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lunes, 26 de noviembre de 2018

Acto inédito de un presidente electo con fuerzas armadas

AMLO pide el apoyo de los militares para combatir la inseguridad y la violencia
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▲ El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, ante 30 mil militares y marinos reunidos en la explanada Damián Carmona del Campo Militar No.1, pidió enfrentar juntos la crisis de inseguridad.Foto Cristina Rodríguez
 
Periódico La Jornada
Lunes 26 de noviembre de 2018, p. 3
El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, explicó frente a 30 mil militares y marinos que la reforma a la Constitución presentada por Morena para crear la Guardia Nacional busca dar poco a poco un giro a la responsabilidad de las fuerzas armadas en la defensa nacional, para asignarles, sin darle la vuelta y sin simulaciones, tareas de seguridad interior y pública.
Expresó su confianza en el Ejército, que nunca ha dado un golpe de Estadoy convocó a los militares a enfrentar juntos la crisis de inseguridad, como nunca se había padecido, pero con respeto a los derechos humanos y a los protocolos para el uso de la fuerza.
En respuesta, el secretario de Marina, Francisco Soberón Sanz, le expresó: las fuerzas armadas siempre han estado con el presidente de la República. Somos y seremos una excelente herramienta para que usted pueda alcanzar sus objetivos. Tenemos el mismo objetivo: México. Somos una gran herramienta, utilícenos; nunca lo vamos a defraudar.
Ayer, por primera ocasión un presidente electo emitió un mensaje a tropas, comandantes, almirantes y generales, así como sus familiares, que incluso desplegaron cartulinas de apoyo, entre las que se leía AMLO, la familia militar lo saluda o Unidad Habitacional Chihuahua Campo Militar No. 1. Bienvenido a su casa, Lic. Manuel López Obrador.
Del encuentro en la explanada Damián Carmona, del primer Cuerpo de Ejército del Campo Militar 1-A fue informado el presidente Enrique Peña Nieto y asistieron los próximos titulares de Defensa y Marina, Luis Crescencio Sandoval y José Rafael Ojeda Durán, respectivamente.
López Obrador informó que la Guardia Nacional comenzará a operar el primero de diciembre de manera provisional, en tanto el Congreso aprueba la reforma presentada por Morena. Vamos a esperar a que el Legislativo resuelva y también, si es necesario, vamos a hacer una consulta”, anunció.
Durante 45 minutos, López Obrador se dirigió a los soldados y familiares, a quienes dijo que quiere pasar a la historia como el mejor presidente de México y los invitó al Zócalo la tarde del sábado.
Adelantó que quienes sean transferidos a la Guardia Nacional mantendrán sueldos y el esquema de ascensos, e incluso anunció que la pensión universal incluirá a los militares en retiro, lo que generó un aplauso. “Van a mantener sus sueldos. Algunos, para meterles miedo en la campaña, decían ‘cuidado con ya sabes quién, porque te va a bajar los sueldos’. No. Van a bajar arriba, los de abajo van a ganar más. ¡Arriba los de abajo!”, exclamó entre más aplausos.
La reunión con militares se concretó a petición del presidente electo, informó el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, quien presentó López Obrador ante los miles de militares.
El próximo primero de diciembre se convertirá en presidente constitucional y además será nuestro comandante supremo. Él quiere platicar con ustedes, darles un mensaje, y nosotros le damos la bienvenida a este campo militar.
Precisó a López Obrador el número de asistentes: 2 mil familiares; 102 generales y almirantes; 775 jefes y capitanes; 4 mil 89 oficiales, y 25 mil 134 elementos de tropa y marinería. Todos pertenecen al Ejército, a la Armada y a la Fuerza Aérea Mexicana. Sea usted bienvenido, éste su auditorio, le dijo.
López Obrador presentó tres razones por las cuales confía en el Ejército: porque surge del pueblo; porque desde su integración en 1913 nunca ha dado un golpe de Estado, siempre ha sido respetuoso de la autoridad civil, y por su disciplina y profesionalismo.
Vengo a pedirles su apoyo, no a imponer. Desde luego que podría ser una orden, pero no vamos a imponer nada. Y estoy seguro que voy a contar con su apoyo, porque sus familias, y ustedes mismos donde viven, saben que tenemos el problema de inseguridad y violencia, expresó.
Recordó que, constitucionalmente, las fuerzas armadas no pueden participar en labores de seguridad pública y él no tomará ninguna decisión que viole la Constitución.
¿Entonces cómo enfrentar el problema tan grave de inseguridad y violencia, si no hay una reforma a la Constitución? ¿Qué proponemos? Hacer una fuerza uniendo la Policía Militar, la Naval y la Federal, crear una Guardia Nacional. No voy a hacer nada que viole las leyes; por eso, con toda transparencia, presentamos una reforma, para que la guardia pueda ocuparse de tareas de seguridad pública, detalló.
López Obrador sostuvo que defiende el proyecto de Guardia Nacional porque es muy grave la situación de inseguridad y violencia y no hay cómo enfrentarla si no se reforma la Constitución.
Actualmente, dijo, todas las corporaciones actúan por su cuenta y exclamó: ¿Por qué no nos unimos y tenemos una Guardia Nacional para la seguridad pública? Una vez más, López Obrador expresó un reconocimiento a Peña Nieto, porque a diferencia de otros presidentes, no dio instrucciones para impedir que ganara las eleciones. Otros por... no puedo decir la palabra... Por oficiosos, que hacen las cosas sin que les digan, porque les gusta y es su naturaleza.
El presidente electo también estuvo acompañado de los próximos secretarios de Gobernación y de Seguridad, Olga Sánchez Cordero y Alfonso Durazo, respectivamente, y la jefa de gobierno de Ciudad de México electa, Claudia Sheinbaum.

