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miércoles, 15 de marzo de 2017

AMLO recurre a CIDH contra Trump

Washington. El aspirante a la presidencia de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió el miércoles a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se pronuncie contra los decretos del presidente Donald Trump para construir un muro en la frontera con su país y endurecer las políticas de arresto y detención de inmigrantes.
El abanderado del Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) dijo que recogió 12 mil firmas para pedir a la CIDH la emisión de medidas cautelares a favor de inmigrantes que viven ilegalmente en Estados Unidos afectados por la política migratoria de Trump. También introdujo una queja ante el sistema interamericano de derechos humanos.
"Procedemos legalmente ante la ausencia completa del gobierno mexicano", dijo en conferencia de prensa. El presidente mexicano Enrique "Peña Nieto está actuando de manera sumisa y sin hacer valer los derechos humanos de los migrantes".
López Obrador dijo que enviará el miércoles una carta a las Naciones Unidas, cuya sede no pudo visitar la víspera debido a la tormenta invernal que azotó a la Gran Manzana.
El abogado Netzaí Sandoval, quien viaja con López Obrador, dijo que en sus dos solicitudes ante la CIDH alega que las políticas migratorias estadounidenses violan los derechos a la no discriminación, la unificación familiar, el acceso a la justicia, la propiedad privada y al salario de los inmigrantes, protegidos por legislación internacional.
Sandoval especificó que pidió medidas cautelares para 30 inmigrantes de México y Guatemala y adelantó que podría solicitar más en el futuro.
The Associated Press pidió un comentario al órgano adscrito a la OEA, sin obtenerlo de inmediato.
El organismo tiene la facultad de emitir este tipo de medidas para solicitar a un Estado que prevenga daños irreparables a personas en situación de riesgo.
El excandidato presidencial en 2006 y 2012 ofreció una conferencia de prensa en la capital estadounidense al final de una gira que lo llevó a reunirse con inmigrantes mexicanos en Los Ángeles, Chicago, El Paso en Texas y Phoenix en Arizona.
Allí criticó duramente a Peña Nieto, a quien acusó de haberse "dejado sobajar" durante una llamada telefónica que sostuvo en enero con Trump, cuyo gobierno calificó como "neofascista" por achacarle a los inmigrantes los problemas de la economía estadounidense.
López Obrador se mostró convencido de que la renegociación del Tratado Comercial de América del Norte no comenzará antes de que los mexicanos escojan a su próximo mandatario en julio de 2018, porque "tanto en Washington como en México, en palacio las cosas caminan despacio".
Agregó que de llegar a Los Pinos buscará una relación "respetuosa, de amistad y cooperación" con su vecino del norte.
Al comienzo de esta semana un pequeño grupo de activistas que pedía justicia por la desaparición forzada de 46 estudiantes en el sur de México interrumpió la reunión del también exalcalde de la capital mexicana con inmigrantes en una iglesia de Manhattan.
López Obrador calificó el miércoles el incidente como un acto de provocación lamentable. "El reclamo tiene que ser a Peña (Nieto) y a las fuerzas armadas, no a nosotros. Es una gravísima confusión".

viernes, 15 de abril de 2016

El Estado no dio condiciones, el GIEI deja México: CIDH

El presidente de la CIDH, James Cavallaro, lamentó esta mañana en una rueda de prensa en Washington “que el Estado mexicano haya manifestado su posición de no prorrogar el mandato del grupo y poner fin al acuerdo, a pesar de que los objetivos del mismo permanecen incumplidos, principalmente la ubicación de los desaparecidos”.

La CIDH anunció que el GIEI no puede continuar investigando la desparición de los 43 ante la negativa del Estado mexicano. Foto: Cuartoscuro

