El puntal de la política social de Peña Nieto, la Cruzada Nacional Contra el Hambre, despertó críticas desde que lo anunciaron, dado el enorme gasto y la rentabilidad política de la población que pretende alcanzar. Ahora el plan que encabeza la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, incluye la participación del Ejército y la Marina, pero está provocando rechazo porque la presencia militar se interpreta como una ocupación de territorios indígenas. Y sí. Los camiones militares llegaron a los municipios que tienen policías comunitarias, por lo que un día los uniformados llegan a cortar el pelo gratis y al siguiente van a capturar líderes locales.
A medio centenar de comunidades de La Montaña y la Costa Chica de Guerrero llegaron, en agosto, camiones cargados de soldados con brazaletes amarillos distintivos del Plan DN-III, que usa el Ejército para auxiliar a la población en los desastres naturales. Aunque no había una emergencia de ese tipo, los pobladores vieron a los recién llegados bajar colchonetas, grandes ollas y cajas con víveres e instalarse en el corazón de sus pueblos, donde colocaron amplias lonas con la justificación de su presencia: “Cruzada Nacional contra el Hambre”.
Los presidentes municipales explican a los comisariados ejidales que los soldados se quedarán unos meses (unos dicen tres, otros seis) para alimentar a la gente, construir comedores comunitarios, dar consultas y medicamentos, cortar el pelo gratis y enseñarles a las mujeres a cocinar para los niños. Se instalarán en 500 comunidades.
Desde la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) esta estrategia fue bautizada inicialmente como “Plan DN-III Social” y se aplica –según los críticos del proyecto– justo en poblaciones que conservan una negra memoria del Ejército por su historial de violaciones a los derechos humanos. Algunas, en este mismo momento están siendo perseguidas y criminalizadas por haber creado su propia policía comunitaria.
Para algunos, la estrategia es de ocupación y en este momento parece esquizofrénica. En comunidades como El Paraíso, Ayutla, la gente ha visto llegar en los mismos días a “soldados buenos” que alimentan a los niños e intentan fomentar nuevos hábitos alimenticios, y a “soldados malos” que desarman a sus policías, someten a la población y encarcelan a sus líderes.
Desde La Montaña de Guerrero, la región que encabeza los índices más altos de miseria en el país, el antropólogo Abel Barrera señala, preocupado: “Ahora resulta que se va a meter a la médula de la vida comunitaria de los pueblos un actor armado que quiere tener el control de la población a través de la dotación de alimentos. Esto es una remilitarización”.
La estrategia ha puesto en un dilema a las comunidades. Varias han anunciado su rechazo a la presencia del Ejército aunque eso implique pasar hambre.
Los soldados fueron introducidos en varias poblaciones de La Montaña y la Costa Chica de la mano de la titular de la Sedesol, Rosario Robles, quien anunció el 13 de agosto que será en 500 pueblos de 27 municipios de la entidad donde personal de la Secretaría de Marina Armada de México (Semar) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) instalarán igual número de comedores.
“Se pusieron en marcha hoy una serie de tareas relacionadas con la alimentación, con la salud, y el mejoramiento de la calidad de vida de todas estas comunidades (…) Estamos iniciando con brigadas médicas, todas estas labores las estamos haciendo conjuntamente con la Comisión de los Pueblos Indígenas, Sedesol, y con la Sedena y la Marina, que con su tradicional labor social y humanitaria nos está ayudando con esta tarea para poder fortalecer este acceso a la salud”, anunció Robles en Acapulco.
La acompañó en la conferencia y en los recorridos Nuvia Mayorga Delgado, la titular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), y el subsecretario de Desarrollo Comunitario y Participación Social de la Sedesol, Javier Guerrero.
En los pueblos, especialmente en La Soledad, Tlapa, la funcionaria estuvo rodeada de militares, quienes hicieron una demostración culinaria y de sus dotes de orientadores nutricionales; también jugaron con los niños.
Robles anunció que no llegaron para quedarse. “Militares sólo construirán comedores, luego se irán”: así tituló una de sus ediciones el periódico El Sur, parafraseando a la funcionaria. Según el boletín de prensa que aparece en la página de la Sedesol, un militar explicó el Programa Nacional de Comedores Comunitarios y Brigadas Médicas.
