron que de cara al primer “aniversario de la de la tragedia de Iguala, la verdad de este caso es fundamental para avanzar hacia la reconciliación, el progreso y la paz”, porque de lo contrario, alertaron, se corre “el riesgo de un crecimiento de las tensiones sociales”.

Manifestaron que las conclusiones del GIEI-CIDH sobre que los 43 jóvenes no pudieron haber sido incinerados en el basurero de Cocula, como señaló en su momento la Procuraduría General de la República (PGR) al referirse a la “verdad histórica”, muestra que se debe continuar con su búsqueda. “Esta conclusión del informe del GIEI, junto con las otras que le acompañan, urge a una renovada exigencia de la verdad”, dijeron.

Informaron, que de no llegar a la verdad de lo que ocurrió con los normalistas de Ayotzinapa “se corre el riesgo de un crecimiento de las tensiones sociales que se han dado desde entonces y que se han manifestado en las plazas y en las calles del país y del estado de Guerrero”.

“Nuevamente llamamos a las autoridades a que den respuesta cabal a estas demandas sociales en todo lo que tienen de legítimas. La exigencia de la verdad en el caso y la justicia para las víctimas es una exigencia social que no puede postergarse más, como una condición básica para el desarrollo y la democracia”, exigieron.

Por ello, los obispos de la Provincia eclesiástica de Acapulco alentaron a realizar esfuerzos “por la vía pacífica, para conocer la verdad y para exigir la justicia, y hacemos votos para que la conmemoración del aniversario de la tragedia de Iguala abone a la paz y a la reconciliación, que se sustentan en la verdad y en la justicia”.

En este mismo sentido se expresaron ayer más de 250 organizaciones nacionales e internacionales, así como diversas personalidades, quienes exigieron al Gobierno de México que como, muestra de “mínima verdadera voluntad para hacer justicia”, haga suyas las recomendaciones hechas por el Grupo de Expertos.

Organizaciones como Artículo 19, Acción Ciudadana (de Guatemala), Asociación por los Derechos Civiles (de Argentina), el Centro de Derechos Humanos, Fray Francisco de Vitoria, Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), Corporación Transparencia por Colombia, Fundación ProAcceso Fundación ProAcceso (de Chile), la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”, así como el activista mexicano Javier Sicilia, entre muchas otros, sostuvieron su respaldo absoluto al informe presentado por el Grupo de Expertos, en el que, agregaron, se ha documentado con solidez el ocultamiento y tergiversación de la información dentro de la investigación oficial llevada a cabo por la Procuraduría General de la República sobre el caso de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”.

“Esta distorsión de la verdad por parte de las más altas autoridades en México, ha generado un gran sufrimiento en las víctimas y sus familiares. Por tanto, como una muestra mínima de verdadera voluntad para hacer justicia y de propiciar la reconstrucción de la confianza con las víctimas y sus familiares, exigimos al gobierno Mexicano que, sin cuestionamiento alguno, haga suyas las recomendaciones hechas por el GIEI y cumpla a cabalidad con ellas”, exigieron.

Destacaron que el Grupo de Expertos reconoció que “la problemática de de la desaparición trasciende el caso de los 43 estudiantes normalistas y afectan a miles de familias en México”.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos y Expertas Independientes, integrado por cinco representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aportó el domingo pasado al menos dos nuevas líneas de investigación que echan a la basura “la verdad histórica” oficial sobre la desaparición de 43 alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, hace casi un año.

Hay un camión desaparecido que podría ser clave para conocer el destino de los normalistas, no existe evidencia de que los jóvenes fueron quemados en un basurero del municipio de Cocula, como lo afirmó el 27 de enero de 2015 la PGR.

El informe del GIEI también revela que en todo momento, elementos de la Policía Federal, el Ejército y corporaciones municipales tuvieron conocimiento de la ruta que siguieron los cinco camiones tomados por los normalistas en los que viajarían a la Ciudad de México para asistir a la marcha del 2 de octubre.

IMÁGENES FUERTES. Balacera entre federales y sicarios deja cuatro muertos en Zumpango, Guerrero