La CIDH anunció que el GIEI no puede continuar investigando la desparición de los 43 ante la negativa del Estado mexicano. Foto: Cuartoscuro
Ciudad de México, 15 de abril (SinEmbargo/AP/EFE).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció hoy que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) no puede seguir investigando la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa ante la negativa del Gobierno mexicano. Pero anunció, que seguirá el caso con un nuevo “mecanismo especial” hasta que se descubra la verdad.
La CIDH dijo que consultará con el Estado mexicano y las familias de las víctimas para determinar los términos específicos que guiará este mecanismo de seguimiento especial.
El presidente de la Comisión, el estadounidense James Cavallaro, lamentó la negativa del Estado mexicano para renovar el mandato del grupo de expertos una vez que expire el 30 de este mes.
“Lamentamos profundamente que el Estado mexicano haya manifestado su posición de no prorrogar el mandato del grupo y poner fin al acuerdo, a pesar de que los objetivos del mismo permanecen incumplidos, principalmente la ubicación de los desaparecidos”, dijo en una rueda de prensa en Washington.
“Dada la naturaleza del acuerdo de asistencia técnica, en la que es indispensable la anuencia del Estado, la CIDH considera que no están dadas las condiciones para continuar el mandato del Grupo”, agregó.
Cavallaro anunció que existe la posibilidad de que los expertos continúen brindando asesoría a la CIDH una vez que se establezca el mecanismo de seguimiento porque “conocen muy bien el caso”. Y sostuvo que se garantizará seguridad y bienestar a sus beneficiarios, “aquí no hay abandono de ninguna manera”, reiteró.
El presidente de la CIDH destacó que el Grupo de Expertos no ha terminado su trabajo en México porque no ha encontrado la verdad, sin embargo destacó que el Grupo “ha contribuido y ha desmentido ‘la verdad histórica’”.
Además dijo que los expertos contribuyeron en reorientar la investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas.
Las familias de las víctimas reiteraron esta semana a la CIDH su expectativa de que los expertos continuaran trabajando hasta que se esclarecieran los hechos, se determine el paradero de los desaparecido y se castigue a los responsables.
Los expertos, que prevén presentar sus conclusiones y recomendaciones finales el 24 de abril en México, criticaron recientemente al gobierno mexicano por divulgar unilateralmente un nuevo peritaje sobre un basurero donde según las autoridades fueron quemados los jóvenes y denunció que sus integrantes son blanco de ataques en un intento de disuadirlos de buscar la verdad del caso.
Por su parte, Emilio Álvarez Icasa, sostuvo que la CIDH ha sido muy clara en acompañar a las víctimas de los 43 estudiantes.
Emilio Alvarez admitió a The Associated Press que “la presencia del grupo generaba una cooperación sui géneris y novedosa que ahora va a disminuir”.
“Pero en definitiva la investigación para esclarecer el caso es responsabilidad del Estado mexicano. No de la CIDH ni de los expertos”, señaló.
La decisión fue adoptada por la Comisión tras varios roces con el Estado mexicano.
Los expertos, que prevén presentar sus conclusiones y recomendaciones finales el 24 de abril en México, criticaron recientemente al gobierno mexicano por divulgar unilateralmente un nuevo peritaje sobre un basurero donde según las autoridades fueron quemados los jóvenes y denunció que sus integrantes son blanco de ataques en un intento de disuadirlos de buscar la verdad del caso.
Las familias de las víctimas pidieron a la CIDH que los expertos continuaran trabajando hasta que se esclarecieran los hechos, se determine el paradero de los desaparecido y se castigue a los responsables.
Una delegación gubernamental dijo esta semana tras reunirse con la CIDH que ya era momento de que los expertos presentaran sus recomendaciones finales, pero negó haber discutido sobre cómo interpretar el acuerdo que dio lugar al grupo de expertos en 2014.
El artículo 10 del acuerdo sobre la participación del grupo en la investigación indica que su mandato “será de seis meses y podrá extenderse por el tiempo necesario para el cumplimiento de su objetivo, en consulta de la CIDH con las partes”.
La CIDH había insistido en que le correspondía al organismo y no al Estado tomar tal decisión.

viernes, 1 de abril de 2016

CIDH rechaza categóricamente campaña de desprestigio en México contra el GIEI y el Secretario Ejecutivo

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

Washington, D.C. - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) rechaza categóricamente la campaña de desprestigio que tiene lugar en México contra el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y contra el Secretario Ejecutivo, Emilio Alvarez Icaza Longoria. La CIDH rechaza en forma contundente la averiguación previa iniciada contra Emilio Alvarez Icaza Longoria por un presunto delito de fraude en perjuicio del Estado mexicano en relación con el trabajo del GIEI, tras una denuncia radicada en el contexto de esta campaña de descalificación.
La Comisión desea destacar que Emilio Alvarez Icaza Longoria, en su carácter de Secretario Ejecutivo de la CIDH, al firmar el acuerdo de cooperación con México actuó en representación de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA), a través de la figura de “delegación de firma”. Conforme  a las reglas de la Organización de Estados Americanos (OEA), la contribución financiera voluntaria del Estado mexicano para la instrumentación del acuerdo fue depositada directamente a las cuentas de la Secretaría General de la OEA, por medio de su Secretaría de Administración y Finanzas. La CIDH no administró estos recursos, por tanto tampoco lo hizo el Secretario Ejecutivo.
La CIDH expresa su consternación y considera inadmisible la apertura de una averiguación previa sobre la base de esta denuncia, que por no contener ningún hecho constitutivo de delito, resulta temeraria e infundada. 
La denuncia señala: "Con el argumento de incorporar a un grupo de expertos en distintas materias criminalísticas, con la promesa de que cumplirían los más altos estándares internacionales y las mejores prácticas regionales, y que tendrían carácter de independientes, el mexicano Emilio Álvarez Icaza engañó al Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos pues en lugar de ello, convocó a participar, con pleno conocimiento de los antecedentes de cada uno de ellos, a personas que en sus anteriores trabajos y funciones desempeñadas y mandatos gubernamentales faltaron a la verdad, a la probidad legal y violaron distintas leyes en sus países respectivos." 
El acuerdo de asistencia técnica fue firmado en 2014 por la CIDH, los representantes de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, y el Estado mexicano, representado por la Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE), la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de la República (PGR). Fueron estas mismas partes las que expresaron su acuerdo con la selección de los y las cinco expertos y expertas que constituyen el GIEI.
La propuesta de dicho acuerdo surgió a solicitud del Estado y de los representantes de los estudiantes, y se suscribió en cumplimiento de los objetivos de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH a raíz de los hechos que tuvieron  lugar el 26 y 27 de septiembre de 2014 en el estado de Guerrero. Las partes acordaron “la incorporación de un Grupo Interdisciplinario de Expertos independientes en materia de derechos humanos, para realizar una verificación técnica de las acciones iniciadas por el Estado mexicano” tras la desaparición de los 43 estudiantes beneficiarios de las medidas cautelares.
La CIDH designó un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en acuerdo con el Estado y con los representantes de los estudiantes, por un periodo de seis meses y con las siguientes atribuciones: el análisis de los planes de búsqueda en vida de las personas desaparecidas y en su caso recomendar las mejores prácticas para una investigación más eficiente; un análisis técnico de las líneas de investigación para determinar responsabilidades penales; y un análisis técnico del Plan de Atención Integral a las Víctimas de los hechos del 26 y 27 de septiembre. En el transcurso de su mandato, el GIEI ha emitido cuatro informes. El informe de investigación y primeras conclusiones del GIEI fue presentado el 6 de septiembre de 2015. Posteriormente, a solicitud del Estado mexicano y de los representantes de las víctimas, el mandato fue renovado por un periodo adicional de 6 meses.
El informe de investigación y primeras conclusiones del GIEI, presentado el 6 de septiembre de 2015, señala irregularidades, inconsistencias y/o ausencias en la investigación de los hechos por parte de las autoridades estatales. En particular, el GIEI cuestiona “la versión histórica” de los hechos dada a conocer meses atrás por el entonces Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, de que los normalistas hubiesen sido incinerados en el basurero de Cocula. Como consecuencia del trabajo y las recomendaciones emitidas por GIEI, el Estado mexicano ha señalado que se han abierto nuevas líneas de investigación, lo cual representa un avance significativo en la búsqueda de verdad y justicia en este caso.
La Comisión reitera su respaldo al trabajo realizado por el GIEI en todos sus aspectos y acompaña los informes y las recomendaciones presentadas por el Grupo.
Asimismo, la CIDH respalda en forma categórica el accionar de su Secretario Ejecutivo, que en todo momento actuó de acuerdo a las decisiones e instrucciones de los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión expresa además su confianza absoluta en la probidad de su Secretario Ejecutivo, opinión fundada en el conocimiento de su accionar, tanto en relación al tema específico de esta infundada denuncia como en toda su gestión a cargo de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