Dijo a su vez la experredista. “Hay una situación de mucho abandono, de mucha pobreza, de mucha desigualdad, que requiere de atención urgente. Estamos entrando de manera emergente con esta labor humanitaria del Ejército, pero los comedores quedarán en manos de la Sedesol, en un esquema comunitario de organización de las mujeres, quienes van a comandar. Son mujeres de las comunidades, las madres de esos niños y niñas, quienes van a tener en sus manos el proyecto de comedores, con nuestra supervisión”.
El director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Abel Barrera, califica el uso del Ejército en la estrategia Sin Hambre como “grave”, “alarmante”, una “burla” y una falta de respeto a las luchas de los pueblos para exigir que los militares rindan cuentas a la sociedad.
Indica que las brigadas se están instalando en las comunidades indígenas y campesinas de la Costa Chica y La Montaña que han conformado sus propios sistemas de seguridad comunitarias.
“Fue muy sorprendente el anuncio de que el Ejército se encargará del tema del hambre en La Montaña, donde los pueblos han luchado por la salida del Ejército por las violaciones a los derechos humanos, los daños que ha causado, violaciones sexuales, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, torturas documentadas y los abusos en el combate a las drogas”, dice Barrera.
Y enfatiza que su actuación en la zona le ha valido sentencias de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, además de que la lucha de las comunidades generó la resolución de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación a favor de ponerle controles y reformar el fuero militar para que las violaciones a derechos humanos sean investigadas por civiles.
“Para nosotros (la presencia de soldados) es una remilitarización, una manera diferente de volver a intentar ocupar los territorios de estas poblaciones y usar al hambre hasta transformarla en una estrategia de control social, de temor y sometimiento a la población civil, dejando el derecho a la alimentación a manos del Ejército”, señala el activista.
El plan inicial
En los documentos elaborados por la Sedesol donde se orquestó la estrategia Sin Hambre, se lee una mención al programa que en un inicio era llamado “DN-III Social” de la Sedena.
El objetivo de Sin Hambre, según los papeles que este semanario pudo revisar, eran: “Dar acceso real a servicios integrales de salud, dotación de medicinas y disponibilidad de un médico. Construcción, rehabilitación y equipamiento de centros de salud”.
En esa documentación original no se asignaba a la Sedena la tarea de alimentar a la población. Los cursos de nutrición, hasta antes del escándalo mediático, serían proporcionados por la trasnacional Nestlé, encargada de formar redes de promotoras nutricionales.
En una de las presentaciones en Power Point de la estrategia se establece que la erradicación de la carencia alimentaria de la población en pobreza extrema se hará por medio de “tiendas, lecherías, comedores escolares, comedores comunitarios, huertos familiares, complementos alimenticios”, pero se involucra únicamente como corresponsables a la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Salud, la Sedesol (a través de la distribuidora de leche Liconsa y el sistema de abasto Diconsa), el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF); la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación ( Sagarpa), y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).
Desde el principio la Sedena y la Semar formaron parte de la Comisión Intersecretarial para la Instrumentación de la Cruzada Nacional Contra el Hambre, integrada por los titulares de todas las dependencias. También tienen un asiento en los consejos estatales creados expresamente para aplicar la estrategia.
En Guerrero, el convenio firmado con la federación incluyó la presencia de la Sedena en los comedores. Sin embargo, en el vecino estado de Oaxaca esa tarea corresponde al DIF, el órgano encargado de velar por el bienestar de las familias.
Disfraz humanitario
En Cochoapa El Grande, el municipio más pobre de México, por ejemplo, medios locales publicaron que los militares ofrecieron de entrada servicios de peluquería, así como las ollas populares.
También se registró su presencia en los municipios de Ayutla, Tecoanapa, San Luis Acatlán y Tlapa; la mera mata del modelo de policías comunitarias, con casi dos décadas en la región.
Según el diario Reforma, los militares sorprendieron a los integrantes de la policía de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) mientras marchaban en Tixtla contra la reforma energética y en repudio a la presencia de la Marina y el Ejército.
“En la calle principal de Tixtla estaba estacionado un camión vacío del Ejército Mexicano y dentro de las instalaciones de una escuela de educación primaria había decenas de efectivos militares que llegaron aquí como parte del DN III –consignó el diario–. La presencia del Ejército causó extrañeza en la gente de esta localidad, ya que no existe una situación de desastre natural.”
A través de un megáfono Roberta Campos, trabajadora de la Universidad Autónoma de Guerrero, dijo: “Compañeros, la presencia del Ejército aquí en Tixtla dicen que es para instalar comedores por el programa de la Cruzada Nacional contra el Hambre, pero en realidad están aquí para hostigar e intimidar a la policía comunitaria”.