lunes, 29 de junio de 2015

El Estado sigue protegiendo al 27 batallón en el caso Iguala

Los expertos dijeron que debido a la complejidad del caso, podrían solicitar una prórroga de su mandato. Fotos: Luis Barrón, SinEmbargo.
Los expertos dijeron que debido a la complejidad del caso, podrían solicitar una prórroga de su mandato. Fotos: Luis Barrón, SinEmbargo.
Ciudad de México, 29 de junio (SinEmbargo).– El Grupo de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (GEI-CIDH), coadyuvante en el caso Ayotzinapa, dijo hoy que la Procuraduría General de la República (PGR) investiga 40 casos de tortura referentes a las diligencias sobre la desaparición de los 43 normalistas ocurrida hace nueve meses en Iguala.
Luego de que el Grupo revelara el mes pasado que algunos de los implicados en el caso denunciaron que fueron torturados, hoy informaron que en total son 40 los reportes que se investigan.
El Grupo denunció este día, además, el retraso del Estado mexicano para facilitar las entrevistas a elementos del 27 Batallón de Iguala, Guerrero, solicitadas desde hace tres meses. Ángela Buitrago, experta del GEI, dijo que el día de ayer el Estado les informó que “aún analizaban la solicitud”.
“El GEI ve con preocupación esta demora, porque limita los esfuerzos por avanzar en la investigación de los hechos y en la búsqueda”, comentó esta mañana en conferencia de prensa.
En un comunicado abundó: “Más de tres meses después de haber realizado la petición a las autoridades de entrevistar directamente a los militares del 27 batallón, incluyendo aquellos cuyos testimonios no han sido tomados, el GIEI señala con preocupación el retraso en esta decisión. Hay que tener en cuenta que han pasado 9 meses desde los hechos y la urgencia que dichas acciones tienen para los familiares de las víctimas, así como el tiempo restringido de seis meses que el GIEI tiene para llevar a cabo su mandato. En opinión del Grupo esta demora limita los esfuerzos por avanzar en la investigación de los hechos y las nuevas acciones y perspectivas en la búsqueda de los desaparecidos”.
Los expertos dijeron que debido a la complejidad del caso, podrían solicitar una prórroga de su mandato, que culmina en agosto. Asimismo indicaron que el grupo, como parte de su mandato, puede solicitar al Ministerio Público ampliar las declaraciones de más de 30 miembros del 27 Batallón.
En el cuarto informe dado a conocer este lunes participaron los cinco expertos del GEI; dijeron que como parte de sus pesquisas en Iguala, acudieron a la central de autobuses, al basurero de Cocula y al Río San Juan, con peritos propios.
Los especialistas concluyeron que los jóvenes no acudieron a Iguala, ni tomaron autobuses para ir al centro de la ciudad. Dijeron que los estudiantes fueron a botear para obtener recursos y participar en la marcha del 2 de octubre.
“La decisión de ir a la estación de autobuses de Iguala, no fue planificada para ir al centro de la ciudad”, dijo Buitrago.
Los investigadores informaron que del total de diligencias que el grupo solicitó, sólo 30 por ciento de ellas se cumplieron hasta el momento.
En su comunicado de hoy, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes dijo que las autoridades continúan evaluando la petición de hacer entrevistas directas al 27 batallón y hay un avance completo en 30 por ciento y parcial en 24 por ciento de las diligencias adicionales solicitadas a las autoridades. Resaltó el compromiso de la PGR para dar los pasos necesarios para unificar la investigación, laINSTALACIÓN de una unidad de salud para los padres de familia en la normal de Ayotzinapa y la disposición de familiares de los jóvenes y de los normalistas sobrevivientes de colaborar con las autoridades para continuar la investigación y enriquecer el expediente.
“A 9 meses de los hechos, los familiares de los normalistas desaparecidos siguen esperando respuestas y nuevos esfuerzos para la búsqueda de sus hijos. El Grupo ha avanzado en el análisis del expediente, así como en la toma de testimonios, en el contraste entre las distintasVERSIONES, declaraciones y pruebas recogidas, así como en la elaboración de su futuro informe”, dijo.
Enumeró los puntos que, a estas alturas de su investigación, consideró importantes:
1. Decisión de ir a la estación de autobuses de Iguala. Con objeto de contribuir a un mejor conocimiento sobre los hechos, el GIEI considera relevante precisar que pese a las informaciones difundidas sobre la llegada de los normalistas el día 26 de septiembre a la Central de Autobuses de Iguala, según las investigaciones que han hecho, dicha acción no fue planificada previamente para acudir al centro de la ciudad. El GIEI ha recibido en numerosas ocasiones preguntas sobre este hecho, por lo que considera importante aclararlo antes de dar sus conclusiones definitivas.
Los normalistas de Ayotzinapa salieron a hacer actividades de boteo el día 26 de septiembre aproximadamente a las 5 de la tarde, con el objetivo deOBTENER DINERO y autobuses para asistir a la marcha del 2 de octubre. Debido a las dificultades que tuvieron los días anteriores para obtener autobuses en la ciudad de Chilpancingo, se dirigieron al lugar conocido como Casa del Cura o cruce de la entrada a Huitzuco y la caseta de Iguala. La decisión posterior de ir a la central de autobuses se debió a circunstancias del momento no previstas de antemano.
2. Compromiso para abrir nuevas líneas de búsqueda. Como parte del compromiso de realizar buenos oficios para el acercamiento entre la Policía Federal y los familiares de los normalistas para el establecimiento de nuevos planes de búsqueda, la Policía Federal realizó en presencia de miembros del GIEI una nueva toma de testimonios de los familiares para completar la información existente. A partir de dichas entrevistas, la Policía Federal se ha comprometido a presentar a los familiares las nuevas hipótesis de búsqueda, así como a responder a las preguntas que los familiares siguen teniendo sobre estas medidas. Igualmente, se acordaron reglas mínimas de pasos a seguir para estas búsquedas. El Grupo señala la buena disposición de los familiares para volver a proporcionar informaciones relativas a los normalistas desparecidos, a pesar del impacto y la movilización emocional que supone para ellos la nueva toma de testimonios. El propio GIEI, después de examinar la documentación obrante en el expediente, ha realizado varias peticiones específicas que espera se tomen en cuenta para dichas búsquedas.