viernes, 25 de marzo de 2016

Desestima Gobernación denuncia contra Álvarez Icaza

La demanda, presentada ante la PGR contra el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), "no es seria": Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación.


alvarez icaza



El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, desestimó una demanda presentada contra el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Emilio Álvarez Icaza, a la cual restó seriedad.
La Procuraduría General de la República informó haber iniciado una investigación contra Álvarez Icaza, en el marco de lo que decenas de organizaciones civiles han calificado como un ataque a defensores de derechos humanos, sobre todo a raíz del papel de la CIDH en el caso Ayotzinapa.
“La Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales abrió una averiguación previa, tras recibir la denuncia penal de José Antonio Ortega, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, contra Álvarez Icaza”, indicó un comunicado citado por El Financiero el 23 de marzo, el cual no aparece en el portal de la PGR.
Por su parte, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación,Roberto Campa, precisó en su cuenta de Twitter, que la demanda “no es seria”.

CIDH firmó con el Estado Mexicano representado por SEGOB, SRE y PGR, no administra recursos. Esa demanda no es seria

El jueves 24, organizaciones no gubernamentales europeas dieron a conocer su apoyo a integrante del GIEI, que también han sido víctimas de ataques. “Conformados por mexicanos y personas de diversos países, los grupos de solidaridad confiamos en el profesionalismo, experiencia e integridad de los miembros del GIEI”, señalaron en su“Comunicado en apoyo al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes”.
“Frente a las recientes declaraciones en algunos medios de comunicación mexicanos como MVS y Grupo Milenio, que han atacado la integridad moral de algunos miembros del GIEI, los grupos de solidaridad reiteramos nuestra confianza y respaldo con el GIEI”, enfatizaron.

miércoles, 16 de marzo de 2016

El Yunque denuncia ante la PGR a Álvarez Icaza por un presunto fraude

Emilio Álvarez Icaza de visita en la Normal Rural de Ayotzinapa. Foto: José Luis de la Cruz