CHILPANCINGO, Gro. (proceso.com.mx).- Al menos cuatro muertos dejó un enfrentamiento armado entre policías federales y presuntos sicarios en el poblado de Zumpango, municipio de Eduardo Neri.
La balacera se registró a las 10:20 horas de este sábado en el bar “No le digas a mamá”, en pleno centro de esa comunidad, ubicada a 15 minutos de esta capital, sobre la carretera federal México-Acapulco, indican reportes oficiales.
Un grupo de fuerzas especiales de la Policía Federal irrumpió en el antro donde se refugiaba una célula delincuencial al servicio de la pandilla Los Rojos‎ y enseguida se desató la balacera que provocó pánico y terror entre los ciudadanos.
Hasta el momento‎, las autoridades federales reportan a cuatro presuntos delincuentes abatidos, así como el decomiso de armas.
Zumpango permanece sitiado por agentes federales que mantienen un operativo en el lugar en busca del resto de los delincuentes que escaparon.
Reportes federales señalan que el municipio de Eduardo Neri, administrado por el PRI, se ha convertido en una guarida de Los Rojos, quienes tienen su bastión en Chilpancingo y mantienen sometidas a las autoridades locales de la región Centro de la entidad.
La acción violenta se registra en el contexto del cierre de la feria de La Candelaria que comenzó el primero de febrero y culmina este domingo 16.
Al respecto, ciudadanos señalaron que desde hace tres años, Zumpango del Río está secuestrado por la delincuencia que opera impunemente bajo el manto protector de las autoridades ‎locales.
Habitantes consultados en el lugar señalaron que la feria es administrada por la delincuencia y  los criminales estuvieron cobrando cuota a los establecimientos comerciales como sucedió con la narcoferia de Chilpancingo.
Incluso, en días pasados, un grupo armado irrumpió en el bar Old Country y desnudaron a decenas de jóvenes -hombres y mujeres- que se divertían en el lugar debido a que el propietario se negó a pagar la cuota a los delincuentes, señalaron pobladores de Zumpango.
Paradójicamente, afuera de la comunidad se encuentra un retén del Ejército sobre la carretera federal y ninguna autoridad intervino para frenar las acciones criminales.
Apenas este jueves 13, ganaderos y comerciantes de Zumpango del Río habían realizado una reunión donde acordaron tomar las armas y asumirse como autodefensa para enfrentar directamente a la delincuencia ante la criminal indolencia gubernamental.

Niega Aguirre que su gobierno pagara fianza a cetegistas; ‘lo inventó Proceso’, dice

CHILPANCINGO, Gro. (apro).- El gobernador Ángel Aguirre Rivero estalló contraProceso y acusó a este reportero de haber inventado que el gobierno estatal pagó la fianza de los cuatro integrantes del magisterio disidente que fueron detenidos y posteriormente liberados por un acuerdo entre el gobierno federal y la dirigencia de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

“Eso es falso, eso lo inventó Ezequiel de Proceso. No es verdad, no hubo ningún pago de fianzas por parte del gobierno del estado, por supuesto que no, eso es falso”, expresó molesto Aguirre sin aportar elementos durante una rueda de prensa realizada en la Casa de Gobierno, a la que el corresponsal no fue convocado.

No obstante, Aguirre reconoció que los cuatro integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) se encuentran libres bajo caución, como se reveló el domingo en el portal del semanario (www.proceso.com.mx).

Sin embargo, el mandatario evadió hablar sobre el hecho de que el gobierno estatal, a través de la Dirección General del Servicio de la Defensoría de Oficio, asumió la defensa legal de los cetegistas Genaro Guevara Hernández, Mauro Lázaro García, Cesáreo Rosendo Feliciano y José Lucas Juárez Tlatempa.

El portal en Internet de Proceso publicó ayer una nota basada en datos consultados del expediente de la causa penal 44/2013, al que tuvo acceso este reportero y que integró el juez primero del ramo penal de primera instancia, Leoncio Molina, por los delitos de sedición y motín en contra de una veintena de cetegistas, entre ellos los cuatro detenidos a mediados de la semana pasada y quienes fueron trasladados a los penales de máxima seguridad de Nayarit y Veracruz a solicitud del gobierno estatal por considerar a los manifestantes como personas “de alta peligrosidad”.

El expediente refiere que el juez libró una orden de aprehensión a solicitud de la Procuraduría estatal, dependencia que integró una averiguación previa en contra de los inculpados por una manifestación registrada en febrero, dondetomaron las oficinas de administración y finanzas de la Secretaría de Educación, y no por el bloqueo de la Autopista del Sol, o los destrozos causados a las sedes partidistas, así como el ataque en contra del Congreso local y la casa oficial del gobierno estatal.

En esta causa penal se indica que los cuatro cetegistas, quienes fueron trasladados a los penales de máxima seguridad sin ser puestos a disposición del juez que los reclamaba en esta capital, contaron con la asistencia legal de la Dirección General de la Defensoría de Oficio estatal durante su declaración preparatoria del viernes 3.

En la diligencia, la defensa de los cetegistas pidió que se fijara una fianza, debido a que los delitos que se les imputaban no son graves, y el juez impuso una caución de 10 mil pesos, cantidad que fue exhibida en ese instante.

Incluso, el propio director de la dependencia, Juan Carlos García Jiménez, estuvo presente en la declaración preparatoria de los cetegistas, indicaron fuentes oficiales consultadas por Apro, donde la defensa también solicitó al juez la ampliación del término constitucional de 72 horas para aportar pruebas a favor de los inculpados.

Por ello, la situación jurídica de los cuatro cetegistas se resolverá hasta este jueves 9.

Al respecto, el gobernador Aguirre afirmó sin presentar pruebas que la información publicada por Proceso “es falsa” y que se trató de “un invento” de este corresponsal.

En la misma conferencia, el mandatario rechazó que su gobierno se encuentre rebasado, luego de que lo excluyeron de las negociaciones entre la Segob y la dirigencia nacional y estatal del magisterio disidente del jueves 2 en la Ciudad de México, donde se acordó la liberación de los cuatro cetegistas a cambio de que se reanuden las clases en Guerrero, luego de más de dos meses de protestas y movilizaciones del movimiento magisterial, convertido ya en un movimiento popular que aglutinó a diversos sectores sociales.

