CHILPANCINGO, Gro. (apro).- El gobernador Ángel Aguirre Rivero estalló contraProceso y acusó a este reportero de haber inventado que el gobierno estatal pagó la fianza de los cuatro integrantes del magisterio disidente que fueron detenidos y posteriormente liberados por un acuerdo entre el gobierno federal y la dirigencia de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
“Eso es falso, eso lo inventó Ezequiel de Proceso. No es verdad, no hubo ningún pago de fianzas por parte del gobierno del estado, por supuesto que no, eso es falso”, expresó molesto Aguirre sin aportar elementos durante una rueda de prensa realizada en la Casa de Gobierno, a la que el corresponsal no fue convocado.
No obstante, Aguirre reconoció que los cuatro integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) se encuentran libres bajo caución, como se reveló el domingo en el portal del semanario (www.proceso.com.mx).
Sin embargo, el mandatario evadió hablar sobre el hecho de que el gobierno estatal, a través de la Dirección General del Servicio de la Defensoría de Oficio, asumió la defensa legal de los cetegistas Genaro Guevara Hernández, Mauro Lázaro García, Cesáreo Rosendo Feliciano y José Lucas Juárez Tlatempa.
El portal en Internet de Proceso publicó ayer una nota basada en datos consultados del expediente de la causa penal 44/2013, al que tuvo acceso este reportero y que integró el juez primero del ramo penal de primera instancia, Leoncio Molina, por los delitos de sedición y motín en contra de una veintena de cetegistas, entre ellos los cuatro detenidos a mediados de la semana pasada y quienes fueron trasladados a los penales de máxima seguridad de Nayarit y Veracruz a solicitud del gobierno estatal por considerar a los manifestantes como personas “de alta peligrosidad”.
El expediente refiere que el juez libró una orden de aprehensión a solicitud de la Procuraduría estatal, dependencia que integró una averiguación previa en contra de los inculpados por una manifestación registrada en febrero, dondetomaron las oficinas de administración y finanzas de la Secretaría de Educación, y no por el bloqueo de la Autopista del Sol, o los destrozos causados a las sedes partidistas, así como el ataque en contra del Congreso local y la casa oficial del gobierno estatal.
En esta causa penal se indica que los cuatro cetegistas, quienes fueron trasladados a los penales de máxima seguridad sin ser puestos a disposición del juez que los reclamaba en esta capital, contaron con la asistencia legal de la Dirección General de la Defensoría de Oficio estatal durante su declaración preparatoria del viernes 3.
En la diligencia, la defensa de los cetegistas pidió que se fijara una fianza, debido a que los delitos que se les imputaban no son graves, y el juez impuso una caución de 10 mil pesos, cantidad que fue exhibida en ese instante.
Incluso, el propio director de la dependencia, Juan Carlos García Jiménez, estuvo presente en la declaración preparatoria de los cetegistas, indicaron fuentes oficiales consultadas por Apro, donde la defensa también solicitó al juez la ampliación del término constitucional de 72 horas para aportar pruebas a favor de los inculpados.
Por ello, la situación jurídica de los cuatro cetegistas se resolverá hasta este jueves 9.
Al respecto, el gobernador Aguirre afirmó sin presentar pruebas que la información publicada por Proceso “es falsa” y que se trató de “un invento” de este corresponsal.
En la misma conferencia, el mandatario rechazó que su gobierno se encuentre rebasado, luego de que lo excluyeron de las negociaciones entre la Segob y la dirigencia nacional y estatal del magisterio disidente del jueves 2 en la Ciudad de México, donde se acordó la liberación de los cuatro cetegistas a cambio de que se reanuden las clases en Guerrero, luego de más de dos meses de protestas y movilizaciones del movimiento magisterial, convertido ya en un movimiento popular que aglutinó a diversos sectores sociales.
Ello a pesar de que Aguirre fue desconocido como interlocutor por los líderes de la CETEG, que tienen en jaque a la administración estatal y la clase política en la entidad.
Este medio no fue invitado a la conferencia de este lunes 6 a pesar de que previamente el corresponsal se comunicó con el director de Comunicación Social del gobierno estatal, Pedro Julio Valdez Vilchis, para preguntar si el mandatario tendría actos públicos y, en respuesta, el funcionario dijo que la agenda del Ejecutivo sólo consideraba reuniones privadas.