CIUDAD DE MEXICO (apro).- La organización extremista mexicana El Yunque, que en España ya fue declarada ilegal y repudiada por la Iglesia católica, siguió con su campaña en contra del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que busca aclarar la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y hoy denunció penalmente a Emilio Álvarez Icaza, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La denuncia fue presentada ante la Procuraduría General de la República (PGR) por José Antonio Ortega Sánchez, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Justicia Penal, una de las caretas de El Yunque, la organización secreta de extrema derecha que ensalza a militares y políticos acusados de represores y criminales, como Álvaro Uribe, expresidente de Colombia.
La denuncia de Ortega Sánchez, uno de los máximos jerarcas de El Yunque y abogado de las familias de jefes de esta organización que fueron asesinados en condiciones no aclaradas, es por el delito de fraude por un monto de entre un millón 250 mil y 2 millones de dólares, en perjuicio de la Federación, cometido presuntamente por Álvarez Icaza, un activista a favor de los derechos humanos que presuntamente ambiciona ser candidato presidencial.
Según Ortega Sánchez, el Código Penal Federal tipifica como fraude la conducta antisocial consiste en que alguien “engañando a uno o aprovechándose del error en que éste se halla se hace ilícitamente de alguna cosa o alcanza un lucro indebido”.
“En este caso las víctimas del engaño son el gobierno federal y quienes somos contribuyentes mexicanos al fisco. El monto del fraude corresponde al dinero que el gobierno mexicano ha entregado a la CIDH para cubrir los gastos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), cuyos integrantes deberían ayudar al gobierno de México en la localización de los 43 alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 y en general la aclaración de los hechos criminales acaecidos en Iguala, Guerrero, el día mencionado y el siguiente.
“Y a quien señalamos como presunto autor del fraude es a Emilio Álvarez Icaza Longoria, quien firmó en representación de la CIDH el adendum del ‘Acuerdo para la incorporación de la asistencia técnica internacional desde la perspectiva de los derechos humanos en la investigación de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, dentro de las medidas cautelares MC/409/14 y en el marco de las facultades de monitoreo que la CIDH ejerce sobre la situación de los derechos humanos en la región’ y que tuvo como contraparte al gobierno federal”.
Según Ortega Sánchez, el fraude consiste en que el acuerdo entre la CIDH y el gobierno mexicano implicaba que la primera enviaría a México como expertos a personas probas, pero los cinco integrantes del GIEI son todo lo contrario, y acusa a tres de ser deshonestos, quienes tampoco han hecho la más mínima contribución a la localización de los desaparecidos y al esclarecimiento de los hechos y, además, “han malversado los fondos públicos que les han sido entregados a través de la CIDH, al realizar actividades que nada tiene que ver con lo establecido en el citado acuerdo y su adendum”.
Sin embargo, el propio Ortega Sánchez ha incurrido en lo mismo que acusa como abogado del gobierno de Jalisco y de la arquidiócesis de Guadalajara, al cobrar cientos de millones de pesos por ser coadyuvante para el esclarecimiento del asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, en 1993, que según él fue producto de un “complot”.
Hace apenas un par de semanas el reportero habló con él sobre su papel como abogado del gobierno de Jalisco y su ataque a los miembros del GIEI.
–¿Este pago al GIEI no es semejante al que usted recibía del gobierno de Jalisco por el caso Posadas?
–Claro que no.
–¿En qué son diferentes?
–Bueno, es un pago que te hacen para intervenir en un asunto donde vas buscando la verdad y vas interviniendo directamente en la investigación. En el caso Posadas es un hecho que ocurrió en nuestro país que no ha sido aclarado, que la averiguación previa sigue abierta y espero yo que algún día podamos conocer públicamente lo que hay en esa averiguación previa, quiénes fueron los responsables.
–También el GIEI es coadyuvante, busca la verdad y recibe un pago, como usted lo recibía del gobierno de Jalisco.
–Y se tienen que atener a la crítica, como yo la recibí cuando fui abogado del gobierno de Jalisco. No me enojaba y decía que había conspiraciones en contra mía con todos los señalamientos que hubo en mi contra.
Ortega Sánchez recibió abundantes recursos públicos de tres gobiernos del Partido Acción Nacional (PAN) de Jalisco. Sólo en los tres primeros años del gobierno de Emilio González Márquez –otro amigo de Alvaro Uribe– obtuvo 50 cheques que sumaron 2 millones 201 mil 479 pesos, según datos oficiales.
En la entrevista, niega que haya recibido más de 5 millones de pesos en sueldos y viáticos, pero precisa que sólo tenía “una iguala” de 50 mil pesos mensuales. También con recursos públicos viajó a El Vaticano y Washington, relacionados con el caso.
“A ver: Esos asuntos, como el de Iguala, no solamente son jurídicos, son asuntos políticos y son asuntos mediáticos, y en las tres áreas tienes que defenderlos. Era parte del asunto, por lo menos así lo consideró el gobierno de Jalisco. Y yo intervine con tres gobernadores: Alberto Cárdenas, Francisco Ramírez Acuña y Emilio González”.
En España, El Yunque se instaló desde la década de los setenta y ya fue declarado proscrito por la justicia civil, y la Iglesia católica lo descalificó, con todo y sus organismos de fachada, como organizaciones extremistas, semejantes a la que encabeza Ortega Sánchez.

viernes, 29 de enero de 2016

Ayotzinapa: La CIDH respalda al GIEI ante intentos de descalificación mediática

Se trata de una estrategia para obstaculizar la defensa de los derechos humanos persistente en la región, afirmó la Comisión.

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su respaldo “total, absoluto e incondicional” a las y los cinco integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y su trabajo en México relacionado con la investigación del caso Ayotzinapa ante intentos de descalificación pública.

La CIDH recordó en un comunicado que los miembros del GIEI fueron nombrados por sus comisionados en consulta con el Estado mexicano y las organizaciones solicitantes de la medida cautelar, entre ellos el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y  Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
“El conocimiento, experiencia, trayectoria profesional e integridad ética de cada uno de los miembros del Grupo de Expertos son ampliamente reconocidos a nivel internacional y han sido reflejados en todo momento durante su labor en México”, afirmó la CIDH.
En semanas recientes organizaciones de derechos humanos de América Latina handenunciado y exigido un alto a lo que identifican como una campaña mediática de difamación y desprestigio contra las expertas del GIEI Ángela Buitrago y Claudia Paz y Paz.
Comunicado
Comunicado de Prensa
CIDH expresa confianza y respaldo a expertas y expertos independientes miembros del GIEI
28 de enero de 2016
Washington, D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su respaldo total, absoluto e incondicional a las y los cinco integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), así como al trabajo que dicho Grupo ha desempeñado en México.
Los miembros del GIEI fueron nombrados por las y los Comisionados de la CIDH en consulta con el Estado mexicano y las organizaciones solicitantes de la medida cautelar (el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, el Centro Regional de Defensa de los Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez), tal como lo establece el Acuerdo tripartito firmado por las partes en noviembre de 2014 con el fin de incorporar asistencia técnica internacional a la búsqueda, investigación y no repetición de los hechos.
La CIDH renueva su confianza en las cinco personas que integran el GIEI. El conocimiento, experiencia, trayectoria profesional e integridad ética de cada uno de los miembros del Grupo de Expertos son ampliamente reconocidos a nivel internacional y han sido reflejados en todo momento durante su labor en México. Los y las expertos y expertas han realizado su trabajo en México de manera absolutamente profesional, lo cual los expuso a intentos de descalificación pública. Este tipo de acciones persisten en la región como estrategia para obstaculizar la defensa de los derechos humanos.
La CIDH considera pertinente reiterar su reconocimiento a la contribución del GIEI a las investigaciones realizadas en torno a los hechos ocurridos en Iguala, ya que el Grupo de Expertos ha realizado aportes indispensables para el avance de dichas investigaciones. La CIDH recuerda además que, después de finalizarse la primera etapa del mandato del GIEI, el Estado mexicano expresó públicamente: “trabajar con el Grupo ha sido, para nosotros, un extraordinario privilegio”.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
No. 006/16