3. Respuesta a la acumulación y tipificación. Debido a la recomendación del GIEI para unificar los procesos y la tipificación de los delitos en el caso Ayotzinapa,  la PGR informó al GIEI que va a solicitar la acumulación de los procesos abiertos del caso. Se acordó con la procuradora general realizar una reunión para que el GIEI colabore con sus criterios en la valoración y tipificación de los delitos cometidos en las 6 causas abiertas que corresponden a 15 procesos (Tamaulipas, Morelos, Guerrero), según la información proporcionada por las autoridades. Dicha acción es un paso adelante para que hechos tan graves puedan ser investigados de manera integral y juzgados de acuerdo con los estándares internacionales en este tipo de casos.
4. Respuesta a la petición de entrevistar a miembros del 27 batallón. El día de ayer se recibió por escrito la respuesta de que “el Estado continúa analizando la procedencia de la solicitud”, así como que se reitera “que en su carácter de coadyuvante, el GIEI está facultado en todo momento a sugerir al Ministerio Público ampliar las declaraciones que los 36 miembros (sic) del 27 Batallón hicieron en calidad de testigos”.
Más de tres meses después de haber realizado la petición a las autoridades de entrevistar directamente a los militares del 27 batallón, incluyendo aquellos cuyos testimonios no han sido tomados, el GIEI señala con preocupación el retraso en esta decisión. Hay que tener en cuenta que han pasado 9 meses desde los hechos y la urgencia que dichas acciones tienen para los familiares de las víctimas, así como el tiempo restringido de seis meses que el GIEI tiene para llevar a cabo su mandato. En opinión del Grupo esta demora limita los esfuerzos por avanzar en la investigación de los hechos y las nuevas acciones y perspectivas en la búsqueda de los desaparecidos.
5. Nuevas diligencias. En el mes pasado se hicieron diversas diligencias en lugares relevantes vinculados con la investigación. El grupo visitó establecimientos policiales, el basurero de Cocula, el río San Juan y una casa de seguridad, entre otros lugares del estado de Guerrero. También hizo una nueva inspección de los sitios en donde se cometieron los ataques en la ciudad de Iguala. Dichas acciones se llevaron a cabo junto con peritos del Grupo, expertos en criminalística de campo y planimetría. El GIEI considera que estas diligencias contribuirán a la valoración de las diferentes pruebas y evidencias recogidas hasta ahora, así como a realizar nuevas propuestas y recomendaciones.
El GIEI informó que hizo nuevas visitas a los Centros Federales de Readaptación Social para la toma de testimonios de personas inculpadas que se encuentran recluidas en el Estado de México, Veracruz, Jalisco y Nayarit. Por último, habiendo terminado la revisión del expediente de la averiguación previa de la PGR, el Grupo ha comenzado la revisión de los expedientes penales en el ámbito judicial, a los cuales espera tener pleno acceso.
6. Nuevas declaraciones de los normalistas. Debido al interés de las autoridades de la PGR para contar con nuevas declaraciones de los normalistas que fueron víctimas y testigos de los hechos, se ha concertado un mecanismo para tomar testimonios que la PGR considera importantes. El GIEI ha realizado sus buenos oficios para facilitar dicha diligencia y los normalistas han mostrado su disposición para participar en ella, por lo que se hará próximamente. Se espera que con estas declaraciones se pueda completar la información ya existente, incluyendo la que los normalistas dieron poco después de los hechos.
7. Reunión de la PGR con los familiares de los normalistas desaparecidos. Como parte del proceso de generar confianza y acciones específicas de acercamiento entre las entidades del Estado y los familiares, el GIEI recogió la solicitud de los familiares de ser recibidos por la Procuradora General. Dicha petición ha sido acogida de forma positiva por la Procuradora, por lo que en los próximos días se definirá la fecha de dicho encuentro.
8. Verificación de las solicitudes de información y diligencias. Desde que comenzó su mandato, el GIEI ha hecho más de cien peticiones de información relevantes o de diligencias significativas para la evaluación y el impulso de la investigación. Dada la complejidad y la amplitud de las mismas, se ha establecido un sistema para verificar el cumplimiento de dichas solicitudes. Hasta ahora se ha cumplido un 30% de forma completa, un 24% de forma parcial y un 47% aún están pendientes, según la revisión conjunta hecha por el GIEI y la PGR. La agilización de la respuesta a estas peticiones es muy importante para cumplir con el mandato del Grupo en el tiempo establecido. En los próximos días el GIEI hará nuevas solicitudes importantes para el caso. Igualmente, el Grupo resalta la relación de colaboración con la CNDH para el intercambio de información relativa a la investigación.
9. Atención en salud. Debido a las gestiones realizadas con la Secretaría de Gobernación, fueINSTALADA una unidad móvil de salud en la entrada de la normal de Ayotzinapa. El GIEI considera dicha medida un paso adelante para asegurar una atención adecuada a los familiares en los problemas de salud que les afectan. Por otra parte, también ha recogido nuevas necesidades de salud de algunos normalistas heridos que después de ser atendidos en el hospital los primeros días, sufren secuelas que necesitan una valoración específica y un tratamiento adecuado para mejorar la funcionalidad de las extremidades afectadas.
 El GIEI ha recibido información de los familiares de Aldo Gutiérrez sobre una segunda opinión emitida por un experto mexicano, y está atento a la valoración que se debe realizar sobre las condiciones que se necesitan para un tratamiento prolongado en el tiempo y adecuado a las circunstancias de la familia, así como las posibles valoraciones sobre otras opciones para su tratamiento.
Por último, la Segob envió al GIEI un borrador inicial de documento para la información sobre los derechos de las víctimas del caso Ayotzinapa, el cual está siendo evaluado por el Grupo.