Ello a pesar de que Aguirre fue desconocido como interlocutor por los líderes de la CETEG, que tienen en jaque a la administración estatal y la clase política en la entidad.

Este medio no fue invitado a la conferencia de este lunes 6 a pesar de que previamente el corresponsal se comunicó con el director de Comunicación Social del gobierno estatal, Pedro Julio Valdez Vilchis, para preguntar si el mandatario tendría actos públicos y, en respuesta, el funcionario dijo que la agenda del Ejecutivo sólo consideraba reuniones privadas.

Gobierno de Guerrero paga fianza y asume defensa de cetegistas liberados

CHILPANCINGO, Gro. (proceso.com.mx).- Los cuatro integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) detenidos y liberados este viernes mediante un acuerdo entre la dirigencia nacional del magisterio disidente y el gobierno federal, están libres bajo fianza y su aprehensión responde a hechos distintos al bloqueo de la autopista del Sol, los destrozos causados a las sedes partidistas, así como el ataque en contra del Congreso local y la casa oficial del gobierno estatal.

Incluso, el gobierno estatal pagó los 10 mil pesos que fijó como caución el juez de primera instancia, Leoncio Molina, y asumió la defensa legal de los miembros del magisterio disidente, a través de la Dirección General del Servicio de la Defensoría de Oficio estatal, indica el expediente de la causa penal 44/2013 al que Proceso tuvo acceso.

El documento oficial señala que los cuatro miembros de la CETEG fueron detenidos por la toma pacífica de las oficinas administrativas de la Secretaría de Educación en Guerrero (SEG), hecho registrado a finales de febrero en esta capital, cuando comenzó el movimiento magisterial que hoy tiene en jaque al gobernador Ángel Aguirre Rivero.

También indica que los profesores Genaro Guevara Hernández, Mauro Lázaro García y Cesáreo Rosendo Feliciano, así como el trabajador administrativo José Lucas Juárez Tlatempa fueron acusados por el agente del Ministerio Público del fuero común sólo por los delitos de sedición y motín, nunca por terrorismo, como afirmó en un comunicado oficial la Procuraduría.

La orden de aprehensión fue librada por el juez de primera instancia, Leoncio Molina, quien también expidió la boleta de liberación a los cuatro cetegistas en la cual se advierte que se encuentran libres “bajo fianza” y su situación jurídica se definirá en el plazo constitucional de 144 horas que solicitó el director del Servicio de la Defensoría de Oficio, Juan Carlos García Jiménez para aportar pruebas a favor de los inculpados, señalan los documentos oficiales consultados por Proceso.

En este periodo, que vence el jueves 9 de mayo, el juez de primera instancia determinará si los cetegistas quedan sujetos a proceso penal o los absuelve mediante un auto de libertad.

Los acuerdos entre la CNTE y el gobierno federal

Por ello, los integrantes de la CETEG acordaron con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, el jueves 2 en la Ciudad de México, a no realizar movilizaciones en esta capital y regresar a las aulas a partir de mañana.

En tanto, el gobierno federal se comprometió a ordenar no sólo la liberación de los cuatro cetegistas, sino a que sean exonerados por el juez de primera instancia que lleva la causa penal, indicó una fuente oficial.

Otro de los acuerdos entre la dirigencia nacional del magisterio disidente y el gobierno federal, donde excluyeron al gobierno de Aguirre, fue que la Procuraduría local deberá enviar a “consulta de no ejercicio de la acción penal” las averiguaciones previas que ha integrado en contra de los cetegistas por los recientes hechos de violencia registrados en esta capital.

Sobre las causas penales radicadas en los juzgados de primera instancia, los cetegistas inculpados deberán presentarse a declarar ante los jueces que los reclaman para que se defina su situación jurídica, explicó la misma fuente consultada por Proceso.

Este hecho no sólo exhibe que la ley en el país está sujeta a la negociación política, sino que el gobierno de Aguirre ha sido rebasado ante la agudización de los problemas sociales, la impunidad y violencia que persiste en la entidad, y prácticamente fue desplazado por el gobierno federal que asumió la interlocución con la dirigencia del magisterio disidente para tratar de resolver el conflicto magisterial  que se vive en Guerrero.

Por su parte, a las 18:00 horas el mandatario estatal presentará un informe regional en Acapulco en el contexto de su segundo año al frente de la administración y la celebración de un aniversario más de la creación del PRD, instituto político que impulsó la candidatura del expriista que hundió en una crisis de credibilidad a la clase política de la entidad por la falta de estrategia para resolver el conflicto magisterial.

Sitian el Congreso de Guerrero para informe de Aguirre

CHILPANCINGO. Gro. (proceso.com.mx).- El gobernador Ángel Aguirre Rivero decidió acudir este lunes al Congreso local para rendir su segundo informe de trabajo ante diputados a modo, en medio de un impresionante cerco policiaco y las acciones de protesta anunciadas por dirigentes del Movimiento Popular Guerrerense (MPG).

Al respecto, el presidente de la mesa directiva, Antonio Gaspar Beltrán, informó que hasta las 22:00 horas, el Ejecutivo no había dado instrucciones para suspender la sesión solemne que está convocada para las 11:00 horas de este lunes 29 en la sede del Legislativo, ubicado al sur de esta capital.