martes, 6 de octubre de 2015

La CIDH estará 2 o 3 años más investigando violaciones a los DDHH en México: Álvarez Icaza

La organización movilizó al Gobierno el viernes pasado, cuando dio a conocer un crudo balance sobre la situación de derechos humanos. Ahora ha anunciado que se queda todo el periodo de Peña Nieto en la Presidencia.

PROMO-CIDH
Ciudad de México, 5 de octubre (SinEmbargo).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) continuará sus investigaciones sobre desapariciones forzadas y violaciones a las garantías individuales durante dos o tres años más, adelantó el Secretario Ejecutivo del organismo, Emilio Álvarez Icaza.
Señaló que el organismo va a preparar un informe sobre el país y el año próximo dará a conocer mecanismos de seguimiento durante los siguientes dos o tres años, ya que actualmente la mirada internacional está puesta en casos como el de la desaparición de los 43 normalistas en Iguala y ejecuciones como la Tanhuato, Michoacán.
Integrantes de la CIDH realizaron la semana pasada una gira de cinco días en la que visitaron distintos estados en los que existen reportes de desapariciones forzadas, entre ellos, Guerrero. El viernes dieron a conocer un informe preliminar en el que concluyen que el país enfrenta una grave crisis de derechos humanos, a lo que el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, respondió que el documento “no refleja del todo la realidad del país”.
Cuestionado por el periodista Carlos Loret de Mola sobre la reacción del Gobierno mexicano, Álvarez Icaza reconoció que existen avances, pero que también “hay otro México donde la gente es abusada”, y puso como ejemplo los 15 estados en los que no se puede combatir la tortura porque no está tipificada como delito.
Y añadió que este diagnóstico “es una oportunidad” que le brinda el organismo al país para seguir adelante.
“La CIDH tiene un diagnóstico de una crisis grave de derechos humanos en México, lo que toca es que los gobiernos pongan atención, pero nosotros no queremos calificar”, respondió al periodista durante una entrevista en su programa Primero Noticias enTelevisa.
“NO HAY JUSTICIA”, GRITÓ LA GENTE
La comisión de la CIDH fue recibida en la normal de Ayotzinapa por padres de los 43 y normalistas. Foto: Twitter @CIDH
La comisión de la CIDH fue recibida en la normal de Ayotzinapa por padres de los 43 y normalistas. Foto: Twitter @CIDH
La comitiva de alto nivel visitó la Ciudad de México, y los estados de Guerrero, Tabasco, Nuevo León, Coahuila y Veracruz. México es el país del continente con más casos de violaciones a DDHH ante la CIDH, ya que al no encontrar justicia ante las instancias nacionales las personas recurren al sistema interamericano.
En 2014 se presentaron 500 peticiones; en 2013 fueron 660; en 2012 fueron 431, y en 2011 fueron 273, año en el que México se colocó como el segundo país en América con más denuncias, sólo detrás de Colombia, que en ese momento tenía 342 peticiones.
En algunas de las zonas visitadas, señaló Álvarez Icaza, “la gente llegaba gritando que no hay justicia”.
Sobre el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, insistió en que se ha pedido al Gobierno federal que se le permita al Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) –nombrado por la misma CIDH- interrogar a los integrantes del 27 Batallón Militar, destacamentado en este municipio, no con un afán acusatorio sino sólo para “conocer su opinión de los hechos, lo que no constituye un escenario de culpabilidad alguna”.
Por otro lado, expresó que la Comisión tiene “una gran preocupación” sobre los hechos de Tanhuato, en Michoacán, donde el 23 de mayo murieron 43 presuntos miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
“No hemos investigado el caso, pero se está viendo un foco rojo porque hay elementos para conocer que se trata de una ejecución”, expresó.
“LO PERDIMOS TODO”
Durante la reunión, llevada a cabo  en el sótano de la parroquia de San Gerardo, en Iguala, el colectivo "Los Otros Desaparecidos" entregó su información recabada a la CIDH. Foto: Twitter @CIDH
Durante una reunión realizada la semana pasado en el sótano de la parroquia de San Gerardo, en Iguala, el colectivo “Los Otros Desaparecidos” entregó su información recabada a la CIDH. Foto: Twitter @CIDH
El diario Los Angeles Times (LA Times) publica una serie de entrevistas con personas que plantaron a los integrantes de la CIDH sus demandas durante el recorrido que realizaron los integrantes por Guerrero. La periodista Deborah Bonello relata el caso de Mario Vergara, quien con lágrimas en los ojos pidió a los integrantes de la comisión ayuda para encontrar a su hermano, desaparecido en 2008: “El gobierno lo tiene todo y nosotros lo perdimos todo, por favor ayúdenos a seguir buscando y obtener los resultados que estamos esperando”.
El diario estadounidense señala que “las investigaciones del Gobierno federal sobre las desapariciones masivas de personas han sido desacreditadas tanto a nivel local como internacional, lo cual se ha convertido en uno de los grandes desafíos que ha debido enfrentar la administración del Presidente Enrique Peña Nieto”.
Lo anterior ha derivado en que cerca de 300 familias empiecen a buscar a sus familiares por cuenta propia, obteniendo “en algunos casos”, mejores resultados que el Gobierno, como el hallazgo de 20 cuerpos en un área de Guerrero denominada “La Laguna”.
El diario cita también el caso de Catalina Rodríguez, una madre de 61 años, cuyo hijo Modesto Bahena Cruz –de 27 años- un trabajador de la construcción desaparecido en Iguala, Guerrero, en 2012, pudo ser identificado recientemente entre restos que fueron encontrados en las montañas de Guerrero.
A pesar de que haber encontrado algunas partes de los restos de su hijo le da cierta tranquilidad, Catalina admite que “algunas veces me quiero quitar la vida porque el dolor de haber perdido a mi hijo es muy fuerte. La vida es muy triste y sus hijos realmente lo extrañan”.
El diario señala que si bien es cierto que la organismos como la CIDH o la ONU no pueden otorgar herramientas de búsqueda para encontrar a los desaparecidos, sí pueden ejercer presión para que el Gobierno de Peña Nieto dé respuestas.