10. Políticas generales sobre la desaparición de personas. Después de la entrada en vigor de la reforma constitucional y la nueva configuración política tras las elecciones, el GIEI está a la espera de conocer el proyecto de ley gubernamental a la vez que está evaluando las otras iniciativas presentadas por legisladores que se discutirán en los próximos meses, para dar su opinión respecto a los criterios que deberían ser incluidos en una futura legislación, a fin de que cumpla con los estándares internacionales en la materia. El GIEI espera que pueda aprobarse dicha ley siguiendo una tramitación rápida y adecuada, debido a la importancia que tiene esta problemática en México.

sábado, 19 de octubre de 2013

Militares imitan a Laura Bozzo; montan ‘rescate’ de damnificados


Inundaciones en Tixtla, Guerrero. Foto: José Luis de la Cruz
Inundaciones en Tixtla, Guerrero.
Foto: José Luis de la Cruz
MÉXICO, D.F. (proceso.com.mx).- Pobladores de Tixtla, Guerrero retuvieron a cinco soldados y a jóvenes que realizaban una grabación en la que militares rescataban a mujeres y niños de la Laguna Negra.
Los afectados por la tormenta Manuel se indignaron por la filmación en la que también participaba una empresa televisiva y encararon a los implicados para luego retenerlos y acusarlos de hacer un montaje.
La filmación se realizaba en el barrio de El Santuario, zona que resultó afectada por las lluvias de septiembre pasado.
Los habitantes alegaron que los militares no los ayudaron durante las inundaciones en el pueblo el mes pasado y que sólo policías comunitarios y normalistas de Ayotzinapa los auxiliaron.
Agregaron que la filmación era una farsa y una burla a su dolor, ya que los soldados nunca los ayudaron cuando el agua inundó su comunidad.
La filmación incluía la participación de actores. Aparentemente se ofrecieron despensas y 200 pesos a los damnificados que prestaran sus casas para efectuar las grabaciones.
Los habitantes afirmaron que liberarán a los militares y a los civiles sólo si se firma un acuerdo para que se entregue el video y que el Ejército ofrezca una disculpa pública.
Al lugar acudieron Humberto Salgado, coordinador de asesores del gobierno del estado; el alcalde de Tixtla, Gustavo Alcaraz y la asesora del gobernador Ángel Aguirre, Roxana Mora.
Hasta las 23:00 horas de este viernes los soldados y productores continuaban retenidos.
El domingo 22, el portal de Proceso difundió una nota de sus enviados Marcela Turati y Eduardo Miranda titulada Utiliza Laura Bozzo helicóptero del Edomex para montar teledrama en Guerrero en la que da cuenta de la utilización de un helicóptero del Grupo de Rescate Aéreo Relámpagos del gobierno del Estado de México para transportar a Laura Bozzo a la zona de desastre y grabar un “especial” para su programa de televisión.
La aeronave sobrevoló el río de Coyuca, mientras la gente miraba con la esperanza de que transportara ayuda y víveres.
Sin embargo, de la puerta abierta cayó una cuerda por la que descendió una persona se deslizó a rapel hasta el piso, mientras en tierra, cámaras de televisión la grababan. Se trataba de la conductora de Televisa Laura Bozzo.
Este hecho desató una ola de críticas en redes sociales contra la peruana que días después se enfrascó en una pelea mediática con la periodista Carmen Aristegui, quien retomó en su noticiero radiofónico el montaje televisivo de Bozzo.