El diputado perredista dijo que “al no haber indicios de la cancelación del informe”  solicitó a la Secretaría de Gobierno estatal “brindar las medidas de seguridad necesarias” para garantizar que la ceremonia se lleve a cabo y las protestas no pongan en riesgo la integridad de los asistentes, indicó al ser entrevistado por Proceso.

Por ello, desde las 21:00 horas de este domingo, el Congreso local prácticamente fue sitiado por cientos de policías estatales con equipo antimotín y el área de seguridad del Ejecutivo asumió el control de los accesos al interior y afuera del recinto legislativo.

Esto después de que ayer, fuentes oficiales habían informado a Proceso que el mandatario decidió cancelar su asistencia al Congreso, ante el temor por las protestas del MPG, que desde hace dos días están coordinadas por estudiantes de Ayotzinapa.

Los jóvenes demandan juicio político en contra de Aguirre y que no quede impune el  asesinato a tiros de dos estudiantes durante el desalojo del 12 de diciembre, luego de que los únicos dos agentes ministeriales acusados del crimen, salieron libres esta semana mediante un amparo federal.

No obstante, las negociaciones entre el gobernador, Aguirre y los diputados integrantes de la comisión de Gobierno del Congreso se intensificaron durante el transcurso del domingo, llegando al acuerdo de realizar la sesión en el recinto legislativo.

Sin embargo, el gobierno estatal plantea realizar un acto paralelo en el auditorio estatal Sentimientos de la Nación, ubicado frente a la sede del Ejecutivo y a unos metros del Congreso local.

Por la mañana, el dirigente de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación  en Guerrero (CETEG), Minervino Morán Hernández anunció que la asamblea estatal del MPG, acordó continuar con las movilizaciones en contra de la administración del gobernador Aguirre y los diputados locales para demandar que sus actos estén apegados a la voluntad popular y no a los intereses de facciones políticas.

En conferencia de prensa, realizada en el plantón que mantienen los profesores del magisterio disidente en su sede ubicada sobre la calle Rufo Figueroa al sur de esta ciudad, Morán Hernández señaló que la declaración del dirigente de la CETEG, Gonzalo Juárez, sobre la tregua hasta el primero de mayo, había sido “malinterpretada”.

Dijo que la asamblea estatal del MPG decidió continuar con las acciones de protesta y advirtió que se manifestarán en el contexto de la sesión del Congreso donde el mandatario estaría rindiendo su informe de labores.

El camino de ascenso de Peña Nieto está en juego; se desmorona el “Presidente modernizador”: Analistas

Ciudad de México, 25 de abril (SinEmbargo).– Marcado por la mancha del desacuerdo político, el reflejo del Presidente Enrique Peña Nieto como moderno impulsor de enmiendas constitucionales quedó a punto del desmoronamiento, opinan investigadores. En menos de tres meses, y en acuerdo con los partidos de oposición en el llamado Pacto por México, el Presidente logró la aprobación legislativa de tres leyes que permanecieron empantanadas durante 12 años: la Educativa, la de Telecomunicaciones y la de Amparo. 

Este vertiginoso historial de logros le dio a Peña Nieto la imagen de un gobernante interesado en destrabar pendientes esenciales para el país. En México, los grupos empresariales lo aplaudieron y la prensa extranjera lo mostró como reformista. La semana pasada, la revista Time lo escogió como uno de los “100 personajes más influyentes” y su fotografía apareció en una de las diez diferentes portadas que edita la publicación en el mundo. En un amplio artículo, Bill Richardson, quien fuera Gobernador de Nuevo México, opinó que Peña Nieto “combina el carisma de Reagan con el intelecto de Obama y las habilidades políticas de Clinton”. 

Richardson se refirió al “ascenso meteórico” del Presidente mexicano a través de la “negociación política”. Pero tal ascenso tropezó. La dirigencia del Partido Acción Nacional en Veracruz dio a conocer videos en los que aparecen funcionarios estatales y federales que utilizan los recursos etiquetados para la Cruzada Nacional contra el Hambre, el programa base de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). El objetivo de la treta: beneficiar al gobierno de Javier Duarte y al Partido Revolucionario Institucional en las elecciones del 7 de julio en esa entidad. En la comisión del delito están involucrados funcionarios federales y estatales. Los primeros fueron destituidos para ser investigados. En cuanto a los segundos, el Gobernador Duarte no ha dicho una sola palabra. 

El PAN y el PRD se retiraron del Pacto por México y condicionaron su regreso a la destitución de la Secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga. La primer víctima fue la reforma financiera, cuyo envío al Congreso de la Unión fue pospuesto. 

NEGOCIADOR DE MANO DURA 

El remiendo del Pacto topa con la herida que deja un delito electoral, pero también con la posición del Presidente. Para Alfonso Bouzas, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Peña Nieto se transformó en un líder de “mano dura” porque se resiste a la destitución de Rosario Robles,  pero al mismo tiempo en un negociador que llama al diálogo (el 22, en el foro “México incluyente” en Puebla, así lo hizo antes de iniciar una gira por Perú). 