lunes, 5 de octubre de 2015

Respalda la OEA el informe de la CIDH sobre la crisis de derechos humanos en México

Al mismo tiempo, Luis Almagro señaló que "un gobierno puede o no disentir con algunos de los hallazgos de la CIDH, lo importante es que la Comisión pueda trabajar con garantías, algo que México ha proporcionado en todo momento''.
(Foto: Twitter/@Almagro_OEA2015)
El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, respaldó el informe preliminar de observaciones presentado este viernes por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) y, al mismo tiempo, reconoció “la apertura y transparencia” del gobierno de México.
El respaldo de Alamagro, expresado en un comunicado de la OEA, ocurre tras de una visita de cinco días a México, al término de la cual la Comisión concluyó que México atraviesa una grave crisis de derechos humanos y un problema estructural de impunidad, ante lo cual la Secretaría de Gobernación discrepó.

El comunicado, con fecha 3 de octubre de 2015 y con el título de “El Secretario General de la OEA subraya apertura y transparencia de México en trabajos de CIDH”, es el siguiente:
El Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, al tiempo de respaldar la tarea de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en México, destacó la apertura y transparencia demostrada por el gobierno del presidente Peña Nieto.
En efecto, la CIDH concluyó este viernes una visita a México en seguimiento a una invitación del gobierno mexicano.
“La CIDH es una pieza clave en el Sistema Interamericano a la que acuden los más desprotegidos en nuestro Hemisferio, y por ello tiene mi apoyo” dijo el Secretario General de la OEA, Luis Almagro
Al mismo tiempo destacó la actitud del gobierno mexicano al decir que “un gobierno puede o no disentir con algunos de los hallazgos de la CIDH, lo importante es que la Comisión pueda trabajar con garantías, algo que México ha proporcionado en todo momento”.
El gobierno de México además acordó seguir financiando las labores del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que fue designado por la CIDH para investigar la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa, México.

