Rosario Robles
APANGO-ACATEMPA, Gro. (proceso.com.mx).- La secretaria de Desarrollo Social federal (Sedesol), Rosario Robles Berlanga arrancó los trabajos de la Cruzada Nacional contra el Hambre en el poblado de Apango, municipio de Mártir de Cuilapan y a escasos 10 kilómetros de este punto, ubicado en la región Centro de la entidad, tomaron protesta 106 policías comunitarios en la localidad de Acatempa, municipio de Tixtla de Guerrero, en un acto donde integrantes de diversos sectores sociales y grupos de autodefensa que han surgido en la entidad, se manifestaron en contra de las políticas implementadas por el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.
En esta árida y marginada zona enclavada entre cerros que conforman la falda de la región de la montaña guerrerense, ubicada a 35 kilómetros de la capital y habitada principalmente por indígenas nahuas, se confrontaron dos proyectos de desarrollo para revertir los efectos de la pobreza, la inseguridad y violencia: el oficial y el comunitario.
Mientras en la plaza central de Apango, donde Robles Berlanga tomó protesta a los integrantes de los Comités Municipales de la Brigada contra el Hambre, se reunieron decenas de personas, principalmente mujeres indígenas que fueron convocadas por autoridades estatales mediante engaños, ya que les prometieron 500 pesos a cambio de que presentaran la tarjeta denominada La Cumplidora, entregadas por la administración del gobernador Ángel Aguirre a madres solteras para inscribirlas en programas asistencialistas.
En tanto que en la cancha del poblado de Acatempa se congregaron habitantes de esa localidad, dirigentes de la Policía Comunitaria, adheridos a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC); líderes de al menos cinco grupos de autodefensa surgidos el año pasado en la región de La Montaña y la Costa Chica, así como integrantes del Movimiento Popular de Guerrero (MPG), recientemente conformado por profesores del magisterio disidente y miembros de varias organizaciones sociales que se oponen a las reformas propuestas por el gobierno federal.
La secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, arribó cerca del mediodía al marginado lugar a bordo de un helicóptero de la Fuerza Aérea; se desplazó por las polvorientas calles en una camioneta tipo Suburban; estuvo resguardada en todo momento por elementos del Estado Mayor Presidencial y acompañada por políticos vinculados con el narco y ligados a personajes funestos de la entidad, como el priista, Héctor Vicario Castrejón, discípulo del exgobernador Rubén Figueroa Alcocer y actual delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), en la entidad.
También estuvo Ramón Sosamontes, operador de Robles Berlanga, ambos vinculados al escándalo de corrupción encabezado por el empresario argentino, Carlos Ahumada.
En su discurso, la funcionaria federal exhortó a los indígenas a organizarse para revertir los problemas generados por la inseguridad, la pobreza extrema y el hambre que persiste en la entidad.
Cuando la titular de Sedesol se retiraba del centro del poblado a bordo de la camioneta blanca Suburban, un joven desplegó una cartulina con un mensaje en contra del presidente Peña Nieto. No obstante, el incidente protagonizado por el solitario manifestante no pasó a mayores y Robles Berlanga se trasladó al puerto de Acapulco, donde estuvo con el gobernador Aguirre en la colonia Simón Bolívar, ubicada en la parte conurbada y considerada como la zona de mayor incidencia delictiva en ese destino turístico.
Por su parte, en Acatempa, una mujer integrante del grupo de autodefensa denominado Consejo Regional de Seguridad y Justicia -Policía Ciudadana y Popular de la comunidad de Temalacatzingo, municipio de Olinalá- advirtió que el vacío de poder generado por la corrupción de los políticos, “fue llenado por la delincuencia organizada” que pretendió hacer de los territorios, “su campo de juego para sembrar, traficar y vender droga; así como tratar de imponer la cultura de la muerte y la violencia”.
Por ello, dijo, los ciudadanos decidieron desplazar a las autoridades de los tres niveles y asumir las funciones de seguridad pública y aplicación de justicia, principalmente en municipios de las regiones Montaña y Costa Chica.
“El gobierno tiene una estrategia para dividir a los ciudadanos y reducir sus aportes, por eso negocia con unos sectores sociales y excluye a otros; cede frente a unos y reprime a otros. Por eso, es necesario evitar esta maniobra, creando unidad y evitando los errores que disolvieron movimientos sociales pasados”, expresó la mujer indígena.
Por su parte, el promotor de la CRAC en Tixtla, Gonzalo Molina, señaló que el acto donde tomaron protesta a 106 policías comunitarios de cuatro comunidades y los grupos de autodefensa creados en la Montaña y Costa Chica, así como la protesta magisterial en contra de la reforma educativa que se transformó en el MPG, es un reflejo de que “el pueblo se levanta y organiza para construir un poder de los pueblos”.
Por ello, anunció que el movimiento de la Policía Comunitaria, adherido a la CRAC, llegará a las ciudades y rechazó la advertencia del gobernador Aguirre, quien amenazó con detener a los integrantes de los grupos de autodefensa que operan en las zonas indígenas en caso de que “salgan de sus territorios”.
“En nuestro país no hay reservas, de donde nosotros como pueblos originarios no podamos salir”, advirtió el activista indígena, quien remató su discursos con la frase del profesor guerrillero de la década de los setentas, Lucio Cabañas: “Ser pueblo; hacer pueblo y estar con el pueblo”.
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