Esta imagen ambivalente, a decir del abogado, puede entrampar el reinicio de negociaciones. Eduardo Huchim, especialista en comicios, piensa que al ser justo un ilícito relacionado con las elecciones  el detonador de esta crisis política, es muy difícil que el Pacto por México sea reparado; sobre todo si no hay sanciones por parte de la Procuraduría General de la República (PGR); es decir, justicia. 

PERO, ¿EL CAMINO ESTABA BIEN TRAZADO? 

Los especialistas se preguntan, sobre todo, si la ruta de reformas, elaborada a través del Pacto por México y que catapultó a Peña Nieto como reformista, tuvo buen trazo desde el principio. Bouzas dice: “Este camino nunca estuvo trazado a cabalidad. Ello da a entender que el diálogo para sacar enmiendas empantanadas fue armado con pinzas y se desbarató muy pronto”. Una de las reformas, la educativa, ocasionó otra crisis, pero de violencia. “El país vive en situación de ingobernabilidad porque en diez estados no se ha aprobado esta modificación. 

Lo ocurrido en Chilpancigo, Guerrero, es prueba de que no fue bien encauzada, no se basó en un diagnóstico, y la inconformidad se transformó en violencia contra todos y contra todo”. Ayer, al mediodía, miembros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG), y otros integrantes del Movimiento Popular Guerrerense (MPG), destruyeron las oficinas del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano (MC), así como la sede de la Contraloría de Guerrero.  Lo hicieron en forma paulatina. En cada ataque, a cada partido lo acusaron de “traición”, por no aprobar modificaciones en el congreso estatal para revirar las cláusulas que implican exámenes de evaluación. 

Para Bouzas, a este panorama de incertidumbre social se agrega el ambiente “caldeado” en Veracruz en donde quedó como evidencia la manera de operar del  PRI. “Se demostró que está dispuesto a instrumentar sus viejas prácticas”. Huchim, quien fue consejero del Instituto Electoral del Distrito Federal, considera que desde el momento en que se firmó este instrumento era claro que su tropiezo iba a ocurrir en cuanto llegara la temporada de comicios en los estados. “No es solamente el proceso electoral, sino los vicios que acompañan en forma tradicional al proceso. Ahí (en Veracruz) ya ha habido antecedentes en materia electoral; sobre todo de los programas sociales como moneda de cambio. 

Esto era previsible y quizá esto explica la prisa con que se iniciaron varias reformas en el primer trimestre del año”. ¿La compostura del Pacto? –se pregunta Huchim. “Yo diría que va a depender mucho de lo que haga el gobierno federal ante la denuncia formal del PAN ante la PGR. Sólo si hay una sanción para quienes fueron sorprendidos infragantti, el Pacto tendrá futuro”, dice. Observador de los procesos electorales en México, para Huchim hay una asignatura pendiente: el verdadero blindaje de la utilización electoral de los programas destinados a los pobres. “Este lucro de la pobreza se acerca a los terrenos de la infamia”.

Destruyen sedes de PRI, PAN, PRD y MC en Guerrero

Guerrero.- Integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG) causaron destrozos en las instalaciones de los partidos políticos locales en la ciudad de Chilpancingo.

Los también integrantes del Movimiento Popular Guerrerense (MPG) destruyeron totalmente la fachada del Partido Acción Nacional e ingresaron causando destrozos en las oficinas, donde se encontraban personas trabajando.

Al interior del inmueble se pueden apreciar pintas, vidrios rotos, papeles y mobiliario destruido.

Posteriormente, el contingente se trasladó a las instalaciones del Partido Movimiento Ciudadano y entraron a la fuerza para también destruir parte de las instalaciones.

Los docentes, quienes se encuentran encapuchados, siguieron su marcha, y por segunda vez, ingresaron al edificio del Partido de la Revolución Democrática (PRD) para destruir las instalaciones del sol azteca.

Más tarde, los maestros disidentes llegaron a la Casa de Atención del Senado de la República en Guerrero, donde también vandalizaron el edificio.

Alrededor de las 15:30 horas, los manifestantes llegaron a la sede del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y realizaron las mismas acciones.

Además, prendieron fuego al inmueble del tricolor, así como al auditorio.

Maestros de la CETEG desalojan a trabajadores del Congreso de Guerrero

Chilpancingo, 24 Abr. (Notimex).- Maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación Guerrero (CETEG) desalojaron esta mañana a trabajadores del Congreso local en protesta por el rechazo a su propuesta de Reforma Educativa. 

La inconformidad obedece a que el Congreso local aprobó con modificaciones la Ley Estatal de Educación, en una sede alterna, el Centro de Convenciones del puerto de Acapulco. La propuesta inicial de los maestros cetegistas, presentada por la fracción parlamentaria del PRD, proponía la creación de un Instituto de Evaluación Estatal Autónomo, pero el Congreso local determinó que fuera solamente un órgano coadyuvante con la instancia federal. 

Esta resolución ha causado molestia del magisterio disidente, que este día inició movilizaciones concentrándose en la avenida Ruffo Figueroa.