sábado, 12 de septiembre de 2015

Televisa y medios afines, en campaña contra la CIDH .- JENARO VILLAMIL

Familiares de los normalistas durante la presentación del informe de la CIDH sobre Ayotzinapa este domingo. Foto: Germán Canseco
MÉXICO, D.F., (proceso.com.mx).- Encabezados por los noticiarios de Televisa y por grupos como Milenio, los medios oficialistas han tenido dos distintas reacciones frente al Informe Ayotzinapa, elaborado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI): por un lado, buscan destacar las “coincidencias” entre la versión gubernamental y la de los especialistas de la CIDH y, por otro, la descalificación absoluta frente a la tesis de que no existe evidencia de que los 43 normalistas de Ayotzinapa fueron incinerados en el basurero de Cocula, Guerrero.
Durante dos días consecutivos, El Noticiero de Canal 2, de Televisa, ha difundido imágenes inéditas de la llegada de los normalistas a la estación de autobuses de Iguala y de los ataques que sufrieron el 26 y 27 de septiembre de 2014, pero excluyendo la información sobre la participación de elementos militares, de la Policía Federal y de la policía estatal, tal como se detalla en el informe.
Por su parte, Milenio y varios columnistas han descalificado las cuatro hipótesis sobre el paradero de los 43 normalistas y, en especial, al peritaje de incendios de José Torero, doctor de la Universidad de Berkeley, quien determinó por las pruebas, evidencias y por la inspección en el basurero de Cocula que los jóvenes estudiantes no pudieron haber sido incinerados allí, tal como relató la “verdad histórica” del exprocurador Jesús Murillo Karam.
Citando analistas y “fuentes” de la PGR, algunos medios han inventado una “quinta hipótesis”, distinta a las que se expresan en el Informe Ayotzinapa del GIEI: que una parte de los 43 normalistas fue incinerada en Cocula y otra en un lugar diferente.
Dos de los cuatro expertos del GIEI, Carlos Martín Berinstain y Francisco Cox Vial, rechazan tajantemente lo que ellos llaman “la quinta versión” que ha surgido en los medios cercanos al gobierno federal. Ni en el expediente de 115 tomos del caso, ni a través de los testimonios que ellos recabaron se menciona la posibilidad de que sólo “algunos” hayan sido incinerados en Cocula.
“El evento de la incineración de los 43 normalistas no ocurrió en Cocula”, sentenció ante los senadores Francisco Cox, y Carlos Martín Berinstain. Abundaron: “tampoco sabemos, hasta ahora, qué sucedió exactamente con sus ellos”.
Lo que sí se sabe es que el ataque contra los normalistas de Ayotzinapa fue “masivo, indiscriminado y fuera de toda proporción” en Iguala, Guerrero; que hubo una coordinación de los cuerpos policiacos y militares en este ataque y que se minimizaron algunos testimonios y evidencias importantes como las que señalaban al “quinto autobús”, destacaron los especialistas en sus encuentros con legisladores, periodistas e integrantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Las Cuatro Versiones del Destino de los Normalistas
En las páginas 127-144 del Informe Ayotzinapa los expertos del GIEI sintetizan las cuatro versiones distintas sobre el destino de los 43 normalistas.
En primer lugar, destacan que “las declaraciones de los acusados no son lineales ni congruentes” sobre la versión oficial de que los normalistas fueron entregados a un grupo de Guerreros Unidos, quienes habrían asesinado y quemado los cuerpos de los 43 jóvenes, tal como lo afirmó la PGR en su versión pública de noviembre de 2014 y enero de 2015.
Existen cuatro versiones de lo ocurrido, de acuerdo con las declaraciones de los acusados: 1) que los estudiantes fueron llevados a Pueblo Viejo; 2) que fueron llevados a una casa de seguridad en Las Lomas, de Iguala; 3) el basurero de Cocula; y 4) no hace referencia exactamente al sitio donde los llevaron sino al motivo que los condujo hacia Iguala.
1.-Pueblo Viejo. La versión de la colonia Pueblo Viejo es sostenida por un sicario que habría participado en los hechos y dos presuntos criminales a quienes se las contaron de segunda mano. Hay contradicción entre esas versiones, ya que uno dice haberlos matado el mismo 27 de septiembre en la madrugada, mientras otro afirma que fueron secuestrados el 29 de septiembre.
2.-Casa de Seguridad de las Lomas.-Esta versión fue contada por Martín Alejandro Macedo Barrera, el 4 de octubre de 2014. Según este presunto implicado, Guerreros Unidos se enteró de la entrada de los estudiantes a Iguala y “aseguraron a 17 estudiantes sin indicar dónde”, a quienes trasladaron a una casa de seguridad de las Lomas donde les habrían dado muerte. El responsable de ese operativo fue “El Choky”, quien habría ordenado matarlos con el tiro de gracia en la cabeza y a otros a golpes. A 7 de ellos “los quemaron por instrucciones del Choky”.
3.-Basurero de Cocula.-Esta versión constituye la “verdad histórica” de la PGR de Jesús Murillo Karam, a partir de las declaraciones de cinco procesados. En estas cinco versiones hay algunas contradicciones porque algunos de los integrantes de Guerreros Unidos señalan que fueron llevados a una casa de seguridad ubicada en el Barrio de la Barranca de la Plata y otros a una casa de seguridad en Loma Coyote.
“Todas estas cuatro versiones muestran contradicciones sobre las supuestas respuestas dadas por algunos normalistas en el contexto de amenaza vital y tortura, y se focalizan sobre quién los envió y por qué”, afirman los expertos del GIEI en el informe.
De los cinco, tres declaran el momento en que habrían sido asesinados los estudiantes. Hay contradicciones y no coinciden sobre la forma de darles muerte, ni el lugar donde les habrían quitado la vida.
El GIEI hizo una inspección al basurero de Cocula en junio de 2015 y anotó que “el basurero se encuentra aproximadamente 45 a 50 minutos de cualquier casa de Cocula. Desde el punto de vista del ocultamiento de un hecho así, resulta contrario a la lógica de encubrimiento de un delito que se acerque a un poblado la evidencia, en lugar de alejarla de donde pueda ser descubierta”.
4.-Cuarta versión.-Se basa en las declaraciones de Sidronio Casarrubias “El Chino”, y de José Javier Brito Catalán, quienes afirman en el expediente que los estudiantes acudieron a Iguala a “matar a los hermanos Benítez Palacios”, dueños del auto lavado “Los Peques”, pero todo lo relatado difiere de las constancias procesales, ya que los hechos ocurrieron a varias cuadras del auto lavado, los estudiantes no llevaban armas y “no hay ninguna constancia, en ninguna de las fuentes y testigos, que hubieran tirado cuerpos en la estación”.
En esta cuarta versión, unos 17 de los 43 habrían “ido al agua o sea que ya los quemaron, que las cenizas las botaron agua yo me imagino que es el río Cocula”, afirmó Sidronio Casarrubias.
El GIEI mantiene estas cuatro versiones, pero subraya que ninguna es coherente con los otros testimonios. Sobre todo, desestiman la versión de que un grupo de 17 de los 43 estudiantes habrían sido asesinados y otros golpeados, pero dejados vivos, y otra versión que señala que un grupo de 15 estudiantes ya habrían llegado muertos al basurero de Cocula.