Los militares llegaron a burlarse de nuestro dolor, acusan habitantes del lugar

Pobladores de Tixtla retienen a grupo de 20 soldados y civiles
Filme de Sedena desata enojo de damnificados en Guerrero
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Pobladores del barrio El Santuario, en Tixtla, Guerrero, retuvieron a soldados y a trabajadores de una empresa que filmaba a damnificadosFoto Lenin Ocampo
Sergio Ocampo Arista
Corresponsal
Periódico La Jornada
Sábado 19 de octubre de 2013, p. 29
Tixtla, Gro., 18 de octubre.
Cientos de enardecidos damnificados mantenían retenidos desde las 16 horas de este viernes a unas 20 personas, entre soldados y trabajadores de una empresa que filmaba un programa para la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) sobre la situación que prevalece en Tixtla, a un mes de que la mitad de la ciudad continúa inundada por las aguas de la Laguna Negra, que se desbordó tras las torrenciales lluvias de la tormenta tropical Manuel.
Entre los retenidos se encontraba el teniente Víctor Manuel N, quien dijo que había sido enviado por el coronel Corona, e incluso proporcionó a los inconformes el número telefónico de éste. Los lugareños le marcaron al mando castrense y el coronel les dijo que la Sedena no había ordenado la filmación.
Los habitantes retuvieron a los militares luego de que vecinos del barrio de El Santuario se percataron que un grupo de personas videogrababa a ciudadanos y niños a los que, aseguraron, les ofrecieron hasta 200 pesos para que se metieran a las aguas contaminadas.
Los lugareños detuvieron a cinco civiles, entre ellos un menor y una mujer y a por lo menos 10 soldados, además de dos camionetas en las que se trasladaban. Los acusaron de montar una farsa a partir de la adversa situación que enfrentan.
Doña Soledad Coctecón reclamó:Por qué se vienen a burlar de nuestro dolor, y enseguida mostraba cazuelas y ollas de aluminio que, afirmó, trasladaron los soldados para utilizarlas en la filmación del programa. Yo les gritaba que filmaran la realidad, pero se burlaban de mí, comentó.
Al lugar llegó el presidente municipal de Tixtla, Gustavo Alcaraz, y el coordinador de asesores del gobierno de Guerrero, Humberto Salgado Gómez, entre otros funcionarios, con la finalidad de encontrar una solución al conflicto.
Interrogado sobre el motivo de su presencia en esta localidad ubicada a 10 kilómetros de Chilpancingo, sin portar su uniforme, el teniente Víctor Manuel dijo que estaba apoyando a los miembros del equipo de video.
–¿Por qué viene de civil teniente, para ubicar a los líderes del movimiento?
–Yo ni sabía que hay un movimiento aquí… Yo no sé nada, yo vengo de otro lugar, y no sabía que aquí hay una policía comunitaria.
“No vengo de Gobernación. Yo soy militar, y bueno alguien me dijo: ‘oye necesitamos que vengas aquí’, y ya me identifique, y les dije de dónde vengo. No vengo uniformado porque no viajo en un vehículo militar, yo sólo vengo acompañando a esta gente (el equipo de video)”.
Después de las 22 horas, los lugareños mantenían retenidos a los soldados y a los trabajadores de la empresa en espera de que se firmara una minuta que entre otras cosas incluía la devolución de los materiales videograbados; una disculpa pública de un militar de alto rango y el inicio de los trabajos de una obra que denominancanal controlado, para el desagüe de la Laguna Negra.
Cerca de ahí se encontraban apostados decenas de soldados y policías antimotines. Los damnificados pedían la presencia de la policía comunitaria, que llegó sin armas hasta el barrio del Santuario, al igual que estudiantes de la Normal de Ayotzinapa.

domingo, 7 de julio de 2013

Calderón quiso implicar a AMLO con el narco

Andrés Manuel López Obrador, excandidato a la Presidencia. Foto: Octavio Gómez

Durante las campañas electorales del año pasado el entonces presidente Felipe Calderón –en la debacle de su gobierno– quiso que la Procuraduría General de la República (PGR) inventara cargos de narcotráfico y crimen organizado contra el candidato de las izquierdas, Andrés Manuel López Obrador, su contendiente en la elecciones de 2006 y quien competía también en 2012.Para lograrlo intentó que uno de los mandos del Ejército –falsamente acusados de tener vínculos con el narcotráfico– lo acusara.
MÉXICO, D.F. (Proceso).- Hasta ahora se ha conocido sólo una parte del caso de estos militares –el general de división y exsubsecretario de la Defensa Nacional Tomás Ángeles Dauahare; el general de división Ricardo Escorcia Vargas; los generales de brigada Roberto Dawe González y Rubén Pérez Ramírez; el teniente coronel Silvio Hernández Soto y el mayor Iván Reyna Muñoz– a quienes la PGR fabricó cargos de complicidad con la delincuencia organizada en el sexenio pasado.
Y sólo ahora –con la exoneración de los seis acusados en lo que atañe a este delito– el caso muestra su lado más negro.
De acuerdo con información obtenida y corroborada con fuentes cercanas al proceso, el teniente coronel Silvio Isidro Hernández Soto (detenido desde mayo de 2012) fue amenazado por un funcionario de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO, hoy SEIDO) para que acusara de vínculos con el narcotráfico a políticos de la oposición. Los señalamientos debían dirigirse contra el entonces candidato López Obrador –quien en las encuestas de preferencia electoral aparecía en la segunda posición, por arriba del PAN– y contra el PRD.

jueves, 4 de julio de 2013

PRI no quiere que ejército vigile elección; Ayer Marina los descubrió con despensas

Víctor Hernández

Luego de que ayer la Marina detuviera a priistas que fueron descubiertos con despensas para comprar votos en Veracruz, el PRI declaró que no quiere que el ejército vigile las elecciones de este domingo en 14 estados de la República.

Luego de que el PAN y el PRD solicitaran que el ejército vigilara las elecciones por la desconfianza que existe en las policías locales, el senador priista Patricio Martínez rechazó que el ejército vigile las elecciones, alegando que los diferendos que se presenten se deben dirimie en tribunales.



Según Martínez, "hay comentarios de temores en alguna zonas de la sierra de tal o cual estado, hay la pasión política que conlleva a desencuentros callejeros que se dan entre algunos promotores de los diferentes candidatos, pero nada que podamos generalizar, ni señalar como una preocupación nacional".

Ayer elementos de la Marina detuvieron a policías de Veracruz que resguardaban una bodega, rentada por el gobierno municipal priista, con despensas que el PRI pretendía usar para comprar votos.

