Ayotzinapa: La CIDH respalda al GIEI ante intentos de descalificación mediática

Se trata de una estrategia para obstaculizar la defensa de los derechos humanos persistente en la región, afirmó la Comisión.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su respaldo “total, absoluto e incondicional” a las y los cinco integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y su trabajo en México relacionado con la investigación del caso Ayotzinapa ante intentos de descalificación pública.

La CIDH recordó en un comunicado que los miembros del GIEI fueron nombrados por sus comisionados en consulta con el Estado mexicano y las organizaciones solicitantes de la medida cautelar, entre ellos el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y  Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
“El conocimiento, experiencia, trayectoria profesional e integridad ética de cada uno de los miembros del Grupo de Expertos son ampliamente reconocidos a nivel internacional y han sido reflejados en todo momento durante su labor en México”, afirmó la CIDH.
En semanas recientes organizaciones de derechos humanos de América Latina handenunciado y exigido un alto a lo que identifican como una campaña mediática de difamación y desprestigio contra las expertas del GIEI Ángela Buitrago y Claudia Paz y Paz.
Comunicado
Comunicado de Prensa
CIDH expresa confianza y respaldo a expertas y expertos independientes miembros del GIEI
28 de enero de 2016
Washington, D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su respaldo total, absoluto e incondicional a las y los cinco integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), así como al trabajo que dicho Grupo ha desempeñado en México.
Los miembros del GIEI fueron nombrados por las y los Comisionados de la CIDH en consulta con el Estado mexicano y las organizaciones solicitantes de la medida cautelar (el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, el Centro Regional de Defensa de los Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez), tal como lo establece el Acuerdo tripartito firmado por las partes en noviembre de 2014 con el fin de incorporar asistencia técnica internacional a la búsqueda, investigación y no repetición de los hechos.
La CIDH renueva su confianza en las cinco personas que integran el GIEI. El conocimiento, experiencia, trayectoria profesional e integridad ética de cada uno de los miembros del Grupo de Expertos son ampliamente reconocidos a nivel internacional y han sido reflejados en todo momento durante su labor en México. Los y las expertos y expertas han realizado su trabajo en México de manera absolutamente profesional, lo cual los expuso a intentos de descalificación pública. Este tipo de acciones persisten en la región como estrategia para obstaculizar la defensa de los derechos humanos.
La CIDH considera pertinente reiterar su reconocimiento a la contribución del GIEI a las investigaciones realizadas en torno a los hechos ocurridos en Iguala, ya que el Grupo de Expertos ha realizado aportes indispensables para el avance de dichas investigaciones. La CIDH recuerda además que, después de finalizarse la primera etapa del mandato del GIEI, el Estado mexicano expresó públicamente: “trabajar con el Grupo ha sido, para nosotros, un extraordinario privilegio”.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
No. 006/16

AYOTZINAPA. A UN AÑO: LA MENTIRA HISTÓRICA

Los obispos de Guerrero exigen la verdad en Iguala y alertan por descontento social

Ciudad de México, 11 de septiembre (SinEmbargo).– Los cuatro obispos que integran la Provincia Eclesiástica de Acapulco, en Guerrero, reclamaron conocer la verdad sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa para, dijeron, exigir justicia por lo que les ocurrió y lamentaron que las deficiencias halladas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (GIEI-CIDH) en este caso “parecen repetirse en otros casos, como los 25 mil desaparecidos que hay en el país”.

“Las deficiencias que han sido señaladas en esta investigación parecen repetirse en otros casos, como los 25 mil desaparecidos que hay en el país y que están a la espera de ser esclarecidos como condición para la justicia y para la reparación del daño. Este drama provoca dolor y rabia en las familias de todos ellos, que con justa razón exigen conocer la verdad sobre cada uno de sus casos. Esta es una herida nacional que tiene que ser atendida y curada, pues el país no se puede reconstruir sin verdad y justicia”, dijeron los obispos mediante un pronunciamiento público.

El Arzobispo de Acapulco, Carlos Garfias Merlos, y los obispos de Chilpancingo, Salvador Rangel Mendoza; de Tlapa, Dagoberto Sosa Arriaga y de Ciudad Altamirano, Maximino Martínez Miranda, manifestaron que de cara al primer “aniversario de la de la tragedia de Iguala, la verdad de este caso es fundamental para avanzar hacia la reconciliación, el progreso y la paz”, porque de lo contrario, alertaron, se corre “el riesgo de un crecimiento de las tensiones sociales”.