Percepciones similares se registran en el municipio de Ayutla.
Arturo Campos, que asesora a la CRAC de la Casa del Paraíso y quien denunció la irrupción de militares en las comunidades na savi, informa que rechazaron la estrategia contra el hambre por la presencia del Ejército.
“El pretexto es instalar cocinas económicas en las comunidades. La otra vez los sacamos de El Paraíso; tuvimos problemas con ellos cuando con la Marina, la Policía Federal, la estatal y la municipal detuvieron a 13 personas. Y supuestamente, entre la cruzada y otra cosa, ayer entraron 60 carros del Ejército entre tráilers, tanquetas… Se llevaron a los 39 presos que teníamos por delincuencia”, afirma.
Campos denuncia que los militares ingresaron armados a San Luis Acatlán, Olinalá, Huamuxtitlán, Alpoyeca, Atlixtac y Tixtla, en nombre de la cruzada, y nadie sabe cuánto tiempo permanecerán.
“Hicieron reuniones con comisarios y pueblo en general diciendo que iban a beneficiar, a dar de comer a los niños, ese fue el engaño. Sabemos que ese fue el pretexto para entrar en territorio comunitario. Ellos entran armados. Es mentira lo que dice Rosario Robles, que entra sin armas el Ejército a las comunidades. La gente sí quería porque la estaban engañando. Ahorita ya se enteraron de esa situación y hay un rechazo total a esas cocinas porque dicen que es un pretexto para incursionar en la zona”, dice.
El día de la entrevista, los militares acababan de irrumpir para capturar a a Néstora Salgado García, lideresa de las autodefensas de Olinalá. En conferencia de prensa, ella recientemente había señalado que el gobierno federal ocuparía a los soldados para “peinar señoritas y para cocinar, no para defender a las poblaciones”.
El 21 de agosto, día de la detención de Salgado, la Coordinadora Regional de Seguridad y Justicia-Policía Ciudadana y Popular (CRSJ-PCP) envió un comunicado en el que califica a la Cruzada Nacional Contra el Hambre como una política perversa: “No tiene intención de combatir la pobreza y el hambre, sino de combatir a las organizaciones sociales y políticas, militarizar a las comunidades y, sobre todo, de combatir a las comunidades organizadas por la seguridad, como es el caso de la CRSJ-PCP”.
El grupo refiere que los soldados fueron a las comunidades acompañados de personal de la CDI, Sagarpa, Sedesol, Sedatu y los ayuntamientos, prometiendo obras y servicios sociales, mientras que más de mil efectivos del Ejército y de la Marina mantienen retenes en los caminos comunitarios, con lo que –dice la organización mencionada– hostigan a ciudadanos y organizaciones.
Según reportó la prensa, los indígenas me’phaa del municipio de Malinaltepec, específicamente en las comunidades La Lucerna, La Ciénega y Tapayoltepec –territorio de la CRAC–, rechazaron la cruzada porque la consideran un engaño más del gobierno.
Diarios locales informaron que el regidor de Ecología, Plácido Dolores, acompañado de otros miembros del ayuntamiento, planteó a los comisarios ejidales que los soldados atenderían el comedor comunitario durante tres meses, apoyarían los trabajos sociales y ampliarían los padrones de los programas Oportunidades, Procampo y 65 y Más, entre otros.
Tras una reunión, el 15 de agosto de 2013, quedó constancia del rechazo de la ayuda oficial por la comisaría municipal de San Mateo, también de Malinaltepec, que asentó en el acta:
“Estando reunidos en la comisaria Mpal. Constitucional para analizar el punto primordial que es la CRUZADA CONTRA EL HAMBRE, por mayoría de votos se acordó no aceptar el programa ya citado arriba, del gobierno federal. Pretende implementar programas y proyectos para engañar a los ciudadanos de diferentes estados de la República Mexicana mediante la aplicación del IVA en alimentación, medicina, gasolina, educación y proyectos; estas medidas ocasionarían la privatización de la riqueza de la nación. Los ciudadanos de esta localidad rechazamos este proyecto ya mencionado”.
Para el director de Tlachinollan, Abel Barrera, el criterio con que seleccionaron a las comunidades es un misterio, pero se le hace sospechoso que compartan una característica: disputan en este momento su derecho a su propia policía comunitaria y a la defensa de su territorio, en vista de que el Estado dejó de brindarles seguridad. (Con información de Pedro Matías y Ezequiel Flores.)