Esto ocurrió luego de que los policías dispararon contra perredistas que los descubrieron.

domingo, 16 de junio de 2013

La historia de un militar torturado por militares


Juegos de guerra. Militares simulan operativo en Veracruz. Foto: Miguel Ángel Carmona
Juegos de guerra. Militares simulan operativo en Veracruz.
Foto: Miguel Ángel Carmona
GUADALAJARA, Jal. (Proceso).- El sargento segundo Aarón Israel González Espino quedó epiléptico, extremadamente delgado, frágil y con daños psíquicos después de largas sesiones, días de tortura en la XXI Zona Militar, en Morelia, perpetradas para que se declarara culpable de delitos presuntamente cometidos por otros militares.
González Espino siempre afirmó que era inocente, pese a los tormentos infligidos entre marzo y abril de 2010 por militares del cuerpo de élite GAFE (Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales) y agentes de la Policía Judicial Militar.
Lúcido, pese a que las secuelas lo dejaron al borde de la muerte, el sargento del 37 Batallón, con sede en Zamora, cuenta su azarosa historia.
Recluido en la Prisión Militar de la V Región Militar, con sede en La Mojonera, Zapopan, relata que hizo alta en el Ejército en junio de 2001, que nunca causó problemas y que –es importante– siempre fue hallado sano en las revisiones anuales que le hacía la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Todo se torció, asegura, el 31 de marzo de 2010. Estaba de vacaciones cuando recibió una llamada telefónica que le hizo un cabo apodado El Nipón. El cabo le pasó la bocina al coronel Andrés Ojeda Ramírez, quien le dijo a González Espino que tendría que presentarse en Morelia, y que ellos lo llevarían.
El Nipón fue por él a su casa, en Zamora. Aún sin decirle de qué se trataba, lo subieron a una camioneta “que manejaba el cabo Demetrio Diego, y además iban el teniente Juan Manuel Vidal Luna y personal de tropa con el rostro cubierto”.
Ya en Morelia, afirma, lo llevaron al cuartel de la ciudad. Ahí lo presentaron ante el jefe del estado mayor, Gabriel Rincón. “Él me presentó con los gafes que estaban en la segunda planta de la XXI Zona Militar. Les dijo: ‘Ahí se los encargo’. Y me ataron las manos a la espalda y me vendaron los ojos. Me tuvieron ahí ese día sin alimentos ni agua y no me explicaron por qué”, recuerda.
Al día siguiente llegaron unas personas a donde estaba detenido: “Me decían que yo era El Español, lo que negué, y me comenzaron a golpear: ‘Sí, alguien te señala y te reconoce como El Español’. Entonces trajeron al ‘soldado coronel’. No lo vi, pero escuché cómo lo estaban golpeando severamente. Después de los golpes lo pusieron frente a mí, me descubrieron la cara y él me señaló como El Español”.
Así comenzaría a enterarse que lo acusaban de estar coludido con el narco y de pasarle información a La Familia Michoacana.
Se intensificaron las golpizas. “Me dieron cachetadas en la cara, la nuca y los oídos hasta que me quedaron zumbando. Me levantaron entre dos personas y me pasaron a los baños de la Segunda Compañía del doceavo Batallón de Infantería”.
Lo metieron a la regadera y le preguntaban que cuánto dinero le daban por pasar información. Respondió que nunca había pasado información ni lo haría: “‘Entonces la pasas gratis’. ‘No señor, yo nunca he pasado información’”, respondió.
Posteriormente, “uno de ellos me empezó a echar agua con el trapo húmedo y me pusieron una bolsa que me tapó bien la nariz y la boca y trataron de asfixiarme con fuerza. No sé de dónde comencé a patalear y me quedé viendo en blanco. Se subían en mi cabeza y me gritaban: ‘¡Ya muérete, cabrón! ¡Me vale verga si te mueres, ya te aventaron, tú estás muerto, me vale madre, ya muérete!’”, recuerda.
Pero el sargento insistía en su inocencia. “‘¿Qué te parece si a tus hermanos, a tus papás les plantamos droga, granadas? ¿Cuántos años crees que se van a aventar?’. ‘Yo no sé nada’, les contesté. Me preguntaron qué hacía en la zona. Yo les dije que era técnico en urgencias médicas y conductor de ambulancia y, aparte, hago trabajos de carpintería que me pedían los comandantes”. Recordó que también había sido chofer del propio comandante de la XXI Zona Militar, Mauricio Sánchez Bravo.
Poco tiempo después una carcajada lo estremeció. “Así me gusta, que no digan nada porque más me divierto”, dijo el de la risa. “Bienvenido a la segunda fase”, le espetó. “Me echaron agua caliente en la cara, agua fría, agua caliente, agua fría y me comenzaron a dar toques. ‘Así me gusta, que no hable nada porque más me divierto’, me dijo. Dejaron puestos los cables en el pie y me presionaban las rodillas para que no las encogiera. Mi cuerpo se ponía tieso”.
El que disfrutaba torturando fue a más: “Okey, pues como no quieres aceptar que eres El Español y que trabajas para La Familia, voy a ir subiendo así hasta llegar, ¿sabes a dónde? A los huevos, al cabo que ya tienes cuatro hijos y ya no los ocupas”. “Y comenzó de nuevo a darme toques hasta que llegó a mis testículos. No sé cuántas veces me pusieron toques, pero mejor quería de verdad morir en ese instante. Ya no soportaba”.
En esa misma sesión de tortura, afirma, se incorporó un judicial militar: “A uno de los judiciales, el cual ubico bien por su forma de hablar, le sonó su nextel y era su novia, o no sé quién. Le dijo: ‘Es que estoy trabajando, de veras, ¿no crees?’ Y empezó a darme toques y toques otra vez y me acercó su teléfono a la boca y me preguntaba: ‘¿Pasas información a La Familia?’ Le dije que no y me siguió dando toques. Luego dijo: ‘¿Ya escuchaste, amor? Ando trabajando’”.
Esa noche, asegura, escuchó cómo torturaban a otras personas.
Poco después empezó a orinar rojo: “Me dolían los testículos. Oriné rojo, no sé la intensidad de qué tan rojo”. Era el 2 de abril.
Sólo al día siguiente fue presentado ante un Ministerio Público (MP) militar. Y cuando estuvo frente a él, declarando, asentó que él era inocente. “Le dije al coronel del MP que no era El Español y que no era miembro de La Familia”.
Después de eso cesaron las torturas. Pero no la persecución.
Entre el 7 y el 8 de abril lo llevaron a firmar un “correctivo disciplinario” de parte de su batallón, porque supuestamente se había perdido un rifle G-3. Y ahora era investigado por eso.
Sólo el 13 o 14 de abril, recuerda, le quitaron las esposas y las vendas de los ojos. Le pagaron su quincena. Hasta entonces pudo tener visita de sus familiares.
El 19 de abril en la mañana les comunicaron al sargento y a otros siete detenidos –que bajo tortura atestiguaron en su contra– que había una orden de aprehensión… por el fusil “perdido”. Los trasladaron a la prisión militar, donde ahora Aarón Israel González Espino (el soldado C-6373801) purga la pena señalada en la causa 345/2010.
A causa de todo esto, un año después intentó suicidarse. Lo llevaron al Hospital Central Militar, en la Ciudad de México. Fue atendido en la sección de neurocirugía por problemas serios de depresión: “Historia de crisis convulsiva. Refiere el paciente que inicia en 2010. Esto le ha sucedido de seis a ocho ocasiones y de esas ocasiones ha presentado en tres eventos relajación de esfínteres, dos urinaria y una fecal. La citada clase (soldado) se encuentra incapacitado en primera categoría para el servicio activo de las armas por padecer epilepsia”, reza el parte médico.
Sin embargo, ya estabilizado lo regresaron a la misma cárcel, pese a una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a un amparo otorgado por el Juzgado Quinto de Distrito.