Manifestaron que las conclusiones del GIEI-CIDH sobre que los 43 jóvenes no pudieron haber sido incinerados en el basurero de Cocula, como señaló en su momento la Procuraduría General de la República (PGR) al referirse a la “verdad histórica”, muestra que se debe continuar con su búsqueda. “Esta conclusión del informe del GIEI, junto con las otras que le acompañan, urge a una renovada exigencia de la verdad”, dijeron.

Informaron, que de no llegar a la verdad de lo que ocurrió con los normalistas de Ayotzinapa “se corre el riesgo de un crecimiento de las tensiones sociales que se han dado desde entonces y que se han manifestado en las plazas y en las calles del país y del estado de Guerrero”.

“Nuevamente llamamos a las autoridades a que den respuesta cabal a estas demandas sociales en todo lo que tienen de legítimas. La exigencia de la verdad en el caso y la justicia para las víctimas es una exigencia social que no puede postergarse más, como una condición básica para el desarrollo y la democracia”, exigieron.

Por ello, los obispos de la Provincia eclesiástica de Acapulco alentaron a realizar esfuerzos “por la vía pacífica, para conocer la verdad y para exigir la justicia, y hacemos votos para que la conmemoración del aniversario de la tragedia de Iguala abone a la paz y a la reconciliación, que se sustentan en la verdad y en la justicia”.

En este mismo sentido se expresaron ayer más de 250 organizaciones nacionales e internacionales, así como diversas personalidades, quienes exigieron al Gobierno de México que como, muestra de “mínima verdadera voluntad para hacer justicia”, haga suyas las recomendaciones hechas por el Grupo de Expertos.

Organizaciones como Artículo 19, Acción Ciudadana (de Guatemala), Asociación por los Derechos Civiles (de Argentina), el Centro de Derechos Humanos, Fray Francisco de Vitoria, Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), Corporación Transparencia por Colombia, Fundación ProAcceso Fundación ProAcceso (de Chile), la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”, así como el activista mexicano Javier Sicilia, entre muchas otros, sostuvieron su respaldo absoluto al informe presentado por el Grupo de Expertos, en el que, agregaron, se ha documentado con solidez el ocultamiento y tergiversación de la información dentro de la investigación oficial llevada a cabo por la Procuraduría General de la República sobre el caso de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”.

“Esta distorsión de la verdad por parte de las más altas autoridades en México, ha generado un gran sufrimiento en las víctimas y sus familiares. Por tanto, como una muestra mínima de verdadera voluntad para hacer justicia y de propiciar la reconstrucción de la confianza con las víctimas y sus familiares, exigimos al gobierno Mexicano que, sin cuestionamiento alguno, haga suyas las recomendaciones hechas por el GIEI y cumpla a cabalidad con ellas”, exigieron.

Destacaron que el Grupo de Expertos reconoció que “la problemática de de la desaparición trasciende el caso de los 43 estudiantes normalistas y afectan a miles de familias en México”.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos y Expertas Independientes, integrado por cinco representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aportó el domingo pasado al menos dos nuevas líneas de investigación que echan a la basura “la verdad histórica” oficial sobre la desaparición de 43 alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, hace casi un año.

Hay un camión desaparecido que podría ser clave para conocer el destino de los normalistas, no existe evidencia de que los jóvenes fueron quemados en un basurero del municipio de Cocula, como lo afirmó el 27 de enero de 2015 la PGR.

El informe del GIEI también revela que en todo momento, elementos de la Policía Federal, el Ejército y corporaciones municipales tuvieron conocimiento de la ruta que siguieron los cinco camiones tomados por los normalistas en los que viajarían a la Ciudad de México para asistir a la marcha del 2 de octubre.

AYOTZINAPA Y EL ESTUDIANTADO

Encaminándonos a la gran marcha convocada para el 20 de noviembre, todo ello rodeado de actos de marcada agresión al estudiantado, vamos sin temor y sin callar, sin caer en provocaciones, sin permitir infiltraciones.

Ahí tenemos la Historia que pareciera querer repetirse, pero la Historia sirve para conocerla, entenderla y que no se reitere.

Todos nos faltan, nadie nos sobra. Ayotzinapa es la punta del iceberg, pero también que sea la punta de lanza...

Imágenes de la marcha del día:

*El colofón: Conjugando entre todos el verbo 'Necesitarnos' para ya no usar más el verbo 'Eliminarnos', o el mal-gobierno gana...

