Washington, D.C. - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) rechaza categóricamente la campaña de desprestigio que tiene lugar en México contra el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y contra el Secretario Ejecutivo, Emilio Alvarez Icaza Longoria. La CIDH rechaza en forma contundente la averiguación previa iniciada contra Emilio Alvarez Icaza Longoria por un presunto delito de fraude en perjuicio del Estado mexicano en relación con el trabajo del GIEI, tras una denuncia radicada en el contexto de esta campaña de descalificación.
La Comisión desea destacar que Emilio Alvarez Icaza Longoria, en su carácter de Secretario Ejecutivo de la CIDH, al firmar el acuerdo de cooperación con México actuó en representación de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA), a través de la figura de “delegación de firma”. Conforme a las reglas de la Organización de Estados Americanos (OEA), la contribución financiera voluntaria del Estado mexicano para la instrumentación del acuerdo fue depositada directamente a las cuentas de la Secretaría General de la OEA, por medio de su Secretaría de Administración y Finanzas. La CIDH no administró estos recursos, por tanto tampoco lo hizo el Secretario Ejecutivo.
La CIDH expresa su consternación y considera inadmisible la apertura de una averiguación previa sobre la base de esta denuncia, que por no contener ningún hecho constitutivo de delito, resulta temeraria e infundada.
La denuncia señala: "Con el argumento de incorporar a un grupo de expertos en distintas materias criminalísticas, con la promesa de que cumplirían los más altos estándares internacionales y las mejores prácticas regionales, y que tendrían carácter de independientes, el mexicano Emilio Álvarez Icaza engañó al Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos pues en lugar de ello, convocó a participar, con pleno conocimiento de los antecedentes de cada uno de ellos, a personas que en sus anteriores trabajos y funciones desempeñadas y mandatos gubernamentales faltaron a la verdad, a la probidad legal y violaron distintas leyes en sus países respectivos."
El acuerdo de asistencia técnica fue firmado en 2014 por la CIDH, los representantes de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, y el Estado mexicano, representado por la Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE), la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de la República (PGR). Fueron estas mismas partes las que expresaron su acuerdo con la selección de los y las cinco expertos y expertas que constituyen el GIEI.
La propuesta de dicho acuerdo surgió a solicitud del Estado y de los representantes de los estudiantes, y se suscribió en cumplimiento de los objetivos de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH a raíz de los hechos que tuvieron lugar el 26 y 27 de septiembre de 2014 en el estado de Guerrero. Las partes acordaron “la incorporación de un Grupo Interdisciplinario de Expertos independientes en materia de derechos humanos, para realizar una verificación técnica de las acciones iniciadas por el Estado mexicano” tras la desaparición de los 43 estudiantes beneficiarios de las medidas cautelares.
La CIDH designó un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en acuerdo con el Estado y con los representantes de los estudiantes, por un periodo de seis meses y con las siguientes atribuciones: el análisis de los planes de búsqueda en vida de las personas desaparecidas y en su caso recomendar las mejores prácticas para una investigación más eficiente; un análisis técnico de las líneas de investigación para determinar responsabilidades penales; y un análisis técnico del Plan de Atención Integral a las Víctimas de los hechos del 26 y 27 de septiembre. En el transcurso de su mandato, el GIEI ha emitido cuatro informes. El informe de investigación y primeras conclusiones del GIEI fue presentado el 6 de septiembre de 2015. Posteriormente, a solicitud del Estado mexicano y de los representantes de las víctimas, el mandato fue renovado por un periodo adicional de 6 meses.
El informe de investigación y primeras conclusiones del GIEI, presentado el 6 de septiembre de 2015, señala irregularidades, inconsistencias y/o ausencias en la investigación de los hechos por parte de las autoridades estatales. En particular, el GIEI cuestiona “la versión histórica” de los hechos dada a conocer meses atrás por el entonces Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, de que los normalistas hubiesen sido incinerados en el basurero de Cocula. Como consecuencia del trabajo y las recomendaciones emitidas por GIEI, el Estado mexicano ha señalado que se han abierto nuevas líneas de investigación, lo cual representa un avance significativo en la búsqueda de verdad y justicia en este caso.
La Comisión reitera su respaldo al trabajo realizado por el GIEI en todos sus aspectos y acompaña los informes y las recomendaciones presentadas por el Grupo.
Asimismo, la CIDH respalda en forma categórica el accionar de su Secretario Ejecutivo, que en todo momento actuó de acuerdo a las decisiones e instrucciones de los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión expresa además su confianza absoluta en la probidad de su Secretario Ejecutivo, opinión fundada en el conocimiento de su accionar, tanto en relación al tema específico de esta infundada denuncia como en toda su gestión a cargo de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
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