Las causas, en el aire

El sargento dice que de nada le valió haber sido chofer del comandante de la XXI Zona Militar, el general de brigada Mauricio Sánchez Bravo –ahora retirado– y de su esposa. Al contrario: cree que, para cubrirse, el propio comandante podría haberlo acusado.
El sargento no tiene claro por qué arremetieron contra él. Sólo recuerda que, antes de ser detenido, él detectó que alguien lo estaba siguiendo. Por miedo a que lo “levantaran” dio “parte verbalmente al general Mauricio Sánchez Bravo, a los tenientes de infantería Fierro, comisionado de contrainteligencia, y a Mario Sosa”. Explica: “Tenía miedo a que me fueran a levantar, o a hacerle algo a la familia de mi general, pues yo fui su chofer y de la señora”.
Cuando contó esa historia durante su detención, uno de captores aventuró: “O le querían llegar a mi general”…
En la plática con este semanario, el sargento González Espino aseguró que jamás recibió de alguien alguna propuesta ilícita, y que si así hubiera sucedido, se lo habría dicho a sus superiores: estaba de por medio su vida

miércoles, 22 de mayo de 2013

Ciudadanos retienen a 20 militares en Michoacán


Víctor Hernández

Apenas a un día de que el gobierno de Enrique Peña Nieto, por medio de la SEGOB, dijera que el ejército permanecerá en Michoacán hasta que sea pacificado, un centenar de ciudadanos del municipio de Buenavista Tomatlán retuvieron a 20 militares.

De acuerdo con Sin Embargo, los militares fueron retenidos por la detención de 4 policías comunitarios y serán liberados hasta que les entreguen a los 4 autodefensas.

Apenas unos minutos antes del incidente, el titular de SEGOB, Miguel Ángel Osorio Chong, presumió tener diálogo pacífico con los autodefensas y que iniciarían un programa de desarme.

Pero resultó que la gente de Tomatlán no sólo exige liberar a los autodefensas, sino que además amagan con quemar vehículos militares si no los liberan.

