viernes, 11 de septiembre de 2015

Los obispos de Guerrero exigen la verdad en Iguala y alertan por descontento social

Ciudad de México, 11 de septiembre (SinEmbargo).– Los cuatro obispos que integran la Provincia Eclesiástica de Acapulco, en Guerrero, reclamaron conocer la verdad sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa para, dijeron, exigir justicia por lo que les ocurrió y lamentaron que las deficiencias halladas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (GIEI-CIDH) en este caso “parecen repetirse en otros casos, como los 25 mil desaparecidos que hay en el país”.
“Las deficiencias que han sido señaladas en esta investigación parecen repetirse en otros casos, como los 25 mil desaparecidos que hay en el país y que están a la espera de ser esclarecidos como condición para la justicia y para la reparación del daño. Este drama provoca dolor y rabia en las familias de todos ellos, que con justa razón exigen conocer la verdad sobre cada uno de sus casos. Esta es una herida nacional que tiene que ser atendida y curada, pues el país no se puede reconstruir sin verdad y justicia”, dijeron los obispos mediante un pronunciamiento público.
El Arzobispo de Acapulco, Carlos Garfias Merlos, y los obispos de Chilpancingo, Salvador Rangel Mendoza; de Tlapa, Dagoberto Sosa Arriaga y de Ciudad Altamirano, Maximino Martínez Miranda, manifestaron que de cara al primer “aniversario de la de la tragedia de Iguala, la verdad de este caso es fundamental para avanzar hacia la reconciliación, el progreso y la paz”, porque de lo contrario, alertaron, se corre “el riesgo de un crecimiento de las tensiones sociales”.
Manifestaron que las conclusiones del GIEI-CIDH sobre que los 43 jóvenes no pudieron haber sido incinerados en el basurero de Cocula, como señaló en su momento la Procuraduría General de la República (PGR) al referirse a la “verdad histórica”, muestra que se debe continuar con su búsqueda. “Esta conclusión del informe del GIEI, junto con las otras que le acompañan, urge a una renovada exigencia de la verdad”, dijeron.
Informaron, que de no llegar a la verdad de lo que ocurrió con los normalistas de Ayotzinapa “se corre el riesgo de un crecimiento de las tensiones sociales que se han dado desde entonces y que se han manifestado en las plazas y en las calles del país y del estado de Guerrero”.
“Nuevamente llamamos a las autoridades a que den respuesta cabal a estas demandas sociales en todo lo que tienen de legítimas. La exigencia de la verdad en el caso y la justicia para las víctimas es una exigencia social que no puede postergarse más, como una condición básica para el desarrollo y la democracia”, exigieron.
Por ello, los obispos de la Provincia eclesiástica de Acapulco alentaron a realizar esfuerzos “por la vía pacífica, para conocer la verdad y para exigir la justicia, y hacemos votos para que la conmemoración del aniversario de la tragedia de Iguala abone a la paz y a la reconciliación, que se sustentan en la verdad y en la justicia”.
En este mismo sentido se expresaron ayer más de 250 organizaciones nacionales e internacionales, así como diversas personalidades, quienes exigieron al Gobierno de México que como, muestra de “mínima verdadera voluntad para hacer justicia”, haga suyas las recomendaciones hechas por el Grupo de Expertos.
Organizaciones como Artículo 19, Acción Ciudadana (de Guatemala), Asociación por los Derechos Civiles (de Argentina), el Centro de Derechos Humanos, Fray Francisco de Vitoria, Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), Corporación Transparencia por Colombia, Fundación ProAcceso Fundación ProAcceso (de Chile), la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”, así como el activista mexicano Javier Sicilia, entre muchas otros, sostuvieron su respaldo absoluto al informe presentado por el Grupo de Expertos, en el que, agregaron, se ha documentado con solidez el ocultamiento y tergiversación de la información dentro de la investigación oficial llevada a cabo por la Procuraduría General de la República sobre el caso de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”.
“Esta distorsión de la verdad por parte de las más altas autoridades en México, ha generado un gran sufrimiento en las víctimas y sus familiares. Por tanto, como una muestra mínima de verdadera voluntad para hacer justicia y de propiciar la reconstrucción de la confianza con las víctimas y sus familiares, exigimos al gobierno Mexicano que, sin cuestionamiento alguno, haga suyas las recomendaciones hechas por el GIEI y cumpla a cabalidad con ellas”, exigieron.
Destacaron que el Grupo de Expertos reconoció que “la problemática de de la desaparición trasciende el caso de los 43 estudiantes normalistas y afectan a miles de familias en México”.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos y Expertas Independientes, integrado por cinco representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aportó el domingo pasado al menos dos nuevas líneas de investigación que echan a la basura “la verdad histórica” oficial sobre la desaparición de 43 alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, hace casi un año.
Hay un camión desaparecido que podría ser clave para conocer el destino de los normalistas, no existe evidencia de que los jóvenes fueron quemados en un basurero del municipio de Cocula, como lo afirmó el 27 de enero de 2015 la PGR.
El informe del GIEI también revela que en todo momento, elementos de la Policía Federal, el Ejército y corporaciones municipales tuvieron conocimiento de la ruta que siguieron los cinco camiones tomados por los normalistas en los que viajarían a la Ciudad de México para asistir a la marcha del 2 de octubre.

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