Asesinan al director de Seguridad Pública de Coyuca, en Guerrero

Ejecutado. Foto de archivo

CHILPANCINGO. Gro., (proceso.com.mx).- El director de Seguridad Pública del municipio de Coyuca de Catalán, Sebastián Campos Reylado, fue asesinado esta mañana por un comando que lo interceptó.

El jefe policiaco se desplazaba a bordo de un automóvil  particular sin placas, indican reportes oficiales.

El crimen se reportó a las 09:00 horas de este lunes, en el punto conocido como Tierra Blanca, ubicado entre los municipios de Pungarabato, Guerrero y Rivapalacio, Michoacán, en la convulsionada región de Tierra Caliente.

De acuerdo con reportes de autoridades locales, Campos Reylado, de 38 años, salió de su domicilio, ubicado en Rivapalacio, a bordo de un automóvil Nissan modelo Áltima sin placas de circulación, y se dirigía a laborar al municipio guerrerense de Coyuca de Catalán, administrado por el PRD.

Enseguida, un comando interceptó al jefe policíaco abriendo fuego en su contra. Sebastian Campos trató de salir de la unidad para escapar, debido a que iba desarmado, pero fue rematado en el mismo lugar, indican los  reportes.

En la escena, autoridades ministeriales encontraron al menos diez casquillos percutidos calibre 7.62, utilizados por los rifles AK-47.

Policías comunitarios desarman y retienen a cuatro municipales en Guerrero

Policías comunitarios tomaron protesta en Acatempa, municipio de Tixtla, Guerrero.
Foto: Miguel Dimayuga.

TIXTLA DE GUERRERO, Gro. (proceso.com.mx).- Policías comunitarios de Acatempa, retuvieron a cuatro policías municipales de Tixtla, luego de que los uniformados detuvieron al regidor priista del ayuntamiento de Chilapa, originario del poblado, Leocadio Ávila Palacios por circular a bordo de una camioneta sin placas.

Este hecho exhibe la falta de coordinación entre autoridades municipales y el recién conformado grupo de autodefensa adherido a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC).

Al respecto, el director de Seguridad Pública de Tixtla, Rubén Reyes Cepeda, informó que desde la tarde se implementó un operativo en las inmediaciones del poblado de Acatempa, ubicado a 10 minutos de la cabecera municipal, donde detuvieron al profesor y regidor priista del vecino municipio de Chilapa, Leocadio Ávila.

Ello debido a que el priista viajaba a bordo de una camioneta sin placas y durante su detención fue sometido con violencia porque se resistió al arresto, indicó el jefe policiaco.

Mientras el regidor priista era trasladado a la comandancia de la Policía Municipal de Tixtla, integrantes de la Policía Comunitaria de Acatempa detuvieran a cuatro policías municipales, quienes fueron desarmados y trasladados a la comisaría del poblado.

Al respecto, el comisario municipal de Acatempa, Pastor Coctecón Plateado señaló que los policías comunitarios decidieron actuar en contra de los municipales debido a que pensaron que se trataba de “un secuestro” y destacó que no fueron informados sobre el operativo policiaco.

A las 23:15 horas, el regidor priista fue liberado, a cambio de ello, las autoridades Comunitarias de Acatempa se comprometieron a entregar a los policías municipales que hasta el cierre de edición permanecían retenidos en comisaría.

El regidor priista, originario de Acatempa, denunció que fue golpeado, anunció que va a proceder jurídicamente y agradeció la intervención de los policías comunitarios, argumentando que los policías municipales nunca le explicaron el motivo de su detención y de no ser por los comunitarios, no lo hubieran liberado.

Hasta el cierre de la edición, pobladores de Acatempa, reunidos en la comisaría del poblado, exigían la entrega de los policías que participaron en la detención del regidor priista, debido a que los uniformados que se encuentran retenidos no intervinieron en el operativo.

Arranca Robles cruzada en Guerrero mientras toman protesta 106 policías comunitarios

Rosario Robles

APANGO-ACATEMPA, Gro. (proceso.com.mx).- La secretaria de Desarrollo Social federal (Sedesol), Rosario Robles Berlanga arrancó los trabajos de la Cruzada Nacional contra el Hambre en el poblado de Apango, municipio de Mártir de Cuilapan y a escasos 10 kilómetros de este punto, ubicado en la región Centro de la entidad, tomaron protesta 106 policías comunitarios en la localidad de Acatempa, municipio de Tixtla de Guerrero, en un acto donde integrantes de diversos sectores sociales y grupos de autodefensa que han surgido en la entidad, se manifestaron en contra de las políticas implementadas por el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.

En esta árida y marginada zona enclavada entre cerros que conforman la falda de la región de la montaña guerrerense, ubicada a 35 kilómetros de la capital y habitada principalmente por indígenas nahuas, se confrontaron dos proyectos de desarrollo para revertir los efectos de la pobreza, la inseguridad y violencia: el oficial y el comunitario.

Mientras en la plaza central de Apango, donde Robles Berlanga tomó protesta a los integrantes de los Comités Municipales de la Brigada contra el Hambre, se reunieron decenas de personas, principalmente mujeres indígenas que fueron convocadas por autoridades estatales mediante engaños, ya que les prometieron 500 pesos a cambio de que presentaran la tarjeta denominada La Cumplidora, entregadas por la administración del gobernador Ángel Aguirre a madres solteras para inscribirlas en programas asistencialistas.