miércoles, 8 de mayo de 2013

Implican a extitular de la Sedena en la trama para encarcelar a militares

Guillermo Galván, extitular de la Sedena. Foto: Octavio Gómez


MÉXICO, D.F., (apro).- La piezas del rompecabezas del caso de los militares presos en la administración calderonista por sus presuntos nexos con el crimen organizado poco a poco se van acomodando.
En su edición de este miércoles, la periodista Carmen Aristegui, en su espacio de noticias de MVS, aportó un nuevo elemento que deja ver la trama urdida desde las altas esferas de la Secretaría de la Defensa Nacional, para encarcelar a cuatro altos mandos militares, entre ellos el subsecretario Tomás Ángel Dahuahare, el único absuelto hasta ahora: Se trata del testimonio del general Rubén Pérez Ramírez.
De acuerdo con su declaración ampliada, el entonces titular de la Sedena, Guillermo Galván Galván, operó en diferentes frentes para encarcelarlo a él y a sus compañeros, los también generales, Ricardo Escorcia, Roberto Dawe y Tomás Ángeles Dauahare.
En aquel entonces, este último era visto como potencial candidato a la Sedena y su detención se registró en plena efervescencia electoral, en mayo de 2012. Dahuahare estuvo preso  11 meses y fue liberado el pasado 17 de abril, luego de que la Procuraduría General de la República o pudo sostener las acusaciones en su contra.
El general Pérez Ramírez, quien continúa preso en un penal de máxima seguridad del Altiplano, dijo en su declaración que el general Galván Galván llevó a cabo todo un plan para inculpar al general Dauahare, en el que incluyó miembros del Estado Mayor Presidencial, la PGR y de la Unidad de Delitos contra Salud, de la entonces Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO, hoy SEIDO).
Asimismo, reveló que a principios de abril llegó a la Unidad de Delitos contra la Salud, que era comandada por militares, y un sujeto a quien identificó como El jefe le pidió que cooperara con la investigación que incriminaba a militares, entre ellos a Dauahare.
El jefe me dijo que lo pensara bien que no me quería perjudicar porque además la persona que le interesaba era el general Dawe y otro general. Y otras personas que tenían que ver con el asunto, o estaban muertas o en la cárcel”, dijo en su declaración.
La advertencia fue clara. Le dijeron: “Píenselo bien, mejor colabore diga la verdad porque si no esto le va a hacer daño a su carrera y su vida está acabada”. 12 días antes de ese interrogatorio, el 20 de abril de 2012, fue asesinado el general Arturo Acosta Chaparro.
Pérez Ramírez refirió en su testimonio que aceptó firmar “intimidado” por los militares y por la promesa de que saldría bien librado, pero al final no fue así, termino encarcelado junto con sus compañeros y no ha sido liberado.
El 9 de mayo, se llevó a cabo un segundo interrogatorio. Fue el mismo día en que se desarrolló el Foro Encuentros por el Futuro de México, organizado por la fundación Colosio en la que estuvo presente en entonces candidato presidencial, Peña Nieto, y el general Dauahare.
En esa ocasión, relató el militar en su declaración, los militares encabezados por El jefe le exigieron que firmara una nueva declaración en la que describía con detalle a las dos personas que supuestamente lo habían visitado en Cancún para negociar el aterrizaje de los aviones con droga.
Pérez Ramírez puso resistencia y exigió un abogado. Entonces El jefe le reviró: “Bueno, aténgase a las consecuencias, conste que se lo advertimos”.
Ante la nueva amenaza y la oferta de que saldría de inmediato del apuro como un testigo más, firmó la declaración.
Sin embargo su situación dio un giro cuando, según relató en su declaración, fue citado a declarar nuevamente, después de que los generales Dawe y Dauahare ya habían sido detenidos.
Igual que en las declaraciones anteriores, le pidieron firmar una declaración previamente confeccionada.
Los militares de la PGR a cargo pasaron a una oficina donde estaba un mayor enviado por la sección de inteligencia del Estado Mayor de la Sedena, cuyo nombre omitió, quien le dijo: “Trate de colaborar en este asunto, hay un interés muy especial por parte del señor secretario (Galván Galván).
“Si usted lo hace estoy seguro de que lo van a ayudar y no tendrá  ningún problema. De otra manera tengo conocimiento que estas personas no tendrán ninguna consideración y lo van a consignar”, le advirtió.
Al final, firmó una declaración en la que se inculpa de delitos contra la salud en la modalidad de colaborador. Se le acusó de permitir el aterrizaje de aviones con cocaína en Cancún.
En su declaración ampliada aclaró que lo hizo bajo un “conjunto de presiones e intimidaciones”.
El 1 de agosto del año pasado el general de división en retiro Ricardo Escorcia también denunció que la PGR lo obligó a firmar un testimonio ministerial falso para inculpar al general Tomás Angeles con una presunta recepción de dinero del narco.

Todo fue una fabricación perversa: abogado

En entrevista posterior, también con MVS Noticias, Guillermo Pasquel, abogado del general Pérez Ramírez, afirmó que “todo esto fue instruido bajo una perversidad y una actitud ilegal”.
El abogado dijo que “es claro que hubo una fabricación de pruebas” para encarcelar a generales y militares en mayo de 2012, entre ellos su defendido.
Comentó que ya tienen ubicado a El Jefe quien, según el general Pérez Ramírez, fue quien pidió incriminar a elementos del Ejército y trabajó desde la Unidad de Delitos contra Salud SIEDO.
“Afortunadamente ya lo tenemos ubicado. No es un militar, es un agente del MP (Ministerio Público) de la extinta SIEDO”, dijo, pero se negó a revelar el nombre.
También comentó que ya fueron interrogados dos de los agentes que armaron el expediente contra los militares y sostuvo que las declaraciones emitidas por su defendido, son inválidas porque se le conocen como autoincriminatorias.
“Eso por ley está prohibido porque es una vieja práctica de hacer que declararan hechos que los incriminaran”, dijo.
El abogado consideró que la gente que intervino en el entramado para encarcelar a los militares fueron designados de “forma oficial” por lo que consideró ingenuo que la entonces titular de la PGR, Marisela Morales no estuviera enterada de ello.
“Es evidente que había conocimiento de las máximas autoridades de la PGR…. sería increíble que las máximas instituciones no estuvieran enteradas”, arguyó.
Pasquel sostuvo que si bien es claro que hubo participación de militares, también hubo “coadyuvancia” por parte de agentes del Ministerio Público.
En cuanto a los militares que aún permanecen encarcelados, entre ellos su defendido, adelantó que el martes pasado pidieron que se dé por terminado el periodo de presentación de pruebas para obtener su libertad lo más pronto posible.

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