Centros de acopio para normalistas de #Ayotzinapa

Luego de firmar el acuerdo en el que aseguraba que iba a apoyar a los normalistas, Enrique Peña canceló becas a 500 estudiantes de Ayotzinapa. Por ello se hace urgente que nos solidaricemos con ellos y hagamos llegar toda la ayuda posible.

Se refuerza tesis de que agentes ministeriales asesinaron a los normalistas de Ayotzinapa

No existe ninguna discrepancia con el comunicado de la Policía Federal, precisa la CNDH


Víctor Ballinas

Periódico La Jornada
Lunes 23 de enero de 2012, p. 10
El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva, resaltó que “lo que se expresó en el informe preliminar sobre el caso Ayotzinapa, en el sentido de que fueron policías ministeriales los que habrían causado la muerte de dos estudiantes normalistas, se refuerza cada vez más. Las pruebas, las evidencias y los testimonios lo respaldan”.

El ombudsman precisó que no hay discrepancias entre el comunicado vespertino que emitió la Policía Federal (PF) el pasado miércoles 18, y lo que informó el titular de la CNDH al terminar la comparecencia del comisionado general, Facundo Rosas.

Plascencia Villanueva refirió: “En efecto, el comisionado Rosas optó por responder por escrito los cuestionamientos que se le formularon en su comparecencia en la sede de la comisión. Al concluir la diligencia informé que el funcionario se reservó su derecho a declarar y lo hará posteriormente por escrito”.

Sin embargo, dos horas más tarde, por medio de un comunicado de prensa, la Policía Federal indicó que el comisionado general “no se reservó su derecho a declarar y convinieron en que las respuestas a las cuestionamientos que se hicieron serán entregados por escrito en los cinco días que se acordaron”.
–¿No hay discrepancias entre la PF y la CNDH?

–No. Es cuestión de matices. Hay que dejar muy en claro lo siguiente: la diligencia está ahí, videograbada, y es parte del expediente. Queda muy claro que se le hizo saber (a Facundo Rosas) un bloque de preguntas y se le dio también en buena medida la posibilidad de poder contestar en ese momento o bien posteriormente por escrito. Él optó por responder por escrito, y a eso se refiere la expresión mía de que se reservó su derecho. No le veo mayor problema.

–¿Pudo haber dado respuesta el comisionado general de la PF el día de su comparecencia?

–No, porque no traía la información consigo, por eso se le dio tiempo.

Finalmente, el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos recordó que aunque no aparecen las ojivas disparadas el 12 de diciembre en la Autopista del Sol, y “no hay manera de poder contrastarlas con alguna de las armas; eso implica cierta limitación, pero recordemos que para eso existen los testigos, los dictámenes periciales y otras pruebas que pueden permitir dar con los responsables”.

Dispararon 22 federales contra normalistas, determina la PGR

18 enero 2012 | Ezequiel Flores Contreras | Proceso
CHILPANCINGO, Gro. (apro).- Al menos 22 policías federales, un ministerial y uno estatal dispararon sus armas durante el desalojo del 12 de diciembre del año pasado en Chilpancingo, cuando murieron dos estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, Guerrero, concluyó la Procuraduría General de la República (PGR).

De acuerdo con un dictamen elaborado por la PGR, al que Apro tuvo acceso, 22 armas que portaban los agentes federales “fueron accionadas” durante el operativo.


En contraste, el informe realizado por la Coordinación de Servicios Periciales de la dependencia federal, también refiere que sólo dos armas –una de la Policía Ministerial (PM) y otra de la Policía Preventiva Estatal (PPE)– dieron positivo a la prueba de Griess, enfocada en “detectar sustancias químicas que se producen durante la deflagración de un arma de fuego”.


En ese sentido, la dirección del Laboratorio de Química de la PGR realizó la prueba de Griess en 68 armas que portaban policías federales y estatales durante el desalojo violento donde fueron asesinados los normalistas Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús.


Del total de armas, 60 son de la Policía Federal; cinco de la PM y tres de policías estatales, se indica en el expediente que se abrió por el caso Ayotzinapa bajo el número, PGR/GRO/CHI/CASO/378/2011.


De las armas analizadas por la PGR, se comprobó que 24 fueron accionadas durante los hechos violentos, de las cuales 22 pertenecen a la Policía Federal, una a la PM y otra a la policía estatal que formaba parte de los tres escoltas del exsubsecretario de Seguridad Pública estatal, Ramón Arreola Ibaría.


A más de un mes del asesinato de los normalistas, hasta ahora sólo dos agentes ministeriales permanecen arraigados en esta capital, señalados por la Procuraduría local como los presuntos responsables del doble crimen, pese a que el exprocurador de Justicia, Alberto López Rosas, ha insistido en que los agentes federales son los responsables del doble homicidio, los cuales, ha dicho, están siendo protegidos por la PGR.