En tanto que en la cancha del poblado de Acatempa se congregaron habitantes de esa localidad, dirigentes de la Policía Comunitaria, adheridos a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC); líderes de al menos cinco grupos de autodefensa surgidos el año pasado en la región de La Montaña y la Costa Chica, así como integrantes del Movimiento Popular de Guerrero (MPG), recientemente conformado por profesores del magisterio disidente y miembros de varias organizaciones sociales que se oponen a las reformas propuestas por el gobierno federal.

La secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, arribó cerca del mediodía al marginado lugar a bordo de un helicóptero de la Fuerza Aérea; se desplazó por las polvorientas calles en una camioneta tipo Suburban; estuvo resguardada en todo momento por elementos del Estado Mayor Presidencial y acompañada por políticos vinculados con el narco y ligados a personajes funestos de la entidad, como el priista, Héctor Vicario Castrejón, discípulo del exgobernador Rubén Figueroa Alcocer y actual delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), en la entidad.

También estuvo Ramón Sosamontes, operador de Robles Berlanga, ambos vinculados al escándalo de corrupción encabezado por el empresario argentino, Carlos Ahumada.

En su discurso, la funcionaria federal exhortó a los indígenas a organizarse para revertir los problemas generados por la inseguridad, la pobreza extrema y el hambre que persiste en la entidad.

Cuando la titular de Sedesol se retiraba del centro del poblado a bordo de la camioneta blanca Suburban, un joven desplegó una cartulina con un mensaje en contra del presidente Peña Nieto. No obstante, el incidente protagonizado por el solitario manifestante no pasó a mayores y Robles Berlanga se trasladó al puerto de Acapulco, donde estuvo con el gobernador Aguirre en la colonia Simón Bolívar, ubicada en la parte conurbada y considerada como la zona de mayor incidencia delictiva en ese destino turístico.

Por su parte, en Acatempa, una mujer integrante del grupo de autodefensa denominado Consejo Regional de Seguridad y Justicia -Policía Ciudadana y Popular de la comunidad de Temalacatzingo, municipio de Olinalá- advirtió que el vacío de poder generado por la corrupción de los políticos, “fue llenado por la delincuencia organizada” que pretendió hacer de los territorios, “su campo de juego para sembrar, traficar y vender droga; así como tratar de imponer la cultura de la muerte y la violencia”.

Por ello, dijo, los ciudadanos decidieron desplazar a las autoridades de los tres niveles y asumir las funciones de seguridad pública y aplicación de justicia, principalmente en municipios de las regiones Montaña y Costa Chica.

“El gobierno tiene una estrategia para dividir a los ciudadanos y reducir sus aportes, por eso negocia con unos sectores sociales y excluye a otros; cede frente a unos y reprime a otros. Por eso, es necesario evitar esta maniobra, creando unidad y evitando los errores que disolvieron movimientos sociales pasados”, expresó la mujer indígena.

Por su parte, el promotor de la CRAC en Tixtla, Gonzalo Molina, señaló que el acto donde tomaron protesta a 106 policías comunitarios de cuatro comunidades y los grupos de autodefensa creados en la Montaña y Costa Chica, así como la protesta magisterial en contra de la reforma educativa que se transformó en el MPG,  es un reflejo de que “el pueblo se levanta y organiza para construir un poder de los pueblos”.

Por ello, anunció que el movimiento de la Policía Comunitaria, adherido a la CRAC, llegará a las ciudades y rechazó la advertencia del gobernador Aguirre, quien amenazó con detener a los integrantes de los grupos de autodefensa que operan en las zonas indígenas en caso de que “salgan de sus territorios”.

“En nuestro país no hay reservas, de donde nosotros como pueblos originarios no podamos salir”, advirtió el activista indígena, quien remató su discursos con la frase del profesor guerrillero de la década de los setentas, Lucio Cabañas: “Ser pueblo; hacer pueblo y estar con el pueblo”.

Estallido social, si se impone reforma educativa

Maestros de Guerrero durante una protesta este viernes.
Foto: Miguel Dimayuga.

La reforma educativa está dictada por despachos económicos que no conocen la realidad nacional, elimina los derechos laborales de los docentes, carece de criterios equitativos para evaluar y aniquila el concepto de gratuidad. Ese es el proyecto que quiere imponer el gobierno de Enrique Peña Nieto, aseguran profesores disidentes de Oaxaca, Michoacán y el Distrito Federal (que se suman a la lucha de los guerrerenses) y es la que, afirman, no están dispuestos a permitir

MÉXICO, D.F. (Proceso).- Por considerarla privatizadora y regresiva, porque aseguran que atenta contra los derechos de los trabajadores de la educación –que no fueron escuchados en su elaboración– y por sentirse señalados como causantes del rezago educativo, los militantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y el Comité Ejecutivo Nacional Democrático del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (CEND-SNTE) no están dispuestos a dejar pasar la reforma educativa de Enrique Peña Nieto. Antes que aceptarla, dicen, pelearán por detenerla en las calles, con la voz y con el cuerpo.