lunes, 20 de abril de 2015

Aporta la CIDH elementos “para nuevas líneas de investigación” sobre Ayotzinapa

Familiares de los 43 protestan en el INE. Foto: Octavio Gómez

MÉXICO, D.F. (apro).- Integrantes del grupo de expertos creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para investigar la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, dieron a conocer hoy que han aportado a la Procuraduría General de República (PGR) elementos “para abrir nuevas líneas de investigación y ampliar las ya existentes”.
Además, solicitaron tomar declaraciones, analizar pruebas fotográficas y documentales y de video, así como completar “la información oficial presentada sobre los escenarios en que se dieron los hechos de la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre”.
También denunciaron que familiares de los jóvenes han sufrido “distintas formas de victimización secundaria y coacción” por parte de funcionarios gubernamentales, por lo que solicitaron a las autoridades federales una investigación de los hechos y castigo a los presuntos responsables.
A mes y medio de haber iniciado el análisis sobre el caso Ayotzinapa, Carlos Beristáin y Francisco Cox, integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), dieron un segundo informe sobre el avance del trabajo, que comprende la revisión de lo hecho por el Estado mexicano sobre el proceso de búsqueda, investigación, atención a las víctimas y políticas públicas frente a la desaparición forzada.
En conferencia de prensa, Beristáin señaló que de forma recurrente han recibido quejas de familiares que “han sentido que su dignidad ha sido despreciada, no ha sido tenido en cuenta” por personas que “a veces no entienden lo que significa la desaparición forzada; a veces tienen intereses o beneficios secundarios”.
Agregó que las “nuevas formas de victimización” fueron notificadas a las “autoridades para que sean evaluadas”, y en el caso específico de la Secretaría de Gobernación (Segob) se entregó “incluso documentación para que sea evaluada, haya una respuesta a los familiares y se investigue a las personas que pueden estar detrás de estas acciones”.
En cuanto a las nuevas líneas de investigación aportadas a las autoridades, el abogado chileno Francisco Cox señaló que la PGR recibió de buena manera las observaciones del GIEI y que han revisado 30% de los 85 tomos del expediente, pero evitó detallar hacia dónde apuntan las líneas de investigación propuestas a las autoridades mexicanas.
Destacó que al revisar la documentación advirtieron como un elemento que “puede dificultar el desarrollo de la investigación” el hecho de que las autoridades hayan recurrido a la “fragmentación del caso, en el sentido de que a algunos imputados o presuntos responsables los tengan en algún lugar del país, el expediente en otro y que los hechos hayan ocurrido en otro sitio”.
De acuerdo con los expertos, acudieron al Centro Federal de Readaptación Social (Ceferso) 4 de Tepic, Nayarit, donde se entrevistaron con 16 procesados por el caso de la desaparición forzada, entre ellos policías municipales de Iguala y Cocula, así como presuntos integrantes del cártel de Guerreros Unidos.
Beristáin explicó que en el encuentro los detenidos hablaron sobre “su versión de los hechos, también sobre sus capturas”, misma que será cotejada “conjuntamente con las otras evidencias existentes en el expediente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y de otras fuentes del Estado”.
Con la cautela con la que se han conducido, se abstuvieron de confirmar si los detenidos fueron torturados por miembros del Ejército mexicano o de corporaciones federales, como lo publicó la revista Proceso en su edición 1996.
“Sobre el tema de tortura, nosotros nos vamos a pronunciar al final del informe (posiblemente en septiembre), como dicta nuestro mandato, y nuestra obligación es justamente no anticipar opinión”, apuntó Cox.
Otro de los avances considerado de gran relevancia por los expertos fue la reconstrucción de los hechos en Iguala, realizada el pasado domingo 12 con la colaboración de algunos sobrevivientes que tenían “información significativa de los diferentes escenarios” del ataque a los normalistas, dijo Beristáin.
“Dentro de los testimonios que hemos recogido también tenemos informaciones que vamos a evaluar sobre las fuerzas de seguridad en la zona, pero esa información es confidencial, por una parte, y por otra tenemos que contrastarla con diferentes fuentes para ver si es así o no es así, cuál es grado de convicción que tenemos sobre estas cuestiones”, explicó el médico español.
Apuntó que para el GIEI la experiencia permitió conocer el “impacto más amplio” que significó para los testigos y víctimas “volver al escenario de la pesadilla”, así como conocer la “medida de las cosas, las distancias, dónde se dio esta balacera, dónde donde quedó Aldo (Gutiérrez), dónde quedaron los buses. Eso nos dio una idea especial, que no puede entenderse cuando se ve un plano”.
Entre otros asuntos abordados por los expertos independientes enviados por la CIDH resalta la información de dos lugares sobre los que familiares tienen sospecha que pudieron ser utilizados para desaparecer a los jóvenes, mismos que fueron notificados al comisionado de la Policía Federal, Enrique Galindo, para que sean explorados. También solicitaron a la PGR nuevas fotos satelitales del basurero de Cocula, “una serie más amplia y de mejor calidad”, y se analizan el mapa de fosas localizadas en Iguala “para identificar la conexión de esos casos con el de los normalistas”.
Además se está en espera de que se permita al grupo de expertos hablar con los soldados del 27 Batallón de Infantería, con sede en Iguala, en tanto que se solicitó “fortalecer la búsqueda de fosas utilizando tecnología láser”.
Al señalar que la PGR cumplió con la encomienda de entregar una versión electrónica del expediente, los expertos informaron que tras los contactos facilitados por el GIEI con la Segob, Aldo Gutiérrez, quien fue herido en la cabeza, está a la espera de recibir atención médica especializada, en tanto que la Secretaría de Salud se comprometió a atender a los familiares de los normalistas en una unidad móvil, dotar de medicamentos a la enfermería de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos y canalizar a hospitales de segundo nivel a quien lo requiera.

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