La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en su informe preliminar emitido el pasado lunes 9, determinó que en el desalojo violento participaron 165 policías de los tres niveles de gobierno: 61 eran policías federales; 73, ministeriales; 19, estatales, y 12 preventivos municipales de Chilpancingo, de los cuales por lo menos 67 uniformados portaban armas de fuego.


Al respecto, el organismo afirmó que todos los policías que participaron en el desalojo “emplearon de manera excesiva la fuerza pública y las armas de fuego (…) sin que existieran evidencias fehacientes de la utilización de protocolos o lineamientos de actuación antimotines” y quedó demostrado que ninguno de los manifestantes portaba armas de fuego.


Fuente: Proceso

Aguirre Rivero y García Luna, a juicio político

Álvaro Cepeda Neri


Los que tienen el poder institucional siguen matando para dizque solucionar los problemas. Lo hacen los gobernadores César Duarte Jaquéz en Chihuahua, Rodrigo Medina de la Cruz en Nuevo León y Javier Duarte de Ochoa en Veracruz. En Coahuila, los hermanos Moreira con su caciquismo tienen al estado en la ruina económica y, por su negligencia, a mineros privados de la vida. La responsabilidad en este caso también es de los que han sido titulares de la Secretaría del Trabajo, con Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa. Hay crímenes (y robo de agua) en el panismo arbitrario del calderonista-corderista del gobernador Guillermo Padrés Elías, en Sonora. Feminicidios y narcotráfico en el Estado de México durante el peñismo. En Oaxaca no se procede contra el corrupto exgobernador Ulises Ruiz, mientras que el secretario de Finanzas, Gerardo Cajigas (muy sobrado de justificaciones) defiende a Gabino Cué Monteagudo (gobernador de Oaxaca) y no paran los homicidios… todo se arregla con el abuso del poder policiaco y militar, como pone el mal ejemplo el señor de Los Pinos (el de la misa y la complicidad papal para allegarse votos).


En la embestida brutal en contra de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, en la cual la policía asesinó a dos de sus alumnos (Gabriel Echeverría de Jesús, de 20 años, y Jorge Alexis Herrera Pino, de 21) sin duda participaron policías estatales y federales a quienes sus jefes inmediatos ordenaron disparar; pero el desgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, y el actual secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, fueron enterados y aprobaron las acciones. Los jóvenes solicitaban que la escuela aumentara la matrícula para que hubiera un mayor cupo de inscripción, y una entrevista con Rivero, quien déspota y prepotente, se negó una y otra vez a pesar de que durante su campaña prometió resolver los problemas y atender el reclamo de la destitución del autoritario director de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.


Esto exige una investigación sin concesiones a la luz de las pruebas, videos y declaraciones que señalan al desgobernador de Guerrero salido del arsenal del Partido Revolucionario Institucional más antiguo (el que apoya a Enrique Peña Nieto y su facción mexiquense) y que Marcelo Ebrard, Manuel Camacho Solís y los Chuchos cooptaron para postularlo por su Partido de la Revolución Democrática. El otro es García Luna, protegido de Calderón y del Partido Acción Nacional, ya de por sí derechista y proclerical (con un papa que encubre la pederastia de los curas) que ha traicionado su doctrina desde que el calderonismo y el foxismo lo usaron, convirtiéndolo en un partido nazifascista y golpista-militarista que hoy encubre a García Luna y los policías que golpearon salvajemente a los estudiantes cuando éstos se retiraban ante la embestida, y los capturados sufrieron la furia policiaca.


Si prospera la presión social contra Aguirre Rivero y éste renuncia o pide una licencia, igual debe de hacer García Luna, para ser juzgados en un juicio político por el Congreso de la Unión donde, con los elementos que se les imputan, no tendrán más salida que destituirlos de sus cargos y ponerlos a disposición de los tribunales penales, junto a los que dispararon. A ningún precio debe tolerarse el abuso policiaco. Ernesto Zedillo Ponce de León y Rubén Figueroa gozan de impunidad por la matanza de El Charco y Aguas Blancas. Y Zedillo, Emilio Chuayffet, Julio César Ruiz Ferro, Liébano Sáenz y Jorge Madrazo sin sanción por la de Acteal. Y si García Luna y Aguirre Rivero son de facto exonerados, entonces en este país no hay esperanza de justicia.


*Periodista