Entrevistados por Proceso, cuatro dirigentes del magisterio disidente en Michoacán, Oaxaca y el Distrito Federal, donde además de Guerrero se han hecho fuertes, coinciden en que de concretarse los cambios que dicta la reforma en el sistema educativo se avecinaría un estallido social.

Explican que la radicalización de la protesta ha subido de tono a la par que el discurso oficial a partir de las declaraciones del secretario de Educación, Emilio Chuayffet, el miércoles 3, cuando advirtió que a los maestros que se ausentaran de sus escuelas por participar en los reclamos se les despediría, y del discurso de Peña Nieto –un día después de que la Policía Federal desalojara a quienes se manifestaban en la Autopista del Sol– en el que sostuvo que “la ley no se negocia” y que “el uso de la fuerza pública es último recurso sobre el cual tiene el Estado no sólo atribución sino obligación de hacer valer para hacer respetar los derechos de toda la ciudadanía”.

“Nosotros les decimos que no se permitirá la aplicación de leyes injustas. Casi todos los trabajadores de la educación estamos contra esta reforma y la inconformidad se va a ir extendiendo por el país. Si otros estados toman el rumbo de Guerrero, donde se han ido uniendo otros ciudadanos, seguramente aun de manera física detendremos la reforma educativa.

“Es el único método que tienes de hacerte valer en los momentos de más cruel intransigencia del Estado. Y no es que promovamos la violencia. El que enturbia el ambiente es el gobierno cuando dice que las leyes no se negocian, cuando dice el que no trabaje se va. Eso hace que el magisterio se agite más y esté dispuesto cada vez más a dar la batalla.

“Lo otro –y se lo hemos mandado decir al secretario de Educación– es que si la decisión es irreversible, no habrá papel suficiente para las órdenes de finiquito de la relación laboral de los trabajadores de la educación.

“Y le decimos también que si la decisión es tan grande y quieren aplicar su ilegalidad hecha legal, pues las cárceles no van a ser suficientes para que metan a los inocentes trabajadores de la educación”, dice Artemio Ortiz Hurtado, secretario del CEND-SNTE, quien pese a todo asegura que los maestros privilegiarán vías alternas, como los más de 200 mil amparos contra la reforma que, asegura, han presentado, un paro nacional de labores y la aplicación de un programa de estudios alternativos al oficial, ya elaborado, a partir del ciclo escolar 2013-2014.

Juan José Ortega, secretario general de la sección XVIII de la CNTE, en Michoacán, quien lideró las negociaciones del magisterio con el gobierno federal en la Secretaría de Gobernación el jueves 4 y el martes 9, aseguró que no hay congruencia en la palabra de las autoridades.

“No es lo mismo lo que se discute a puertas cerradas que el discurso de Enrique Peña Nieto o del secretario de Educación. Esto pone en un estado de alerta a la Coordinadora. Su falta de sensibilidad nos está orillando a radicalizar las acciones. Ya no hay credibilidad, no hay confianza en ellos. Están administrando el movimiento para darnos un golpe muy al estilo que tiene este gobierno, como un ejercicio más de traición”, dice el maestro, quien anuncia una movilización nacional el lunes 15 rumbo a un paro indefinido de labores.

El michoacano le advierte a Peña Nieto que tendrá que “enfrentar” un problema más allá de lo que es la “agresión” contra el magisterio, porque el pueblo se está organizando para defenderse también de las reformas fiscal y energética:

“Recordemos que el caso Guerrero adquiere otra dimensión con las organizaciones sociales que están en el acompañamiento a nuestros hermanos. En Michoacán ya somos 48 organizaciones en la conformación de un frente único de trabajadores. No hay más. Aún estamos privilegiando el diálogo, pero los tiempos nos consumen”.

Rubén Núñez Ginés, dirigente de la Sección XXII del magisterio en Oaxaca, dice conocer de cerca la cara más vieja del PRI. No le sorprende la embestida contra el magisterio.

“El sistema político nacional y del Estado tienen una deuda por la represión de 2006 que encabezó el espurio Ulises Ruiz. El magisterio oaxaqueño no se olvida de esa agresión. Conocemos cómo es la política en los gobiernos priistas y hoy reiteramos que tienen como objetivo la represión de los derechos de los trabajadores. Pero hoy los escenarios son distintos. Hoy los gobiernos tienen que pensarlo muy bien antes de cometer algún abuso contra los trabajadores.

“Lo estamos viendo en Guerrero. La Coordinadora está muy fortalecida, las secciones de los estados se manifiestan de manera muy contundente. No hay temor alguno”, dice y asegura que de tener que “salir” una vez más, no estarían solos. Afirma que contarían con la presencia de un “movimiento popular” formado por campesinos, amas de casa, estudiantes, padres de familia y trabajadores de distintos rubros, todos “dispuestos” a organizar una gran cruzada nacional.

Para Francisco Bravo, líder de la CNTE en el Distrito Federal, el conflicto es reflejo de un gobierno autoritario en “el regreso al presidencialismo reacio”, donde el que decide es el presidente y se acabó. “Si el magisterio no se mueve, si no hay indicios de protesta, ellos se van a servir con la cuchara grande en la ley reglamentaria.

(Extracto del reportaje principal que se publica en Proceso 1902, ya en circulación)